El 15 de octubre de 2013, las comunidades indígenas iniciaron una de tantas Mingas para protestar por el incumplimiento de los compromisos pactados en 2012 y de los acuerdos que dieron origen a la expedición del Decreto 982 de 1999 por parte del gobierno de Andrés Pastrana.
El 1º de junio de 1999, los indígenas del Cauca organizados en el CRIC, en ejercicio de su autonomía, declararon la emergencia social, económica y cultural de los pueblos del Cauca y fue por ello –no por generosidad- que el gobierno nacional expidió el mencionado Decreto 982 mediante el cual creó una comisión mixta “para el desarrollo integral de la Política Indígena del departamento del Cauca” conformada por el gobierno (12 miembros) y agrupaciones indígenas (13 miembros). Bien dice el adagio popular que cuando no se quiere resolver una situación, se nombra una “comisión”.
La letra muerta del Decreto 982 señalaba que la comisión mixta tendría entre sus funciones diseñar e implementar las políticas que permitirían superar la situación por la cual atravesaban las comunidades indígenas del Cauca, en cuanto a territorialidad, medio ambiente, derechos humanos, economía y seguridad alimentaria; evaluar los acuerdos suscritos entre el Gobierno y los Pueblos Indígenas del Cauca; y, evaluar y hacer seguimiento al proceso de atención de la problemática social, cultural y económica de los pueblos indígenas del Cauca.
En los considerandos del Decreto 982, el presidente Pastrana Arango y su ministro del Interior, el polifacético Néstor Humberto Martínez Neira, expresaron “la voluntad política del Gobierno de atender con celeridad y diligencia” los fundamentos de la emergencia declarada por el Congreso extraordinario del CRIC.
Aún hoy, la situación de las comunidades indígenas es de tal gravedad, que diez años después de promulgado el Decreto 982, la Corte Constitucional expidió en 2009 el Auto 004, en el cual abordó “de manera prioritaria el mayor riesgo que se cierne sobre los pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de algunas comunidades, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”. Señalaba igualmente el máximo tribunal constitucional colombiano que durante la primera década del 2000 “el conflicto armado, reorientado por actividades relacionadas con el narcotráfico, que se desarrolla en Colombia se ha convertido en el principal factor de riesgo para la existencia misma de docenas de comunidades y pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional”.
Cerca de dos décadas después de expedido el Decreto 982, ningún gobierno colombiano ha tenido la voluntad de resolver la crítica situación de los Pueblos indígenas colombianos; ni siquiera la alerta sobre el peligro de extinción que amenaza a los Pueblos indígenas, expuesta por la Corte Constitucional, ha servido para movilizar a los diferentes gobiernos.
La permanente respuesta de la indolencia oficial ante los justos reclamos de las comunidades indígenas, continúa siendo la política del garrote, que se expresa en represión y terror y encuentra en el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- su máxima expresión.
Razones justas les sobran a los Pueblos indígenas para levantarse contra estos gobiernos indolentes; a la reacción oficial de represión y terror, la Minga de Resistencia por el territorio, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos, iniciada el 30 de octubre de 2017, responde “entonando canciones y danzando le decimos al gobierno nacional y a sus escuadrones que no tenemos miedo”.
Es incomprensible, que cerca de un año después de suscribir el Acuerdo de paz con las FARC, se hayan incrementado los ataques contra los pueblos indígenas y como lo precisaba la Corte Constitucional, los diferentes actores del conflicto, incluida la Fuerza Pública, participen “de un complejo patrón bélico que, al haberse introducido por la fuerza de las armas dentro de los territorios ancestrales” constituye “un peligro cierto e inminente para su existencia misma, para sus procesos individuales de consolidación étnica y cultural, y para el goce efectivo de los derechos fundamentales individuales y colectivos de sus miembros”.
Al quinto día de la Minga versión 2017, cerca de 36 comuneros indígenas habían resultado heridos en los enfrentamientos con el ESMAD y otros habían sido detenidos.
Resulta paradójico que el ministro del Interior, que el 5 de junio de 1999 participó en el Congreso extraordinario del Consejo Regional Indígena del Cauca, realizado en el Resguardo La María en Piendamó, y suscribió la declaración de intención de la voluntad política del gobierno de la época, de atender con “celeridad y diligencia” las demandas de las comunidades indígenas, ahora como Fiscal General de la Nacion, pretenda judicializar a las mismas comunidades que protestan porque se cansaron de la diligencia y celeridad gubernamental.
Ahora, para resolver la problemática que agobia a los indígenas, el gobierno de Santos envió al ministro del Interior de turno, Guillermo Rivera Flórez, por detrás del ESMAD por supuesto, con el fin de que emulara al ministro incumplido y ahora diligente Fiscal General de la Nación. Luego de varios días de bloqueos en algunas carreteras nacionales, se ha prometido la instalación de las Mesas de trabajo y se ha expedido un nuevo Decreto, el 1696 del 18 de octubre de 2017, que “modifica, actualiza y amplía” el marco de acción de la Comisión creada por el Decreto 982 de 1999.
A la nueva Comisión se le ha sumado, como ocurrió con el Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica, el ministro de Defensa y se ha excluido al Delegado por el Movimiento Quintín Lame y a los dos Delegados por los Cabildos de la Zona Oriente. La Comisión estará integrada por 14 representantes del gobierno y 12 de las comunidades indígenas.
La Minga iniciada el 30 de octubre y que continúa vigente, reclama el cumplimiento de los acuerdos asumidos y no tramitados por el gobierno, pero también exige la inclusión de los Pueblos indígenas en la implementación de los Acuerdos de paz y el desarrollo del capítulo étnico consagrado en los mismos.
La cronología de incumplimientos por parte del Estado colombiano, refleja en últimas, que este es un Estado de mentiras, un Estado de fachada y que los derechos que consagra la Constitución solo existen en el papel, en la letra muerta de los Decretos y las Leyes.
De ahí que la consigna de la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC- sea: ¡NO MÁS ACUERDOS DE PAPEL, EXIGIMOS SU CUMPLIMIENTO!
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
8 de noviembre de 2017
Deja un comentario