La Cumbre Agraria, que aglutina organizaciones campesinas, étnicas y populares, denuncia el asesinato de 94 líderes comunitarios y defensores de derechos humanos durante el 2016, pero también reporta 302 casos de amenazas, 5 de desaparición y 46 atentados contra líderes populares.
Por su parte, un grupo de 37 congresistas del Partido Demócrata le dirigieron una carta al Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la que le expresan “con el mayor sentido de la urgencia y en extremo preocupados por el escalamiento de asesinatos, amenazas y ataques¨, a la vez que le piden “una intervención inmediata y vigorosa para frenar la tendencia”.
A su vez, la ONU en Colombia expidió un comunicado “sobre violencia y asesinatos en zonas afectadas por el conflicto”, en el cual “manifiestan su preocupación por acciones violentas, incluyendo recientes asesinatos, dirigidos a líderes sociales en varias zonas del país afectadas por el conflicto armado”; de igual manera instan a que “se tomen urgentemente las medidas necesarias para evitar el recrudecimiento de la violencia, que socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera”.
Sin necesidad de formular mayores análisis, la lectura que se puede hacer de la situación es de una simpleza extrema, como extrema es la gravedad de la misma y extremos son los sectores responsables de orientar, azuzar y ejecutar el plan criminal. Quienes a diario remueven el odio y la venganza saben que la violencia, como mecanismo de solución de las disputas sociales y políticas que han aquejado a la sociedad colombiana, ha sido un fenómeno recurrente a través del tiempo. Si dejamos de lado las guerras civiles de principios del siglo XX y tomamos como referencia, únicamente el período posterior al 9 de abril de 1948, nos encontramos con siete décadas marcadas por una confrontación fratricida, cuya particularidad está signada por la recurrencia y por su prolongación en el tiempo. En su historia periodística del paramilitarismo en Colombia, María Teresa Ronderos plantea que se trata de la misma guerra que se “actualiza y se pone al día”, la misma guerra que se somete “repetidamente a un mismo ciclo, para incrementar sus efectos”.
Basta hacer memoria. El 4 de febrero de 1983, el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, puso en conocimiento del presidente Belisario Betancur un documento en el que plasmó las “Conclusiones de la investigación de la Procuraduría sobre el “MAS”: esta organización es la suma de agentes violentos del país. La paz debe ser profunda y en todos los órdenes”.
El Procurador Jiménez Gómez se refería al “MAS” pero hoy, igual podría referirse a las AUC, las BACRIM, los “Rastrojos”, las “Águilas Negras” o los “ejércitos anti restitución”, el nombre es irrelevante. Decía entonces: “Propiamente hablando el MAS no es una organización única sino una mentalidad de crisis y un tipo de delincuencia, manifestada originalmente bajo la forma de una encubierta justicia privada y luego como instrumento de venganza, de castigo desproporcionado y gratuito, hasta de frivolidad en la criminalidad, en todos los órdenes de la actividad privada”.
Como remedio proponía “poner en marcha un plan de profunda pacificación en todos los órdenes, que abarque desde las instituciones hasta los espíritus”. Sólo que los hechos se empeñan en mostrarnos cada día, que sin importar el desarme de los fusiles, buena parte de la sociedad se niega a pacificar los espíritus.
El tema que subyace en el fondo de esa política de odio y venganza, la preocupación de quienes aprietan el gatillo y quienes señalan contra quién apretar el gatillo, de quienes buscan por todos los medios el fracaso de los llamados “Acuerdos de Paz”, es la inequitativa distribución de la tierra, es la guerra a muerte que busca mantener el estado actual de cosas frente a la tenencia de la tierra. La injusticia es el combustible que mueve el conflicto; en el conflicto anida y se amamanta la política de odio y venganza.
Con el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, los criminales buscan su derrota individual y la negación de sus proyectos colectivos, sociales, comunitarios. Pero aun así, la derrota y la negación resultan significativas. En términos del profesor Reyes Mate , “el asesinato es la objetivación de la intencionalidad del asesino o, dicho de otra manera, el proyecto político del asesino se objetiva en la negación del otro, en reducirle a no–sujeto, en quitarle de en medio”.
De acuerdo con el PNUD, para el año 2009, los índices de medición del grado de concentración de la propiedad rural y de los ingresos “son alarmantes y ponen a Colombia como uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo”. De acuerdo con el organismo internacional, la actual estructura de tenencia de la tierra es un obstáculo al desarrollo humano y constituye un conflicto rural no resuelto y complejo: “La tenencia de la tierra en Colombia se caracteriza por una alta concentración de la propiedad rural. A las causas tradicionales (históricas, políticas, económicas y técnicas), se han sumado la lógica de control territorial y de poblaciones de los actores armados, y el proceso de expoliación y compra de terrenos por parte del narcotráfico, todo lo cual ha terminado por reforzar la tendencia”.
En el conflicto por la tierra y el enfrentamiento armado confluyen actores políticos y del narcotráfico. En todos los casos, la tierra es el botín de guerra por excelencia, y los campesinos, las víctimas de la expoliación y el desplazamiento. Y son justamente líderes sociales y campesinos, los que vienen siendo acribillados ante la mirada indolente de la sociedad colombiana y la negligencia del Estado, para prevenir esos crímenes y para castigar a los responsables materiales e intelectuales de los mismos.
Los asesinatos de líderes sociales dejan claro que los “Acuerdos de Paz”, por sí solos, no pondrán fin a la violencia de origen político; que los “Acuerdos de Paz” no constituyen la paz ni van a conducirnos a ella, si bien puede ser el primer paso que se requiere para empezar a andar. Si no se implementan profundos cambios que acaben con la inequidad, la injusticia, la impunidad, entonces estaremos reciclando la guerra que nos agobie los próximos setenta años. De ahí la preocupación de la ONU, del grupo de congresistas del Partido Demócrata de los Estados Unidos y de organizaciones nacionales como la Cumbre Agraria.
José Hilario López Rincón
Abogado
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