Las dos delegaciones anunciaron que harán algunos alivios humanitarios en ciertas zonas afectadas por ese conflicto armado, e hicieron acuerdos sobre participación de la sociedad y cese al fuego bilateral, con fechas para desplegar acciones en una nueva etapa de negociación con diversas modalidades de trabajo.
La Mesa ha desarrollado tres ciclos -el primero, en Venezuela del 21 de noviembre al 12 de diciembre 2022, discutió la agenda, la realización de labores de comunicación y pedagogía sobre el proceso negociador; el segundo en México, del 13 de febrero al 10 de marzo 2023, aprobó un acuerdo que incluye la declaración de principios y la agenda de negociación de seis puntos; el tercero, arrancó en Cuba el 2 de mayo y se fue prolongando hasta el 9 de junio, cuando presentó los acuerdos alcanzados. El cuarto ciclo será en Venezuela, del 14 de agosto al 4 de septiembre 2023, y entre otras cosas revisará el cumplimiento en los tiempos establecidos para cada uno de los acuerdos que se acaban de firmar en La Habana. Ese balance va a mostrar si se abre paso la terminación del levantamiento armado del ELN, que en julio 2023 va a cumplir 60 años de acción violenta. Las delegaciones han dicho que tienen el propósito de darle continuidad a la Mesa y terminar negociando en Colombia, cuando haya condiciones de seguridad para poder involucrar a la sociedad en un proceso de construcción de paz.
Participación de la sociedad civil
El texto del acuerdo del tercer ciclo de la Mesa, marcado como 9, sobre participación social, señala que la Mesa desarrolla una fase de alistamiento, en la cual debe construir un plan de trabajo y definir tiempos, mandato, sede, financiación, estructura y composición del Comité Nacional de Participación (CNP) a instalarse el 25 de julio 2023. Ya dieron a conocer los nombres de los 30 sectores participantes y de algunos territorios en los que se desarrollará.
El texto agrega que el objetivo del proceso es construir una agenda de transformaciones para la paz a partir de una alianza social y política que lleve a un gran acuerdo nacional, dirigido a la superación del conflicto armado. En cuanto al carácter de esa participación social señala que debe ser activa, propositiva, incluyente, deliberativa, vinculante, democrática y eficaz para construir las transformaciones y bases del acuerdo de paz; debe tener en su centro la voz de las comunidades, pueblos y territorios urbanos y rurales; y contar con enfoques diferenciales tanto de género como étnico. Señala cuatro fases de esa participación entre diversos actores sociales:
- diseño de cómo trabajar los tres primeros puntos de la agenda, con participación social;
- diálogo y diagnóstico sobre democracia para la paz con el fin de formular soluciones integrales;
- construcción de agenda sobre democracia y transformaciones, para pactar esa política, un plan integral y proyectos específicos;
- sistematización de resultados a incluir en el plan de ejecución del acuerdo de paz con ELN.
El acuerdo de la Mesa en este ciclo en Cuba, constituye un avance que requiere precisiones. Es fundamental clarificar cómo se organizaría y cuánto tiempo duraría ese proceso de participación social, qué significa que sean vinculantes. En el caso de los diálogos regionales que hizo el gobierno de Petro, lo vinculante estaba relacionado con la construcción el Plan Nacional de Desarrollo. Y precisar a qué sectores y organizaciones del país se va a consultar y sobre qué, cómo al llegar esas propuestas a la Mesa, las dos partes acuerdan cuáles escogen y cómo harán parte del acuerdo para pasar a los puntos de terminación del conflicto armado e implementación del acuerdo de paz. Es clave una precisión al respecto pues en el anterior intento de negociación en 2017 y 2018, el ELN planteaba que lo vinculante significaba que sólo aceptarían la terminación del levantamiento armado cuando el Estado hubiera hecho todas las transformaciones pedidas en la participación de la sociedad; sin importar el tiempo y los procesos que eso implicara, ellos seguirían su acción armada. En los acuerdos presentados ahora en Cuba se estableció que los tres primeros puntos de la Agenda de negociación (participación de la sociedad, democracia y transformaciones para la paz) terminan de procesarse en mayo 2025, y que en forma simultánea otros miembros de los equipos negociadores se encargarán de discutir y acordar los siguientes puntos 4 (víctimas), 5 (fin del conflicto armado) y 6 (seguimiento y verificación del acuerdo de paz).
Retomando esa fecha, el presidente Petro afirmó que los avances logrados hasta el momento han sentado las bases para poner fin al conflicto armado y que “En mayo 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia”. Agregó, además, que con el acuerdo del cese el fuego se busca generar las condiciones necesarias para que la población civil, incluyendo liderazgos sociales, pueblos étnicos, mujeres y defensores de derechos humanos, ejerzan sus derechos con libertad en sus propios territorios; y que desescalar el conflicto permite el ejercicio participativo de las comunidades en el proceso, así como la implementación de dinámicas y acciones humanitarias en los territorios más afectados por la conflictividad armada. Sobre el límite que mencionó el presidente Petro, del 25 de mayo, el senador Iván Cepeda miembro de la delegación gubernamental explicó que esa fecha surge del cronograma que firmaron, que constituye un mandato claro y perentorio a la Mesa de negociación para que cierre esta fase un año y unos meses antes de que finalice el gobierno. Pero Antonio García ha reiterado que llegaron a acuerdos procedimentales no sustantivos, y el 13 de junio 2023, le dijo a Petro que está equivocado, que en mayo del 2025 solo termina la consulta a la sociedad civil, no el plazo para concluir los acuerdos de Paz.
Además de todos esos intentos de minimizar lo acordado, el ELN en la negociación sigue exigiendo a la sociedad civil y al Estado transformaciones sustanciales en el país, pero sus líderes no asumen que deben demostrar que también se transforman ellos mismos al prepararse no sólo para cumplir los acuerdos sino para una real terminación de su llamada “resistencia armada”. Ojalá que el cuarto ciclo sea el espacio para que todos esos asuntos se procesen y puedan resolverse.
Cese al fuego bilateral
Después del ataque del ELN en el Catatumbo el 29 de marzo 2023, en el que fueron asesinados 10 militares y quedaron 8 heridos, el presidente Petro cuestionó la voluntad de paz de esa guerrilla, reunió de emergencia a su equipo negociador -con los representantes de los países garantes y acompañantes-, y les pidió lograr pronto en la Mesa un acuerdo del cese al fuego territorial que incluyera parar las hostilidades de este grupo en contra de la población civil.
El texto del acuerdo del tercer ciclo, marcado como 10, sobre Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) señala que el marco será el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que el Estado y el ELN suspenderán operaciones ofensivas, mantendrán las acciones defensivas, y no realizarán labores de inteligencia entre las partes. Para cumplir el acuerdo y superar incidentes se basarán en principios de buena fe, voluntad política, lenguaje respetuoso, entrega de información rigurosa, veraz y oportuna a los medios de comunicación y en las labores de pedagogía acordadas. Se centra entonces en parar la acción militar entre ELN y fuerzas estatales, pero no menciona el cese de hostilidades crucial para parar acciones que afectan a las poblaciones.
El cese al fuego aprobado será nacional, por seis meses que pueden ser prorrogados, y establece cuatro objetivos centrales: -bajar la intensidad del conflicto, propiciar la participación de la sociedad en el proceso de paz, desarrollar acciones o dinámicas humanitarias, y concretar acuerdos humanitarios para las zonas con mayores crisis. El cese al fuego tendría tres etapas.
- Alistamiento del 9 de junio al 5 de julio 2023, que incluye contar con un canal de comunicación a través del representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, redactar los protocolos pendientes, preparar la puesta en marcha del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) e iniciar actividades de pedagogía al respecto. Ojalá incluyera en ese lapso de alistamiento una tregua bilateral para evitar que se paralice el proceso.
- Desescalamiento con cese de operaciones ofensivas, el 6 y el 10 de julio, la Mesa realizará reunión para aprobar los protocolos, y continuar desarrollando la pedagogía.
- El 3 de agosto, comienzan los 180 días del CFBNT aplicando los protocolos, funcionará el MMV conformado por la Misión de Verificación de la ONU, la Fuerza Pública, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, delegados de la Iglesia Católica y ELN. Tendrá un espacio de sesión nacional que será Bogotá, y 8 regionales -Valledupar, Bucaramanga, Popayán, Cali, Ibagué, Medellín, Quibdó, Arauca-, y 20 locales en cabeceras municipales: Fonseca (La Guajira), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Barrancabermeja (Santander), Cúcuta, Tibú (Norte de Santander), Guapi (Cauca), Tumaco (Nariño), Buenaventura y El Dovio (Valle), San José del Palmar, Riosucio y Andagoya (Chocó), Neiva (Huila), Pereira (Risaralda), Caucasia, Anorí y Valdivia (Antioquia), Saravena, Tame y Arauquita (Arauca). Es de desear que se involucre actores en los territorios, que pueden nutrir ese proceso con visiones y análisis diferentes.
Ojalá que el desescalamiento del conflicto al que lleva el cese al fuego facilite la implementación de dinámicas, acciones y acuerdos humanitarios en los territorios más afectados por esa violencia, y estimule la participación de las comunidades en el campo y la ciudad. Más aún cuando tiene efectos en la democracia local pues este cese al fuego cubre la campaña y la elección el 29 de octubre 2023 de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las Juntas Administradoras Locales. Muy necesaria resulta la puesta en marcha de la veeduría social que crea el acuerdo, para que las comunidades puedan canalizar sus inquietudes y perspectivas frente a la implementación del cese al fuego. Esto significa, como explicó el senador Cepeda, que varias acciones que se han adelantado en los territorios se pueden incorporar al cese al fuego, por ejemplo, acuerdos promovidos por la Coordinadora Humanitaria en Chocó y Cauca. En ese proceso es clave el papel de la Iglesia Católica, como lo hizo durante el cese al fuego de 101 días que pactó el ELN con el gobierno de Juan Manuel Santos. Todo eso ayuda a que las partes asuman el reto de cumplir los acuerdos alcanzados, en los tiempos que contemplan los cronogramas pactados, y el ELN atienda las exigencias desde los territorios de acabar acciones contra la población civil para lograr la terminación de ese conflicto armado. Más aún cuando la elección de autoridades territoriales ocurre en medio del cese al fuego.
Desafortunadamente, luego de la presentación del acuerdo, “Pablo Beltrán”, jefe negociador del ELN, dio declaraciones a la radio que generaron fuerte incertidumbre, cuando -desconociendo hasta el DIH de obligatorio cumplimiento y como marco del acuerdo del cese al fuego-, dijo que eso no le implicaba al ELN dejar de hacer “operaciones de finanzas”, incluyendo secuestro y extorsión que realizarían “si era necesario”, y agregó, “las operaciones de finanzas del ELN se empezaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó…en estos protocolos no entraron… nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones, si no son necesarias, no se harán”. Y no contestó si ese acuerdo incluía el fin del reclutamiento de menores de edad. Urge que los protocolos sean muy precisos y eviten ambigüedades aprovechadas por los grupos armados ilegales, y que los garantes y acompañantes ayuden a la preparación y monitoreo del cese al fuego aprovechando experiencias internacionales.
Hay limitaciones de los acuerdos alcanzados que también causan preocupación, como que el cese bilateral sea sólo de operaciones ofensivas entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ni mencione las hostilidades contra la población civil, que es la más afectada por enfrentamientos armados y acciones del ELN -como reclutamiento de niños/as, secuestro, extorsión, instalación de minas antipersona, amenazas, confinamientos a comunidades, ataques a líderes sociales, etc., y que el ELN no se comprometa a terminar su involucramiento en economías y rentas ilegales.
No se tiene en cuenta que la situación se complica aún más porque el ELN está en confrontaciones y guerras locales, por ejemplo, con disidencias exFARC en Arauca o en Cauca, con el Clan del Golfo en Chocó, y con distintos grupos ilegales en otras zonas de Colombia; además aumenta su presencia en Venezuela. Esto exige a los gobiernos tomar medidas. Al de Petro, profundizar las acciones frente a todos los grupos criminales, garantizar presencia integral y control territorial permanente por parte del Estado, lograr acuerdos de cese al fuego y desmovilización o sometimiento para que también pongan fin a sus acciones armadas; y estimular que los acuerdos evolucionen y se completen en esa perspectiva y hacia un cese al fuego multilateral del ELN, por ejemplo, con disidencias exFarc. Por su parte, al régimen venezolano le implica no permitir la actuación del ELN ni demás grupos armados irregulares en ese país, cumpliendo su papel de garante del proceso de negociación y construcción de paz en Colombia.
A profundizar el trabajo de la Mesa de negociación
El acuerdo número 11 de lo firmado en La Habana al finalizar el tercer ciclo, señala que luego del alistamiento para el proceso de participación y del cese al fuego, la Mesa entra en actividad permanente que conjuga diversas modalidades, escenarios y tiempos. Se volverán a reunir en plenaria el próximo 10 de julio, y el cuarto ciclo será del 14 de agosto al 4 de septiembre 2023, en Venezuela y, entre otras cosas, hará un balance de cumplimiento de lo acordado.
Resulta crucial la preparación de ambas partes para profundizar la negociación, aplicar los acuerdos alcanzados, construir soluciones integrales, y afianzar los mecanismos de monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de todos los compromisos adquiridos. De igual manera es necesario que desde la sociedad civil se estimule la valoración del aporte de los sectores sociales en los territorios más afectados por este conflicto armado, pues tanto comunidades como líderes sociales suelen ser señalados y estigmatizados por parte de actores armados ilegales, pero también por parte de sectores del Estado, y todo esto multiplica sus riesgos, amenazas y acciones en su contra. Para la efectiva participación social en el eventual proceso de paz con el ELN, resulta necesario que los protocolos pactados se hagan públicos, para que pueda haber un sólido seguimiento y un consistente control de su cumplimento.
La red colombiana Defendamos la Paz, además de celebrar los avances en la Mesa de negociación del gobierno y el ELN, pidió presionar para que estos acuerdos contribuyan a abordar la agenda pactada, y a que el proceso de paz evolucione en forma sólida y rápida hacia la terminación definitiva de la guerra. Hizo un llamado a los demás actores armados a que respeten el cese al fuego, se dispongan a parar la guerra avanzando en nuevos acuerdos que salven vidas, fortalezcan la democracia y los demás procesos de paz y de acogimiento a la justicia. Y pidió a la ciudadanía hacer suyo el derecho y el deber de la paz, y hacerse partícipe de la construcción del proceso.
Socorro Ramírez
Foto tomada de: El País
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