El segundo sentimiento es de decepción. El agua es el bien más vulnerado en nuestra nación; El caso de la Guajira es patético; La represa en el Río Ranchería, que identificó el ingeniero Joaquín Fonseca Silvestre[i] como la redención de la guajira en los años 50, hoy tiene destinación principal para la producción de carbón y la ganadería terrateniente antes que la sobrevivencia de los indígenas wayuu. Un viaje por el norte de la guajira permite ver “box coulverts”, estructuras de paso de aguas lluvias de las carreteras, solitarias, sin que haya carretera, que se construyeron en sitios por los cuales nunca pasó la vía. La desidia, la corrupción, la mafia imperan. La Guajira, es la región de mayor cantidad de viento, de intensidad solar del país y cuenta con los paisajes más alucinantes como La Serranía de Macuira-Jarara, un “espejismo” verde muy al norte de la península, porque es una montaña larga y flaca, llena de selva tropical húmeda por que se atraviesa a los vientos alisios que vienen cargados de agua, en medio del desierto. El departamento podría tener agua potable del mar o de sus acuíferos y suficientes alimentos, si la tecnología y la ética se encontraran.
El partido Alianza Verde ha liderado el proceso de elevar a nivel constitucional el principio elemental de la prioridad del agua para el consumo humano desde un mínimo vital, en compañía de otras propuestas de ley como la de las “regalías ambientales” y la revisión y ajustes a la Tasa de Agua; las tres propuestas tienen mucho sentido, son profundamente importantes y deseamos su pronto éxito.
Las “regalías” ambientales buscan reconocer el valor que aportan los municipios al resto de la nación por contener áreas protegidas, cuencas donde nacen los ríos, fuentes de agua, biodiversidad; así como se pagan regalías para sacar el carbón y el petróleo, se pagaría por conservar esas riquezas; las Tasas de Uso se asocian al concepto del “Pago por los Servicios Ambientales”, que ha ido instaurándose en el mundo y, en Colombia en particular con programas como el del BAN-CO2 , que consiste en reconocer el trabajo de los campesinos protectores de las cuencas , pagándoles una suma económica mensual por su labor de mantener la cobertura natural para capturar el dióxido de carbón y no dejar que ascienda a la atmosfera y para conservar al agua: las Tasas de Uso, que provienen también de mucho tiempo atrás y fueron revalidadas por la ley 142 de 1994 de servicios públicos, es necesario desde hace mucho tiempo ajustarlas, porque hoy se asignan $70.= por metro cúbico de agua para su protección y mantenimiento del recurso hídrico, lo cual raya en lo ridículamente ínfimo, pues el promedio internacional supera ampliamente esta suma y , porque dependiendo del estado de la cuenca, se requiere más o menos inversión. Nos parece bien y sobre todo urgente e impostergable todo este esfuerzo concertado para garantizar que se cumpla lo que el Código de los Recursos Naturales y el Ambiente especificaba desde hace ya más de 40 años.
La categoría de Derecho fundamental, no negociable, – por encima de los modelos económicos de mercado y los intereses particulares, es paradójica, pues debería ser una verdad del más elemental sentido común aún desde la teoría económica; El proyecto de reforma hace énfasis en su carácter de recurso estratégico para el desarrollo económico, social, cultural y fundamental para la misma existencia del ser humano y eso, hacia el futuro será todavía cada vez más válido. Y no es sólo por consideraciones éticas; desde la visión pragmática, el economista ecológico Robert Costanza y su equipo de investigación nos recuerdan que la naturaleza presta servicios ambientales a la sociedad por 135 trillones de dólares anuales (2011), mientras que toda la economía mundial produjo ese mismo año 75 trillones de dólares; es decir, que la naturaleza aporta al PIB mundial más que todas las actividades socioeconómicas de todos los países. Destruir la naturaleza, los ecosistemas, es atentar contra la propia economía y la sociedad. Esto significa que una acción inmediata que debe resultar de la decisión de elevar el agua a derecho fundamental, es precisamente la de la protección de todas las fuentes de agua, por dos razones: para que haya disponibilidad real para su acceso real por todos, y por razones sociales y económicas: las economías dependen de los recursos naturales y de los ecosistemas en una proporción sobre la cual no estamos conscientes; las inundaciones, sequias, sismos, deslizamientos , cada vez más frecuentes por el mismo crecimiento de la población y la ocupación de áreas con mayores amenazas , son una razón fundamental para ello . En el entorno actual de tensión sobre la globalización, es necesario no sólo pensar en las oportunidades y condiciones para exportar bienes y productos sino también sobre la seguridad y soberanía agroalimentaria y eso requiere mayor cuidado de los ecosistemas y las fuentes de agua. Todo lo que destruyamos de la naturaleza significará tener que invertir, gastar sin necesidad para proveer lo que perdimos de sus servicios y bondades.
Resulta inconcebible que se dude que el agua es un derecho fundamental del orden constitucional y que el Estado está en la obligación de velar por su “conservación y desarrollo sostenible”, garantizando su acceso a la población, especialmente la más pobre. Hace unos años los ambientalistas, guiados por Rafael Colmenares, desde el Ecofondo, logramos más de dos millones de firmas para un referendo por el agua ; más recientemente la lucha de la sociedad por la prohibición de la minería de oro en el páramo de Santurbán, que pondría en peligro el abastecimiento de agua de Bucaramanga tanto en el caudal como en la calidad por el riesgo inherente del mercurio y del cianuro, que se usan para su amalgamado, nos revelaron una vez más que las leyes se quedan cortas ante la realidad de la codicia, la falta de ética y de planificación preventiva. Ahora, en San Martín, Cesar, el ESMAD no logró amedrentar con su violenta irracionalidad la población, rica y pobre, que se opone con justas razones al “fracking” para extraer más petróleo poniendo en riesgo las aguas superficiales, la calidad de las aguas subterráneas,- de las que conocemos muy poco- e induciendo posibles riesgos de sismicidad . Es que no hemos hecho la tarea de saber cuánta, donde y de que calidad tenemos aguas subterráneas, que se requerirán pronto en cantidades cada vez mayores, especialmente en el caso de la región caribe, que empieza a ser la más afectada por el cambio climático.
El agua amerita hoy una reflexión y acción más profunda incluso que elevar su derecho de acceso a nivel constitucional. No es sólo que exista la ley sino cumplirla, ejercerla. El cambio climático y el proceso de destrucción de ecosistemas son un riesgo para el futuro del país, como lo indican los escenarios futuros posibles que ofrece el IDEAM en sus más recientes entregas sobre simulaciones de la afectación de las diferentes regiones colombianas por el aumento de temperatura del planeta; Si se adicionan los resultados negativos en vidas y daños económicos, cada vez más frecuentes relacionados con el fenómeno del Niño y de la Niña, y los efectos de la deforestación y erosión de las cuencas, resulta en un cuadro dramático que exige reconceptualizar las estrategias, acciones, políticas e inversión pública y privada en su mantenimiento y uso sustentable, principalmente para la gente, para el acceso libre y con buena calidad, de la gente en general, con mucho más sentido de urgencia y profundidad; el futuro depende de esa decisión .
El agua de Colombia es diferenciada regionalmente; Es urgente asumir la tarea del agua especialmente en la región Caribe, que reflejará en pocos años con más dureza los efectos del recalentamiento del planeta y la deforestación. No se trata sólo de ampliar las áreas de parques naturales y áreas protegidas, sino de cambiar el modelo productivo en las tierras aptas para ello; Por ejemplo, el 42% de las mejores tierras agrícolas del país está en el caribe, pero allí se dedica el 95% de ellas a la ganadería extensiva, con menos de una res por hectárea; 40,5 millones de hectáreas del país están dedicadas a esa forma insostenible de producción, cuando deberían ser 10 millones y el resto, las 30,5 millones de hectáreas, para agricultura y para reforestación. La ciénagas , que han sido las más grandes víctimas de la violencia y la ignorancia, han sido desecadas; una hectárea de ciénaga en buen estado puede arrojar entre 800 a 1200 kilogramos de peces, moluscos, crustáceos mientras que esa misma hectárea desecada logra a lo sumo 100 kilos de carne vacuna. La violencia de los últimos 52 años es una de las causas de ese desafortunado uso de los recursos; muchos agricultores sufrieron el terror de la guerra y terminaron dejando ganado en vez de cultivos por temor al secuestro y la extorsión. Una de las ganancias de la paz sería la transición hacia el uso correcto de los suelos y del agua, en la medida en la cual regrese la gente a sembrar y además, cambie tantos agroquímicos y pesticidas por el manejo integral de “plagas” o, mejor aún, por la agroecología y los sistemas agrosilvopastoriles, que están demostrando que sí podemos desarrollarnos responsable y sustentablemente. Si además de la paz de la sociedad, hacemos las paces con el agua y la naturaleza, el país podría, además de proveer alimentos sanos y seguros para el consumo nacional como para el exterior, contribuir fuertemente a restaurar los suelos y los ecosistemas y asegurar un futuro más sustentable, y el Agua es el elemento central y el indicador más visible y eficaz para saber si lo hacemos bien. Paz con la naturaleza y Agua para la Gente.
Carlos Hildebrando Fonseca Zárate
Exdirector Colciencias, director Simbiosis, ambientalista.
Notas:
[i] “Agua para La Guajira” es un documento que especificaba la ubicación y características de la represa sobre el río ranchería que serviría para proveer agua potable a la población como para incentivar la producción agropecuaria.
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