Chocó se convirtió en departamento en 1947. Desde entonces y a pesar de su enorme riqueza natural, ha subsistido entre la pobreza, el abandono, la represión, la burla y el saqueo por parte de los gobiernos locales y nacionales. A esa persistente coyuntura se suman narcotráfico, minería ilegal, conflicto armado, paramilitarismo y neoparamilitarismo, corrupción y todas las consecuencias que se derivan y que llevan a concluir que la paz no está a la vuelta de la esquina, que la cesación del conflicto armado no implica el conjuro del conflicto social si a la par no se modifican las arcaicas estructuras del inequitativo y excluyente Estado colombiano. No importa silenciar las armas si los saqueadores y corruptos continúan haciendo de las suyas en nombre de la democracia; pero, más grave aún, si los pobladores continúan eligiendo a sus propios verdugos en nombre de la democracia.
La respuesta gubernamental no puede ser la represión abierta, como en 1967; en aquella ocasión, Filiberto Córdoba, Francisco Cuesta y Luis Tercero Lemus, fueron asesinados por la policía, mientras otros manifestantes terminaron encarcelados, heridos, y hasta procesados en consejos de guerra.
Tampoco puede ser la represión soterrada, como en 1987, cuando Euclides Blandón García, conocido como Kunta Kinte fue encarcelado por violar el toque de queda durante las protestas de mayo de ese año y posteriormente, en 1991, cuando se movilizaba por la vía que conduce de Cali a Buenaventura, víctima del crimen internacional de desaparición forzada.
En todas las protestas, las reivindicaciones sociales han sido las mismas, aunque actualizadas y potenciadas: acueducto y alcantarillado, infraestructura deportiva y recreacional; empleo, salud, redes eléctricas; construcción de vías especialmente los tramos Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira y estudios de navegabilidad del río Atrato; régimen con enfoque diferencial para la refinanciación, organización y funcionamiento de la Universidad Tecnológica del Choco “Diego Luis Córdoba”; pago de los pasivos del Hospital San Francisco de Asís, creación de una nueva Empresa Social del Estado, construcción de un hospital de tercer nivel, etc.
De acuerdo con el documento “Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2016” realizado por el DANE, “la ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2016 fue Quibdó con 49,2%, seguida por Riohacha con 45,5% y Valledupar con 35,5%”.
Y según el estudio “Caracterización Regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Chocó”, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia y del Derecho (MJD) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[1], “de los 30 municipios en los que está dividido administrativamente el departamento de Chocó, en 27 se han identificado cultivos de coca durante la serie histórica 2001 y 2013. Los municipios que han presentado las mayores áreas promedio de cultivo durante este periodo son Istmina, el Alto, Medio y Bajo Baudó, Nóvita y Sipí”.
A 31 de diciembre de 2013 el área cultivada en coca era de 1.661hectáreas, equivalente a una producción potencial de hoja de coca fresca de 6.763 toneladas.
La investigación conjunta del MJD y la UNODC considera, entre otras problemáticas, que “la deforestación acumulada durante el periodo 2001 – 2012 en Chocó, directamente atribuible a la producción de cultivos de coca es de 4.801 hectáreas. De éstas, la pérdida acumulada de bosque primario asciende a 3.588 hectáreas y a 1.213 hectáreas de bosque secundario”; que “sólo el 27% del territorio cuenta con acceso a vías terrestres, en un radio de por lo menos 15 kilómetros” circunstancia que “puede limitar de manera sensible las posibilidades de desplazamiento de la población para el acceso a bienes y servicios de diferente índole”; que “la zona con mayor intensidad de conflicto se encuentra en el centro del departamento, coincidiendo con la principal región productora de coca y con la zona de mayor registro de huellas mineras a cielo abierto que se registraron en los sobrevuelos sobre la zona de influencia de coca. Esta región se encuentra principalmente bajo el control del ELN, aunque en algunos sectores existe control por parte de las FARC”; y cómo “núcleos permanentes de cultivos de coca desde el año 2003 están desapareciendo y dando paso a otra actividad ilegal, que avanza rápidamente a lo largo de los principales ríos del territorio, dejando a su paso impactos negativos de orden social, ambiental, cultural y de seguridad territorial. Dicha actividad se perfila como fuente productiva de financiamiento de actores armados ilegales y la delincuencia organizada”.
La situación anterior se agrava si se tiene en cuenta “la dependencia de la población chocoana con la minería ilegal” circunstancia que “impide que las autoridades locales puedan ejercer un efectivo control de esta práctica generalizada en el departamento”. Conforme al Censo Minero del Ministerio de Minas y Energía, citado por el MJD-UNODC, “tan sólo el 0.8% de las unidades de producción mineras censadas, cuentan con título, frente a un 99.2% que no lo tienen. El 96% de estas unidades de producción censadas están relacionadas con la extracción de oro (Ministerio de Minas y Energía, 2010-2011)”.
En medio de ese panorama de ilegalidad, en cuyo centro los actores armados del conflicto se han disputado y se disputan el control territorial y las ganancias que tal escenario genera, la clase política regional y nacional no se ha quedado atrás.
Casos como el de Jorge Tadeo Lozano Osorio (Movimiento Liberal Popular), senador durante 4 períodos y condenado a 19 años de prisión por corrupción; o el del exgobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca (Partido de la U) y su hermano el exrepresentante Odín Sánchez Montes de Oca (Partido de la U), condenados respectivamente a 18 meses de prisión por irregularidades en la contratación en salud durante su paso por la alcaldía de Quibdó, y, 108 meses de prisión por sus nexos con el paramilitar Freddy Rendón Herrera alias “El Alemán”; o el del excongresista Edgar Ulises Torres (Cambio Radical), también condenado a 9 años de cárcel por su alianza con paramilitares del “Bloque Elmer Cárdenas”, confirman que en medio de la tragedia del pueblo chocoano, los honorables saqueadores oficiales no tienen escrúpulos y cual aves de carroña se abalanzan sobre los cuerpos agonizantes dispuestos a arrebatarles las entrañas.
Resulta justo que los pobladores de Chocó levanten sus voces de protesta frente al abandono del poder central, aunque es incomprensible avivar esa dependencia por la vía de exigir más “atención”. Si aceptamos que territorios como Chocó, La Guajira, San Andrés y Providencia, Tumaco, Buenaventura, y en general las antiguas intendencias y Comisarias son regiones olvidadas del poder central, reafirmamos el pernicioso y todopoderoso centralismo que ha gobernado en el país como método eficaz para doblegar, política y presupuestalmente, las provincias. Es una farsa decir que los gobernadores “gobiernan” en sus departamentos, o que estos tienen en “sus” senadores y representantes a la Cámara, los voceros de sus intereses locales. Unos y otros, gobernadores y congresistas, son simples fichas del pintoresco ajedrez de la politiquería nacional: indudablemente entre los tradicionales caciques y gamonales unos se creen reyes, otras se sienten reinas; algunos se auto califican de alfiles, pero no pasan, todos, de simples peones y rocinantes, cabalgando en medio de la inmoralidad, la corrupción y la mezquindad.
El poder central que emana de la Plaza de Bolívar de Bogotá decide quién será gobernador o alcalde y en dónde, a través de los avales que otorgan los dueños de los partidos políticos. Y si no que lo diga el dueño de Cambio Radical, con los avales otorgados a los exgobernadores de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez y a su reemplazo Oneida Pinto; y al suspendido gobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuellar.
El interrogante que surge es ¿por qué las comunidades se rebelan para exigir más recursos y más atención del gobierno nacional pero no se han levantado en contra de los corruptos y saqueadores locales que han desangrado el departamento?, ¿por qué eligen, una y otra vez, a los mismos clanes familiares que los han esquilmado, una y otra vez?
La actual confrontación entre el ELN y las nuevas bandas paramilitares por el territorio chocoano, en últimas, no es el obstáculo para concretar los acuerdos de paz con las FARC que permitan “sentir el posconflicto” en la región. Estos son factores externos y actuales. Los males vienen de atrás, de la cuna en la que nació el departamento en 1947, de quienes fungieron como sus abanderados y benefactores, de quienes se han constituido en la fiel clientela de las empresas electorales del departamento y del país. En tanto ese escenario no se transforme, persistirá el conflicto social y se alejará la quimera de la paz.
José Hilario López Rincón
17 de mayo de 2017
NOTAS
[1] https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/caracterizacion/RE0628JUN2015-choco.pdf
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