De manera general en el país a partir de la declaratoria por el gobierno nacional del estado de emergencia económica social y ambiental por la pandemia, se intensificó la violencia sociopolítica especialmente en cinco regiones: el Cauca, el Pacífico de Nariño, el Bajo Putumayo, el Occidente de Antioquia y Atrato chocoano. Sobre ellas la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas y documentado más de 40 casos de graves violaciones a los derechos humanos, asociadas a amenazas, restricciones a la movilidad, atentados y homicidios. Incluso, en su concepto, los grupos armados ilegales aprovecharon el aislamiento preventivo decretado por las autoridades a distinto nivel para desplegar su presencia, confrontar a sus rivales y actuar de forma violenta contra la población. “Estos actores y grupos han adecuado su presencia y accionar a las condiciones propias de la emergencia sanitaria y, particularmente, a las medidas de aislamiento preventivo”[1].
En igual sentido la ONU en mensaje de alerta advirtió este año al gobierno: “Los grupos armados parecen estar aprovechando el encierro para expandir su presencia y control sobre la zona”. Lo cual ratifican los propios testimonios de la población que atemorizada afronta esta situación en las distintas zonas del Cauca: “Los grupos ilegales controlan la cuarentena, la movilidad y el abastecimiento de víveres”. “El problema es que en estas zonas los que mandan y ponen las reglas son otros. Y si no hay más que hacer, pues toca hacer caso y quedarse callado”[2].
El asunto de fondo es que el Estado, sus instancias diversas y la fuerza pública después del Acuerdo de Paz Final con las FARC no logra recuperar el control del conjunto del territorio ni menos brindar de conjunto una presencia garantista hacia la población, sus necesidades y derechos. La aplicación de este acuerdo es parcial, sin el impacto territorial, sin el avance de reforma agraria esperado, sin brindar garantías de seguridad efectiva y en casos como el PNIS debilitando sus posibilidades y privilegiando en contravía la política de sustitución forzada.
Entre tanto, las expresiones de guerra y de violencia sociopolítica se han reactivado y acentuado en varias zonas del Cauca. Las expresiones herederas del paramilitarismo con varias denominaciones mantienen su presencia y actuación, de forma que se han fortalecido de cara reforzamiento del narcotráfico, la minería ilegal y la intervención reciente de redes mafiosas relacionadas con los carteles mexicanos. Desde 2017 empezaron a aparecer grupos rearmados o residuales o frecuentemente denominados disidentes, con pretensión expresada de querer rehacer la guerrilla de las FARC en contra el proceso de paz, los cuales desde ese año y en 2018 sostuvieron enfrentamientos entre ellos, a la vez que en algunas zonas chocaban con estructuras narco-paramilitares. En 2019 en el norte del Cauca la vieja disidencia aún en armas del EPL en Catatumbo ingresó a esta región y sostuvo fuertes enfrentamientos con una disidencia o rearme que logró debilitarla y hacerla replegar.
Según la revista Semana Cauca es en la actualidad el territorio de mayor disputa en el país por el negocio cocalero de uso ilegal, de forma que se fortalecen y expanden en el tres grupos rearmados o disidentes con algunos de los integrantes de las anteriores FARC, de forma que este año han sostenido fuertes enfrentamientos con el frente José María Becerra del ELN por el control del cañón de Micay, desde Argelia y El Tambo hacia los municipios del Pacífico. Estas estructuras residuales o disidentes retoman las denominaciones de Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, con presencias en el norte en Caloto, Miranda, Santander de Quilichao, Toribío y Corinto. Agrupaciones que también han sostenido enfrentamientos con la fuerza pública y realizan hostigamientos, incluso en ámbitos urbanos a puestos de la Policía, como el recientemente ocurrido en Corinto. Al momento se hace referencia en el sur de enfrentamientos entre el ELN y estas disidencias o rearmes, entre Argelia y El Tambo, que se asocian a homicidios y desplazamiento forzados de pobladores.
Temístocles Ortega, exgobernador del Cauca y actual senador, ante esta agravada situación declaró: “En Cauca estas estructuras están ejerciendo control territorial y social casi total. Hay municipios como el Tambo en el que en tres meses ha habido un incremento de un 800% de los homicidios y varias masacres en distintas zonas del departamento. En algunas partes ellos son los que hacen los retenes y permiten o no el paso de organismos y la gente que está llegando con ayudas humanitarias”[3].
El 26 de abril pasado se produjo una masacre de cinco personas en el corregimiento de San Juan de la Costa, seis días después se presentó otra en corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, donde fueron asesinados el líder social Álvaro Narváez, su esposa, un hijo y una nieta. “El 22 de abril, líderes de la Guardia Cimarrona se reunieron en San Juan de Micay para analizar esta situación de violencia. Pero disidentes suspendieron el encuentro. Llegaron, intimidaron a los asistentes y asesinaron a Jesús Albeiro Riascos y a Andrés Sabino”[4], al señalarlos de supuestamente haber entregado información al ELN, guerrilla que les había hecho un fuerte ataque produciéndoles siete bajas en sus filas.
En el debate de la Comisión Segunda del Senado el pasado 6 de mayo sobre la situación en Cauca la Fiscalía con presencia de la vicefiscal, Martha Janeth Mancera, informó que en Cauca actúan 12 grupos armados ilegales y mencionó al “ELN, Clan del Golfo, Caparros, disidentes de las FARC e incluso Los Pelusos”, que en su consideración han crecido, afectan más zonas e hizo referencia a la actual disputa “entre el ELN y las disidencias de las FARC” en zonas ricas en oro y otros minerales.
Ante esta tragedia de guerras cruzadas y crisis humanitaria, las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región agrupadas en la Mesa Territorial de Garantías de Cauca, recientemente realizaron un Informe Especial, el cual analiza los factores de riesgo, encuentra la sistematicidad y la masividad de las violaciones contra liderazgos y activismo social campesino, indígena y afro, contra personas defensoras de derechos humanos y excombatientes de FARC en proceso de reincorporación. Los datos son impresionantes, para 2020 documentan 46 homicidios de tales liderazgos sociales y así mismo 37 homicidios de excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. Impresiona que el 73.68% de los homicidios han sido cometidos contra integrantes de la misma Mesa Territorial de Garantías. Así mismo documentan masacres, amenazas, estigmatizaciones y desplazamientos, para advertir que se trata de una grave emergencia humanitaria ante la cual precisa una serie de peticiones al Estado y al Gobierno, así como solicita acompañamiento de la comunidad internacional[5].
El gobierno nacional carece de una política y de una actuación capaz de lograr las soluciones requeridas de distinto orden. Las investigaciones judiciales no esclarecen ni logran judicializar la mayoría de las graves violaciones sucedidas. De la parte minoritaria de casos en los que ubican indicios los reportes de la Fiscalía reconocen la responsabilidad en la tercera parte de ellos de los sucesores del paramilitarismo bajo denominaciones Clan del Golfo, Águilas Negras y AUC, otros casos son atribuidos a los grupos residuales o disidentes y otros al ELN. Ha aumentado la presencia militar pero no logra revertir la crisis de violencia referida y el Informe Especial de las organizaciones sociales referidas señala compromisos del FUDRA No 4 y del Batallón de Alta Montaña José Hilario López No 4 en amenazas, intimidaciones y señalamientos contra campesinos, afros e indígenas.
Recientemente se realizó una “misión humanitaria” de rescate de líderes sociales amenazados en El Tambo, en coordinación entre la Defensoría del Pueblo y el Ejército; sin embargo, su realización trasgredió las propias normas humanitarias al respecto, pues el personal militar participante lo hizo con dispositivos, tipo de armamento y forma de actuación propio de disposición combativa y no los especificados en normas internacionales de vigencia interna para estas actuaciones. A la vez, el 28 de abril pasado el Ejército violó el cese al fuego decretado y asumido por el ELN, de forma que mientras ésta guerrilla afrontaba ataques de dos de las estructuras residuales de las anteriores FARC le realizó un ataque, que llevó a reducir y producir la rendición de un grupo de guerrilleros, hecho que también trasgrediendo el derecho humanitario fue presentado como una supuesta desmovilización. Es muy notoria la búsqueda de publicidad y efecto político más que actuaciones coherentes por parte del Ejército en estos eventos.
Entre tanto, las comunidades campesinas con sus organizaciones y los indígenas con sus mingas y su Guardia Indígena resisten de forma colectiva ante las problemáticas estructurales que los afectan, la pandemia y esta crisis de violencia y humanitaria. Igualmente, los consejos comunitarios afros tienen su plan de contingencia de autoprotección con su Guardia Cimarrona presente en 11 municipios, de forma que mediante tongas (colectas comunitarias) y algunas donaciones privadas, instalan retenes de control sanitario en las carreteras de acceso, donde aplican desinfecciones, lavados y tomas de temperaturas a quienes transitan por cualquier medio, para impedir que ingresen personas con posibilidad de contagio del convid-19.
Así lo explica desde la región Armando Caracas, coordinador nacional de la Guardia Cimarrona: “En el caso de los consejos comunitarios de los territorios negros e indígenas, que somos más vulnerables por el difícil acceso a los servicios de salud, pusimos en marcha el esquema de protección y autoprotección territorial que tenemos”[6]. Pero así mismo este líder hace referencia a los riesgos que de conjunto tienen que enfrentar en lo que denomina los “terceros actores que inciden en sus territorios”: “En todos los puestos de control hay intereses de terceros, de trasnacionales o multinacionales, de grupos de narcotraficantes, de disidencias. Eso incluye minería, cultivos de uso ilícito, el tema de la tenencia de la tierra, los cultivos de caña de azúcar”[7].
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[1] Declaración de la Defensoría del Pueblo, Bogotá DC, 27 de abril de 2020.
[2] “En el suroccidente del país, a la violencia no la detiene ni la pandemia”, Marcela Osorio Granados, El Espectador, 5 de mayo de 2020, página 10.
[3] “En el suroccidente del país, a la violencia no la detiene ni la pandemia”, Marcela Osorio Granados, El Espectador, 5 de mayo de 2020, página 10.
[4] “El virus allá, la guerra acá”, revista Semana, No. 1982, mayo de 2020, página 43.
[5] “Informe Especial de emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca”, Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca, mayo de 2020.
[6] “Guardia Cimarrona, entre la pandemia y la violencia sin fin”, David Carranza Muñoz, El Espectador, 6 de mayo de 2020, página 9.
[7] “Guardia Cimarrona, entre la pandemia y la violencia sin fin”, David Carranza Muñoz, El Espectador, 6 de mayo de 2020, página 9.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: Thepoliticalroom.com/
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