Escondido en un texto constitucional cargado de artículos sobre la igualdad y la equidad está el neoliberalismo que no pretendía la transformación de un sistema productivo extractivista, científica y tecnológicamente rezagado, perezoso con la innovación, lento en su cultura de emprendimiento, y en oposición a la autonomía científica y tecnológica dada la desindustrialización. Con la apertura neoliberal Colombia no avanzó a un capitalismo basado en la innovación tecnológica, según la heterodoxia de Schumpeter, J. Robinson, Schwartz, Mazzucato, Aghion, C. Pérez, Dosi, Barkhordari, y más, por eso la productividad en los últimos treinta y cuatro años ha sido persistentemente negativa. La inversión ha caído en los últimos años puesto que necesita encontrar nuevas oportunidades en actividades de alta complejidad tecnológica con sus respectivos incentivos. Las políticas de competitividad de Colombia no ofrecían eso. Además, la inversión ha perdido dinamismo por razones asociadas a cambios en la economía mundial dado el calentamiento global y los nuevos rumbos de la geopolítica global en torno a la producción la innovación y el comercio internacional.
Entre sueños de igualdad y rezagos del modelo económico primario extractivista, se fortalecieron las economías ilegales que engrosaron el inmenso e incontrolable mundo de la informalidad detrás del cual se esparcen los frutos del narcotráfico, del contrabando, de la minería ilegal, se comercializan algunos bienes de la economía formal, se prolonga la captura de tierras para actividades extensivas de terratenientes cruzados de brazos ante la nueva industrialización y el avance tecnológico de las últimas cuatro décadas cuando bienes y servicios de alta tecnología tomaron la vanguardia del comercio, de la producción y de la innovación en el mundo.
La Constitución de 1991 encarna la desindustrialización razón por la cual neutralizó cualquier intención de hacer de Colombia una economía emergente avanzada, equitativa, sostenible y en paz. Asociada a la desindustrialización está la crisis en los sectores de salud, pensiones, infraestructura, energía, laboral, educación, y otros, puesto que los recursos del Estado se consideraron fuente de acumulación vía la captura masiva de recursos públicos. La intervención de Sanitas y de la Nueva Eps se debe al mal uso de los dineros del Estado dada la toma inescrupulosa de los mismos por privados.
La ilegalidad y la informalidad del campo se conectó con las economías urbanas, vía la bancarización teniendo en cuenta los inmensos flujos de dinero de las actividades ilegales que llegaron para comprar en el comercio formal e informal, adquirir finca raíz, e invertir en otros negocios donde fluye fácil la inversión y el retorno a corto plazo. Nada de largo plazo, nada de alta tecnología, nada de conocimiento e inteligencia, nada de innovaciones disruptivas, nada para las periferias regionales y poco para las urbanas. El resultado, violencia por corrupción e ilegalidad desbordada que determina la baja productividad, inequidad, desposesión de la propiedad individual en el campo y de los recursos públicos. Fue así como se privatizaron la mayoría de empresas públicas: vendieron las mal administradas, también las que eran rentables y óptimas como Isagén que hoy sería un activo estratégico en la transición energética, el Banco Popular clave para apoyar la economía popular contra el gota a gota, cerraron el IFI (Instituto de Fomento Industrial) determinante para impulsar la política de reindustrialización y complemento de Bancoldex y del Banco Agrario para impulsar la diversificación y sofisticación de las exportaciones y la agroindustrialización del campo. Se cerraron institutos de investigación, se adelgazaron otros, se atacó la educación pública cuando Álvaro Uribe le quitó recursos para financiar la guerra y de paso beneficiar a la educación privada como negocio y no como instrumento de conocimiento, pensamiento, cultura, investigación, innovación y acceso universal.
Más de 450 empresas públicas se privatizaron en 25 años, y esa plata poco se vio porque no hubo auditoria, ni visión para invertir esos recursos que eran sagrados, porque entrarían por una sola vez. Simplemente la “democracia representativa” la administró, malgastó, se la apropió, y el margen del Estado para invertir se redujo de manera abrumadora.
La educación pública se la llevó a su mínima expresión por lo cual la mayoría de la población de menores recursos quedó sin educación de calidad ampliando las brechas sociales e intelectuales entre pobres y ricos, y menguando las potencialidades de innovación de la sociedad, de la producción y del Estado. Por estas razones la productividad en 34 años de neoliberalismo ha sido persistentemente negativa.
La captura de recursos públicos ha ocurrido al amparo de la Constitución a través de una élite judicial fortalecida en sus atribuciones para actuar como jugadores de veto que pueden reversar o frenar la aplicación de medidas gubernamentales y proyectos económicos, y decidir sobre la libertad de los miembros de las élites políticas y económicas. (Jenny Pearce y Juan David Velasco. ÉLITES, PODER Y PRINCIPIOS DE DOMINACIÓN EN COLOMBIA 1991 – 2022. CAPAZ y LSE, 2024). La actuación de la Corte Constitucional en contra de la reforma tributaria del presidente progresista, pero a favor de multinacionales y de empresarios nacionales, son un ejemplo de lo dicho.
El llamado de la Corte Constitucional obligando al Estado a girar recursos públicos a las EPS para que se los sigan apropiando, es otro desarreglo institucional imparable al amparo de una Constitución perforada por la corrupción neoliberal. Una investigación en curso de la exministra Carolina Corcho pregunta por el destino de 12.3 billones que no aparecen y que fueron girados entre 2020 y 2023 a cinco EPS como reservas técnicas. Además, el cuento de que la UPC “no alcanza” se debe a que en los últimos dos años los precios de los medicamentos subieron de manera exponencial sin explicación alguna, y porque la sobrefacturación es otra práctica diaria de corrupción en el sistema. La intervención de Sanitas y de la Nueva Eps eran previsibles, como aconteció con Saludcoop, Cafesalud, Medimas, y muchas EPS más que se fueron con la plata de todos ante la mirada indiferente de la justicia.
Asimismo, una Fiscalía tomada por la corrupción y el crimen, es la justicia a favor de la impunidad. Igual ocurre con la Procuraduría y la Contraloría al servicio de la ultraderecha y en contra de todo lo que signifique progresismo: organismos públicos haciendo política y defendiendo a corruptos y genocidas.
Dado este contexto, donde la economía se convirtió en importadora de bienes y servicios de las economías emergentes avanzadas y de los países desarrollados, quedaron los recursos públicos como principal fuente de acumulación. Empresarios y políticos fueron por billones que se han esfumado a través de una sofisticada economía e ingeniería de corrupción para capturar recursos públicos que eran para inversiones de las políticas públicas dirigidas a erradicar la desposesión de la propiedad individual y de la inversión pública en distintos frentes. La plata de la corrupción con dineros públicos se convirtió en deuda externa para tapar huecos fiscales, y así mostrar a organismos internacionales que Colombia tiene una política macroeconómica “responsable”.
Por eso la regla fiscal es una estupidez en una economía donde se tributa menos, pero se roban más los recursos públicos. El resultado, una economía de baja productividad a la cual las cuatro élites: política, judicial, económica y tecnocrática, le succiona recursos públicos para satisfacer una ambición sin fin.
Si la Comisión Séptima del Senado de la República rechaza las reformas sociales, ya cayó la de salud, se anularía la posibilidad de una transición tranquila y ordenada en su implementación, entonces Colombia se encamina a una gran tensión interna por culpa de unas élites que perdieron la razón. Muy curioso, muchos exministros de Hacienda atacando al gobierno para defender las malas políticas económicas y sociales que ellos impulsaron en contra de transformar la producción y hacer de la equidad y la productividad un objetivo nacional prioritario.
Los tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo funcionan como estructuras tramposas, mañosas y corruptas, bajo el engaño de la independencia y la colaboración armónica de los tres poderes. Son clanes sin orden ni control. Cada uno con sus propios reglamentos hacen lo que les conviene, menos hacer políticas de largo plazo, impartir justicia y legislar con responsabilidad. Sus prácticas se degeneraron porque los presidentes también han hecho desde 1991 lo que quieren, sobre todo desde Uribe, porque incorporaron más de 40 nuevas leyes, donde, salvo las leyes de la paz de Santos, las demás han sido un retroceso en la construcción de un Estado de derecho, distinto a un Estado leguleyo con códigos cuyo objetivo es la corrupción con impunidad.
El presidente progresista no va en la línea de los expresidentes neoliberales. Pearce y Velasco muestran cómo se deformó el principio de la democracia representativa que atraviesa la Constitución del 91: se salió de cualquier cause posible y deseable de un Estado de derecho “imparcial para resolver conflictos”
Hoy las cuatro élites acuerdan, encubren y pactan como manejar a Colombia según su ambición y precaria visión de desarrollo: su discurso es vacío, lamentable, agresivo y destructivo, porque entraña la desposesión de la propiedad, de las instituciones y del presupuesto de la nación. Por falta de cohesión y atrincheradas en una caótica ideología de ultraderecha les impide asumir los desafíos internos y entender la compleja y amenazante situación global.
El concepto de desposesión alude ahora, aplicado al caso de Colombia, a la desposesión de la propiedad, tierra, derechos, modos de subsistencia y relacionalidad (Butler J y Athanasiou A., Paidos, 2023), y también a la desposesión de los recursos públicos de los más vulnerables y para la inversión estratégica de la nación por culpa de la corrupción. (Acosta J, Revista Sur, 2024). Cualquier acuerdo nacional entre el progresismo y los demás debe partir de auditorías forenses para identificar y judicializar a los que se robaron al Estado, al menos en este siglo XXI.
Hace bien el presidente de rodearse del constituyente primario para defender las reformas sociales, los derechos ciudadanos y la construcción de un capitalismo progresista avanzado. Él y su gobierno deben ser transparentes, ejecutivos e innovadores para consolidar un proceso de cambio con Corcho, Muhamad, Murillo, Vergara, y más, sobre todo mujeres que emergen con fuerza propia, única salida contra la violencia patriarcal y el atraso económico y social. Sin embargo, si las Cortes y el Legislativo bloquean las reformas sociales será la ciudadanía en la calle la que defina el futuro de Colombia.
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: Comisión de la Verdad
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