Los caminos se perdieron bajo toneladas de polvo y anchas vías cruzaron el verdor de los sembrados; los árboles, cercados por el humo, envejecieron y terminaron por perder sus hojas y sus nidos
Fernando Soto Aparicio.
En la Rebelión de las ratas, de Fernando Soto Aparicio, se narra descarnadamente el drama de quienes, arrastrados por la necesidad, se ven forzados a entrar en los lúgubres socavones de las minas de carbón para no morir de hambre. La vida allí está llena de penuria y la luz se trueca en oscuro pedernal. Hay, sin embargo, una minería que no es de socavón porque se da a plena luz del día y bajo el cielo abierto, pues busca extraer recursos naturales de la superficie del terreno y no de forma subterránea. En la Guajira y el Cesar este tipo de minería es la más común, y si bien es cierto que el impacto negativo depende directamente del material que es objeto de extracción, la experiencia del carbón ha dejado para ambos departamentos una huella tan siniestra que es difícil de borrar.
Dentro de los impactos ambientales más graves de la minería a cielo abierto están el daño a la superficie de la tierra, la contaminación del aire y de aguas superficiales, la afectación de acuíferos subterráneos, pérdida de fauna y flora, deforestación de bosques tropicales, deterioro significativo del paisaje natural, violencia, desplazamientos y conflictividad entre los habitantes del lugar en el que se practica. Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de Ibirico (en el Cesar); Albania, Barrancas y Hatonuevo (en la Guajira), son claros ejemplos del arrasamiento, la devastación y la pobreza en que han permanecido después de las promesas de oro y miel que hicieron las multinacionales mineras, que a causa de su explotación han logrado amasar ganancias fabulosas sin que al pueblo aún le toque un céntimo, a pesar de los millones de las regalías. Estos municipios han ido perdiendo poco a poco, hasta anularse casi por completo, su tradición agrícola, pues muchos vivían de cultivar maíz, café, arroz, yuca y algodón, así como de fabricar tabaco y practicar la pesca, etc., y hoy la extracción de minerales se ha convertido en la principal (cuando no única) actividad económica en detrimento de la seguridad alimentaria de la población y en perjuicio de la implementación de economías productivas propias de la región.
“Era necesario que el valle perdiera su aspecto bucólico para que la nación recobrara su estabilidad económica. Al menos, tales cosas decían los oradores que acudieron a convencer a los campesinos de la conveniencia de abandonar las cosechas, de trocar la azada por la piqueta, de cambiar el maíz por las piedras negras del carbón, y de acabar con los mansos burrillos de carga para reemplazarlos por los camiones de color rojo oscuro, como teñido de sangre” (Soto, 2010, p. 2).
Hace unas semanas escribí una columna sobre del municipio de Cañaverales y su manantial del mismo nombre ubicado en el sur de La Guajira, y de las pretensiones que tiene la minera Best Coal Company (BCC) de llevar a cabo el proyecto “mina Cañaverales” para explotar carbón a cielo abierto durante un periodo de diez años. Pretensión que amenaza seriamente la supervivencia del manantial que surte de agua al corregimiento y al menos otros cuatro territorios.
Este plan minero era en general desconocido en el interior del país, y si acaso estaba en la agenda de la Guajira y el Cesar. Pero poco a poco se ha ido conociendo y se ha hecho seguimiento al proceso de consulta previa a través de una comisión accidental creada para tal efecto.
La creación de la comisión y la presencia y acompañamiento a sus pobladores goza de buena acogida por parte de la comunidad, especialmente por el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, pues es una manera de apoyarlos e incidir en la suerte que tenga ese proyecto, del cual se han advertido ya sus nocivas consecuencias. Mientras tanto, el gerente ambiental de la empresa BCC ha declarado: “Nosotros queremos ser objetivos, el proyecto no va a acabar con la vocación agrícola, ni con el manantial, es un negocio en el que todos participan”. Difícil oír estas palabras “objetivas” y no relacionarlas con proyectos idénticos de otras multinacionales que hablaron de modo similar e hicieron justamente lo contrario: Cerrejón, Drummond, Glencore, Coalcorp, Norcarbón, etc.
La Guajira y el llamado corredor minero del Cesar han soportado cuatro décadas de daños ambientales terribles por la extracción abusiva de carbón. Cuando una empresa minera abandona un proyecto de explotación, como fue el caso de Prodeco en La Jagua de Ibirico, la población queda sin medios ni sustento. Por eso es necesario cortar el lazo de esa dependencia y acelerar el proceso de transición que ha propuesto este gobierno para que el “corredor minero” se convierta en un “corredor de la vida”, con objeto de impulsar la agricultura y reemplazar la minería que ha sido durante décadas el oficio predominante de sus pobladores (https://www.elespectador.com/ambiente/cierre-de-minas-de-carbon-asi-se-encuentra-el-corredor-minero-del-cesar/ ).
La minería convierte al campesino en trabajador minero asalariado, y somete a las personas y lugares donde se practica a un desgaste irreparable. Las regiones que por décadas han padecido la minería hoy no cuentan con industrias, empresas, mano de obra calificada, ni capacidades técnicas para procesar y transformar materia prima. Para las multinacionales mineras, los lugares explotados y las personas contratadas solo cuentan como simples medios para obtener productos básicos (“commodities”) y trabajo bruto. Los pobladores, víctimas de una explotación severa, padecen los males del capital sin gozar de ninguno de sus beneficios. El capitalismo, afirma Marx, socava las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre. Tesis reforzada por C. Laval y P. Dardot, quienes en su libro Común escriben que “el capitalismo, al producir sobre una base cada vez más amplia las condiciones de su expansión, está destruyendo las condiciones de vida en el planeta y conduce a la destrucción del hombre por el hombre (2015, p. 16). El capital despliega su lógica implacable, pero no ofrece ninguna solución a la crisis y desastres que él engendra.
La defensa colectiva de los bienes comunes constituye un principio orientador para una actividad política de izquierda comprometida con el medio ambiente y la naturaleza, dado que el objeto de esta lucha se dirige a la conservación de bienes primarios esenciales para la vida. La división del mundo entre Incluidos (en) y Excluidos (de) el conjunto de bienes básicos vitales (agua, aire, bosque, ríos, etc.) puede contenerse mediante una lucha decidida contra el movimiento privatizador de tales bienes.
“Es esta referencia a los “bienes comunes” lo que justifica la resurrección de la idea del comunismo: nos permite ver la sucesiva “privatización” de los bienes comunes como un proceso de proletarización de aquellos que quedan excluidos de su propia sustancia” (Žižek, 2016, p. 120)
“Minería responsable”, “minería sostenible”, etc., son dulces expresiones que se originan en la construcción ideológica de un capitalismo disfrazado con un rostro humano para hacerlo parecer “consciente”. Pero el espíritu real del capital bien puede ser descrito con la expresión atribuida a Luis XV: “Después de mí, el diluvio”. Una defensa seria de los bienes comunes debe taparse los oídos antes esos cantos de sirena y no olvidar el antagonismo que subyace a la lucha por su conservación. “Sin antagonismo entre los Incluidos y los Excluidos podríamos encontrarnos perfectamente en un mundo en el que Bill Gates sea la figura humanitaria más importante que luche contra la pobreza y las enfermedades” (Žižek, 2016, p. 121).
A través de un comunicado en el que se utiliza un discurso moral y edificante, en su anhelo de justificar el deseo de apoderarse de Cañaverales, la empresa BCC ha reprochado a sus críticos impedir que “nuestro proyecto minero se consolide y se convierta en una realidad, para el mejoramiento de las condiciones de vida de una población tan golpeada por la situación económica y la falta de oportunidades laborales”. Como si no fuera el lucro sino un interés por el bienestar social de sus habitantes, los voceros de esta empresa exaltan las consecuencias secundarias como si fueran las razones principales de su motivación empresarial: evitan hablar de sustracción, ganancias, rendimientos, destrucción del medio ambiente, etc., y, por el contrario, hablan de inversiones, empleo, situación económica, oportunidades, etc. Emplear trabajadores, señores empresarios, no es en absoluto un favor que ustedes hacen, es tan solo un gasto ineludible del proceso productivo en toda inversión capitalista.
Con un cinismo que raya en lo insolente, estos filántropos, inversionistas abnegados, que luchan contra la desigualdad, la pobreza y toda forma de injusticia, continúan diciendo en su comunicado: “Esta es solo una muestra de la mezquindad de estas personas que solo quieren mantener sometida a la comunidad al atraso, a la pobreza, al hambre”. Dígannos entonces lo que se proponen, señores altruistas, heraldos del progreso; en qué desean convertir a Cañaverales para librarlos del “atraso”: ¿harán de ella una nueva de Silicon Valley, la Dubái de la Guajira, una especie de Emiratos del Caribe, la Tokio del Sanjuán del Cesar? ¡Qué pena entorpecer sus esperanzas y frustrar sus nobles intenciones!
Estos emisarios del capital y el desarrollo destacan las oportunidades que ellos abren: ofertas de trabajo y proyectos de inversión social. En su canto de sirena no hablan de carbón, desvío de los ríos, amenaza del manantial, peligros ambientales, escasez de agua, riesgos laborales, violencia, encarecimiento, prostitución, arrasamiento de tierras, deformación y enfermedad de los trabajadores.
“Eran pieles ajadas por el sudor, ennegrecidas por el hollín, picadas por las viruelas inclementes que diezmaron la población del valle como plaga bíblica; eran ojos asustados, huidizos, brillantes de codicia, señalados por las huellas imborrables de crímenes pasados. A eso lo llamaban algunos, pomposamente, civilización, progreso” (Soto, 2010, p. 2).
Este año se cerró la puerta a la minería en el páramo de Guarguar y Laguna Verde, declarada Reserva Forestal Protectora. Asimismo, el pasado martes, 20 de agosto, fue anulado el contrato minero de carbón que incluía áreas de la reserva forestal de El Cocuy. Esta es la línea de acción que debe señalar el modo de proceder frente a la minería: la protección del medio ambiente y de las riquezas naturales debe priorizarse sobre la intención avorazada de empresas de rapiña aliadas con políticos corruptos para explotar para su beneficio los bienes comunes de la población. Cañaverales, también declarada reserva forestal, debe protegerse y no debe ser objeto de adjudicación minera.
Para terminar, recomiendo un breve video sobre la condición del “Corredor minero” tras el cierre de minas por parte de Prodeco: https://www.elespectador.com/ambiente/cierre-de-minas-de-carbon-asi-se-encuentra-el-corredor-minero-del-cesar/
David Rico
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