No obstante, después de un año de su gestión, me pregunto si la ministra recordará aún las afirmaciones y recomendaciones que, como coordinadora del equipo de “empalme del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural” le realizó al gobierno entrante cuando la cabeza del sector era la exministra Cecilia López. Tras un año en el ministerio parece contradictorio que algunas tareas urgentes identificadas en el informe de empalme del sector agropecuario[1] aún, hoy en día, no se han realizado. A continuación, analizo algunos apartes del informe.
“La misma ANT ha informado a la Corte Constitucional que le tomaría 265 años lograr la formalización”
Esta afirmación del informe de empalme contrasta con las afirmaciones de la ministra en medios cuando dice que para implementar la reforma agraria no es necesario hacer reformas de ley, sino que basta con implementar el marco normativo con el que cuenta el país y voluntad política para poder realizarla[2]. El proceso de formalización de tierras tiene muchos pasos e implica el procesamiento de múltiples variables, lo cual se traduce en altos costos y tiempos, como lo muestra el siguiente gráfico elaborado por la Universidad Externado de Colombia[3]:
Ilustración 1. Proceso de formalización actual. Universidad Externado de Colombia (2022)
Es urgente que el ministerio reconozca que, con los instrumentos normativos que dispone la ley actualmente, la reforma agraria no avanza al paso que debería si el compromiso es cumplir con las metas del acuerdo de paz de 2016. La ministra debería atender a las recomendaciones de expertos que apuntan a la simplificación y ampliación del objeto de la política pública de formalización para, por una parte, acelerar el paso de la formalización en un país donde más del 50 % de la propiedad es informal y, por otra, brindar seguridad jurídica a través de otras figuras para campesinos que se encuentran en áreas inadjudicables como las zonas de reserva forestal de ley segunda de 1959. El gobierno del cambio no tendrá 265 años y por eso debería acoger las recomendaciones realizadas para generar cambios estructurales, como las propuestas concretas para llegar a un proceso de formalización simplificado que se muestra a continuación:
Ilustración 2. Propuesta de proceso de formalización simplificado. Universidad Externado de Colombia (2022)
“El Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria – FNEA dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1876 de 2017 no se ha puesto en marcha con el fin de operativizar la administración y ejecución de las actividades e inversiones asociadas a la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria – SPEA”
El pasado 17 de mayo, la Contraloría General de la República publicó la evaluación de la implementación y funcionamiento del servicio público de extensión agropecuaria[4] en el cual se señaló que el FNEA está creado desde 2020, pero aún no ha sido reglamentado y no ha entrado en operación, por lo cual los programas de asistencia técnica agropecuaria en territorio están desfinanciados.
Urge que el ministerio expida y estructure el Manual de Operación del FNEA para garantizar el financiamiento de la extensión agropecuaria, teniendo en cuenta que el Censo Nacional Agropecuario mostró que 83,5 % de los productores no reciben asistencia técnica. Como mencioné anteriormente[5] unos buenos lineamientos y condiciones para poder acceder a los recursos del FNEA pueden contribuir, a su vez, al incremento de EPSEA’s registradas y de extensionistas en la red Linkata, lo cual contribuiría a formalizar y organizar mejor la oferta de la extensión agropecuaria.
“Fortalecer el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, permitiendo la articulación de los servicios de extensión… la provisión de infraestructura física, de investigación, transferencia tecnológica, centros para el acopio, procesamiento, el acceso a mercados”
El Estado cuenta con infraestructuras productivas y demostrativas alrededor de las que podría agrupar la prestación del SPEA para que conduzca a una formación práctica para la apropiación efectiva por parte de los productores y de las cuales puede hacerse mayor aprovechamiento. No obstante, no cuenta con un registro amplio y actualizado de estas infraestructuras, ni de infraestructuras de almacenamiento de productos agropecuarios para el ordenamiento de la producción, extensión agropecuaria e investigación. Es necesario completar la información de plataformas como la Red Colaborativa de Infraestructura Agropecuaria – RECIA de la UPRA, que por ahora se alimenta de datos provistos de manera voluntaria por los usuarios.
Parece que el problema no es de recursos porque, así como en otros sectores, el de agricultura tiene baja ejecución presupuestal. ¿No sería una buena inversión actualizar el Censo Nacional Agropecuario que ya tiene 10 años de desactualización y usar el censo con otros propósitos como la identificación de potenciales usuarios del SPEA y este tipo de infraestructuras?
“Fortalecer la institucionalidad para la inspección, vigilancia y control del sector primario, que incluye trazabilidad y articulación con los demás eslabones de la cadena”
En julio de 2022 el Representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, presentó el proyecto de ley 009/22 “que fija los instrumentos para garantizar una cadena productiva ganadera libre de deforestación”. Para garantizar una cadena de suministro de ganado libre de deforestación, el proyecto de ley propone la integración gradual y la interoperabilidad de sistemas de información del ICA, del IDEAM, del IGAC y de la Superintendencia de Notariado y Registro. El pasado martes 27 de mayo se superó el tercer debate en el congreso, casi dos años después de la presentación del proyecto.
Sin embargo, en un año y medio de la administración Petro, este proyecto de ley no ha recibido un apoyo decidido del gobierno nacional como el que se dio a otras iniciativas como la jurisdicción agraria. Por el contrario, este gobierno finalizó el proceso de apertura de mercado de exportación de carne a China, donde no se tienen requisitos para evitar la deforestación en la cadena de suministro. En un año y medio de gobierno, no se ha logrado la interoperabilidad de los diferentes sistemas de trazabilidad animal del ICA y son pocos los avances en la interoperabilidad con los otros sistemas de las otras entidades mencionadas en el proyecto de ley. El ministerio de agricultura está en mora de establecer una política y sistemas de trazabilidad. Para esto, mi sugerencia es realizarlo de la mano con los gremios agropecuarios que ya tienen avances en el tema y, quizás, esto también ayude a mejorar la relación fracturada de la ministra con los gremios.
Adenda: El informe también sugiere mayor relacionamiento con la cooperación internacional para alinear sus recursos con las políticas del gobierno. La invitación al diálogo con las Embajadas y agencias de cooperación sigue ahí, tal vez con un poco de voluntad política encuentre buenos aliados en los cooperantes.
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[1] Informe completo de empalme del sector agrario, disponible en: https://vertov14.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/07/wp-1659125176120.pdf
[2] https://www.noticiascaracol.com/politica/jhenifer-mojica-nueva-ministra-de-agricultura-la-reforma-agraria-la-vamos-a-cumplir-rg10
[3] Tomado de: https://docs.google.com/presentation/d/1zEF2qVWuF5nP_6FcUU–uWvRewyCKiVS/edit#slide=id.p6
[4] Evaluación de la implementación y funcionamiento del servicio público de extensión agropecuaria, disponible en: https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/analisis-sectoriales-y-politicas-publicas/agropecuario/-/document_library/hrvw/view/962664?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_hrvw_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria.gov.co%2Fresultados%2Finformes%2Fanalisis-sectoriales-y-politicas-publicas%2Fagropecuario%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_hrvw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
[5] Ver: https://www.sur.org.co/donde-esta-la-reforma-agraria-en-colombia-parte-4/
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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