Síntomas de esa distancia son la demora de meses en tener la única conversación entre los dos presidentes y la versión de lo que hablaron. Biden llamó a Duque y su comunicado sobre ese diálogo mostró todos los elementos de la conversación incluyendo la condena a los actos de violencia y vandalismo en las protestas, pero también el apoyo a los derechos de quienes se movilizan pacíficamente y el llamado a que la aplicación de la ley esté sujeta a altos estándares de responsabilidad. El gobierno colombiano calló al respecto.
Aunque el gobierno de Duque se demoró en cambiar como embajador en Estados Unidos (EEUU) a Francisco Santos, quien fue instrumento central en esa ruptura con la tradicional relación de la diplomacia colombiana con ambos partidos estadounidenses, se vió obligado a removerlo y empezar a reconocer que las prioridades del gobierno Biden pueden impactar la relación binacional. Así se puede ver en dos asuntos esenciales para Colombia: paz y derechos humanos, y salidas a las crisis en Venezuela, como lo muestro en este artículo.
Paz y derechos humanos
En cuanto a la paz, Biden como vicepresidente de Obama (2009-2017) estuvo en Cartagena, en diciembre de 2016, y celebró el Acuerdo de Paz firmado por Santos y las Farc. Luego ha expresado la esperanza de que Colombia avance en ese proceso, mientras sectores demócratas han rechazado los asesinatos de líderes sociales, manifestantes y excombatientes.
En contraste, el Centro Democrático ha cuestionado el Acuerdo, aunque, gracias al apoyo y verificación internacional de su implementación, el gobierno no ha podido renunciar del todo a su aplicación, pero ha dejado de lado dimensiones cruciales que contribuyen al recrudecimiento del conflicto armado y la violencia. Esperamos que el nuevo embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón, que ahora se unió al uribismo, sea consciente de que en Washington no puede dedicarse a minar el Acuerdo con las Farc.
En derechos humanos también se ha visto algo parecido. En nombre del gobierno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, en su primer viaje a Washington, inicialmente rechazó, luego postergó, y terminó aceptando la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de viajar a Colombia ante la solicitud de participantes en las protestas que en 2021 arrancaron a finales de abril. En el cambio de posición incidió el que en medios de comunicación estadounidenses mostraron el maltrato dado por el gobierno de Duque y la fuerza pública a los manifestantes; y la petición a Biden hecha por 55 congresistas del partido Demócrata de condicionar la ayuda a la policía y la venta de equipos o municiones al ESMAD, a que se identifique y separe del servicio a los implicados en graves violaciones de derechos humanos en las protestas.
En la visita realizada del 8 al 10 de junio 2021, la CIDH se reunió con diferentes actores sociales y gubernamentales y con base en diversas fuentes, el 7 de julio entregó su informe. Pese a no ser vinculante, es significativo que un organismo de la OEA le recuerde al Estado colombiano sus obligaciones internacionales, evidencie graves irregularidades -uso desmedido de fuerza, retiro de protección a manifestantes para detenerlos y asistencia militar disuasiva, ciberpatrullaje así como desaparición de personas, violencia sexual y de género, étnico-racial, contra periodistas y misiones médicas. Además, cuestionó la restricción a la libertad de expresión en internet y la caracterización de terrorismo, vandalismo o criminalidad con las que se estigmatiza a los manifestantes. Igualmente, mostró que polarización y lógicas bélicas dificultan el diálogo para lograr soluciones a la conflictividad social, rechazó todas las violencias, incluyendo los ataques a bienes públicos, la agresión a los policías y la violación de derechos fundamentales de terceros que no participaban de las protestas. La CIDH entregó 41 recomendaciones e instaló un Mecanismo Especial de Seguimiento en Derechos Humanos para Colombia.
Duque y su partido descalifican informe y recomendaciones porque, según ellos, le pide al gobierno “tolerar la criminalidad”. La Cancillería dijo: “nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por lo tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”. Pero la intervención de la CIDH, más que obstaculizar el funcionamiento de los órganos internos es garantía adicional de protección.
El gobierno colombiano parece no entender que si no atiende esas recomendaciones la supervisión seguirá y puede llegar a la Corte Interamericana. Atender las problemáticas que se han manifestado en las protestas, no solo ayudaría a buscarles solución sino que reduciría la percepción negativa de la comunidad internacional, que se agrava con el maltratamiento al paro y las manifestaciones, observado desde Naciones Unidas, la Unión Europea, la Campaña Defender la Libertad, Tribunales de los Pueblos e Internacional de Opinión, Human Rights Watch, etc. Continuará la presión del Congreso de EEUU para detener la profundización de la violencia y violación de derechos humanos en Colombia, así el estilo no confrontacional de Biden lo lleve a hacer exigencias en privado.
Salida negociada en Venezuela
Otra dimensión crucial para Colombia en la que se han producido señales de cambio en el gobierno de Biden, es en relación a la búsqueda de salidas pacíficas a las crisis política, económica, social, humanitaria, en Venezuela.
Aunque los intentos de negociación del chavismo y la oposición han fracasado y ha aumentado el fraccionamiento de la oposición política, nuevas fuerzas venezolanas como el Foro Cívico Nacional -con organizaciones sociales, de trabajadores y empresarios, universidades e iglesia- han ayudado a abrir una ruta de diálogo que presiona al régimen a negociar y a la oposición a articularse para recuperar la vía democrática y electoral en búsqueda de salidas a las crisis. Así, en 2021, sectores opositores y el régimen político han ido construyendo acuerdos puntuales para hacerle frente a la pandemia, a la inseguridad alimentaria, a la liberación o traslado de algunos sindicalistas o empresarios detenidos. Eso permitió, después de 17 años, el acceso de opositores al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe lograr condiciones adecuadas para las elecciones de 23 gobernadores y 335 alcaldes, concejales y legisladores el 21 de noviembre de 2021, claves también para las siguientes elecciones.
Iniciativas como esas o como algunas de las desarrolladas desde Europa, ayudaron al giro que Biden da a la posición estadounidense sobre Venezuela. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) informó que posibilitaba las transacciones del gobierno y bancos venezolanos relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento de la pandemia. Luego, el Departamento del Tesoro emitió licencia autorizando, hasta el 8 de julio de 2022, todas las transacciones y actividades relacionadas con la exportación o reexportación, directa o indirecta de gas licuado de petróleo a Venezuela, que involucren al gobierno, a Pdvsa, o a cualquier entidad en la que Pdvsa posea alguna participación del 50% o más.
Esa flexibilización de sanciones impuestas al régimen de Maduro, acercaron al gobierno de Biden y a la Unión Europea (UE). La reunión del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, analizó una iniciativa sobre Venezuela a la que se asoció Canadá. En el comunicado conjunto que resultó de esos diálogos, publicado el 25 de junio 2021, la UE, EEUU y Canadá presentan una estrategia gradual que ofrece un levantamiento progresivo de las sanciones a cambio de que el régimen de Nicolás Maduro se comprometa con un plan de verdaderas reformas y elecciones democráticas. Una delegación de la Unión Europea visitó Caracas para evaluar las condiciones tanto de las elecciones en noviembre 2021 como de la misión internacional que observaría su desarrollo. Esa apuesta ha ido aumentando el consenso internacional sobre la necesidad de desechar estrategias como la que expresó Trump de mantener “todas las opciones sobre la mesa” para buscar la salida de Maduro del poder.
El CNE restableció la posibilidad de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) participe en elecciones. Al haber conquistado la mayoría de la Asamblea Nacional en 2015, el régimen le había quitado ese derecho desde 2018. Su rehabilitación puede estimular a la oposición a reunificarse. Aún falta habilitar a todos los líderes sociales y partidos opositores excluidos, liberar a los presos políticos, que siguen aumentando, ampliar el registro, los circuitos electorales y las auditorías del sistema de votación, y lograr que los voceros de sectores claves del régimen se comprometan a respetar el resultado así les sea desfavorable.
Para mejorar su imagen internacional Maduro ha anunciado que a los próximos opositores electos como autoridades locales o estaduales no les pondrá “protectores” oficialistas que actúen en forma paralela para controlar a los opositores elegidos como gobernadores, desconociendo el origen popular de su elección. Pero al mismo tiempo trata de implantar lo que llama “poder o Estado comunal” que desmonta la descentralización, la participación ciudadana y el poder de alcaldías y gobernaciones, y profundiza la represión con la expropiación armada de los bienes y la sede del periódico El Nacional y con “la revolución judicial” para asegurar el control que ejercen los poderes públicos.
Fuera del estatuto de protección a los migrantes, el gobierno de Duque ha tenido una posición contraproducente frente a las crisis venezolanas. Fue muy activo en el cerco diplomático a Maduro, y al aferrarse a esa opción se quedó solo, alejado de gobiernos como el de Biden, de países de la UE y de Latinoamérica, que están propiciando una salida negociada a las crisis venezolanas. En esa salida Cuba es crucial. Aunque para Biden es difícil intentar normalizar esa relación con la isla como hizo Obama, sería muy dañino para Colombia, que el uribismo acabara de romper las relaciones diplomáticas con Cuba, cuyo apoyo a las negociaciones con las guerrillas ha sido clave.
Aunque la mayoría demócrata en el Congreso es estrecha y son diversas las voces en la política internacional estadounidense, predomina allí la posición de respaldar salidas negociadas en Venezuela. Y con relación a Colombia irán combinando las preocupaciones sobre paz y derechos humanos con las económicas y de seguridad, centrales en la relación binacional. Ojalá otros sectores colombianos aprovechen que en el actual gobierno de Estados Unidos caben asuntos cruciales como la democracia, la paz, las salidas negociadas a las crisis, para que Colombia entre en esa dirección, menospreciada por el gobierno Duque.
Socorro Ramírez
Foto tomada de: france24.com/
Por qué no empezar por exigir al gobierno de Estados Unidos que cese sus bloqueos a Venezuela, principal causa de los problemas económicos que sufre ese país, que abandone las prácticas terroristas contra esa nación hermana? Lo demás puede ser tema de conversaciones con las distintas fuerzas políticas