A dos años del acto realizado en el Teatro Colón de Bogotá, en el cual se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARCEP, este se ha convertido, de manera negativa, en parte de la agenda de gobierno de la actual presidencia de la república. Se destaca, una opinión del Centro Democrático y de algunos factores de poder real de
latifundistas, terratenientes y algunos industriales, en el sentido de hacer revisiones de diversos aspectos del pacto, contrariando los puntos acordados en la Habana a fin de dar por terminado el conflicto político armado en Colombia.
Uno de ellos, es lo atinente al tema del narcotráfico; asunto que, entre otras cosas, es el soporte económico de subsistencia de más de 250 mil familias de un campesinado también ilegal. Sobre el asunto, el Presidente Duque afirma que “en el gobierno nuestro vamos a hacer una reforma para que no sea un delito amnistiable, para que no siga siendo combustible de grupos armados ilegales. Segundo, la sustitución y la erradicación serán obligatorias y no voluntarias”. Lo anterior, es una propuesta totalmente contraria al punto 4 del acuerdo Habanero que precisa las solución negociada al problema de las drogas ilícitas sobre la base de la no judicialización del campesinado pobre, y considerando que la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos, son los elementos que conducen a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades afectadas por la siembra de coca. Basta recordar, que el acuerdo consigna que esta nueva visión implica un tratamiento diferenciado al fenómeno del consumo, al problema del cultivo, y a la criminalidad asociada al narcotráfico. En tal sentido, criminalizar al campesinado pobre y cultivador de coca, y volver a las fumigaciones y erradicación obligatoria, lo que haría es profundizar aún más la violencia que se articula a esta economía ilegal, hoy día en un proceso expansivo de crecimiento ante la incapacidad del Estado de copar esos territorios con institucionalidad, economía y con nuevas ciudadanías.
Otro aspecto que pretende revisar el actual gobierno del acuerdo de paz, es lo pertinente al tema de los planes de desarrollo agrícola, la justicia para la paz y la circunscripción especial de paz. La posición política frente a la aprobación e implementación de una reforma política democrática, de una circunscripción especial de paz para asignar 16 curules a las víctimas, y la implementación de planes de desarrollo agrícola para esas comunidades olvidadas está en veremos, pues no hay voluntad política para dar cumplimiento a esta parte del acuerdo; y de hecho, estas iniciativas varias veces han naufrago en su trámite legislativo por el Congreso.
Es conocido además, la animadversión del gobierno y del Centro democrático frente a la Justicia Especial para la Paz; gran innovación jurídica en Colombia que permite hacer justicia a las víctimas quienes nunca en la historia política del país han tenido la oportunidad de conocer la verdad acerca de violencia que afecto sus vidas de manera
directa. Esta justicia, es quizá, el alma del acuerdo de Paz; es la esencia de un pacto que permite la transición de una sociedad en guerra a una sociedad en paz. Es la justicia que permite satisfacer los derechos humanos de las víctimas, juzgar a los miles de victimarios de todos los bandos que cometieron crímenes de lesa humanidad; y ante todo, es la justicia que permite saber la verdad de tantos años de dolor y sufrimiento en que ha estado sumido el país en los últimos sesenta años. En particular, permite conocer la verdad por parte de los más olvidados quienes son los que han sufrido más los rigores del conflicto político armado. Pretender entonces, hacer modificaciones a la justica de paz, es negar el derecho de las víctimas a satisfacer su derecho humano a la justicia.
Ahora bien, es preciso llamar la atención en el sentido, que durante estos proceso de transición de la guerra a la paz denominados como posconflictos, la fragilidad y el incumplimiento en la implementación de los acuerdos, tanto en términos de desmovilización como de implementación en las zonas territoriales como ocurre actualmente en el país, permiten de nuevo el retorno a ciclos de guerra como no los enseña la historia colombiana, como quiera; que después de estos periodos de posconflicto en la vida política del país se ha retornado a otros de violencia ¿Será este el escenario actual del país? De continuar la radicalización de la extrema derecha colombiana, y los índices de asesinatos selectivos a líderes sociales; entre ellos 80 exguerrilleros, y a defensores de derechos humanos, sumado al incumplimiento en los procesos de reincorporación de la guerrillerada y la no asistencia del Estado a los más de 370 municipios geo-referenciados como territorios donde la violencia destruyo el tejido social, político, jurídico y de
economía legal, seguro que estaríamos ante un nuevo ciclo de conflicto armado y se truncará una vez más el proceso de implementación de lo que podría ser un escenario de paz definitivo por mayor democracia.
El país deberá tener una madurez política y lograr activar una sociedad civil dinámica que permita un gran musculo político suficiente para llevar a feliz término lo pactado en la Habana y evitar así un retroceso en el ciclo de la relación conflicto-posconflicto, Esta perspectiva hace parte fundamental de la esencia de la actividad política y social que deberá desarrollar el movimiento popular y democrático para aclarar el panorama gris que para muchos se dibuja, con cierta convicción fundada en hechos históricos y el análisis de la dinámica actual del país, de que es posible, a pesar de todo, estar ad portas de una ampliación o fortalecimiento, no sabemos qué tan residual o amplio, de nuestra democracia, en el marco de una transición democrática en la cual la paz debe llegar para quedarse.
Para lograr lo anterior hay que meterle pueblo a los acuerdos, organizar los defensores del acuerdo de paz, y que los miembros del partido FARC se enganchen de una vez por todas con los sectores alternativos, con humildad y sencillez, sin espíritu de vanguardismo, sin prepotencia política, y juntos construyamos la fuerza social y política que permita hacer posible a partir de los acuerdos trabajar por un proceso de transición política en Colombia.
El acuerdo de la Habana es un pacto con muchas posibilidades de generar un cambio, no a partir de los tradicionales pactos de élites que se han usado por parte de los partidos tradicionales y la gran burguesía para continuar su hegemonía política y económica que conduciría a una nueva forma de democracia pactada; sino, a través de una transformación en la perspectiva de lo que en Ciencia Política se entiende como transiciones democráticas a partir de procesos de democratización y liberalización.
Lo anterior nos permite afirmar que los aportes teóricos sobre la paz, los procesos de democratización y transiciones democráticas en América Latina, nos pueden servir para analizar el actual proceso colombiano tras la firma de los acuerdos de paz de La Habana; y a partir de estos acuerdos profundizar la democracia como forma de gobierno, mejorar su calidad, y entrar a un proceso de liberalización democrática, a pesar de las incertidumbres y aspectos en contra del proceso y de la intención de ciertos sectores de perpetuar la estrategia recurrente de los acuerdos de élites para superar sus crisis con pactos consociacionales.
No se puede perder de vista la perspectiva política de que lo pactado en la Habana y los procesos que se están desarrollando y se desarrollarán, contiene elementos verificables con las teorías de la democratización, sus transiciones o procesos de ampliación y consolidación de la democracia, que dan cuenta que estamos ante un momento fundamental para la transformación del sistema político y electoral del país, y por consiguiente, un momento crucial para el fortalecimiento de la democracia más allá de los avances en materia de construcción de paz negativa.
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Héctor Alonso Moreno: Profesor Universitario
Foto tomada de: elucabista.com
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