De tal manera que es ya hora de encontrar propósitos de nación para avanzar en una reconciliación nacional, y el propósito no debe ser otro que el deseo de lograr y vivir en paz. Reconciliar significa pasar la página de la violencia y lograr la comprensión de lo ocurrido durante tantos años de ignominia para lograr el perdón. Reconciliarnos, es trabajar en la construcción de una cultura del respeto al otro, de la legalidad y la transparencia, y ante todo, reconciliarnos es construir un espacio de las oportunidades para los millones de colombianos que viven en la inequidad.
De allí, que el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre el gobierno nacional y la insurgencia de las Farc en noviembre de 2016, es el documento que debemos tener los colombianos como el mayor propósito para avanzar en la reconciliación. Y de manera particular, por lo menos la reconciliación de una Colombia rural, abandonada y sometida a la violencia sistémica de varias generaciones; con una Colombia urbana que ha percibido en gran medida la violencia por los medios de comunicación y que ha hecho del conflicto político armado un asunto marginal para su vida cotidiana. La población urbana de las grandes ciudades no percibe con tanto dramatismo la violencia y la marginalidad como lo sienten en la piel los campesinos de Colombia.
El documento consagra la necesidad de que todas las partes incluidas en este acuerdo de paz “deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente”.
El acuerdo de La Habana, de manera particular, incorpora que las poblaciones marginales de más de 300 municipios de la periferia rural en el marco de una Reforma Rural Integral tendrán la posibilidad de convertirse en regiones de propietarios de la tierra mediante la constitución de un fondo de tierras. Siete millones de hectáreas de tierra se propusieron para ser tituladas y otros tres millones de hectáreas de tierra para ser entregadas a campesinos como nuevos propietarios. Se propuso actualizar el catastro rural que reconcilia a la propiedad con la tributación democrática para sustentar recursos para el desarrollo futuro de esas zonas. Igualmente, se dice que se estimulara especialmente la producción campesina, familiar y comunitaria. y además, entre muchas otras cosas, se consignó que se mejorarían sus carreteras y se articularían sus mercados a grandes poblaciones de consumidores.
Se planteó también en el documento, la necesidad de reconciliar esas zonas con el centro del poder político a través de la asignación de 16 curules en el marco de una circunscripción especial de paz, a fin de permitir que esas regiones de campesinado pobre pudieran tener voceros en el congreso nacional por dos periodos y a así tramitar directamente beneficios y recursos para sus olvidados poblados veredales.
Algo muy importante que se pacto fue el hecho de crear una justicia especial para que se pudieran lograr reconciliaciones entre víctimas y victimarios a partir de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas; y avanzar en garantías de no repetición de la violencia en Colombia.
Los anteriores y muchos otros propósitos de reconciliación quedaron grabados en 310 páginas que se enviaron al Congreso Nacional para darle cuerpo jurídico al noble propósito nacional de la reconciliación y la Paz. El resultado, después de meses del fast track salta a la vista: No hay asomo de reconciliación a partir de un país de propietarios rurales; no hay catastro rural que democratice la propiedad de la tierra, la reconciliación de víctimas y victimarios quedo solo en el marco de la justicia especial para las Farc; y la reconciliación a partir de la reparación política con la asignación de curules, quedo, por ahora, solo en el sueño de esas comunidades con la No aprobación de la circunscripción especial de paz. Para no hablar del pobre entierro de tercera que se le dio al propósito de buscar una reconciliación a partir de una reforma política y electoral que democratizara la vida política nacional
Se le entrego el propósito de construir parte de la arquitectura jurídica de la reconciliación y la paz al Congreso Nacional; una de las instituciones más odiadas por los colombianos y la de mayor desprestigio y descredito. Con su mediocre legislatura han quedado los congresistas en deuda con los propósitos de la reconciliación nacional; y todo ello tiene una sola explicación: Ellos, los congresistas, constituyen no la solución sino también parte del problema. Ellos y sus partidos políticos tradicionales, esos políticos al servicio de la corrupción y las mafias; ellos, los contabilistas de votos, son los directamente responsables de la tragedia nacional.
No hay que olvidar que en la naturaleza de este conflicto existe una gran responsabilidad de quienes durante decenas de años han ostentado el poder político, económico, y determinado en gran medida el rumbo histórico de la nación.
Hay que recordar que Colombia es un país que tiene una población en número de habitantes similar a España, es un poco más de dos veces el territorio francés, con una ubicación envidiable para muchos países europeos, como es el hecho de tener costas en los dos mares y una de las mayores reservas de biodiversidad a nivel mundial, además de ser un país con una gran diversidad étnica y cultural, recientemente reconocida, visibilizada y protegida en el ordenamiento constitucional a través de la implementación de los derechos humanos diferenciados.
De ahí, surge la pregunta, por qué un país con semejante riqueza, con esa extraordinaria posición geográfica de puerta de entrada al continente suramericano; poseedor de un capital social y humano tan valioso como son los colombianos, no se ha podido asumir de una vez por todas, la superación definitiva de tantos años de dolor y sufrimiento producto de la insensatez de la guerra y no ha recorrido con éxito los caminos de la paz como elemento central de la reconciliación nacional.
Una de las respuestas tiene que ver con el hecho, de que se ha tenido en la sociedad política tradicional el mejor aliado de la incompetencia y de la falta de compromiso con los más sublimes destinos de la patria: la defensa de la vida, de la honra, los bienes de los asociados y el respeto por la soberanía nacional. Se han negado a cumplir como elites políticas gobernantes su misión histórica de transformar la sociedad en favor de los derechos humanos fundamentales, económicos, sociales y culturales de los colombianos.
La historia de la conducción política del país por parte de las elites incrustadas en el poder, es la historia de la incapacidad por sacar adelante reformas sociales, entre ellas, una reforma agraria que ellos mismos impulsaron en el año 1936 y que aún está pendiente, reforma agraria aplazada, y que posteriormente sirvió de pretexto para un primer ciclo de violencia armada entre sus propias facciones políticas: Lucha armada que tuvo connotaciones de una verdadera guerra civil.
Estas mismas elites le entregaron la riqueza petrolera a las multinacionales a principios del siglo XX, son las mismas que muy poco se asombraron ante el magnicidio que profundizo una etapa de las violencias con el asesinato del Caudillo Liberal Jorge Eliécer Gaitán. Son los mismos, que acudieron a los balnearios del mediterráneo español de Sitges y Benidorm, a fin de acordar la fórmula política de un pacto de gobernabilidad como lo fue el Frente Nacional (1958-1974) a fin de perpetuarse en el poder bajo la figura de un régimen bipartidista con responsabilidades compartidas. Son también los que se han negado por años a llevar al país hacia la democracia y la pluralidad de partidos, y quienes han comprendido que la violencia les es funcional a sus propósitos de contabilistas de sufragios y patrimonialización de lo público para sus intereses.
Es ese viejo régimen bipartidista, el que ha tenido gran parte de la responsabilidad histórica de la tragedia nacional y auspiciador de la violencia institucional, el mismo que tramito el documento de La Habana mediante el fast track. Su sistema cerrado y excluyente ha contribuido, una vez más, a que se acreciente la protesta social, y que la lucha armada guerrillera se justifique para quienes, también desde el otro lado, consideran que la violencia igualmente les resultaba funcional.
De tal manera, que es un deber ético, moral y político buscar entre todos, en el 2018, los mejores caminos de unidad y participación política para consolidar la paz e iniciar la reconciliación de los colombianos como un gran propósito nacional.
HÉCTOR ALONSO MORENO PARRA
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