Con respecto al 20 de julio, día de conmemoración del Grito de Independencia de 1810, Bogotá es escenario por excelencia de esta efeméride creada, precisamente, como una especie de convención para simbolizar una unidad nacional que sigue en ciernes. Quienes estudian la historia relatan que tal Grito provino de un altercado en casa de un español, cuyo desenlace condujo a una Junta de Notables integrada por intelectuales y autoridades civiles criollas, para luego derivar en el Acta de independencia de 1810. Como cuenta Morales (21,07,2017), fue mediante la Ley 60 de 1873 que se decretó este día festivo, como proclamación de la independencia nacional. No obstante, el Acta del 20 de julio de 1810 prometía lealtad al Rey Fernando VII, lo que evidencia una limitación estructural de sus alcances. En contraste, el 03 de julio del mismo año en Cali, el 06 de agosto en Mompox y el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, sí fueron proclamadas verdaderas Actas de Independencia.
En cuanto al aniversario de la Constitución de 1991, después de padecer por más de un siglo la constitución de 1886, por fin se pudo lograr la promulgación de una nueva carta magna que proclamó el Estado Social de Derecho, con libertades y una democracia participativa eminentemente consultiva, a la par que viabilizó la ampliación del espacio político, así como el papel regulador del Estado como factor dinamizador del proceso de implementación del modelo neoliberal en las políticas públicas y en el ordenamiento económico.
Este escenario es el fruto de la confluencia de factores nacionales e internacionales. En el plano nacional, fue determinante el papel del movimiento estudiantil por la Séptima Papeleta en las elecciones de 1990. Este movimiento nacional de carácter pacífico llevó a sus voceros, Fernando Carrillo, hoy Ex Procurador General de la Nación y a Fabio Villa por la AD-M19 a la Asamblea Nacional Constituyente. La actual Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, formó parte de este movimiento, desde su condición de activista estudiantil, en ese entonces, en la Universidad Distrital. Es notable que dicho movimiento tuvo el respaldo de notables líderes políticos, como Alfonso López Michelsen. El mismo Fernando Carrillo ya era abogado y docente de la Universidad Javeriana, dilecto amigo de Manuel José Cepeda, asesor de los Presidentes Barco y Gaviria y él mismo, asesor del Presidente Gaviria y con posición influyente en los medios, a través de RCN.
El contexto, no obstante, era bastante conflictivo. Estaba afectado por la guerra sucia, por el genocidio de dirigentes de oposición, mayoritariamente de la UP, de líderes sindicales, del asesinato de cuatro candidatos presidenciales y de la presión del narcotráfico en contra de la extradición. El fallido intento de acuerdos de paz de Belisario Betancur había dejado como herencia el terrorismo de Estado. Pero, también, la voluntad en diversos sectores de encontrar salidas políticas a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que permitió a la Corte Suprema de Justicia emitir la Sentencia 138 del 09 de octubre de 1990 recogiendo la disposición del M-19, el EPL, El Movimiento Armado Quintín Lame y el PRT a participar y los tres últimos, como ya lo había hecho el M-19, a reintegrarse a la vida civil.
Así mismo, se vivía un contexto de internacionalización en política económica y de modernización del Estado, siguiendo las pautas de ajuste orientadas por el FMI y el Banco Mundial; estas fueron acogidas por la Comisión de Gasto Público de 1986 y por la Misión Wiesner de 1982 sobre descentralización y federalismo fiscal.
La Constitución Política de 1991, surgida de la Asamblea Nacional Constituyente, fruto de esta confluencia de factores, abrió espacios democráticos para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, para el ejercicio del derecho de tutela y la implementación de diversos mecanismos de participación, así como para la superación de la larga historia de uso del Estado de Sitio que permitía al Presidente gobernar mediante decretos y dar tratamiento de orden público para militarizar la protesta social.
La nueva Constitución abrió espacios para la transformación de grupos de guerrilla, alzados en armas, en partidos políticos y para la reinserción de los excombatientes a la vida económica, política y social del país. Sin embargo, no se configuró la paz completa. El conflicto armado continuó con las FARC EP, a raíz del bombardeo de Casa Verde y con el ELN que mantuvo su reticencia a entrar en negociaciones. Así se fue la década del noventa, con diversas experiencias de negociación con ambos grupos, fallidas por diversas razones atribuibles a los bandos en contienda. Estos grupos se fortalecieron y, a la par, se expandieron los grupos paramilitares que, paulatinamente fueron mutando en sus formas y métodos de actuación rural y urbana.
Mientras tanto, dadas las expectativas frente a las dimensiones garantistas de la nueva Constitución, el movimiento social fue entrando en crisis de objetivos, en parte, cooptado por los espacios institucionales de participación donde los enfoques de focalización del gasto público trajeron formas de neo clientelismo y de población cautiva, a través de los servicios públicos y programas sociales, como nuevos escenarios de control electoral. En el campo, a raíz del desplazamiento forzado mediante la dinámica violenta de contrarreforma agraria. También, en razón de las transformaciones socio-económicas en el orden laboral y contractual, así como en las medidas de privatización de empresas de servicios públicos y sociales que trajeron como contrapartida la profundización de la desigualdad social, la precarización laboral y la proliferación de la economía informal, en un contexto de incertidumbre para la juventud, con respecto al futuro. De ello, dan cuenta los cambios en el movimiento sindical y su lucha por conservar los derechos adquiridos, así como la dinámica de fragmentación social como, también, la emergencia de nuevas formas de organización y movimiento social con expresiones étnicas, culturales, de género y etarias en los territorios.
En ese contexto, con la descentralización, se fueron volviendo importantes los gobiernos de los entes territoriales; especialmente, las alcaldías, a partir del Acto Legislativo 01 de 1986. Es de resaltar el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que se erigió como el segundo cargo más importante del país, por ser la Capital, por convertirse en Distrito Capital con la Constitución de 1991 y elevarse a la categoría de departamento. Esto ha llevado a creer que quien ejerza la Alcaldía de Bogotá será Presidente de la República en el corto plazo; este mito ha sido fomentado por los medios de comunicación y por las esferas políticas partidistas, con las implicaciones que esto tiene en relación con los enfoques de gestión pública; ha sesgado expectativas, provocado alineamientos y ácidas confrontaciones entre actores y actrices de la política nacional y distrital en diversas coyunturas.
A treinta años de la promulgación de la constitución de 1991, Colombia vive un inédito estallido social desde el 28 de abril pasado. Como se sabe, sus antecedentes se encuentran en el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, cuya incidencia activó un amplio y diverso movimiento social a lo largo y ancho del país, en una dinámica que recibió a los gobiernos territoriales posesionados en enero de 2020. Su presencia en las calles, únicamente, pudo ser pausada por el confinamiento social declarado por el gobierno Nacional, a raíz de la pandemia del covid-19, pese a los esfuerzos por anestesiarlo desde la presidencia de Iván Duque, con figuras demagógicas de “Conversación Nacional” y programas diarios en televisión que casi nadie veía y salieron de escena a raíz de la protesta social.
La condición de sede política y administrativa, en un país profundamente centralizado y el ser lugar de arribo de los procesos de desplazamiento provocados por la violencia, que se entronizó como forma de la acumulación de la tierra, hicieron de Bogotá un compendio de la diversidad y problemáticas del país.
Por su condición de capital de la república, Bogotá es una de las ciudades más afectadas por el confinamiento social. Al mismo tiempo, es la principal receptora del desplazamiento forzado de víctimas del conflicto armado. A 31 de diciembre del año pasado, la ciudad albergaba 370.252 víctimas reflejando un incremento del 2,84% en el último trimestre del año. También, Bogotá ha recibido hasta 2020 a 357.667 migrantes de Venezuela; de estas personas, solamente 169.000 tienen el Permiso Especial de Permanencia. Con estos nuevos pobladores y la recesión económica, en medio de la pandemia, crecen los niveles históricos de pobreza y se reduce la clase media. Con una población estimada en 7.743.995 personas, Bogotá tiene 3,3 millones de pobres; el 40,1% de la población tiene situación de pobreza monetaria y el 13,3%, está en condición de pobreza extrema y un 42,3 % de población dedicada a actividades propias de la economía informal, a marzo de 2021, según datos del Dane en Infobae (12,05,2021).
Bogotá, en medio de los procesos de profundización de la desigualdad social, ha sido una de las ciudades con mayor dinámica de movilización en la coyuntura en razón de la precariedad, el hambre y el descontento creciente. Ha sido escenario emblemático de colocación de trapos rojos en las fachadas de las viviendas, ante la situación de hambruna; se ha movilizado ante el desalojo por parte de la alcaldía en contra de comunidades vulnerables, especialmente, en Ciudad Bolívar o en apoyo a comunidades indígenas sin alojamiento. La ciudad, por tradición, ha sido escenario de movilización social juvenil en pro del Acuerdo de Paz, en respaldo a la Minga Indígena, en defensa del ambiente, de sus humedales, parques, cerros y acuíferos; contraria a la privatización de empresas, como la ETB. Se ha movilizado masivamente en contra de la brutalidad policial, aún en medio de la pandemia, como en efecto ocurrió a raíz de la matanza ocurrida entre el 9 y el 11 de septiembre de 2020, ante el asesinato del abogado Jorge Ordóñez, a manos de agentes policiales en el CAI de Villa Luz o frente a las detenciones arbitrarias contra trabajadores de la cultura, ordenadas por la Fiscalía General de la Nación.
La experiencia de movilización de 2019, el asesinato de Dilan Cruz a manos de un oficial del ESMAD y los aprendizajes del estallido social en Chile dejaron como enseñanza procesos de organización para neutralizar los ataques policiales. Así, surgieron los grupos que actualmente se denominan Primera Línea, como formas de contención pacífica de la represión policial, mediante el uso de escudos, cascos y gafas de protección ocular, dada la práctica policial de disparar a los ojos de los manifestantes. Seguidamente, fueron formándose las primeras líneas jurídica, de atención en salud, el apoyo en derechos humanos y la proyección en medios de comunicación alternativa. Todo ello, acompañado de expresiones artísticas y lúdicas, como batucadas y performances procurando garantizar las condiciones de bioseguridad. Especial relevancia han cobrado las Ollas Comunitarias como expresión de solidaridad y alternativa de sustento para jóvenes en condición de precarización e, incluso, para gentes sin techo, dado el contexto de hambruna.
Es por ello que la movilización social desplegada desde el 28 de abril y que tendió a desconcentrarse de la dinámica tradicional de manifestación en el centro de la ciudad o en las vías principales del norte, en los Héroes, del Centro Administrativo, llegó a las localidades de mayor concentración de población como Kennedy, Suba, ciudad Bolívar y Usme. Fue construyendo zonas emblemáticas. Al tiempo, se fueron activando dinámicas de organización comunitaria que empezaron a internarse en los barrios a medida que se fue intensificando la dinámica de represión policial, la carencia de garantías para la protesta social y las violaciones de los derechos humanos. De este modo, el movimiento de protesta rebasó las formas tradicionales de organización desbordando las formas de representación del Comité Nacional del Paro y planteando el requerimiento de nuevas formas de interlocución.
Como muestra Doria (18, 06,2021) en el Portal La Silla Vacía, la Alcaldía Distrital, en cabeza de Claudia López, presentó un informe a la ONU y a Human Rights Watch el 26 de mayo un informe sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto del Paro. No obstante, como lo señalaron diversas organizaciones de derechos humanos e, incluso, funcionarios de la propia Alcaldía Mayor, el informe se centró más en el denominado “vandalismo contra la infraestructura” que en los abusos policiales. El informe de 144 páginas, inicia con estadísticas de afectación a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional. Cuantifica 775 actividades de protesta entre el 28 de abril y el 23 de mayo. Señala una participación de 240.000 personas y 161 intervenciones del ESMAD. Destaca que 361 personas fueron atendidas por lesiones asociadas a las manifestaciones, entre ellas, 33 afectadas por lesiones oculares y 133 con traumas en la cabeza o faciales. Así mismo, cuatro personas heridas con arma de fuego. De allí hasta el final el informe se constituye en una colección de estadísticas, presentaciones en power point, actas y listados en Excel agrupados de manera farragosa donde coexisten las afectaciones a los derechos humanos con los daños a la infraestructura y las lesiones a los agentes policiales, con mayor énfasis en esto último que en lo relacionado con la problemática de derechos humanos. De este modo, los daños a la infraestructura ocupan 80 páginas de las 144.
Por supuesto, no se desconoce que las afectaciones a personal policial o a la infraestructura deben ser motivo de investigación y sanción de los responsables. Pero, estos temas son de incumbencia de la justicia propia del país; por tanto, no son asunto a tratar con los organismos internacionales de derechos humanos, los cuales se concentran en el examen de las acciones estatales frente a los derechos humanos y el cumplimiento de las garantías sociales con relación al ejercicio de la protesta pacífica.
El informe solamente incluye datos de fuentes oficiales, no cuenta con testimonios de personas afectadas ni cifras recolectadas por organizaciones de derechos humanos. Tampoco recoge información de la Personería Distrital ni de la Defensoría del Pueblo. Según Luís Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno, la falta de diversidad de fuentes obedeció en principio, a problemas de confianza de las organizaciones para entregar la información y luego, ante la premura por entregarlo el informe se presentó con errores y omisiones, como los traslados arbitrarios de personas detenidas o los intentos de homicidio de civiles; en cambio, sí se hace alusión al intento de homicidio de personal policial, asunto que compete a la Fiscalía.
Como se sabe, la Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, fue invitada por el gobierno, a raíz de la solicitud que le hicieran a la Comisión 23 organizaciones defensoras de los derechos humanos para que visitara el país y se hizo presente entre el 8 y el 11 de junio pasados. A pesar de las críticas a los sesgos del informe de la alcaldía y sus inconsistencias, en intervención del 7 de julio, a raíz del Informe de la CIDH, @ClaudiaLópez (07,07,20219 ratificó el contenido de su informe y expresó que este se sentía recogido en el Informe de la CIDH. En dicho sentido, prometió la actualización del Decreto 563 de 2015, Protocolo de Actuación para las Movilizaciones en Bogotá y su aceptación del monitoreo definido por la CIDH para Colombia.
Sin embargo, como se puede constatar en el contenido del informe de la CIDH, en sus diversos aspectos y recomendaciones, el foco de atención siempre está en el cumplimiento de los estándares internacionales que obligan al Estado en materia de derechos humanos, en contraste con lo señalado en el informe de la Alcaldía de Bogotá. Incluso, cuando se refiere a temas álgidos como los “cortes ruta” o bloqueos, que constituyen un absoluto en la narrativa del Gobierno Duque, o en lo relacionado con el cuestionamiento a la Asistencia Militar, las Misiones Médicas, los “Traslados por Protección” sin garantías, las garantías de los medios de comunicación o la reforma de la Policía, entre otros.
Es de anotar que, a raíz del Informe de la Alcaldía, Andrés Idárraga, Director de Derechos Humanos de la Alcaldía con asiento en la Secretaría de Gobierno, presentó su renuncia argumentando la carencia de una postura oficial de la Administración ante la violación de los derechos humanos en el marco de la protesta. Señaló el desconocimiento del papel de la Dirección de derechos Humanos y criticó la reducción a la mitad del personal de dicha dirección. Reprochó el formalismo en el funcionamiento del Comité Civil de Convivencia, la falta de lineamientos y garantías para el ejercicio de los derechos en la ciudad, así como la ambigüedad en el Informe presentado a la CIDH, así como el desacierto al conferir mayor relevancia a los temas de afectación de la infraestructura que a las graves violaciones de los derechos humanos, o la agresión de policías a funcionarios de derechos humanos, o peor, los atentados contra población civil. Al respecto, recalcó que las violaciones a los derechos humanos se imputan a los Estados y no a la ciudadanía. Entre otros aspectos relevantes, llamó al Distrito a colocar los derechos humanos en el centro de la agenda política.
Así mismo, es de recordar que Hugo Acero, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia presentó su renuncia el 24 de junio aduciendo motivos personales. En su reemplazo fue nombrado el abogado Aníbal Fernández de Soto, quien cuenta con larga trayectoria en el desempeño de diversos cargos de gobierno en el nivel nacional, desde 2006 incluyendo el Viceministerio de Defensa.
El Informe de la Alcaldía contrasta con el de la Personería Distrital, Redacción El Espectador (28,06, 2021) que registra, durante el Paro Nacional, cinco muertos, 186 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 75 están pendientes de ubicación. Precisa que estas cifras corresponden a las jornadas de protesta realizadas en Bogotá entre el 28 de abril y el 25 de junio. Al respecto, la Personería acompañó 411 jornadas de protesta y destaca que el 84% de ellas han sido pacíficas. El informe, también relaciona 1.947 afectaciones a la infraestructura de Transmilenio por valor de $ 34.817.879.775. No obstante, la Personería enfatiza en los temas de afectación de los derechos humanos y en el acompañamiento a personas retenidas en los Centros de Traslado por Protección en Usaquén, La Candelaria y Tunjuelito donde registró 154 ciudadanos trasladados y denunció el traslado de personas a estaciones de policía o Centros de Atención Inmediata no autorizados por el decreto 563 que habilitó los CTP. Así mismo, señaló la existencia de 1.055 personas lesionadas, 549 civiles y 506 policías. Entre las personas fallecidas reporta el caso del joven que perdió la vida por un alambre cruzado en cercanías del Portal Américas (hoy denominado Portal de la Resistencia).
La Personería anota la dificultad para determinar los casos de vandalismo, en razón de ser ejecutados por grupos reducidos de personas en horas de la noche y mediante actos espontáneos que se llevan a cabo contra bienes públicos, por lo que no se puede establecer de manera clara que correspondan a las organizaciones o colectivos de manifestantes. Recalca, incluso, que estos grupos minoritarios entran en conflicto con integrantes de la Primera Línea de la Zona.
Es de resaltar que el fallecimiento del Ingeniero Cristian Vélez por causa del cable atravesado en la ruta en el Portal de las Américas, así como el microtráfico en este sector y las imposiciones estimularon la ofensiva de los medios de comunicación oficiales contra la protesta en los diversos espacios de concentración de manifestantes. No obstante, los jóvenes de la Primera Línea de Kennedy se empeñaron en aclarar que no fueron ellos quienes colocaron dicha cuerda y pidieron el esclarecimiento de los hechos, para que haya justicia.
En cuanto a los temas de microtráfico y la estigmatización a la protesta social en los puntos de resistencia, es claro que la ciudad ha estado caracterizada por esta problemática durante varios años y la protesta social resulta permeada por ella. En tal sentido, las patologías sociales también obran como causas y no pueden presentarse como efectos de la protesta social. Al respecto, los colectivos de manifestantes han venido trabajando en dinámicas de construcción de espacios humanitarios y, particularmente, en el Portal de la Resistencia, han optado por desarrollar una pedagogía itinerante hacia el territorio. Procuran evitar la estigmatización, promueven huertas comunitarias y propenden por la reconfiguración de los pensares y valores, en aras de superar imaginarios machistas y patriarcales.
En esta dinámica, los procesos de diálogo y negociación con la Administración Distrital se van abriendo camino, poco a poco. Por fin, como muestra El Nuevo Siglo (06,07,2021) la Alcaldesa inició reuniones con algunos jóvenes de la Primera Línea en procura de iniciar conversaciones y tender puentes de diálogo, sin la pretensión de formar vocerías o representaciones de algún grupo en particular. El camino de construcción de confianza para garantizar la protesta social pacífica ha estado accidentado por la estigmatización y la criminalización de la protesta social por parte de voceros de los partidos de la coalición del gobierno nacional y de los partidos de ultraderecha. A la par, es de resaltar que la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda contra los Senadores Petro y Bolívar por, supuestamente, instigar a la violencia en el marco del Paro Nacional. De este modo, se quedan sin piso las propias afirmaciones hechas por parte de voceros del Gobierno Nacional, de la Revista Semana y de la propia alcaldesa, que endilgaban las directrices de movilización a voceros de dicho sector político. En esencia, es pertinente reconocer la identidad y autonomía social del naciente movimiento y superar la tentación de reducir su naturaleza a móviles electorales de potenciales adversarios que, por su carácter pueden ser aliados estratégicos en la lucha por la democracia, frente al autoritarismo de la ultraderecha. Al respecto, amargas lecciones trae la historia.
Finalmente, el Informe presentado por la CIDH ha sido recibido por el Gobierno Nacional en forma visceral, dando prelación a los temas relacionados con los cortes de ruta, a los que llama bloqueos, tomados de conjunto, al mantenimiento de la Policía en el Ministerio de Defensa y en el rechazo al monitoreo planteado por la CIDH. Estos elementos abren un nuevo capítulo que ya comienza a mostrar las concepciones autoritarias del Gobierno Duque ante la comunidad internacional. Estos serán elementos que influirán en el proceso político en adelante. Es de recalcar, al respecto que, a diferencia de los procesos de los años noventa, para el logro de los procesos de paz y la Constitución de 1991, el proceso actual abre dinámicas de surgimiento de nuevos actores sociales y políticos, con nuevas características, menos amparadas por personalidades y notables. De este modo, empieza un despertar de la protesta pacífica como oportunidad de gestar cambios socioculturales desde la Colombia y la Bogotá profundas; allí donde no llegan los notables y tampoco los movimientos sociales tradicionales o los viejos partidos políticos.
Precisamente, es por ello que la CIDH en su informe retome las valoraciones socioeconómicas relacionada con los factores de desigualdad social, en particular en lo referente a los elementos detonantes de la protesta social, tales como la reforma tributaria. La CIDH hace especial énfasis en los temas inequidad, pobreza extrema, acceso a derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, el trabajo y la salud. Así mismo, destaca los altos niveles de violencia, de impunidad y la discriminación étnico-racial y de género.
Fuentes:
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH. Observaciones y recomendaciones. Visita: Junio 2021. Visita de trabajo a Colombia. Julio 07 de 2021.
- Empleo informal en Colombia aumentó el primer trimestre de 2021, según el Dane. Mayo 12 de 2021.
- Ver: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/05/12/empleo-informal-en-colombia-aumento-el-primer-trimestre-de-2021-segun-el-dane/
- Doria Paula. EL INFORME DE DD.HH. DE LA ALCALDÍA DE LÓPEZ A LA ONU PONE EL ÉNFASIS EN EL VANDALISMO. La Silla Vacía. Junio 18 de 2021.
- Ver: https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/informe-de-violaciones-de-ddhh-en-paro-de-claudia/
- @ClaudiaLopez. https://twitter.com/i/status/1412945792457920513
- Personería de Bogotá registra cinco muertos y 75 desaparecidos durante el Paro. El Espectador. Junio 28de 2021.
- Ver: https://www.elespectador.com/bogota/personeria-de-bogota-registra-cinco-muertos-y-75-desaparecidos-durante-el-paro/
- Redacción Bogotá. El Nuevo Siglo. Polémica por reunión de López con denominada “primera línea”. Julio 6 de 2021.
- Ver: https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-06-2021-polemica-por-reunion-de-lopez-con-denominada-primera-linea
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Caracol Radio
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