La reacción inmediata del presidente Duque fue rechazar el Informe, calificarlo de parcializado, considerarlo con falta de rigor y no aceptar las recomendaciones. Además, calificó de inoportuna la propuesta de la CIDH de instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento en materia de Derechos Humanos para Colombia, así como existen para Venezuela y Nicaragua. Es decir, desde entonces se sabía que el gobierno nacional no acataría ninguna recomendación y observancia.
Durante este año, Iván Duque hizo todo lo contrario a lo presentado por la Comisión. Promovió dos leyes en dirección contraria al Informe de la CIDH. Esto es, reformuló la ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011), que ya era onerosa con la protesta y movilización social y otorgaba e investía de más poderes a la Policía Nacional. Pero también hizo una reforma a la institución policial para enfrentar la presión política y mediática, dado el debate generado por los niveles de violencia tan altos durante al Paro.
Reforma cosmética a la Policía
Ante la crisis desatada por la violencia policial contra las movilizaciones, se revivió el debate sobre la urgente necesidad de reformar la Policía Nacional. Ante ello, las bancadas alternativas y de oposición, presentaron cuatro proyectos de reforma al Congreso de la República. Una, pretendía una reforma amplia a toda la institución; la segunda tenía como objetivo regular los ascensos militares de policías comprometidos con casos de violación a los Derechos Humanos; la tercera buscaba el desmote del Esmad y una cuarta, estaba relacionada con la reforma del fuero penal militar. Ninguna de estas propuestas tuvo tránsito exitoso en el Congreso, pues la mayoría parlamentaria está con el gobierno y Duque no compartía ninguno de tales proyectos de ley.
Simultáneamente, el gobierno, para hacerle frente al contexto, presentó su propuesta de “reforma”, pero que en realidad consistió en la expedición del Estatuto Disciplinario de la Policía. De entrada, se sabía que el proyecto de ley no apuntaba a una reforma a la Policía que corrigiera el comportamiento ilegal de los uniformados. También se tenía claro que dicho proyecto sí pasaría rápidamente todos los debates y se convertiría en ley de la república, como efectivamente pasó (Ley 2196 de 2022). Este código no buscaba una transformación del cuerpo policial, para el gobierno la actual institución funciona muy bien y los “posibles” desmanes en los que pudo haber incurrido, según la institucionalidad, sólo requería de algunos ajustes adicionales para que los uniformados atiendan con más rigor la disciplina y los protocolos internos.
Esta “reforma” es cosmética. El nuevo código disciplinario no apuntó a un cambio para impedir el comportamiento ilegal y doloso, de los uniformados. En sustancia, no se toca la doctrina de seguridad nacional y enemigo interno, a la cual sigue aferrada la institución policial. No se desmilitarizó la institución, es decir, no se desligó del Ministerio de Defensa como lo recomendó la CIDH, pero también lo ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tampoco se incluyeron los enfoques de derechos humanos, de género, diversidad, entre otros, que se vienen proponiendo. Además, se trata de un código interno, dirigido y manejado por la propia institución (endógeno), sin participación de observación ciudadana e instituciones que den cuenta de una mirada más universal y objetiva del comportamiento del cuerpo policial. En resumen, la reforma de Duque, no tuvo en cuenta una sola recomendación de la CIDH, indicador de que el nuevo código disciplinario interno no corregirá las actuaciones ilegales y violatorias de los derechos humanos en las que incurren cotidianamente los uniformados y mucho menos, en el marco de las protestas sociales.
Sin embargo, el gobierno nacional logró venderle a la comunidad internacional esta ley como la verdadera reforma y, en consecuencia, el gobierno de Estados Unidos, generoso como siempre con las fuerzas militares de Colombia, donó 8 millones de dólares para el fortalecimiento de la Policía de Colombia[2]. Este gesto también se puede leer de otra manera, y es que al país del norte le parece bien los desmanes, la violencia y uso de la fuerza desproporcionada de la policía, y tampoco le importan las recomendaciones de la CIDH. A esto se agrega la complacencia con que funcionarios del Departamento de Estado dicen cómo, a través de la Universidad Sergio Arboleda (muy mentada por estos días por su manejo non sanctus), se adelantan los cursos de DD.HH para mejorar el comportamiento de los uniformados de la Policía[3].
Con esta reforma cosmética, Iván Duque les demostró a los organismos internacionales de DD.HH, lo poco que le importan y el valor que le da a los tratados y pactos internacionales. Así las cosas, la protesta social seguirá siendo reprimida sin compasión con toda la fuerza bruta y letal del Estado.
Reforma a la ley de seguridad ciudadana
De una manera exprés el Congreso de la República modificó la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Código de Policía. De dicha reforma surgió la nueva ley 2197 de 2022 para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana[4]. En contravía de las recomendaciones de la CIDH relacionadas con la necesidad de que el Estado promoviera un proceso nacional de diálogo genuino que facilitara la escucha de todos los sectores sociales y especialmente los más discriminados históricamente[5], esta ley cierra aún más las posibilidades de diálogo, encuentro y generación de confianza[6] entre la Policía Nacional y la ciudadanía.
Con esta reforma el gobierno nacional dio un espaldarazo al comportamiento de los uniformados y como ya lo dije en estas páginas de la Revista Sur, se premió a la Policía por la violencia ejercida contra la ciudadanía movilizada durante el 2021, pues a través de esta norma se fortalecieron los mecanismos de protección a los uniformados ante a la más mínima actuación de la sociedad, mientras ésta quedó más expuesta a la estigmatización y criminalización, con mayores penas y castigos. “Contrario a las recomendaciones hechas por la CIDH, la nueva ley incrementa la estigmatización y criminalización contra la protesta social, legaliza el principio de proporcionalidad para el uso de la fuerza letal y no letal de la Policía Nacional contra la población civil, flexibiliza el monopolio de la fuerza por parte del Estado colombiano cuando permite que terceros y los mismos agentes oficiales hagan uso de las armas bajo el entendido de “legítima defensa privilegiada y de amplia proporcionalidad”, legisla en favor de políticas reactivas y no preventivas de conflictos ciudadanos, y formaliza la justicia en manos privadas, entre muchas otras medidas regresivas en DD.HH y libertades”[7].
En la práctica, desde la visita de trabajo de la CIDH en junio de 2021, la judicialización de jóvenes que participaron como Primera Línea para defender de las balas y los ataques de la fuerza pública a los manifestantes del Paro Nacional, han sobrepasado las 200. De estas detenciones arbitrarias, la mayoría de jóvenes han quedado en libertad por falta de pruebas, de acuerdo con jueces de garantías, pero otros siguieron vinculados al proceso judicial y privados de la libertad. Sin embargo, muchos y muchas han tenido que dejar sus lugares de vivienda, cambiar de ciudad y hasta salir del país por la estigmatización, señalamiento, persecución y hostigamiento vividos desde entonces, al igual que sus familias. Es decir, sus vidas cambiaron negativamente para siempre producto de la violación de sus derechos por parte del Estado colombiano, sin que tengan posibilidades de reparación y la impunidad reine para la institución policial.
Pero la persecución injusta y arbitraria no se detuvo, justo, al cierre de este artículo, fueron detenidos, al menos, 25 jóvenes de la Primera Línea en las ciudades de Cali y Bucaramanga[8], y según las versiones periodísticas, algunos de ellos ya habían sido detenidos en el 2021, pero dejados en libertad por falta de pruebas. Estos operativos se dan, ad portas, de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales y aplicando sin piedad las leyes mencionadas, contra la juventud de este país, ante un abuso desproporcionado del Estado colombiano.
La última propuesta realizada por la CIDH dentro del Informe, fue la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en materia de Derechos Humanos para Colombia para contribuir a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad. Para lo cual, invitó al gobierno a reconocer dicho mecanismo y ayudar a crearlo. La negativa del gobierno nacional fue rotunda, y a pesar de la insistencia, no fue posible.
Con este panorama, es claro que el gobierno del Centro Democrático, además de vulnerar flagrante y sistemáticamente los derechos de los y las colombianas, viola los tratados y pactos internacionales firmados por el Estado colombiano a través de la historia, en la medida que las recomendaciones y observaciones de los organismos internacionales como la CIDH, no son más que recordaciones de los compromisos adquiridos jurídicamente ante el Sistema Universal (Naciones Unidas) o el Regional (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) por parte del país, ante los cuales tiene la obligación de cumplir.
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[1] CIDH. Visita de Trabajo a Colombia. Junio de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
[2] Embajada de Estados Unidos en Colombia. EE.UU. anuncia la donación de 8 millones de dólares para apoyar la transformación de la Policía Nacional. Febrero 8 de 2022. Disponible en: https://co.usembassy.gov/es/ee-uu-anuncia-donacion-de-usd-8-millones-para-apoyar-la-transformacion-de-la-policia-nacional/
[3] Reunión de incidencia política entre la plataforma de DD.HH Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Julio de 2021.
[4] Ley 2197 de 2022 (25 de enero) “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=176406#:~:text=Finalidad.-,La%20presente%20ley%20tiene%20como%20fin%20la%20creaci%C3%B3n%20y%20el,para%20consolidar%20la%20seguridad%20ciudadana.&text=ART%C3%8DCULO%203.,del%20Decreto%20207%20de%202022).
[5] Recomendación No. 1.
[6] Recomendación No. 2.
[7] Diana Sánchez Lara. Colombia y la supremacía del poder militar. Febrero 7 de 2022. Revista Sur. Disponible en: https://www.sur.org.co/colombia-y-la-supremacia-del-poder-militar/
[8] Noticias RCN. Policía capturó a 25 personas que serían integrantes de la ‘primera línea’ en todo el país. Junio 15 de 2022. Disponible en: https://www.noticiasrcn.com/colombia/capturan-a-20-integrantes-de-la-primera-linea-421822
Diana Sánchez Lara, Directora Asociación Minga
Foto tomada de: El Espectador
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