Al respecto es importante insistir que en el campo de la seguridad, una cosa son los indicadores objetivos que nos muestran el comportamiento de los distintos tipos de delitos; en general en Bogotá hemos venido con una tendencia a la baja en indicadores ‘duros’ como homicidio, secuestro, pero se mantienen con persistencias el hurto de celulares que normalmente afecta mucho a los ciudadanos; en el período de la pandemia se han incrementado el hurto de bicicletas y la violencia doméstica, especialmente contra la mujer. Pero otra cosa es la percepción de seguridad, que hace referencia a cómo los ciudadanos se sienten en el campo de la seguridad, es decir qué tan seguro o inseguro se siente en la ciudad o en un sector de la misma la persona y esto tiene mucho que ver con el impacto que determinado tipo de delitos pueda tener en los medios de comunicación o con la difusión ’voz a voz’ de la situación de inseguridad y esta percepción de seguridad, por momentos es más difícil de modificar en el imaginario ciudadano.
Hay que decir que afortunadamente el Viceministro de Defensa es un especialista en seguridad ciudadana –de hecho fue el anterior Secretario de Seguridad de Bogotá y hay que decir que es un buen nombramiento del actual Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo-, pero también la Alcaldesa es una estudiosa de esos temas y conocedora, por lo menos desde la dimensión académica y a esto se le debe adicionar que en la dirección de seguridad ciudadana de la Policía hay un oficial con gran experiencia y conocimiento. Es decir tenemos una coincidencia positiva para responder a esta nueva situación, sabiendo que estamos en el marco de la pandemia y la crisis de salud pública derivada –que en principio conllevó una disminución de algunos indicadores de inseguridad-, que ha forzado una situación de aislamiento social dura y luego una situación de aislamiento más flexible –‘inteligente’ la ha llamado el Presidente- y que ha tenido y tendrá impactos sobre el comportamiento de la seguridad.
Inicialmente lo atinente a la seguridad ciudadana estaba asociado dentro del Plan de Desarrollo al Propósito 3 ‘Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación’, pero adicionalmente hay que decir que las administraciones de Bogotá hace varias décadas vienen trabajando, con ciertos énfasis en cada una, pero con creciente importancia y eso ha sido un acumulado para ir consolidando unas formas de abordar la política de seguridad en la capital.
¿Cómo entendemos la seguridad ciudadana? La seguridad es inherente a la existencia humana, porque implica ser capaz de responder a las situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad en el presente y el futuro. Toda sociedad requiere un orden para que la convivencia entre sus miembros pueda desarrollarse. Pero en una democracia ese orden es democrático y necesita también de unos niveles de seguridad. Ahora bien, la seguridad está en relación con las amenazas que pongan en riesgo la vida en sociedad y esto es directamente proporcional a la vulnerabilidad que la misma tenga. Pretender niveles de seguridad total, es decir, de riesgo cero no es realista. Es decir, la búsqueda de seguridad se puede convertir en una utopía, en una obsesión, sino se concibe la seguridad como parte de un proceso social. Hay tres componentes ligados a la seguridad que son, prevenir, controlar y enfrentar riesgos o amenazas a individuos, grupos, Estados o el sistema internacional.
En el Proyecto de Ley de Seguridad y Defensa (Artículo 5), elaborado por una Comisión Plural de académicos y militares de la reserva y entregada al Ministro de Defensa colombiano en agosto 19 de 2008 y de la cual el autor fue parte, se definía seguridad de la siguiente manera: “Seguridad. Es un bien público fundamental que propende por los valores democráticos, el bienestar y la convivencia del pueblo, el desarrollo de las potencialidades de la sociedad y la afirmación del Estado Social de Derecho. La Seguridad es integral y su responsabilidad es del Estado y, en desarrollo de los deberes constitucionales, excepcionalmente y de manera temporal lo es también de la sociedad”, que sin duda refleja las nuevas tendencias acerca de cómo entender la seguridad que están emergiendo en ese momento y la idea de integralidad de la seguridad.
Y la seguridad ciudadana la podemos entender como aquella que coloca el énfasis en la convivencia ciudadana –sin desconocer la necesidad de prevenir, enfrentar y controlar aquellos actores que afectan a los ciudadanos en su vida, posesiones y su entorno de vida-, es una responsabilidad fundamental de la Policía, a diferencia de la seguridad nacional, que apunta a la defensa del Estado y sus instituciones cuya responsabilidad es de las Fuerzas Militares y de la seguridad pública que hace referencia a prevenir y enfrentar factores de criminalidad y que es responsabilidad de la Policía con apoyo de las Fuerzas Militares, si es necesario.
Los principales ajustes a la política de seguridad en Bogotá se sitúan en tres dimensiones, según lo anunciado por la Alcaldesa Claudia López: uno, mejorar la capacidad tecnológica de recepción de denuncias potenciando el 123 y convirtiéndolo progresivamente en un centro receptor y analizador de las quejas y denuncias, pero igualmente con capacidad para lograr definir los tipos de respuesta que cada categoría de denuncia requieran –no sólo es necesario incrementar el número de personas para la recepción de las mismas, sino la capacidad de organizarlas y agruparlas para dar la respuesta adecuada; dos, ir hacia un “modelo de vigilancia, investigación y operación por cuadrantes móviles” como los denominó la Alcaldesa de cuadrantes dinámicos –se considera que el anterior modelo de cuadrantes fijos territoriales ya cumplió su papel y cada vez evidencia las limitaciones por su rigidez-; tres, fortalecer las relaciones de convivencia ciudadana fortaleciendo la Policía Comunitaria.
No hay duda que el primer ajuste es posible de hacer con recursos presupuestales para incrementar personal y modelos tecnológicos de procesamiento de la información; el segundo es pasar de un énfasis de la acción policial en lo territorial a pensar un modelo de respuesta policial por tipo de actividades delincuenciales, para lo cual es fundamental diferenciar al interior de la institución policial unidades especializadas que se ocupen de enfrentar diversas formas de crimen organizado (narcotráfico, robos y atracos, hurtos a residencias, secuestro y extorsión, bandas sicariales), y en esto ya hay avances importantes en la Policía, lo cual debe estar acompañado de un fortalecimiento de la inteligencia policial focalizándola hacia este tipo de actividades delincuenciales y de unidades de investigación criminal para colaborar con los fiscales y jueces en la investigación de los delitos y estructurar los proceso judiciales.
Al respecto, es importante señalar que las autoridades locales y policiales deben estarse preparando para un previsible incremento de inseguridad urbana en los escenarios de pos pandemia en la mayoría de espacios urbanos; pero que si se complementa, como lo espera hacer la administración de Bogotá con políticas focalizadas hacia jóvenes –apoyos en educación y subsidios-, hacia mujeres y poblaciones vulnerables buscando afectar positivamente las distintas dimensiones de la seguridad humana de estas poblaciones, ese eventual incremento de inseguridad se podrá prevenir y/o enfrentar de manera exitosa con un importante apoyo ciudadano. Para ello es fundamental que las autoridades civiles, especialmente Alcaldes, se pongan al frente de la política de seguridad ciudadana y no se puede dejar sola a la Policía para que enfrente esta situación. Por supuesto la institución policial tiene el desafío de fortalecer los mecanismos internos de control para que unidades como el Esmad, que genera fuerte cuestionamiento ciudadano, actúe en el estricto marco de la Constitución y la ley.
En relación con el fortalecimiento de la Policía Comunitaria, que es un ajuste fundamental debemos destacar lo relativo a que la Policía Comunitaria -creada en 1998- se fundamenta en la prevención y se apoya en el bienestar, igualdad de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra el delito. De una parte, se trata que la Policía conciba al ciudadano como el apoyo y aquél sobre el que basa su servicio. La Policía Comunitaria debe adelantar programas de educación del ciudadano en materia de integración y cooperación, dentro de una cultura de solidaridad, a fin de que el policía sea fuente de ‘seguridad y de convivencia’. Además dentro de su plan se encontraba el de difundir dentro de los policías los conceptos de servicio comunitario y el de actuar en cada lugar (residencial y regional) acorde con las características del mismo.
La idea es que haya una relación diaria con la comunidad, lo cual va a ser una fuente importante de construcción de confianza y legitimidad. Se espera que el policía se integre a la cotidianidad de la comunidad y que tenga como eje de su trabajo la prevención del delito y la protección y garantía de los derechos y libertades del ciudadano.
Sobre el apoyo y compromiso ciudadano, debemos anotar que es indudable que las personas tienen algunos deberes en materia de seguridad y defensa, pero es necesario puntualizar que en el Estado de Derecho el principio de legalidad establece que los deberes de los particulares deben estar previamente definidos con precisión por la ley y no se pueden dejar en un nivel de generalidad. Esto genera muchas incertidumbres y preocupaciones.
Es importante señalar, como se mencionaba en los llamados Talleres del Milenio, organizados por el PNUD hacia el año 2000, que así como la palabra policía tiene igual raíz etimológica que política, debería tener una finalidad similar, es decir, trabajar en construir la convivencia. Y en un escenario como el actual la Policía debiera ir claramente en una dirección en la cual deje atrás el modelo policial de primera generación (profesional clásico) centrado única y exclusivamente en reprimir la criminalidad y se avance hacia modelos de segunda generación (policía comunitaria o de aproximación) en el cual la colaboración con la ciudadanía es fundamental, y a modelos de tercera generación, que busca equilibrar aspectos de prevención con los de represión y modelos de cuarta generación (modelo profesional comunitario) que en principio sería el que mejor compagina la seguridad ciudadana, con la cultura ciudadana y las libertades públicas y se podría avanzar en la dirección de una participación ciudadana no basada exclusivamente en el miedo sino en una mayor conciencia ciudadana. Ésta, sin duda, es la fuente de una necesaria e indispensable legitimación que es fundamental para el éxito de las políticas de seguridad ciudadana en cualquier sociedad.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular Universidad Nacional. Director Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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