El 25 % son bandas de delincuencia común, el 10 % de los casos el Clan del Golfo, el 9 % disidencias de las Farc y el 7 % el Eln.
Un lector desprevenido o desconocer del trasfondo del problema fácilmente puede concluir que el asesinato de líderes comunales y sociales en Colombia es problema de delincuencia común o de bandas de sicarios, como reiteradamente lo ha querido hacer ver el Estado en sus varias de sus instancias.
Y claro que los autores materiales o quienes disparan son simples sicarios pagados, que hasta pueden residir en el seno de las mismas comunidades de las víctimas, pues quienes históricamente se benefician de esta estrategia de violencia, permanecerán impávidos disfrutando sus negocios y de sus riquezas en los grandes clubes de Estados Unidos, Europa o Dubay sin dejar el menor asomo de su responsabilidad.
Ya hoy en Colombia está demostrado que no han sido los paramilitares ni los militares ni las guerrillas quienes se han quedado con las cerca de siete millones de hectáreas de que ha sido despojados más de ocho millones de colombianos campesinos durante este tiempo, sino los grandes grupos económicos nacionales e internacionales que hoy aceleradamente se quedan con la Altillanura para la explotación forestal, ganadera y agroindustria de exportación, por ejemplo.
Debemos recordar la tesis reiterada desde nuestras organizaciones comunales y sociales que a nuestros dirigentes los segregan, amenazan, atacan, desplazan o asesinan en los territorios por múltiples razones.
- En primer lugar, en nuestra percepción, una de las causas histórica más recurrentes de ataques contra dignatarios comunales es por hacer veeduría sobre los recursos públicos. Y quienes se sienten incómodos por que se les investigue o pida cuentas son los poderes hegemónicos territoriales o de entidades nacionales que han hecho del recurso público botín de enriquecimiento ilícito. Es decir, que una primera causa de estos asesinatos en un análisis objetivo más allá de quien dispara, es la corrupción y los poderes económicos y políticos. Por supuesto que difícilmente en las investigaciones se encontrará a un funcionario público o político como responsable material, pero su gatillo es la segregación, la estigmatización, la calumnia, que en nuestro criterio es el primer y más grave detonador contra nuestros dirigentes comunales. Es que sigue siendo recurrente la afirmación de los elegidos que ellos gobernarán para sus amigos con frases des obligantes y acusadoras contra sus contradictores o contra quienes no los apoyaron. Sobre este problema poco o nada ha hecho el Estado a pesar de nuestras reiteradas reclamaciones, por ejemplo, el 20 de Octubre del año 2017 el señor Rodrigo Lara, entones presidente de las deshonrada Cámara de Representantes, en el programa Al Punto con Juan Lozano dijo que las juntas comunales en los territorios del posconflicto era redes de apoyo de las disidencias de las FARC. Presentamos demanda contra este señor ante la Procuraduría y Esta se declaró inhibida para decidir sobre el asunto. Si esta institución no actúa, entonces quien?. Y acaso esta no es una responsabilidad del Estado, más allá de los sicarios que disparan?
- Durante el año 2018 se duplicó el número de asesinatos contra comunales con 94, siendo, según nuestros análisis la principal causa del incremento el compromiso de dirigentes comunales campesinos con la sustitución de cultivos de uso ilícito. El Estado Colombiano a través del Gobierno se comprometió en apoyar a las familias con un subsidio transitorio mientras prosperaban los proyectos productivos y las vías para sacar sus productos desde los campos distantes. Los dirigentes comunales, asumieron el liderazgo de estos procesos de sustitución pero luego el Estado no les cumplió con los subsidios ni con los proyectos productivos ni con el mejoramiento de vías y en general con la mejora de las condiciones de vida en el campo. Los dirigentes perdieron confianza ante sus comunidades, fueron abandonados por el Estado y quedaron como fácil presa de actores ilegales que prosperan en los territorios ante estos incumplimientos. Acaso esta no es una responsabilidad del Estado? Es irresponsable seguir diciendo desde la Fiscalía y desde el Ministerio de Defensa que estos asesinatos son por problemas de estupefacientes, cuando en realidad lo que existe es un muy profundo y plausible compromiso de nuestros dirigentes con el trabajo limpio, sano y productivo, sin corresponsabilidad desde el Estado.
- Otra causa de amenazas, desplazamientos y asesinatos contra dignatarios comunales durante el último año es su enfrentamiento contra las bandas de narcotráfico en especial en las zonas urbanas y lo hacen para defender el territorio de sus comunidades. Para el Fiscal y el Ministro de Defensa esta será otro problema de narcotráfico, cuando lo que en realidad existe es un gran compromiso ciudadano de nuestros dignatarios por defender la salud de sus comunidades?. Igual causa ha sido la denuncia de muchos comunales contra los gota a gota que con dinero ilícitos van financiando, comprometiendo y copando amplios sectores de la economía ante la ausencia de Estado. Acaso no es responsabilidad del Estado el incremento del consumo de drogas, y de las bandas de narcotráfico al dejar abandonados a los jóvenes estudiantes por medio día al acabar con la jornada única, y por carencia de ofertas atractivas educativas, culturales o deportivas, por lo que caen fácilmente en las redes del narcotráfico. Los comunales en los territorios capoteamos el problema pro la solución de fondo está en una política estructural de Estado que está muy lejos de asumir. O no es culpa del Estado abandonar a la economía informal sin apoyo alguno, a la que por el contrario persigue, por lo que la coloca del lado de bandas ilegales y pasto fácil de los gota a gota?.
Un problema particularmente grave con estas bandas de distribuciones de alucinógenas en los barrios populares es la desconfianza de los dirigentes para poner las denuncias ante las autoridades pues más demoran en hacerlo que en ser objeto de amenazas o ataques, lo que induce a concluir compromiso de instituciones del Estado con estos actores ilegales.
- O acaso será difícil concluir quienes están detrás como actores intelectuales de las amenazas, ataques y homicidios contra los dirigentes comunales y sociales que defienden el agua, la vida, la biodiversidad y el ambiente en los territorios sabiendo que intereses nacionales y ante todo internacionales están detrás de nuestros recursos naturales. Es que nuestras organizaciones comunales han sido actor fundamental en las consultas populares de varios municipios por su soberanía.
- O no nos podremos imaginar quienes están detrás de las amenazas, desplazamientos y asesinatos contra dirigentes comunales y sociales reclamantes de tierras?. Será que la Fiscalía seguirá buscando, en sus “exhaustivas investigaciones” río arriba? O dando por concluidas las investigaciones cuando identifique o presuma identificar a los sicarios?. En este caso será difícil concluir quienes pueden estar detrás de las amenazas, desplazamientos y asesinatos, por ejemplo de dirigentes comunales y de Ríos Vivos por su oposición histórica a la represa de Hidro-Ituango?. O no tendremos idea de quienes están detrás del atentado contra Alfamir Castillo Bermudez el 11 de Enero en el Valle, madre de víctima de las ejecuciones extrajudiciales o crímenes mayormente conocidos como falsos positivos.
Esta es la verdad que Colombia necesita para comprender muy bien quienes han sido sus verdugos históricos, avanzar firmemente en la superación de este baño de sangre y saber por dónde es que se deben construir perspectivas de futuro para todos.
GUILLERMO A. CARDONA MORENO, Observatorio Nacional Comunal
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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