Biden cambia medidas de Trump
Las medidas de Donald Trump (2017-2021) frente a Venezuela -en especial el embargo al petróleo impuesto en enero de 2019 que agravó las crisis en ese país acentuadas por la mala gestión estatal de la petrolera-, generaron al menos dos alertas en 2021. En febrero, el informe al Congreso de Estados Unidos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que fiscaliza al gobierno federal, señaló que esas sanciones a Venezuela contribuyeron a empeorar el deterioro de su economía. En septiembre, luego de su viaje a Caracas, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, señaló que las medidas coercitivas contra Venezuela, tomadas, entre otros por Estados Unidos y Europa, no responden a las normas del derecho internacional y aumentan la catástrofe humanitaria generada antes por políticas estatistas y populistas; que las sanciones al petróleo, el oro, la minería y la congelación de activos del Banco Central, han exacerbado la situación económica y humanitaria; que la ausencia de recursos y el temor de bancos o empresas extranjeras a negociar con socios en Venezuela, han incrementado deficiencias en electricidad, agua, atención médica, transporte público, telecomunicaciones[1].
En una perspectiva distinta, Biden ha ido tomando iniciativas hacia Venezuela. Empezando marzo 2022, envió una delegación encabezada por el asesor presidencial Juan González, a conversar con Maduro sobre las posibilidades de aliviar las sanciones sectoriales de Estados Unidos, de exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos, de reingreso de Venezuela al sistema financiero internacional y a líneas de crédito; si hay retorno a la negociación con la oposición. Tres días después de la reunión, fueron liberados dos de los exdirectivos de Citgo filial de Pdvsa en Estados Unidos, detenidos en Venezuela. En mayo 2022, el gobierno de Biden anunció que levanta sanciones como la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal venezolana Pdvsa, para tratar de reactivar la mesa en México -que funcionó entre agosto y octubre 2021- y que los acuerdos que allí alcancen lleven a elecciones democráticas en Venezuela.
Pero esas medidas, y las que el día anterior había tomado la administración de Biden sobre Cuba -permitir vuelos comerciales a la isla, levantar el límite de US$1.000 por trimestre impuesto por Trump a las remesas, y reanudar el programa de reunificación familiar de los cubanos-, generaron críticas no solo entre los republicanos sino de algunos miembros del partido Demócrata, y pueden tener varias repercusiones. Ante todo, en las reñidas elecciones estadounidenses del próximo 8 de noviembre (de un tercio del Senado y de toda la Cámara de Representantes) que a su vez tendrán efectos en la segunda mitad del gobierno de Biden y su agenda legislativa. Además, repercute en la apuesta de Biden de construir en las Américas un futuro “sostenible, resiliente y equitativo”, y así contrarrestar la creciente influencia de China en la región.
También inciden en la Cumbre de las Américas[2] -a realizarse del 6 al 10 de junio 2022 en Los Ángeles-, que fue presentada por un alto funcionario estadounidense como el evento regional de máxima prioridad del presidente Biden y que el compromiso con la democracia sería factor clave para decidir quienes participan. Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, dijo que no esperaban que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela fueran invitados porque no respetan la Carta Democrática Interamericana, surgida de la tercera Cumbre de las Américas en Quebec. Cuba, que asistió por primera vez a una Cumbre de las Américas en 2015 en Panamá, y volvió a estar en 2018 en Lima, denunció como “grave retroceso histórico” que no la invitaran. Los presidentes de México, Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, y miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) han reaccionado anunciando que no participarían si todos los países de las América no son invitados a esta IX Cumbre. Chile no condicionó su asistencia, pero pidió una convocatoria “lo más amplia posible”. En respuesta, un funcionario del gobierno de Biden dijo a AFP que evalúan cómo incorporar a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en el proceso de la Cumbre de las Américas. A eso se suma que Jair Bolsonaro de Brasil, quien fuera muy cercano a Trump, indicó que aún está decidiendo si participa o no.
Iniciativas y realidades de Venezuela
Las iniciativas del gobierno Biden se desarrollan en medio del aumento de fragmentaciones políticas en Venezuela -en el oficialismo y la oposición- pero también responden a iniciativas de sectores sociales y empresariales venezolanos, como las contenidas en la carta que en abril 2022 le enviaron al presidente Biden, al Senado y la Cámara de Estados Unidos. Pedían impulsar la reactivación de negociaciones en Venezuela, aliviar sanciones que, aunque no originaron la emergencia humanitaria, si la agravan; regreso de empresas occidentales para regenerar el sector petrolero, inversión para reconstruir infraestructura en salud, educación y servicios básicos. Opositores críticos les dijeron que esas peticiones le darían oxigeno a Maduro quien para aferrarse al poder necesita flexibilización de sanciones. Opositores radicales se han pronunciado contra la carta de los 25, y le han escrito a la administración Biden para señalar que “relajar la presión sobre esa tiranía la perpetúa”, y piden que personalicen las sanciones sobre responsables de crímenes de lesa humanidad, y en mandos civiles y militares. Los firmantes de la carta de abril respondieron que es clave destrabar la inversión en áreas urgentes como el intercambio de petróleo por diésel pues no tenerlo afecta a transportistas públicos o de alimentos, y estabilizar el mercado petrolero evita desoccidentalizar a Venezuela; que no piden levantar sanciones personales a quienes violan derechos humanos, hacen corrupción o lavado dinero, ni eliminar incondicionalmente las sanciones financieras y comerciales sino flexibilizarlas a cambio de compromisos del gobierno para mejorar las condiciones sociales, económicas o políticas, y para que puedan regresar las compañías petroleras occidentales y empresas privadas; que proponen una “triple acción”: unir lo humanitario con el desarrollo y la paz, para lograr que se reconstruyan áreas indispensables, como la infraestructura de salud, servicios básicos de energía, agua y tecnología.
Al mismo tiempo, miembros del Foro Cívico desarrollaron dos reuniones en Miraflores el 5 y 7 de abril 2022, con el objetivo de poner las demandas sociales en la agenda política y presionar una negociación integral que permita desarrollar prioridades urgentes en el sistema de salud, en la recuperación del salario de los trabajadores, en la contratación colectiva, libertad de los presos políticos, de la propiedad privada, autonomía universitaria, negociación económica y financiera; presentaron 11 postulaciones para un Tribunal Supremo de Justicia representativo, solicitaron espacio para la acción humanitaria y que se retomen las negociaciones con la oposición. Además, diversos sectores sociales y opositores venezolanos han mostrado cómo las sanciones son rechazadas por la mayoría de la población a la economía, y como parte de la máxima presión -que incluía el “cerco diplomático” y la amenaza de intervención militar externa- no lograron sus objetivos y en cambio han dado al régimen de Maduro un instrumento para justificar las crisis y conductas autoritarias, cohesionar la Fuerza Armada, inhibir la protesta poniendo al pueblo a depender del Estado para sobrevivir, desintegrar redes civiles y opositoras.
Para esquivar sanciones a Pdvsa, Maduro usa el sistema bancario ruso, en 2019 trasladó de Lisboa a Moscú su filial europea y cuentas de la empresa de oro Minervenc. Eso le había permitido recibir divisas de exportaciones de petróleo penalizadas por Estados Unidos e importar alimentos para el programa de distribución que desde 2016 emplea como mecanismo de control social; pero ante las sanciones de occidente por la guerra rusa en Ucrania, Putin decidió no dar garantías sobre esos recursos.
El gobierno de Maduro viene generando un desarticulado y politizado proceso aperturista y de liberalización de algunos sectores comerciales, que afecta la capacidad productiva nacional y aumenta la desigualdad incluso de comerciantes y empresarios, pues no todos tienen acceso a mecanismos de importación y financiamiento en divisas. El desbloqueo de importación de productos -alimentos, bebidas, electrodomésticos, etc.- sin controles ni impuestos y a precios de Miami, abre una válvula de escape a la escasez, genera la llamada economía de bodegones y la dolarización informal que es la moneda de referencia para otros medios de pago admitidos como el peso colombiano, el real brasileño, el euro, el oro, criptomonedas. Esa importación y reventa de mercancías a altos precios para consumidores de elevados ingresos, aumenta la desigualdad que afecta a productores, trabajadores y consumidores nacionales. Y con la pandemia, quien no tenga conexión con las elites del poder ha estado en desventaja, la arbitrariedad ha afectado hasta el funcionamiento de locales comerciales.
Además, la necesidad de Maduro de negar las crisis venezolanas y aferrarse al poder, lo ha llevado a tratar de mostrar que él no ha radicalizado el proceso bolivariano, y a intentar deshacerse de la imagen de Chávez que estatizó 1.200 compañías privadas[3]. Está devolviendo a antiguos propietarios bienes expropiados, como el Centro Comercial Sambil-La Candelaria, fincas y hatos en varios Estados, compañías de insumos agroindustriales y aceites vegetales, de siderúrgica y servicios hoteleros. Se muestra dispuesto a hablar con Estados Unidos, y a que la Corte Penal Internacional tenga oficina en Caracas. Sin embargo, el fiscal Karim Khan no aceptó la petición del régimen venezolano de postergar el proceso, ha dicho que la evaluación no puede ser especulativa, sino con expedientes y declaraciones de víctimas cuyas denuncias sobre crímenes de lesa humanidad no prescriben.
También Maduro trata de mostrar que todo ha regresado a la normalidad, aunque aumentan los presos políticos, la violación de libertades de expresión y las condiciones de vida empeoran. Se han profundizado problemáticas fruto de la desinstitucionalización estatal, que no permite prestar los mínimos servicios ni contribuir a la sobrevivencia de sus habitantes, en medio de hiperinflación, caída del PIB con la baja producción petrolera que paraliza a Venezuela por falta de gasolina, y una situación catastrófica de hambruna y crisis humanitaria compleja; todo eso provoca la masiva migración de la población. Destruidas la agricultura e industria, el gobierno apela al extractivismo primitivo de la riqueza mineral con alto daño ambiental en la amazonia donde actúan empresas rusas, chinas, turcas y grupos irregulares[4].
Destrabar negociaciones
No ha sido fácil destrabar la negociación entre la Plataforma Unitaria de la oposición encabezada por Juan Guaidó y la delegación de Maduro, quien la suspendió luego de que se decidiera la extradición de su presunto testaferro Alex Saab a Estados Unidos. Dos días después de la reunión con la administración Biden, Maduro habló de nueva fase de diálogo, pero reformateado. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea legislativa 2020, anunció conversaciones con diversos sectores para definir agenda y mecanismos “sin tutelaje internacional”. Destacó encuentros en las regiones con el Foro Cívico y con partidos de oposición moderada agrupados en la Alianza Democrática, y dijo que si hay nueva mesa se incluirán las fuerzas emergentes, incluidas las que participaron en las elecciones regionales del 21 de noviembre 2021. Aprovechando la debilidad del Grupo de los Cuatro (Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia), Maduro no quiere reconocerle un papel preponderante a Guaidó, quien ha reiterado que la mesa en México puede servir para negociar elecciones generales libres a cambio del levantamiento progresivo de sanciones internacionales.
En mayo 2022, la oposición democrática se reunió en Panamá con miembros de su delegación en la mesa de diálogo en México y anunció acuerdo para refundar la Plataforma Unitaria con mayor inclusión y organizar sus elecciones primarias para escoger candidatura en 2023 para las presidenciales de 2024. Eso coincidió con los dos anuncios antes mencionados: la reducción de sanciones por el gobierno de Estados Unidos y el reinicio de conversaciones entre la Plataforma Unitaria y el régimen, que aún no toman forma.
Hay riesgos de que se produzca una descoordinación entre los intereses petroleros y los propósitos políticos de Estados Unidos o de miembros de la Unión Europea y que eso sea instrumentalizado por Maduro en su interés de “normalizar” nacional e internacionalmente su desempeño arbitrario. Además, que la fuerte fragmentación opositora la puede llevar a perder la oportunidad de construir nuevas bases para su reorganización y para revisar sus estrategias de movilización y resistencia dentro y fuera de las negociaciones. Y que de nuevo se frene la negociación y se impida una transición pacífica y democrática en Venezuela.
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[1] https://elpais.com/internacional/2021-02-13/una-relatora-la-onu-afirma-que-las-sanciones-a-maduro-han-agravado-las-calamidades-de-los-venezolanos.html
[2] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/beatriz-miranda/cumbre-de-las-americas-a-la-vista/
[3] https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alexander-cambero/como-deshacerse-de-hugo-chavez-segun-maduro-alexander-cambero-666236
[4] https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/Informe-de-Vanessa-Cartaya-1.pdf
Socorro Ramírez
Foto tomada de: DW
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