Desde siempre el abandono social del Estado ha sido la constante debiendo la población darse sus propias formas de organización para subsistir y resistir, inicialmente organizándose en juntas de acción comunal, asociaciones campesinas como la ADUC, SINDEAGRO, COMITES CIVICOS, hasta llegar hoy a reconocidos espacios como la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca-MOCIPAR, el Movimiento Político, Social y Popular de Masas del Centro Oriente de Colombia, la Asociación Campesina de Arauca, la Asociación Campesina-ASONALCA, ASEDAR, la Unión Sindical Obrera-USO, asociaciones de mujeres como AMAR y AMART, ONGs de derechos humanos como la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH y la fundación DHOC, entre muchas otras, desde donde se desarrollan y se canalizan esfuerzos, contribuyendo al desarrollo mediante el trabajo comunitario y liderando jornadas de protesta como paros, taponamientos de vías y movilizaciones para exigir a los diferentes gobiernos mejoras en las condiciones de vida y en defensa del territorio.
La década de los 80 es de especial impacto para la ciudadanía y la región por que entra en funcionamiento la exploración y explotación del rico yacimiento petrolero conocido como CAÑO LIMON COVEÑAS, reconocido en su momento como el segundo en importancia, si no el más importante del país, donde la intervención del Estado para garantizar la extracción de este valioso recurso es más directa y permanente pero desde la fuerza y el aparato militar para evitar que la ciudadanía obstaculice la extracción del preciado líquido y exija sus derechos a una vida digna como compensación a la riqueza que le aporta a la nación. Desde un poco antes, pero a partir de ahí se vigorizaron los grupos insurgentes de las FARC en su momento y el ELN, que confrontan al Estado para que no extraiga los recursos petroleros y la población queda en medio de esta confrontación. Sin embargo los sectores populares por sus propios medios resisten como lo dijimos anteriormente mediante la organización, movilización, paros, marchas, bloqueos, plantones y recuperación de tierras, exigiendo al Estado, y a las trasnacionales protección al territorio toda vez que desde el inicio de la exploración y explotación petrolera, han deteriorado los ecosistemas, el medio ambiente, los caños, sabanas y esteros, generando pobreza, inundaciones, desplazamientos, muertes, represión, estigmatización y desolación.
Por lo descrito anteriormente la relación del movimiento cívico, social y popular con la institucionalidad y las empresas petroleras ha sido de permanente confrontación, pero siempre con la disposición de diálogo y negociación desde el movimiento cívico, social y popular, a veces en momentos se avanza en la concreción de acuerdos que en la mayoría de los casos se incumplen, toda vez que tanto la institucionalidad como las empresas siempre utilizan el dialogo para dilatar y profundizar sus leoninas políticas. Firman acuerdos para desmontar la protesta y conjurar los paros, pero siempre la confrontación retorna esencialmente por los incumplimientos a los acuerdos firmados en todas las épocas y por la profundización de las políticas entreguistas de nuestros recursos.
El impacto que tuvo para la población y el movimiento cívico, social y popular, la desafortunada confrontación entre las FARC en su momento y el ELN fue fatal porque a más de la pérdida de más de 800 vidas de ciudadanos, combatientes, líderes y lideresas, sembró miedo y temor en la población disminuyendo durante ese oscuro periodo de 2005 a 2010 la participación de la población, en los diferentes escenarios de la lucha popular, después de la confrontación que cesó el 14 de septiembre de 2010. La recomposición del tejido social ha sido lenta, quedando en el subconsciente popular la incredulidad, apatía y temor de que esta situación se vuelva a repetir y la resistencia a participar más dinámicamente en los procesos cívicos, sociales y populares es alta.
Otra época oscura que tuvo que soportar la población araucana y el movimiento cívico, social y popular fue la incursión paramilitar entre los años 2001 al 2005, que sembró de sangre y dolor la región con masacres como la de Flor Amarillo, la Cabuya, el Caracol, entre muchas otras y los asesinatos selectivos de centenares de ciudadanos y decenas de líderes como José Rusbel Lara, José Gregorio Izquierdo, entre otros, políticos reconocidos como Octavio Sarmiento, Alfredo Colmenares, periodistas como Efraín Varela Noriega y Luis Eduardo Alfonzo, por referenciar unos pocos y dolorosos casos. Esta orgia de sangre fue la antesala a la declaratoria del departamento como zona especial de rehabilitación y consolidación mediante decreto presidencial 2002 de septiembre de 2002, donde se dio facultades de policía judicial, a la fuerza pública desplazando a la autoridad civil, convirtiendo al departamento en campo de guerra y a sus habitantes y dirigentes en las principales víctimas. En ese período se pusieron de moda los allanamientos sistemáticos, los falsos positivos o montajes judiciales y las mal llamadas pescas milagrosas o detenciones masivas como la del 12 de noviembre de 2003 en Saravena donde la población fue confinada en un polideportivo, encerrados más de tres mil ciudadanos, censados y marcados en los brazos. Allí seleccionaron a 46 líderes y los detuvieron por uno, dos y hasta tres años, en cárceles de alta seguridad. La mayor parte de la dirigencia política de los sectores independientes de Arauca ha sufrido de estigmatización y persecución. El 23 de octubre de 2003 ocurrió el asesinato del registrador Alejandro Plazas, días antes de las elecciones, para imponer el triunfo del candidato del paramilitarismo y el uribismo, Julio Enrique Acosta Bernal gobernador 2004-2008, o el asesinato por parte de integrantes del ejército batallón Revéis Pizarro de los sindicalistas Alirio Martínez de la ADUC, Jorge Prieto de ANTHOC y Leonel Goyeneche de ASEDAR, el 4 de agosto de 2004.
La estigmatización de los sectores cívicos, sociales y populares y sus dirigentes ha sido la constante histórica en la región, con la tesis que instauro en su momento el presidente Uribe y el general Gustavo Matamoros máximo comandante de la fuerza pública en la región de que en “Arauca no habían campamentos guerrilleros, sin no pueblos guerrilleros” y ese es el trato que durante años le han dado a la gente y sus sectores organizados, producto de ello, los asesinatos, amenazas, desplazamientos y las detenciones arbitrarias más recientes como la del destacado líder social del movimiento político de masas del centro oriente de Colombia y del congreso de los pueblos José Murillo Tobo realizada el 7 de diciembre de 2019, quien precisamente fue uno de los primeros detenidos cuando la mal llamada zona de rehabilitación y consolidación, durando confinado en una cárcel de máxima seguridad más de dos años o la del presidente de la Federación Departamental de Juntas Weimar Cetina y la del líder campesino de ASONALCA Horacio Ramírez, entre una decena más de líderes campesinos y comunales ocurridas en este 2020. O el atentado a la lideresa Yolanda Gonzales el 19 de septiembre de 2019 por parte del ejercito donde murió uno de sus escoltas y ella quedo gravemente herida, perdiendo una de sus manos, Yolanda después de su recuperación fue víctima de seguimientos, hostigamientos y persecución, donde el ejército como victimario, con la fiscalía, le fabrico un montaje judicial deteniéndola el 4 de junio de 2020 en la ciudad de Saravena junto al destacado líder sindical YONNER PINZON. A la acción represiva del gobierno se suma la acción de las FARC en armas de despojar a los líderes cívicos y sociales de los vehículos de protección que forzadamente el gobierno se había visto en la obligación de asignarle a la dirigencia en la región. Hoy son más de siete vehículos, un sinnúmero de chalecos y armas de protección arrebatadas. Los que no han sido víctimas del despojo les ha tocado prescindir de los esquemas de seguridad, quedando en la más alta vulnerabilidad y obstaculizando su labor cívica y social, acciones que hemos rechazado y denunciado enérgicamente en su momento.
A pesar de todas las penurias que han soportado la población, el movimiento cívico, social y popular araucano y sus líderes, han podido resistir a esta represión. Los deseos y convicción de vivir, de resistir y defender el territorio les ha permitido crear espacios y generar iniciativas como como los planes de vida, normas de convivencia ciudadana, organizaciones comunitarias, mínimos humanitarios, zonas de reserva campesina, territorios agroalimentarios, territorios afros e indígenas, recuperaciones de tierras, manteniendo como arma fundamental el uso del derecho constitucional y democrático a protestar, organizarse y movilizarse.
También resaltamos y destacamos que a pesar de las dificultades e incumplimientos en la implementación, el asesinato de líderes y firmantes del acuerdo de paz, éste ha traído enormes efectos positivos en la región. Cuando existía la confrontación armada entre el estado y las FARC, en esta parte del país el conflicto, la violencia, muertes, desplazamientos, amenazas, secuestros, bombardeos, asesinatos y los enfrentamientos era el triple de lo que son hoy. El acuerdo de paz ha posibilitado en parte la reactivación económica, el retorno de cientos y cientos de familias desplazadas, las disminución de la deserción escolar, el repoblamiento de pueblos, el retorno de la institucionalidad a cumplir sus funciones a las zonas rurales y que la gente se puedan desplazar más libre y sin tantos riesgos por la región, cosa que antes era imposible, a esto le sumamos las obras que lentamente se vienen dando como la construcción de puentes, alcantarillas, salones comunales, construcción y dotaciones a planteles educativos, arreglo y pavimentación de vías, entre otras obras, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial-PDET. Arauca después del inédito acuerdo de paz, ha venido cambiando en positivo a pesar de las enormes conflictividades que aún se registran producto de la corrupción y la beligerante presencia y acción del ELN, la nueva versión de las FARC y las políticas estigmatizantes y represivas del gobierno contra nuestra región, los líderes cívicos y sociales.
En la actualidad la crisis social, económica y humanitaria se ha profundizado por las consecuencias devastadoras de la pandemia mundial de la covid-19. Frente a ella la comunidad y los sectores cívicos, sociales, étnicos y campesinos, con sus propios medios, y respetando y acatando las normas establecidas por las autoridades, lo habían contenido satisfactoriamente, pero como para las compañías petroleras no hay ningún control, ni se les exige la aplicación estricta de los protocolos y medidas de bioseguridad, fueron ellas las que dispararon las alarmas al importar una caso de otra región del país, que afortunadamente en una segunda muestra salió negativa.
Pero la institución que de manera irresponsable introdujo masivamente el virus a la región fue el ejército. Durante tres meses nos mantuvimos en los titulares y estadísticas nacionales como una de las regiones con cero casos. Por culpa del ejército perdimos ese honroso sitial y en la actualidad son 121 casos de coronavirus en el departamento, La mayoría de contagiados son militares y ya estos están contagiando a la población. Como en la época de la política de seguridad democrática el departamento ha sido declarado como zona especial de intervención integral o zona futuro, política del actual gobierno para desconocer el acuerdo de paz, especialmente en lo que tiene que ver con la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET.
De hecho con el anuncio inconstitucional y violatorio de la soberanía nacional de establecer una brigada militar de los Estados Unidos en el país que rechazamos y denunciamos enérgicamente, el departamento es una de las regiones donde se instalarán, con el único propósito de seguir preparando la intervención militar a la hermana república Bolivariana de Venezuela, porque en nuestra región no hay cultivos de uso ilícito, toda vez que las misma comunidad, con sus sectores sociales en su momento erradicaron voluntariamente estos cultivos y las pocas hectáreas que quedaron unas 700 con el acuerdo de paz y lo acordado sobre sustitución de cultivos de uso ilícito con el plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, PNIS, los campesinos arrancaron hasta la última mata a tal punto que hoy somos una región libre de cultivos de uso ilícito, pero el Estado como en otras regiones le incumplió a los campesinos, con los proyectos, recursos y cultivos alternativos.
Por ultimo tenemos la plena convicción y seguridad que para superar nuestra difícil situación se debe implementar integralmente el acuerdo de paz y reactivar la mesa de conversaciones con el ELN, a lo que le apostamos todos nuestros recursos y esfuerzos.
Martin Sandoval, Líder social y político de Arauca, Vocero de la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca y la presidencia del Consejo Departamental de paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización. Ponencia presentada en el Foro organizado por Cátedra Aula Libre de la Universidad Nacional de Colombia.
Foto tomada de: Corporación Nuevo Arco iris.
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