En 1963, Urabá se convirtió en “la tierra prometida” para el cultivo y exportación del banano. Casi, de manera simultánea, comenzó el conflicto armado en la región. Las condiciones laborales siempre se caracterizaron por la precariedad y por la persecución de las libertades sindicales, al extremo de ser un territorio signado por la acción de exterminio de la dirigencia social y la apropiación de tierras por parte de grandes empresas bananeras, de cultivadores de palma y de ganaderos.
No faltaron los funcionarios del Incora que se aprovecharon de procesos de adjudicación a migrantes y campesinos, para ir sumando predios a manera de bonificación por trámites, hasta hacer tránsito de clase social y convertirse en terratenientes y gamonales.
Según el exparamilitar conocido como José Gregorio Mangones, condenado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, como relata el periodista José Guarnizo en el Portal Vorágine [1], Colombia es, quizá, el único país del mundo donde el negocio del banano estuvo ligado al conflicto armado interno. Paradójicamente, la agudización del conflicto trajo aparejado el incremento de las utilidades empresariales.
La prensa, a pesar de reconocer la conflictividad armada en Urabá, suele situar la problemática incidencia de Chiquita Brands, después de 1997. Sin embargo, mucho antes, El Centro Nacional de Memoria Histórica [2] plantea antecedentes del fenómeno paramilitar en la región, desde los años 70 y 80. Luego, desde mediados de los 80, hasta los años 90-94. Durante ese lapso inicia sus operaciones la Casa Castaño, mediante la conformación de la estructura conocida como, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, dentro de un proceso de aglutinación de fuerzas.
En 1996, durante el ejercicio de gobierno departamental de Antioquia, por parte de Álvaro Uribe Vélez, se instauran las Convivir en Urabá, con el impulso dado por parte del General Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada 17. Hoy, Rito Alejo del Río está condenado a 26 años, por el asesinato del líder social Marino López y por sus nexos con el paramilitarismo.
Entre 1996 y 1997 fueron fundadas 14 Convivir en Urabá, con el apoyo de Rito Alejo del Río y del General Alfonso Manosalva, Comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín. También, se contó con el respaldo del Superintendente de Seguridad y Vigilancia Privada, Herman Arias.
Entre 1988 y 2002, como recuerda el Portal Periodístico, Rutas del Conflicto [3], Urabá padeció 103 masacres, especialmente, en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo. Después de la desmovilización parcial de los paramilitares ocurrida entre 2004 y 2006, las bandas paramilitares retornaron mediante la alianza entre exintegrantes de las AUC y narcotraficantes, hasta llegar a las actuales bandas autodenominadas Autodefensas Gaitanistas, conocidas como el Clan del Golfo.
El Portal de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz [4] reproduce algunos detalles de las declaraciones de 2008 que, en versión libre, expresó ante la Fiscalía el empresario bananero y jefe paramilitar, Raúl Hasbún (alias, “Pedro Bonito”). Al respecto, el declarante dio a conocer la estrategia de articulación de las Convivir, con estructuras paramilitares, la policía y las fuerzas militares, las empresas bananeras y el sector empresarial, entre quienes se cuenta a Chiquita Brands.
Por aquel tiempo, Chiquita Brands admitió que pagaba a través de la Convivir Papagayo tres centavos de dólar por caja de banano exportada.
El esquema de financiamiento establecido hizo millonarias a las Convivir. El empresario paramilitar comentó que Vicente Castaño realizó varias reuniones con empresarios bananeros y directivos de empresas exportadoras. El pago continuó hasta 2003, en casos como el de Chiquita Brands
En sus declaraciones ante Justicia y Paz en 2009, Mancuso explicó que Chiquita Brands, Delmonte, Postobón y otras empresas en Urabá ayudaron en la financiación del paramilitarismo. Según su declaración, en 1997, el Vicepresidente de Chiquita Brands, Charles Kaiser se reunió con Carlos Castaño y Raúl Hasbún, en un lugar del Poblado en la ciudad de Medellín.
También, a dicha reunión asistieron directivos de Postobón quienes acordaron un pago de diez millones de pesos mensuales para las AUC, con el fin de lograr que permitieran la distribución de sus productos en la zona de control paramilitar. Al principio, las contribuciones fueron voluntarias, ante el interés de liberarse de la presión de la guerrilla.
Luego, ante la JEP en 2023, Mancuso también reconoció que en la Convivir Papagayo de Urabá recibían tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, los cuales se destinaban, así: un centavo para la Convivir, uno para el Ejército y uno para la autodefensa paramilitar.
El 13 de marzo de 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un acuerdo de culpabilidad penal con un grupo de directivos de Chiquita Brands. La razón: haber realizado pagos por US $ 1,7 millones de dólares a las AUC, entre 1997 y 2004, a través de las Convivir.
En el proceso judicial, Chiquita Brands debió mostrar parte de su contabilidad incluyendo anotaciones manuscritas, correos y comunicaciones internas, como lo relata el Portal Vorágine.
Las demandas relacionadas con este proceso fueron presentadas por parte de nueve familias víctimas, hacia el año 2007. Pero, solo fueron emitidos fallos favorables para ocho de ellas, en junio de 2024, diecisiete años después. Se estableció una reparación económica por valor entre US $ 2 millones y US $ 2,7 millones, por caso. Pero, las víctimas acreditadas superan las seis mil familias.
La estrategia inicial de Chiquita Brands es dilatar en el tiempo; ganar por cansancio, mediante el desgaste de los abogados de las víctimas quienes carecen de recursos para mantener un ritmo sostenido del proceso judicial.
Un alto número de estas familias es representado por Earth Rights. También, 1.600 familias están representadas por el abogado norteamericano Paul Wolff, cuyos acuerdos con Chiquita Brands, ya aprobados por la Corte del Distrito Sur de Florida, resultan desventajosos para las familias, mientras él se lucra con unos honorarios cercanos a US 4 millones.
En sus acuerdos, los pagos a las familias se elevarían a US $ 3.404 (unos 14 millones de pesos colombianos, al cambio actual), si se cuenta con certificado de defunción, cédula de ciudadanía de la persona beneficiaria, certificación de la relación con la persona asesinada y evidencia de la responsabilidad de las AUC. Una segunda opción, si estos requisitos no se cumplen, consiste en una indemnización por valor de US 1.324 (5.474.000 pesos colombianos), por persona asesinada por los paramilitares. Esto representa una indemnización inferior a la cuantía de una reparación administrativa en Colombia.
El contraste es notable con el caso de las ocho familias que tienen en firme una primera instancia, para una indemnización entre 2 millones y 2,3 millones de dólares, por familia.
El abogado Wolff obra con una ventaja económica que le permite instalarse en Urabá bajo el supuesto que las familias preferirían una indemnización rápida, así sea muy inferior al caso piloto. Al tiempo, argumenta que existe alta probabilidad para que el fallo a favor de las ocho familias se caiga en la etapa de apelación aduciendo que, en dicho escenario, su oferta resultaría ser la mejor.
Un punto de criterio compartido reside en que los procesos piloto, por grupos de ocho o nueve familias de víctimas no son viables frente a la magnitud de víctimas, dado que la vida no alcanza frente al proceso dilatorio en la justicia norteamericana. Por ello, los abogados proponen llegar a un escenario en el que se construya un acuerdo con Chiquita Brands, acerca de una reparación óptima y equitativa, acorde al sufrimiento de las familias, durante tantos años.
Pero, si el proceso ha sido lento en Estados Unidos, en Colombia la cuestión es mucho peor para las víctimas, dado que se transita por caminos de dilación, de repetición de pruebas y ahora, mediante estratagemas se pretende llevar a concluir que los empresarios eran víctimas de extorsión por parte de los paramilitares, como muestra Noticias Uno [5]. Ante la inminencia de prescripción, hay tendencia hacia la impunidad.
En 2007 se firmó el acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos. Sin embargo, en 2012, la Fiscalía en Colombia precluyó el proceso, en favor de los directivos de Chiquita Brands y de Banacol, grupo empresarial heredero de Chiquita Brands, productor y exportador de banano, recientemente involucrado, también, en investigaciones por incautación de cocaína a la ‘Ndrangheta, mafia italiana.
En 2018, la Fiscalía de Colombia acusó formalmente a 14 exdirectivos de Chiquita Brands y de Banacol, pero solo por concierto para delinquir agravado. Luego, desvinculó a cuatro. Después, en 2024 incluyó en otro proceso a otros 14 empresarios bananeros, por haber entregado $ 33.000 millones a paramilitares.
En 2019, varios de los acusados apelaron la resolución de acusación y solicitaron la preclusión de la investigación, como muestra Nicolás Sánchez en Vorágine [6]. En ese año, el vicefiscal Jaime Camacho precluyó la investigación de dos de los acusados y revocó la decisión de primera instancia, de la Fiscalía de compulsar copias para investigar a alcaldes y gobernadores de la región, por su omisión en la vigilancia de las acciones de las Convivir. Este paso duró un año.
En adelante, el proceso en la Fiscalía ha pasado por el cambio de Fiscales, de jueces, de solicitudes de nulidad por parte de la defensa de los acusados.
Aunque una de las decisiones de la Fiscalía fue declarar la financiación de los paramilitares en Urabá, como un delito de lesa humanidad, existe el riesgo de prescripción del caso. Esto podría darse en septiembre de 2025.
El cálculo radica en que la pena posible para los implicados en el proceso podría ser de hasta 12 años de cárcel. Como la resolución de acusación quedó en firme el 17 de septiembre de 2019, esto según personas expertas implica que la prescripción se daría el 17 de septiembre de 2025.
Este concepto se apoya en sentencia, de septiembre de 2023, de la Corte Suprema de Justicia, referida a un caso diferente, donde se señala con respecto a los delitos imprescriptibles, que los términos prescriptivos, de la etapa de investigación, como de juzgamiento, entran en vigor a partir del momento en que el investigado es “identificado, individualizado y debidamente vinculado al proceso respectivo”.
Aunque la defensa de los acusados niega la estrategia dilatoria para llegar a la prescripción, la reiterada petición de pruebas ya solicitadas muestra la estratagema. Al proceso fueron vinculados como testigos los expresidentes Gaviria y Samper, la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, el Exministro Rafael Pardo y omitieron vincular a Álvaro Uribe, no obstante haber sido el impulsor de las Convivir, en su paso por la Gobernación de Antioquia.
A pesar de las solicitudes periodísticas al juzgado para conocer el expediente, la Jueza Diana Lucía Monsalve Hernández las ha negado con celeridad y en forma reiterada.
A pesar de las tutelas con fallos a favor del Portal Vorágine, las firmas de abogados Prías Cadavid y Riveros Barragán, representantes de los empresarios bananeros, impugnaron los fallos ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que lo hizo la Jueza.
La desigualdad en representación jurídica es notable: cinco abogados de los empresarios, entre quienes se encuentra Jaime Lombana, dilatan y entorpecen el proceso con la presentación de pruebas y el llamado a más de 50 testigos.
Chiquita Brands y Banacol contratan a diversos expertos para posicionar historias deformadas del conflicto, promueven omisiones que contradicen sentencias. Entre estos personajes están, Jorge Restrepo, Profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto (Cerac), quien fue contratado por Chiquita Brands, lo mismo que el periodista de Revista Cambio, Yohir Akerman, quienes presentaron sus informes ante el tribunal en Estados Unidos.
El papel de Restrepo fue intentar minimizar el universo de crímenes adjudicados a las AUC, en aras de llevar al juez Kenneth Marra a concluir que los informes del Cinep, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de los jueces y fiscales de Justicia y Paz y de la Comisión de la Verdad eran inflados e imprecisos. Por su parte, Akerman y su socio, Andrés Otero Leongomez, se centraron en plantear que los empresarios desconocían los nexos de las Convivir con los paramilitares. Además, que las declaraciones de los paramilitares eran montajes que buscaban rebaja de penas.
No obstante, el Juez Marra rechazó a tres de 11 peritos recusados. Entre ellos, a Otero Leongomez, al considerar el juez que el testigo carecía de interacciones personales con los antiguos miembros de las AUC. y a la copresidenta del Centro de derechos Humanos de Duke, Robin Kirk, al no haber presentado un reporte de experta.
Entre los abogados de las víctimas están profesionales del colectivo José Alvear Restrepo, como Sebastián Escobar. A la vez que señala la declaración de responsabilidad civil y no penal, por parte de la Corte del Distrito Sur de Florida, cuestiona que el proceso no avance en Colombia.
En el país, el proceso ha sido asumido como concierto para delinquir, sin profundizar en las acciones paramilitares, en el marco de la financiación.
Como muestra la Agencia Colprensa, a través de El colombiano [7], los directivos que se encuentran en la etapa de juicio son: Charles Dennis, gerente de Banadex entre 1990 y 2000. Reinaldo Elías Escobar, miembro de junta directiva entre 1995 y 1998. Víctor Julio Buitrago, jefe de seguridad de Banadex. John Paul Olivo, contralor de Banadex entre 1996 y 2001. Y Fuad Albero Giacoman. También, José Luís Valverde, Gerente de Banadex entre 2000 y 2002. Álvaro Acevedo González, gerente de Banadex S.A., Víctor Manuel Henríquez, Presidente ejecutivo de Banacol. Jorge Alberto Cadavid, Vicepresidente financiero de C.I. Banacol y Javier Ochoa Velásquez, Gerente de Producción de Banacol.
En el juicio que se adelanta ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Antioquia, la Fiscalía pide condenar a los empresarios bananeros. Refuta que fueran extorsionados, o que no supieran de la relación entre las convivir y el paramilitarismo. El contexto de masacres de trabajadores realizadas por paramilitares, el enfrentamiento armado con la guerrilla y los atentados con bombas en hoteles no podía ser indiferente para nadie en Urabá. También, era conocido el doble papel de Raúl Hasbún como empresario y comandante paramilitar.
Igualmente, la destinación de los tres centavos de dólar, por caja de banano, para las Convivir, el ejército y los paramilitares fue voluntaria y concertada desde 1997; no fue producto de extorsión.
Sin embargo, el proceso es altamente probable que termine prescribiendo, como lo plantea Noticias Uno [8], en beneficio de los intereses de los empresarios y en detrimento del derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, dado que el tiempo no alcanza. El Juzgado programó una sesión semanal del juicio oral, entre las 8.30 AM y las 12 M., aduciendo otras actividades con personas privadas de la libertad. Además, como ya se ha dicho, el Despacho es permisivo en la redundancia de testimonios, lo que incide en la prolongación irracional del proceso.
Como bien lo manifiesta Helber Noguera en Razón Pública [9], el caso de Chiquita Brands plantea la necesidad de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en el seno de la ONU, así como incorporar su contenido en la legislación interna del país.
Fuentes:
[1] Especial Vorágine. Chiquita Republic: el juicio histórico contra bananeros por financiación del paramilitarismo. Portal Vorágine. Febrero 17 de 2025.https://voragine.co/noticias-especiales/chiquita-republic/
[2] Centro Nacional de Memoria Histórica. Informe Número 13. Así se gestó el fenómeno paramilitar en el Urabá Antioqueño, Sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién. Septiembre 20 de 2022. [3] Rutas del Conflicto. Lo que hay que saber para comprender el conflicto en el Urabá. Marzo 10 de 2019.https://rutasdelconflicto.com/notas/lo-hay-saber-comprender-el-conflicto-el-uraba
[4] Medios. Comisión Intereclesial de Justicia Y Paz. Las confesiones de Hasbún. Octubre 6 de 2008.https://www.justiciaypazcolombia.com/las-confesiones-de-hasbun/
[5] Noticias Uno. Bananeros que según Chiquita financiaron en Bloque Bananero, dice que solo pagaron extorsiones. Marzo 29 de 2025. [6] Sánchez Nicolás. Proceso contra directivos de Chiquita Brands: en riesgo de prescribir. Vorágine. Mayo 19 de 2024.https://voragine.co/informe/proceso-contra-directivos-de-chiquita-brands-en-riesgo-de-prescribir/
[7] Colprensa. Caso Chiquita Brands, en riesgo de prescribir en Colombia. El Colombiano. Junio 16 de 2024. [8] Noticias Uno. Fiscalía pide condenar a empresarios bananeros, pero el tiempo ya no alcanzaría | Noticias UNO. Marzo 16 de 2025. [9] Noguera Sánchez Helber A. Fallo contra Chiquita Brands: valioso pero insuficiente. Razón Pública.https://razonpublica.com/fallo-chiquita-brands-valioso-insuficiente/
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: CNN en Español
Deja un comentario