La Administración Pública hoy parece estar ante insondables encinares o chaparrales por explorar; el cambio anunciado en primera, iniciado en segunda, arranca por entre potentes encinas adaptadas a disímiles condiciones, así es la Administración, enrevesada en breñales, presta a soportar veranos secos e inviernos fríos, en su intensidad se acomoda a exigencias procedentes de diferentes flancos.
En cualquier caso, la Administración, Gobierno o Ejecutivo, asume roles y actúa con planes, proyectos y programas transformándose según circunstancias; las exigencias del momento vienen de amplios contextos sociales esperanzados en ofertas facilitadoras de espacios propicios al perfeccionamiento humano.
Tales aspiraciones están asediadas por subculturas incrustadas en núcleos gubernamentales que actúan en reversa ansiosas por defender añejos intereses contrapuestos a ideas de movilidades sociales ascendentes, progresivas, progresistas, participativas, masivas. Contender esas fuerzas regresivas es posible con visiones, misiones y objetivos que remocen los saberes culturales estatales.
El artículo 3º, de la ley 489 del año 1998 – principios de la función administrativa- invoca los principios constitucionales: buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, fundamentales en el ejercicio del gobierno cuyo propósito es hacer realidad la Paz Total. Los nombrados en los diferentes niveles de la administración del Estado deben ejercer su tarea, convencidos de su misión: hacer de Colombia una nación líder del respeto a la vida, respetando también la diferencia.
Existen instrumentos orientadores de actividades y tareas funcionales conducentes a mejores prácticas al interior de cada organismo, encaminando los quehaceres de funcionarios hacia propósitos de entender el servicio público como oportunidad de trabajar en pro de satisfacer ilusiones colectivas e individuales, siempre postergadas; en pro de respetar derechos, no de anularlos o recortarlos.
Uno de esos instrumentos son los manuales de funciones, los institucionales, los del nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico, nivel asistencial; tal vez en esta coyuntura sea bueno revisar y/o adicionar esos mandatos haciendo énfasis en los contenidos filosóficos y sociales de la función pública. Entidades como la ESAP, universidades públicas y el SENA, tendrían aquí enormes posibilidades didácticas formadoras, vías presenciales y/o virtuales si se ajustan y ciñen a ser interlocutores de las necesidades y aspiraciones de la sociedad civil.
La sociedad civil organizada, debe esforzarse por incluir en su membresía a más gente no organizada, con un propósito superior, ayudar a la Administración, ayudarla a que vire más hacia ingeniar servicios claramente destinados a superar angustias colectivas en expansión. El obrar público es condicionado, comprometido con causas, deseos despabilados, enormes conglomerados esperan ser receptores de oportunidades y hacedores prácticos de participación, anhelan apostarle al bienestar de otros, al bienestar de sus prójimos que, en suma, es el bienestar general de los ciudadanos.
Las Administraciones Públicas metodizan procedimientos, imaginan y forjan circunstancias, alumbran opciones creadoras de bienes materiales y jurídicos, los incrementan, optimizan ambientes para “vivir sabroso”, invocando justicia y equidad social al hacer visibles a “los nadies y las nadies” a que se refiere la vicepresidenta Francia Márquez.
Se atisban políticas económicas, culturales, administrativas comenzando esta etapa de pactos históricos, surgen aprisa esferas detonadoras de acciones apuntando a desactivar conflictos y violencias de todo tipo y más allá, es hora de producir, practicar, vivir más democracia, más calidad de vida mediante mecanismos novísimos en los Planes de Desarrollo abordando el conjunto de la división político-administrativa Nacional, Departamental, Distrital, Municipal; que esos planes de Desarrollo se diseñen con participación de la base respondiendo a sus necesidades.
Cuando las sociedades civiles –aquellas que algunos autores las definen como el entretejido de relaciones que las personas hacen entre sí– avizoran en esos planes sus sueños, sus pretensiones y observan presupuestos destinados a remediar los derechos necesidad y las capacidades enfocadas a esos cometidos; apuntalan, amparan, preservan tales gestiones públicas, las hacen suyas. Son aspiraciones legítimas del pueblo.
La Administración Pública es una rama del Estado, ejecuta, emprende acciones en marcos de la Constitución y las leyes, se encarga progresivamente de hacer realidad la igualdad, esto es, lograr que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales lleguen a toda la población, esa competencia muchas veces es minada por intereses políticos partidistas; se requiere más relacionamiento social y menos influjo y dominio partidista.
Las Administraciones Públicas están constituidas por múltiples y vastos espacios, ámbitos destinados a la solidaridad, a escuchar, atender profesionalmente, técnicamente a personas y comunidades construyendo, enmendando, corrigiendo, reparando, auxiliando, dando la mano cuando a ellas acuden grupos o individuos requiriendo su intervención. Cada Ministerio, cada Departamento Administrativo, cada Superintendencia, cada Órgano de Control y Vigilancia, cada entidad descentralizada, cada Agencia Estatal tiene obligaciones con las gentes del país; así progresiva y permanentemente es posible un nuevo país.
Demasiadas problemáticas a cargo del funcionarismo oficial, esos empleados han de distinguirse por su vocación, su razón de ser es el servicio, estamos urgidos de instituciones que cuiden solícitamente sus prácticas revistiéndolas en principios establecidos en códigos de ética, conducta y buen gobierno; sin embargo, se han asemejado a breviarios no leídos, sin importancia o desconocidos por muchos de quienes deben ser advertidos de su existencia.
Una de las maneras de acceder a los ámbitos de servicio tantas veces ocultos por encinares y chaparrales, es el Derecho de Petición, cuantas malhadadas tácticas y estrategias se urden en instancias administrativas públicas y privadas diversas para burlar, desconocer e impedir el ejercicio de este derecho; sin embargo, cuántas soluciones y beneficios ha traído con su uso correcto, a este tema nos referiremos en próximo escrito.
Mario Santana B, administrador Público, periodista-asesor Estatuto de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública
Eliécer Ortega C, Ingeniero Industrial, experto y asesor en Economía Solidaria.
Referencia
Congreso de la República. (29 de diciembre de 1998). Función Pública. Obtenido de Función
Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186
Foto tomada de: https://www.participacionbogota.gov.co/
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