Después de participar en este episodio trascendental de la historia social y la cultura política del país, hace parte del Proceso de paz que lleva a cabo el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo y la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN, convirtiéndose así en uno de los voceros nacionales de dicha organización.
Ya en el marco de la civilidad, opta por regresar al departamento del Magdalena después de una larga estancia en Bogotá, lugar en donde se forma como profesional del derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Una vez aquí empieza a pensar sin prisa, pero sin pausa de modo estratégico en cómo estructurar un proyecto político de corte regional que fuese capaz de constituirse en una opción real de gobierno y poder que tuviese el propósito de disputarle a la elite regional, el capital político, social, económico y simbólico que ésta ha patrimonializado de modo histórico y hegemónico. Élite, por cierto, muy comprometida con el clientelismo, la corrupción, la violencia y el narco-paramilitarismo (Valencia, 2020). Este proyecto político estratégico, sin embargo, cabe subrayar, albergaba también la idea de que cuando las condiciones objetivas y subjetivas lo permitiesen, éste debía hacer tránsito de lo local y regional al escenario nacional. En esta vía se transita en la actualidad.
Entre 1994 y 1995, Caicedo Omar ocupa el cargo de director Departamental de Prevención y Atención de Desastre de la Gobernación del Magdalena y también de consejero Social. En uno y otro cargo destaca por el liderazgo y la capacidad de gestión. Esta situación haría que en 1996 se le nombre como rector encargado de la Universidad del Magdalena, entidad que enfrentaba una grave crisis financiera, administrativa, académica y en materia de investigación. A esta lamentable situación había llegado el alma mater toda vez que los clanes políticos habían parasitado al principal centro de formación profesional de la región hasta convertirlo en un fortín burocrático y clientelista.
Modernizar la universidad en medio de la expansión paramilitar
El encargo al frente de la rectoría de la Universidad de Magdalena se convertiría poco tiempo después en un cargo fijo dado que Caicedo Omar sería escogido por un concurso de mérito en 1997. Este hecho propiciaría que el hoy gobernador del departamento pusiese en marcha un ambicioso plan de reestructuración económica, financiera y también en el campo de la academia, la investigación y en lo que tiene que ver con lo relativo a la parte de la infraestructura física de la entidad. Producto de esto, el centro universitario mejoró su situación económica, financiera y de igual modo creó 19 nuevos programas académicos, entre los que se incluyen medicina y odontología, dos formaciones que no estaban al alcance de los sectores medio y pobres de la región. A esto hay que sumarle que se aumentó la cobertura de estudiante pasando de 1900 a 9000 mil, superó un déficit de 30 mil millones de pesos y logró que el presupuesto de la entidad pasara de 6 mil millones a 40 mil millones. A esto hay que agregarle que las innovaciones y los cursos de posgrado condujeron a considerarla como una de las más importantes del caribe. (Maestre, 2021)
Mientras esta situación se presentaba, los narco-paramilitares de Hernán Giraldo se imponían en la Sierra Nevada de Santa Marta, la ciudad de Santa Marta propiamente dicho y la troncal del Caribe. Por su parte, los paramilitares de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso se imponían con Jorge 40 en el centro del Magdalena y empezaban a expandirse hacia todo el departamento, situación que acarrearía un cruento enfrentamiento entre ambos grupos de paramilitares por el control de la ruta de la droga.
Este enfrentamiento se saldaría con el sometimiento de Hernán Giraldo en 2002 al imperio de las AUC, imperio que desataría una ola de terror contra algunos miembros de la Universidad del Magdalena, lo que incluía al rector Carlos Caicedo como objetivo militar de los paramilitares de Hernán Giraldo y del binomio Carlos Castaño-Jorge 40 por su pasado político-ideológico vinculado a la izquierda y por las acciones que adelantaba de reestructuración y modernización de la universidad. Igual suerte correrían Hugo Maduro, julio Otero y Roque Morelli, quienes en su orden serían asesinados en las siguientes fechas: 26 de mayo del 2000, 14 de mayo de 2001 y 5 de septiembre de 2002.
El reto: sacar a Caicedo de la universidad
Para la ocasión la persecución sistemática contra Caicedo Omar ya se había puesto en marcha, pues los clanes exhibieron todo tipo de procedimientos administrativos, penales, mediáticos, ataques al buen nombre y hasta planes para asesinarle con tal de sacarle de la Universidad. Nada diferente acontece hoy. La situación se agravaría en 2003 cuando llega a la gobernación del Magdalena Trino Luna, quien resultó como candidato único producto de un acuerdo establecido entre él y las AUC liderada por Carlos Castaño. De hecho, Juan Carlos Luna, alias El Cóndor, su hermano, era paramilitar en el sur del Magdalena. Una vez Luna posesionado como gobernador y fungiendo como presidente del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, Luna no dudó en querer manejar la planta de personal y los contratos del centro de formación superior, hecho al que Caicedo se opuso de modo vehemente.
Dado que Trino Luna tenía un importante control del aparato de justicia en el departamento, no dudó en contribuir para que a Caicedo Omar se le prefigurara el delito de peculado en favor de terceros toda vez que él había realizado una conciliación por un monto de 3.600 millones de pesos como pago de una indemnización a 47 profesores a los que se le adeudaban sus cesantías. La conciliación que fue estudiada y aprobada por la Procuraduría y el Tribunal Contencioso seria finalmente precluido como caso por el fiscal Germán Zamudio de la Unidad Nacional Anticorrupción. Este al respecto señaló: estábamos ante una persecución politiquera y rastrera contra el rector que había hecho una gestión trasparente y meritoria (Maestre, 2021)
Trino Luna y Luis San Juan — entonces contralor departamental– no contentos con la decisión apelaron la preclusión. El paso siguiente dentro de la división criminal del trabajo que se había puesto en marcha contra Carlos Caicedo para perseguirlo fue hacer que Gabriel Jaímes, el mismo que pide hoy la preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez y por entonces fiscal de la Unidad de Anticorrupción, reabriera el caso y le dictará medida de aseguramiento, hecho que se produjo en 2006. En lo que sería un juicio rápido, vengativo y sin garantías, el juez Tercero de Santa Marta, como era de esperarse, lo condena en 2007 a más de ocho años de cárcel, a devolver los 3.600 millones de las cesantías y además a pagar 1.500 millones por concepto de multa. Caicedo apela la sentencia y por diversos motivos el caso es trasladado al Tribunal Superior de Bogotá, instancia judicial que lo absuelve de toda responsabilidad en 2011 después de pagar 5 años y ocho meses en régimen de detención domiciliaria.
De este modo se consumó la salida del rector Carlos Caicedo de la Universidad del Magdalena y también cobró fuerza la infamia de señalarle como responsable de los homicidios de Maduro, Otero y Morelli, hechos incluso que los mismos paramilitares condenados en 2007 por tales actos, léase los hermanos Rojas, Hernán Giraldo y Jorge 40 se han encargado de desmentir y además de decir que Caicedo no es un victimario y si una víctima porque había sido declarado como su objetivo militar.
La alcaldía de Santa Marta: el objetivo
Una vez absuelto y cuando en muchos lugares se daba por hecho que Carlos Caicedo se iría del país en condición de refugiado político, éste empieza a darle forma al proyecto de Fuerza Ciudadana con el objeto de presentarse a las elecciones para escoger al alcalde de Santa Marta para el periodo comprendido de 2012-2015. En virtud de esto, adelanta un proceso de recolección de firmas, pero finalmente decide presentarse avalado por el Partido Liberal. Contra todo pronóstico gana las elecciones con más de 74 mil votos venciendo a los clanes, legitimidad que le permite lanzar un proceso de modernización de la ciudad. No había transcurrido una semana de haberse posesionado cuando los paramilitares decretaron un paro armado en la ciudad y sus alrededores, situación que logra conjurar y dar una respuesta con la creación de la policía metropolitana.
Caicedo Omar encuentra la alcaldía distrital de Santa Marta en ley 550, de donde la saca y con al menos 12 concesiones en manos de los particulares, entre ellas la Sociedad de Recaudos y Tributos de impuestos, Mercado Público y lo relativo al agua en poder de METROAGUA, filial de la multinacional española INASSA-Canal de Isabel II. Estos bienes públicos y comunales el alcalde Caicedo buscó el modo de que volvieran a ser municipalizados y para ello interpuso acciones populares. Por esta vía estas concesiones volverían a ser de la ciudadanía.
A esto hay que añadirle, sin duda, la implementación de una potente agenda social consistente en el impulso de una red de parques, creación de escenarios deportivos, recuperación y creación de puentes, vías, construcción de centros de salud, escuelas, colegios, en fin, un dinámico y creativo proceso de modernización no exento de problemas por resolver, sobre todo porque la línea base desde donde se ha partido es muy precaria. Producto de este buen hacer y de dejar en evidencia el lastre que representan los clanes para el desarrollo de la ciudad, estos no dudaron en utilizar el aparato de justicia y los órganos de control para desatar una fiera persecución contra Caicedo Omar, al punto que en algún momento llegó a afrontar 15 procesos fiscales, 53 disciplinarios y 28 penales, todos los cuales se cerraron por inconsistencias. A pesar de todos estos ataques el burgomaestre presentó altas calificaciones en cuanto al desempeño, al punto de llegar a ser considerado uno de los mejores alcaldes de Colombia
El plan de modernización de la ciudad de Santa Marta trazado por Caicedo Omar continuaría con Rafael Martínez, quien es elegido alcalde por el movimiento Fuerza Ciudadana para el periodo 2015-2019 con más de 93 mil votos, convirtiéndose en su día en el alcalde más votado de la ciudad. Martínez profundiza la agenda social de la ciudad y prosigue con la política de creación de infraestructura para el disfrute del derecho a la misma. Bajo su administración se llevaron a cabo los XVIII Juegos Bolivarianos, lo cual implicó una apuesta por los escenarios deportivos.
Martínez también sería y es objeto de todo tipo de investigaciones: penales, fiscales y administrativas. El objetivo: erosionar el proyecto de cambio que se ha construido alrededor de Caicedo Omar. En este contexto, propio es afirmar que Martínez fue suspendido tanto por la procuraduría como por la fiscalía en un proceso de clara persecución política, hecho que le llevó a estar al menos siete meses fuera del cargo por una y otra actuación de dichos organismos. El último proceso le implicó medida de aseguramiento en la modalidad de detención domiciliaria, situación que propició que el presidente Iván Duque nombrara como acalde encargado en el mes de abril de 2019 a Andrés Rugeles, postergando de modo inaceptable el nombramiento de uno de los tres ternados de Fuerza Ciudadana. Un juez de la república, no obstante, mediante fallo de tutela le devuelve la libertad a Martínez y éste vuelve a la alcaldía.
A Martínez le sucedería la alcaldesa Virna Jonhson, quien resultó elegida con más de 130 mil votos. Ella —como Caicedo y Martínez– ha enfrentado la persecución a su gestión en la medida en que la Superintendencia Nacional de Salud mantiene a la ESE Alejandro Prospero Reverend intervenida, lo cual ha coexistido con reiterados embargos a las cuentas de la alcaldía.
Contra todo pronóstico Caicedo gana la gobernación.
En octubre de 2019, Carlos Caicedo se convierte en gobernador del departamento venciendo a Luis Miguel Cotes, respaldado por los todopoderosos Char, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, Liberal, los Conservadores y hasta el Partido Verde. La victoria ha posibilitado que Fuerza Ciudadana sea el único partido del progresismo que ostenta una alcaldía y una gobernación de manera simultánea. Esta situación ha conducido a que los clanes sientan que han perdido perímetro político y poder, hecho difícil de manejar cuando siempre han gozado de la prerrogativa de disponer del poder local y regional. En este contexto, la ausencia de poder resulta difícil de asimilar para quien la gestión del mismo ha sido un hábitus, una tradición. Al estar los clanes sin el poder de siempre, la respuesta que han asumido frente a Caicedo ha sido primitiva, pues han aumentado los ataques contra él. Ataques que han implicado e implican el uso de la Fiscalía como policía política y la Procuraduría y la Contraloría como filosas dagas.
Caicedo se posesionó el 1 de enero de 2020 y desde entonces no ha tenido un minuto de tregua por parte de los clanes, quienes han encontrado en Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez sus principales aliados a la hora de establecer un cerco en contra de la gestión del gobernador. De lo que se trata es que no sea exitoso como lo fue en su paso por la Universidad del Magdalena y la alcaldía de Santa Marta, al punto de revalidarla en dos ocasiones y sin techo electoral. Para garantizar que así sea, el presidente Iván Duque se ha convertido en el principal protector y validador de los clanes, los mismos que han llevado al Magdalena a ostentar el despreciable récord de ser el cuarto departamento con más pobreza monetaria y el séptimo en pobreza multidimensional. A esta condición no se ha llegado por un infortunio del destino ni por efecto de un accidente meteorológico, ello es la consecuencia de una forma inveterada de patrimonialización del poder basada en el clientelismo, la corrupción y el gamonalismo armado.
Caicedo hoy por hoy es un perseguido del régimen. El bloqueo a su gestión es sistemático y sistémico. Los ejemplos abundan. Escasos dos meses habían transcurrido cuando por orden del alto gobierno, la Superintendencia de Salud en cabeza de Fabio Aristizábal y quien hiciera campaña con el Ñeñe Hernández en la Guajira a favor de Duque, interviene el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta, hecho que ocurre después de que el gobernador le inyectara más de 8 mil millones de pesos. Mientras el clan de los Díazgranados tuvo dicho hospital para mayor gloria de la cultura de la corrupción entre familias de bien, nunca se insinuó ningún tipo de intervención. La intervención resulta más dramática y dolorosa en tanto en cuanto se produce en el contexto de la aparición en el horizonte de la pandemia del covid-19.
El bloqueo contra el gobierno del cambio también tiene otras expresiones, por ejemplo, la criminal contumacia con que la asamblea departamental niega hasta en cuatro ocasiones las ordenanzas con las que Caicedo Omar procura brindar agua potable, alcantarillado, infraestructura deportiva y educación universitaria al conjunto de la población que reclama esos derechos históricamente aplazados. Y para reforzar el bloqueo se ha creado el Pacto de Ciénaga, una suerte de club de la infamia en donde coinciden senadores, representantes y alcaldes del bloque hegemónico dispuestos, con la colaboración efectiva y eficiente del ejecutivo, que es quien lo preside, a propiciar un golpe de facto a la institucionalidad que representa Caicedo Omar.
El pasado 11 de septiembre el presidente dio un paso inaceptable cuando llegó al municipio de Zona Bananera y anunció que había llegado a un acuerdo con 29 alcaldes del departamento, con los senadores y representantes a la cámara y gremios, para crear lo que se ha llamado el Pacto de Sevilla, hijo legitimo del Pacto de Ciénaga. Así, el Pacto de Sevilla no es otra cosa que el anuncio de crear un Pacto Funcional por valor de 8 billones de pesos destinados en apariencia a resolver necesidades del departamento, pero sin contar con la participación del gobernador Carlos Caicedo y la gobernación del Magdalena. Con esta medida errática y vengativa el presidente corrobora que funge como el líder del Pacto de Ciénaga y propicia una de las mayores operaciones de autodeslegitimación en que ha incurrido el Estado en Colombia. En el Magdalena, el presidente Duque ha desplazado al gobierno surgido de las urnas y lo ha sustituido por una cofradía de fanáticos que están poco dispuestos a aceptar las reglas mínimas de la democracia imperfecta y gamonal que ellos mismos han fijado como referente de actuación.
En amplios segmentos de la población habita la consideración de que este famoso pacto funcional realmente lo que busca es financiar las elecciones próximas a los clanes a través de este tipo de sucio atajo, que denota, por cierto, la cultura de trilero que exhibe la primera autoridad del país y también de quien dicta en secreto lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo hacerlo y contra quién o en favor de quién. El Pacto Funcional dicho de otro modo, es funcional a la corrupción, al clientelismo, al sectarismo político, al mantenimiento de las estructuras endogámicas y claniles de poder.
A manera de colofón, queda demostrado una vez más que la persecución en contra de Carlos Caicedo es sostenida en el tiempo y conjuga y articula varias formas de actuación y comprende varios actores. Por un lado aparecen los paramilitares que no han dejado de acosar al hoy gobernador y de anunciar que actuaran contra él ante la mirada cómplice del Estado, y por el otro lado, asistimos a una manera escalonada en la que el mismo Estado sin recato de ninguna especie propicia la persecución contra una figura política que desde hace varias décadas sufre en su cuerpo y conciencia las infamias de un aparato de poder que agencia el desorden de forma institucionalizada y perversa contra quien considera su enemigo. Con Norbert Elías decimos que hay el imperativo ético, moral y político de civilizar al Estado en Colombia como una forma de mantenernos como pueblo, como sociedad. Lo que sucede en el Magdalena con Carlos Caicedo y Fuerza Ciudadana amerita una atención especial para vencer eso que Gabriel García Márquez llamaba aldeanismo, soledad.
Hugo Paternina Espinosa
Fotot tomada de: Momento24
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