Sin embargo, luego del corto tiempo de optimismo que siguió a la firma de los acuerdos con las FARC, la paz completa parece estar alejándose cada vez más, lo que se evidencia en actual fracaso de los diálogos con el ELN, la falta de contundencia de una política de combate al creciente paramilitarismo, o de sometimiento de las organizaciones criminales, y un preocupante crecimiento de las disidencias de las FARC y su relación con otras estructuras criminales, nacionales y extranjeras, en torno a negocios ilícitos, en especial, el narcotráfico.
La ruptura del proceso de diálogos con el ELN, después del condenable e irracional ataque contra La Escuela de Cadetes, no parece tener una solución a corto o mediano plazo y, por el contrario, dicho acto terrorista terminó de acrecentar y darle combustible a aquellos sectores enemigos de la paz, que abogan por volver a las políticas antiterroristas, represivas y que relativicen las garantías ciudadanas y los derechos humanos.
En el regreso a una guerra frontal contra el ELN, en este nuevo escenario, se corre el enorme riesgo de traer de vuelta prácticas y tácticas que caracterizaron la guerra sucia de los años 80. El afán de resultados, sumado a la composición e influencia urbana de esta guerrilla de inspiración guevarista, y la dificultad de golpear contundentemente a los cabecillas guerrilleros, curtidos por años en la guerra, puede traer como resultado una nueva etapa de “falsos positivos judiciales y materiales”, caracterizada por la criminalización de la protesta social, la persecución del movimiento estudiantil, de organizaciones ambientales opuestas a la minería, de algunos sindicatos (especialmente vinculados a la industria petrolera y extractiva) y de toda expresión de crítica u oposición a esta política guerrerista. De ahí la urgente necesidad de crear nuevamente un camino hacia el diálogo con el ELN y, en todo caso, prevenir y evitar que se desarrolle una guerra sin ética contra la población civil en la obsesión desmedida de tener culpables que mostrar, vivos o muertos, ante una opinión pública derechizada por el atentado y alentada hacia la venganza por los discursos públicos que están emergiendo.
Por otro lado, la lucha contra el paramilitarismo, las BACRIM y la disidencia de las FARC no está siendo efectiva, y la muerte sistemática de cientos de líderes sociales, en todo el territorio nacional, es una mancha que opaca de forma seria los avances en el proceso de paz y mina la confianza en los aparatos de seguridad del Estado. Paramilitarismo, Bandas Criminales y Disidencias que se sostienen y actúan sobre la falta de presencia estatal en los territorios, y ante la incapacidad estatal de gestionar democráticamente los conflictos generados en las regiones, especialmente los derivados de los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y la explotación indebida de recursos naturales.
El entorno político internacional tampoco es favorable, los gobiernos pro guerra, pro neoliberales y con políticas excluyentes se han acentuado en EEUU, Europa y América Latina, lo que se suma a la enorme crisis que vive Venezuela y el área de influencia de izquierda que había logrado conformar el Chavismo. Políticas antiinmigrantes, guerreristas, de mano dura, de exclusión económica, pro emporios económicos, y empeñados en desmontar garantías ciudadanas, relativizar de los derechos humanos y acabar la protección al medio ambiente en pro de las “políticas de seguridad” y la “confianza inversionista”. Además del enorme riesgo de una intervención militar en Venezuela por parte de EEUU, que tenga como punta de lanza el territorio colombiano, y pueda desembocar en hostilidades difíciles de controlar en las fronteras con la consecuencia nefasta de una nueva crisis humanitaria por esta vía.
¿Qué significa la llegada de Duque y el Centro Democrático al poder para el futuro del proceso de paz?
La consolidación de la paz no había comenzado, cuando en Colombia se dio un cambio de gobierno, fruto del triunfo electoral de la derecha con Iván Duque, del Partido Centro Democrático, que hizo campaña electoral oponiéndose a la paz y acusando a su más cercano competidor político, Gustavo Petro, de que convertiría a Colombia en otra Venezuela. Al final la alta polarización política frente a la implementación de los acuerdos de paz y el miedo irracional a la llegada de un gobierno del perfil de Maduro, dio como resultado el triunfo de Duque, que de la mano del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez (el más acérrimo crítico del proceso de paz con las FARC) asumió el pasado 7 de agosto de 2018 la Presidencia de Colombia.
Si nos atenemos a los discursos de campaña del hoy Presidente Iván Duque habría motivos más que suficientes para temer por un retroceso en los avances del proceso de paz e incluso en un grave riesgo de su cercano fracaso; sin embargo, del discurso político a la praxis de gobernar hay mucho trecho y, en la práctica el Presidente Duque ha sido hasta el momento muy cauto en no generar rupturas precipitadas frente al desarrollo de los acuerdos, ni ha obstaculizado ni presupuestal, ni técnicamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ni a otras instancias vitales para el desarrollo de los Acuerdos.
Sin embargo, a pesar de los anuncios de apoyo a las zonas priorizadas para las políticas de postconflicto, El Gobierno Nacional no destina aún los recursos para la implementación de las paz en estos 170 municipios (donde debió entrar a operar una gran inversión social y de infraestructura por medio de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET), y lo más grave, no hay voluntad política, ni recursos para cumplir con la sustitución de cultivos de uso ilícito, factor medular en la desactivación de la violencia en estos territorios, y mucho menos para desarrollar el punto 1 del acuerdo respecto al desarrollo rural integral.
Por otro lado, respecto a las garantías políticas y la reincorporación, es un mal mensaje del Gobierno, anunciar que le cumplirá a la base guerrillera, pero que a los líderes de las FARC va a perseguirlos, acorralarlos, o los anuncios innecesarios y reiterados del presidente que extraditará a Jesús Santrich, jefe guerrillero preso por orden de un juez norteamericano, que ha contado con el respaldo del cuestionado Fiscal General de Colombia, enemigo declarado del proceso de la paz, Néstor Humberto Martínez, que se suman a las presiones mediáticas y de redes sociales que ejerce el Centro Democrático, columnistas y opinadores afectos al uribismo contra la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
A esos señalamientos y a los intentos de contra reformar los acuerdos en el Congreso por la bancada del Centro Democrático, que por fortuna no han fructificado, se suman el cambio de la cúpula militar y policial que ahora cuenta con mandos afectos al uribismo.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: la institucionalidad democrática por la paz
Como nunca en la historia el país había estado tan polarizado y la paz había tenido tantos y tan poderosos enemigos que de forma pública se oponen a la aplicación de los acuerdos. En este escenario el blanco de los ataques de partidos políticos, gremios, periodistas e incluso actores armados, son las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición; y especialmente de su componente judicial, La Jurisdicción Especial para la Paz. Jurisdicción que, en poco tiempo de funcionamiento, ya ha abierto macro casos que involucran no solo a las cabezas de las FARC, sino también a cúpulas militares y que pronto apuntaran hacia altos mandos políticos, intereses empresariales, con lo cual se puede presentar un capítulo como el que se derivó con La Jurisdicción de Justicia y Paz, del cual resultó, por traslado de expedientes a la Corte Suprema de Justicia, el escándalo de la parapolítica, que investigó y juzgó por diversos delitos vinculados al accionar criminal de los paramilitares a decenas de congresistas y cientos de altos funcionarios locales.
La verdad de las razones económicas y políticas de la guerra incomoda a muchos sectores, asumir la responsabilidad por lo sucedido con las víctimas no está en el plan de muchos poderosos líderes políticos y empresariales, por eso su apuesta no es por la paz, sino por acabar, a como dé lugar, la institucionalidad creada para canalizar los deseos de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Rodear, apoyar, fortalecer y proteger las instituciones del Sistema Integral debe ser una apuesta democrática de la sociedad civil y política nacional, y de la sociedad internacional, ya que de ello depende hoy el futuro de un país estratégico para la paz de la región y que se puede convertir en el referente mundial para el trámite de los conflictos violentos o en una nueva decepción.
La sociedad civil movilizada por la paz: la esperanza
En este escenario, además de apoyar la institucionalidad democrática por la paz, también y con igual fuerza hay que ayudar a resurgir y fortalecer un movimiento (o movimientos) por la paz en Colombia, vertebrado desde la sociedad civil y ampliado a las nuevas estructuras de movilización ciudadana (redes y nuevos movimientos sociales)
Darle herramientas a la ciudadanía para que reclame la inversión pública en los 170 municipios que pactó el acuerdo para integrarlos a la economía y servicios sociales del país, y cerrar la criminal brecha social; fortalecer a las comunidades indígenas, negras y campesinas para que pueden hacer de los acuerdos de paz la reivindicación material de sus luchas históricas; apoyar la organización juvenil y estudiantil que empieza a asumir la responsabilidad política y ética de reclamar un país justo y en paz; y ante todo, darles garantías para que no los sigan asesinando en completa impunidad.
Por esto, no solo hay que fortalecer la capacidad de incidencia, presión ciudadana, y comunicación estratégica para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz, sino generar un dique en la opinión pública, tanto en Colombia como en Venezuela, para evitar a toda costa que se alimente entre estos países hermanos la escalada de acciones que puedan desencadenar en actos de agresión graves e, incluso, una guerra de implicaciones internacionales, dado los intereses de EEUU y Rusia en la región.
Cabe destacar que la única excepción al manejo neoliberal del gasto público del Gobierno de Duque, fue gracias a la movilización estudiantil, que después del paro que duró 10 semanas y generó unas 12 marchas masivas, obligó al Gobierno a la firma de un acuerdo que garantiza unos 4.8 billones de pesos para financiar el déficit de la educación pública superior. Triunfo de los estudiantes y de la movilización masiva, que muestra que en medio de la oscura tormenta y de los vientos de guerra, también puede asomar la esperanza de una sociedad civil que despierte para reclamar el derecho de vivir en un país en paz.
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Archivaldo Moreno
Foto obtenida de: El Espectador
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