Sin embargo, sobre la cabecera de este municipio de aire puro y aguas cristalinas pende desde hace varios años una espada de Damocles: la empresa Best Coal Company (BCC) aspira a establecer allí un megaproyecto de minería a cielo abierto, cuyos muy probables impactos ambientales afectarían la reserva forestal del manantial poniendo seriamente en riesgo la conservación de sus virtudes naturales.
El Consejo Comunitario Ancestral Los Negros de Cañaverales, comunidad afroguajira que logró en 2019 que el Tribunal Administrativo de La Guajira les reconociera su derecho como sujetos étnicos a la consulta previa (que BCC se resiste a cumplir), ha manifestado su preocupación por los efectos que tendría una mina a cielo abierto a menos de 800 metros de su centro poblado de casi tres mil habitantes. Efectivamente, este megaproyecto minero implicaría un daño irreversible no solo para Cañaverales (región rica en tierras fértiles y en fuentes hídricas, en una región en el que el agua es un recurso escaso), sino que agravaría la situación humanitaria, ya de por sí crítica, de un departamento que padece problemas serios de hambre, sed y desnutrición.
La Guajira, codiciada por sus amplios y abundantes recursos naturales en la superficie y el subsuelo ha sido foco de atención por parte de empresas multinacionales que por décadas han venido explotando minerales como yeso y barita (Uribia), sal (Manaure), oro (Dibulla), arcilla (Fonseca), mármol (Barrancas) y carbón, naturalmente.
Los yacimientos enormes de carbón de la Guajira sostienen la mina de carbón más grade de Suramérica y una de las más grandes del mundo: El Cerrejón. En sus minas a cielo abierto se producen entre 20 a 25 millones de toneladas de carbón al año, para un acumulado de 800 millones de toneladas al cabo de 48 años de funcionamiento. La operación de la mina Cerrejón abarca los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo, con alrededor de 70.000 hectáreas, es decir, un área equivalente más o menos a dos veces la ciudad de Medellín (37.000 hectáreas).
A pesar de las cuantiosas ganancias que produce, la actividad extractiva carbonífera ha generado consecuencias desastrosas para el medio ambiente y la población local. Producto de este tipo de actividad económica ha habido: apropiación de fuentes hídricas por parte de privados que ha dado lugar a sequías, disminución de la frontea agrícola, desplazamientos forzados de pobladores, hechos violentos de persecución y asesinato, sin contar los graves riesgos que afrontan los trabajadores, quienes muy tempranamente observan efectos perjudiciales para su salud y deterioros sustanciales en sus condiciones físicas.
Esta región, tan rica en minerales y en recursos naturales de toda índole, paradójicamente afronta graves problemas de pobreza, abandono y exclusión; pues presenta indicadores vergonzosos que manifiestan los riesgos sociales, económicos y ambientales a los que está expuesta la mayoría de su población.
La Guajira es una de las regiones más pobres de Colombia, y pese a las enormes ganancias que amasan quienes comercializan sus riquezas, su población no ha gozado de los beneficios que implicaría ser uno de los tres departamentos que más exportaciones realiza en el país.
La minería a cielo abierto no solo ha producido un daño ambiental severo, sino que ha generado condiciones críticas de pobreza multidimensional que afectan el departamento de la Guajira, que se ha convertido en uno de los más pobres de Colombia. El panorama es aún más desalentador si se tiene en cuenta que según los informes del Banco Mundial Colombia está entre los países más desiguales a nivel global, siendo el segundo más desigual de América Latina. Es decir, la Guajira está en los últimos puestos de un país que de por sí está bien atrás en términos de justicia y equidad.
Ahora bien, la peculiaridad del manantial de Cañaverales reside en la presencia de aguas subterráneas que sirven de fuente para el consumo humano y para el desarrollo de trabajos productivos propios de la población, pues su tradición económica comprende actividades agropecuarias que hoy están bajo amenaza por cuenta de las pretensiones de la empresa Best Coal Company, filial de la multinacional de origen turco Yildrim Holdings, que actualmente se encuentra en la etapa de gestión de la licencia ambiental para explotar carbón a cielo abierto.
De Cañaverales inicialmente esperaban extraer 28 millones de toneladas de carbón anual durante un lapso de 32 años, pero de acuerdo con “nuevos” cálculos tendría, según voceros de esa empresa, una vida útil de quince años para extraer 10 millones de toneladas anuales de carbón, lo cual es difícil de creer, pues el permiso ambiental con que cuenta Cerrejón (espejo retrovisor a través del cual puede ver Cañaverales) para su operación va a cumplir cincuenta años y ha sido objeto de más de 60 modificaciones. En el transcurso de su ejecución, la mina se expandió y fue absorbiendo a los demás proyectos mineros de la región hasta crear una red de explotación a gran escala.
Al río Ranchería, por ejemplo, principal fuente hídrica del departamento de La Guajira, lo surtían once afluentes y hoy tan solo queda uno, el arroyo Bruno, que además está en peligro, pues la empresa Cerrejón también desvió el arroyo a lo largo de 3.6 kilómetros con el fin de ampliar su exploración y explotación minera (Sobre el Río Ranchería, recomiendo ver el documental El río que se robaron, del periodista Gonzalo Guillén: https://www.youtube.com/watch?v=anHchmc0S_M).
Casos como estos son innumerables, y en La Guajira sobran los ejemplos de territorios fértiles que fueron arrasados por la actividad minera, tales como Tabaco, cuya comunidad, igual que otras 23 de La Guajira desaparecieron por la expansión de la minería del carbón a cielo abierto. Tabaco era un pueblo fértil rodeado de arroyos abundantes que permitían cosechar melón, patilla, maíz, yuca, mango, guayaba, tabaco, entre otros, pero fue asolado por las actividades extractivas mineras de la empresa Cerrejón y ya no queda nada de su antiguo esplendor.
La empresa BCC ha ganado ya terreno suficiente y al día de hoy ostenta 5 títulos mineros que suman 23.465 hectáreas en los municipios de Distracción, Fonseca, San Juan del Cesar, Barrancas, Hatonuevo y El Molino, en La Guajira. Así pues, Cañaverales está en riesgo de convertirse en el epicentro de un plan de consolidación de una amplia estrategia en el sur de la Guajira, que consiste en fragmentar el proyecto de minería en fases con el fin de facilitar su entrada en el territorio y obtener licencias que, a largo plazo, permitirían explotar otros minerales como cobre, plata, molibdeno, etc., recursos que existen ampliamente en La Guajira y el Cesar.
El actual gobierno colombiano es consciente de la necesidad urgente de tomar medidas inmediatas para combatir la crisis ambiental y fomentar actividades productivas en absoluto dependientes de economías de carácter extractivo. Sabe que la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que producen el calentamiento global requiere la protección de las selvas, los bosques y las fuentes hídricas.
El Gobierno Nacional, que ha emprendido planes estratégicos para conservar la Amazonía, reducir la deforestación, luchar decididamente por frenar la crisis climática y revertir el proceso de daño ambiental, debe manifestar su apoyo decidido a la comunidad de Cañaverales que, liderada por el consejo comunitario Los Negros de Cañaverales, ha resistido desde 2009 y hoy persiste en la defensa de su territorio oponiéndose con valentía a las pretensiones mineras de megaproyectos ambiciosos que no les importa arrasar con los bienes comunes de la población con tal de satisfacer la rentabilidad de sus negocios. En su libro La nueva lucha de clases, escribe el filósofo esloveno Slavoj Žižek:
“Lo que todas las luchas para defender estos bienes comunes comparten es la conciencia del potencial destructivo que podría liberarse si se permite que la lógica capitalista de privatizar estos bienes comunes campe a sus anchas, quizá hasta el punto de la autodestrucción de la propia humanidad” (2016, p. 120).
Es claro que un Gobierno de la vida comprometido con la protección del medio ambiente debe estar alerta ante los nuevos proyectos de gran minería y extracción masiva de elementos naturales, pues ya hay suficiente ilustración para ver y comprender los males que producen y los peligros que generan en las comunidades y los territorios donde se practican. No puede permitirse que se lleve a cabo un proyecto minero a cielo abierto justamente en épocas de descarbonización y transición energética. Por el contrario, tales territorios deben ser potenciados y reconocidos como municipios productores de alimentos que, por las bondades de su naturaleza pródiga, sirven de despensa agrícola para surtir de comida a la región.
Por lo anterior y ante la amenaza de que se repita la historia, es menester no ceder en la defensa de la vida mediante un esfuerzo colectivo que proteja los bienes naturales que garantizan el bienestar y el sustento de la población. El pueblo de la Guajira y el Cesar, en general, y el corregimiento de Cañaverales, en particular, necesitan el acompañamiento constante y resuelto del Gobierno, de la sociedad civil y de las organizaciones comprometidas con la defensa de los bienes naturales comunes para impedir que un nuevo proyecto carbonífero, destructor del medio ambiente, se apropie, privatice, ocupe y usufructúe unas riquezas naturales que, al devastarlas, rompe con la vida social y comunitaria de los ciudadanos.
Para terminar, recomiendo el documental de once minutos realizado por TvAgro sobre el manantial de Cañaverales: https://www.youtube.com/watch?v=eaXDewyqHs4
David Rico
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