Hace dos semanas, el 11 de marzo, la reforma laboral quedó prácticamente hundida en el Senado de la República, cuando ocho congresistas radicaron ponencia negativa. Las reacciones no se hicieron esperar, no sólo porque se trata de una propuesta fundamental para que el gobierno pueda avanzar en la concreción de sus metas sociales, orientadas a recortar la brecha social que hace de Colombia uno de los países más desiguales del mundo; también porque en la decisión de los congresistas que integran la Comisión VII donde se debatía la reforma, se percibe un ataque político más que un debate de juicios y argumentos, y la incapacidad de reconocer que las condiciones laborales del pueblo colombiano distan mucho de ser las mejores.
Una semana después el presidente Petro, quien anunció que llamaría a una Consulta Popular para que el pueblo decida en las urnas el destino de las reformas en curso ante el congreso, llamó a la ciudadanía a salir a las calles y declaró el martes 18 de marzo día cívico en todo el país, medida que no fue respaldada por algunas administraciones locales. Sin embargo, la acogida por parte de sindicatos, colectivos, organizaciones, movimientos estudiantiles, docentes y ciudadanía en general fue rotunda. Lograron llenar varias de las principales plazas del país y en un solo clamor el pueblo movilizado le exigió al congreso sensibilidad, responsabilidad y que legisle en favor de la gente, facilitando la consolidación de cambios urgentes que la nación demanda desde hace décadas.
Desde la Plaza de Bolívar, el mandatario reprochó a los senadores y senadoras que discuten el futuro de la reforma laboral, que podría hundirse gracias a la ponencia negativa presentada por ocho congresistas. “De acuerdo con el jefe de Estado, la ciudadanía decidirá sobre la aprobación o el rechazo de las iniciativas, y, teniendo en cuenta que los legisladores son elegidos por voto popular, estos deberían escuchar a la población y dar luz verde a las iniciativas si así lo consideran los colombianos votantes. De lo contrario, no estarían representando las necesidades e intereses a sus electores y, por ende, deberían abandonar sus curules en el Congreso”[1].
De inmediato, una comitiva parlamentaria, encabezada por el presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda,[2] y de la que hacían parte los miembros de la Comisión que se propuso hundir la reforma, viajó a Washington para denunciar que, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro se habían convertido en blanco de ataques y presiones por votar en contra de sus reformas sociales. En concreto, denunciaron ante la CIDH al presidente por lo que califican “discursos de odio y amenazas contra la oposición política”, lo responsabilizaron por el deterioro del sistema de salud (como si deteriorado y la quiebra no vinieran de años atrás) y lanzaron una alerta internacional sobre supuestos riesgos para la democracia; lo que además de irresponsable y peligroso para la estabilidad nacional, provoca estigmas que potencian la polarización, el miedo y la desconfianza en las institucionalidad que hoy opera con normalidad y dentro de los cauces democráticos.
En el documento de solicitud de medidas cautelares “en favor de los miembros de la Comisión VII del Senado de Colombia”, por lo que llaman “amenazas del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro”, se menciona una supuesta situación de extrema gravedad y urgencia “que enfrentan los congresistas que han decidido no apoyar las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Colombia”. Y como fundamento de esta inusual petición hacen una descripción de una supuesta “situación de riesgo”. Siguiendo un orden cronológico en su relato indican que el 13 de febrero de 2023, ya hace dos años, el Gobierno Nacional a través de la exministra de salud, Carolina Corcho, radicó la denominada Reforma a la Salud, identificada con el número de proyecto de ley 216 de 2023 en Senado y 330 de 2023 en Cámara, “por medio del cual se transforma el sistema de salud”. Y luego añadieron: “Dicho proyecto de Ley fue aprobado en cámara donde surtió dos debates en medio de numerosos escándalos de corrupción”. Esta afirmación que parece elemental es compleja porque no es clara y daría a entender que la corrupción se asocia al proyecto o al proceso de aprobación, lo cual es totalmente falso. Los escándalos de corrupción que se revelaron por aquellos días tenían relación justamente con la incapacidad del Estado para ejercer veeduría de los recursos, al tener un sistema de prestación atravesado por la mediación de particulares, como son las EPS (algunas financiadoras de campañas políticas). Entonces ¿dónde está la corrupción?
Hablan en su petición a la CIDH de vulneración de derechos políticos, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, y presentan trinos como prueba y el discurso que el presidente pronunció en relación con el “hundimiento” de la reforma laboral. La Corte IDH, seguramente se tomará su tiempo para evaluar las tres quejas puntuales contra el presidente Petro por presuntas presiones al Legislativo, y con base en su investigación y valoración probatoria, deberá decidir sobre la pertinencia y viabilidad de la denuncia, antes de emitir un concepto de fondo y dar trámite a la misma.
Petro, por su parte recordó que en la Convención Americana “no hay un artículo que hable de giros verbales (…). Y menos cuando se prescribe en dicha convención, es el derecho a la expresión y el pensamiento y el derecho político fundamental de participación del pueblo en las decisiones”. Y sobre la visita a Estados Unidos por parte de los congresistas, dijo: “Con EEUU habrá una buena relación de tú a tú, respetándose entre las partes. No se necesitan Cipayos”.
De regresó al país, los congresistas dieron un balance “exitoso”, al afirmar que habían logrado “estrechar” relaciones con el congreso americano, exponer sus quejas -o lamentos-, reunirse con los parlamentarios estadounidenses Mario Díaz-Balart, del Partido Republicano, y Henry Cuellar, del Partido Demócrata, concretar una visita de auscultación al país en agosto próximo y supuestamente fortalecer los lazos entre ambos países.
El político y empresario, Efraín Cepeda dijo que se habían discutido varios temas bilaterales: “la migración, el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la relación comercial Colombia-Estados Unidos, y las conclusiones son importantes. Se reactiva la comisión por Colombia de la Cámara de Representantes, y acaba de señalar Mario Díaz-Balart que el Congreso de Colombia tiene todo el respaldo del Congreso de Estados Unidos”.
Ya el tiempo dirá si las rodilleras les fueron de utilidad, pero por ahora no deja de ser llamativo cómo ciertos gobiernos y funcionarios de Estado han asumido posiciones diametralmente opuestas en relación con la política exterior, que, vociferando, amenazando e intimidando, viene ejecutando el presidente Trump. Hay posiciones que piden un trato entre iguales -no de amos y cipayos- respeto a la soberanía y a la dignidad de los pueblos, simetría en acuerdos comerciales, defensa de los derechos humanos y políticas internacionales que respondan a los grandes desafíos que hoy enfrentamos como humanidad: contaminación ambiental, cambio climático y deterioro en las democracias, entre otros.
En este segmento se encuentran el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la mandataria de México, Claudia Sheinbaum o el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien ha dicho que Trump quiere que la economía de su país colapse para anexionarlos, pero “eso nunca va a suceder. Nunca seremos el estado número 51″, dijo. También funcionarios de Dinamarca se han levantado ante las ansias imperialistas del mandatario gringo, como la primera ministra, Mette Frederiksen, quien ha descartado la amenaza de que Estados Unidos podría usar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, y recientemente rechazó el anuncio de visita sin invitación que hizo una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por Usha Vance, esposa del vicepresidente JD Vance, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, y el secretario de Energía, Chris Wright a la isla, territorio semiautónomo danés. Otros líderes políticos de Alemania, Francia y Polonia han rechazado las amenazas de Trump. China también. Pero contrario a ellos, hay quienes consideran que se debe bajar la cabeza, entender la realidad geopolítica de potencias y países sometidos, y aceptar todas las imposiciones del imperio (hablar de amistad con la boca llena, cuando se sabe que en relaciones de asimetría de poder nunca hay amistad), acatar la expulsión violenta de latinos, la deportación masiva y la violación de tratados internacionales. Entre estos, se encuentran varios legisladores colombianos, como los de la comitiva de la deshonra, quienes además de elevar una queja infundada ante un tribunal internacional, han aprovechado la visita a Estados Unidos para convencer a sus pares sobre un ficticio deterioro democrático en Colombia y plantear temores inconsistentes que ocultan agendas paralelas e intereses indebidos en el ejercicio de la función pública.
Incluso sectores sociales adversos al proyecto político del presidente Petro, han tenido que reconocer que en estos años de gobierno se han garantizado derechos políticos, principios democráticos y una estabilidad financiera: si bien se advierte un déficit fiscal y la existencia de deudas arrastradas de gobiernos anteriores, el país ha retornado a una senda de crecimiento sostenido (según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la economía colombiana creció en un 1,8% en 2024); se mantiene la máquina productiva, la inflación ha estado contenida, el dólar permanece estable y las utilidades se mueven en rangos aceptables.
La estrategia de algunos senadores de oposición, de intentar desprestigiar al gobierno con acusaciones falaces sobre presiones y amenazas indebidas solo confirman que estos han hecho obstruccionismo y el filibusterismo una norma de conducta orientada a obstaculizar los cambios que el país reclama en materia de justicia social y equidad, y a negar el normal trámite de las reformas que deben ser debatidas en el Congreso.
Ante esta realidad, en la que impera la baja condición humana y falta de conciencia de algunos congresistas sobre el deber de avanzar en la construcción de un país más equitativo, el camino para concretar esas transformaciones (que desde hace 90 años, bajo el gobierno reformista de López Pumarejo con la llamada Revolución en Marcha que presentó al país en su discurso de posesión en 1934 diciendo que seguía «el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución»), es como bien lo plantea el gobierno Petro: la voz popular. Sin embargo, este camino para evadir el bloqueo institucional tampoco es sencillo; si bien la consulta es un mecanismo de participación ciudadana regulado por leyes estatuarias, el trámite es complejo y riesgoso.
La Consulta Popular
El presidente debe tramitar la petición de manera formal, hacer las preguntas (cerradas) y justificar la trascendencia nacional de los temas que motivan la consulta ante el Senado. Si el concepto es favorable se llamará a las urnas en los próximos cuatro meses. Pero para que el resultado sea vinculante se debe contar con la participación de la tercera parte del censo electoral vigente, es decir poco más de 13 millones de votantes, y debe ser aprobado por la mitad de los votos más uno. Algunos analistas piensan que otro mecanismo viable, aunque no menos complejo, es el referendo aprobatorio de origen ciudadano o de autoridad pública; en el que la solicitud también la hace el jefe de Estado, avalada por los ministros, y es el Congreso quien aprueba vía ley la iniciativa para que la ciudadanía se pronuncie.
Las vías alternas son el recurso que corresponde ante el saboteo a la política del mandatario. Es claro que el Congreso utiliza -y seguirá haciéndolo- su función legislativa para minar la credibilidad del mandatario y frenar la implementación de un programa votado por más 11 millones de ciudadanos. Pero además de los complejos mecanismos de participación que establece nuestra carta política, es fundamental entender la urgencia y trascendencia de los proyectos de reforma.
Sobre la reforma a la salud
Esta iniciativa busca mejorar el sistema de salud, hacerlo más incluyente y garantizar un manejo transparente y autosuficiente de los recursos, para que estos lleguen de forma directa a las clínicas y los hospitales. La propuesta suprime la mediación financiera de las EPS, pero no las desaparece, las transforma en redes prestadoras. Esta posibilidad no gusta a sus dueños (políticos, empresarios, incluso una de ellas (Sura) es o fue propiedad del Grupo Empresarial antioqueño –GEA—) porque el negocio de la salud ha hecho millonarias a contadas familias que obviamente no quieren renunciar a su lucrativo negocio; y para mantenerlo han financiado candidaturas al Congreso y partidos políticos. En 2024 se supo que varios parlamentarios habían recibido el respaldo de diversas entidades de salud, entre quienes se encontraban cinco de los congresistas que suscribieron la ponencia para archivar la reforma a la salud. ¿No habría allí un choque evidente y necesidad de declararse impedidos por conflicto de intereses?
“…varios congresistas colombianos fueron financiados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y trabajan en contra de una reforma integral al sistema de salud presentada por el Gobierno nacional, que podría afectar a estas entidades. Esta revelación suscitó un intenso debate sobre la influencia del dinero en la política y la integridad de los legisladores. Cinco de los ocho autores principales que impulsan el hundimiento de la reforma de salud, la cual estaba destinada a reformar profundamente el sistema y limitar el poder de las EPS, tienen estrechos lazos con estas entidades. Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Berenice Bedoya, de ASÍ; Jota Pe Hernández, del Partido Alianza Verde; Alirio Barrera y Honorio Enríquez, del Centro Democrático; y Norma Hurtado, de la U, son los protagonistas de esta controversia. De acuerdo con un informe especial de Noticias Uno, en la revisión de los registros oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el aplicativo de ‘Cuentas Claras’, se confirmó que estos congresistas recibieron aportes económicos de las EPS durante sus campañas electorales.
El Centro Democrático, en particular, fue señalado por su estrecha relación con las EPS. Según los registros, este partido recibió tres aportes significativos que suman 302 millones de pesos por parte del Grupo Bolívar, que controla sus propias EPS e IPS. Además, el grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas, ColSanitas y MediSanitas, contribuyó con 35 millones de pesos al partido en 2022”[3].
Es decir que legislan para favorecer los intereses monetarios de quienes los financian, no para asegurarse que el pueblo colombiano goce de sus derechos fundamentales, como son la salud, educación de calidad y plenas garantías laborales (salarios dignos, prestaciones, seguridad social, formación, descanso, derecho a la negociación colectiva, recargos nocturnos y festivos, entre otros…).
La idea de reformar el sistema de Salud no es arbitraria; se propone porque hay una crisis en su funcionamiento y en el manejo de sus recursos, porque millones de colombianos no reciben sus medicamentos, porque mueren por falta de atención, porque no tienen acceso al sistema. En Colombia hay más de 600 municipios que no cuentan con servicio de salud ni atención médica básica en zonas rurales, y en por lo menos 300 ni siquiera se cuenta con salas de parto. Las largas filas de personas, incluso adultos mayores, para solicitar los medicamentos de los que depende su salud y su vida, no empezaron con el gobierno Petro, ha sido una constante durante años. Lo novedoso, (que a lo mejor ni lo es), es la confirmación de que medicamentos de alta demanda se ocultan y niegan de manera intencional a los usuarios. Por el delito de acaparamiento, el Ministerio de Salud denunció penalmente al representante legal y a directivos de Audifarma, pues en una auditoría realizada el pasado 21 de marzo se encontraron 6.116 unidades de medicamentos de alta demanda, almacenados en un depósito, “sin intención de ser distribuidas” o “entregadas a los usuarios”.
La Superintendencia Nacional de Salud indicó que, de los medicamentos de alta demanda, ocho contaban con suficientes existencias. Se hallaron 113.000 unidades de insulina guardadas. Esto es criminal. La retención de los medicamentos genera un grave impacto a la salud pública, y frena tratamientos indispensables para enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemias, convulsiones y trastornos endocrinos, tal y como se documentó en la denuncia[4].
El derecho fundamental a la salud no se garantiza en condiciones de justicia y universalidad a toda la población. ¿Hay necesidad de una reforma? ¡Por supuesto que la hay! Y esa es una de las principales apuestas sociales del actual gobierno, comprometido con su política de defensa de la vida.
Reforma laboral
Cuando se reconoce que Colombia es uno de los países con peores condiciones laborales del mundo, es porque algo exige ser mejorado. Según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sus principales problemas se refieren a la informalidad laboral, el desempleo, la discriminación e inestabilidad laboral, la brecha salarial, los sesgos contra mujeres y jóvenes y ausencia de derechos sindicales y de organización.
En 2023, por ejemplo, el Índice Global emitió la lista de los peores países del mundo para los trabajadores, y Colombia ocupaba el cuarto lugar. “La metodología de calificación de este índice incluye a un total de 148 países que fueron calificados en una escala de 1 a 5+ basada en el grado de respeto a los derechos de los trabajadores, siendo 1 la mejor calificación y 5+ la peor. La calificación de Colombia fue de 5-[5]. …Cada año calificamos a los países en función de su cumplimiento de los derechos laborales, colectivos y documentamos las violaciones, por parte de los gobiernos y los empleadores, de los derechos reconocidos internacionalmente, precisó el informe”[6].
Algunas propuestas de modificación
La iniciativa de reforma laboral se presentó ante el Congreso de la República el 16 de marzo de 2023, luego de un proceso de diálogo tripartito con gremios y organizaciones sindicales. Esta reforma propone cambios al Código Sustantivo del Trabajo en aspectos como: la contratación laboral, la jornada laboral, los recargos nocturnos y dominicales (suprimidos por la a ley 789 de 2002 de Álvaro Uribe), la equidad de género, entre otros. En definitiva, busca mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras.
“Según Felipe Ortega Escobar, abogado especializado en derecho laboral y seguridad social “estos cambios son necesarios para adaptar la legislación laboral a las nuevas realidades del mercado y garantizar una mayor protección a los trabajadores”[7].
Modificación de los contratos a término fijo, reduciendo el tiempo máximo de duración de los contratos a término fijo y limitando el número de renovaciones a un máximo de tres. Esta medida busca evitar la precariedad laboral y fomentar contratos más estables.
Aumento de la indemnización por causa de despido injustificado (acorde el tipo de contrato). Además, la decisión de terminación debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando los principios de dignidad del trabajador, presunción de inocencia, derecho a la defensa y contradicción de las pruebas.
Jornada laboral y causación de recargos: Se reconoce salarialmente la jornada nocturna de 6:00 pm a 6:00 am y los recargos del 100%. en días festivos y domingos.
Garantías laborales para madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles en todo el país. “Con el articulado alrededor de 60,000 madres comunitarias tendrán empleos formales. Esto significa contratos de trabajo con todos los beneficios laborales, como el pago de seguridad social, licencias por maternidad y paternidad, y medidas para garantizar su seguridad y salud en el trabajo. Además, las madres comunitarias serán empleadas directamente por el ICBF sin intermediarios. Se le brindará más estabilidad como trabajadoras formales de una entidad pública. “Las madres comunitarias, trabajadores de hogares infantiles y madres sustitutas son fundamentales para el cuidado de nuestros niños y niñas. Con esta reforma, estamos reconociendo y valorando su increíble labor, dándoles las garantías laborales que siempre han merecido”, afirmó Astrid Cáceres, directora general del ICBF”[8].
El llamado a una consulta popular, por tanto, aún en un ambiente preelectoral, donde también se medirá la fuerza política del proyecto de gobierno, es vital, arriesgado, sí, pero necesario si se quiere materializar esa agenda de cambio que el pueblo voto mayoritariamente el 19 de junio de 2022, para lograr una Colombia más justa y equitativa, que mejore sustancialmente las dramáticas condiciones de vida que padece la población más vulnerable, que no es poca.
El llamado a la calle no es a enfrentar el Congreso, es a conquistar derechos.
________________________
[1] Infobae; “Petro lanzó “amenaza” contra senadores por posible hundimiento de sus reformas: “El pueblo lo sacará del Congreso”. Bogotá, 18 de marzo de 2025. Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2025/03/18/petro-lanzo-amenaza-contra-senadores-por-posible-hundimiento-de-sus-reformas-el-pueblo-lo-sacara-del-congreso/
[2] Los congresistas que firmaron la ponencia negativa en Senado, fueron: Alirio Barrera y Honorio Henríquez, (del Centro Democrático), Esperanza Andrade y Nadia Blel (del Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (del Partido Liberal), Berenice Bedoya (del ASI), Ana Paola Agudelo (del Mira) y Lorena Ríos (de Justa Libres).
[3] Infobae; Congresistas, al parecer, financiados por EPS, están en el ojo del huracán: Katherine Miranda se pronunció”. Bogotá, 18 de marzo de 2024.
Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2024/03/19/congresistas-al-parecer-financiados-por-eps-estan-en-el-ojo-del-huracan-katherine-miranda-se-pronuncio/
[4] Radio Nacional; “MinSalud anunció demanda contra Audifarma por acaparamiento de medicamentos”. Bogotá, miércoles 26 de marzo de 2025.
Ver en: https://www.radionacional.co/actualidad/salud/minsalud-denuncia-audifarma-que-dice
[5] Infobae; “Colombia, el cuarto peor país para los trabajadores y el primero en letalidad a nivel mundial”. Bogotá, marzo de 2023. https://www.infobae.com/colombia/2023/03/30/por-que-colombia-es-uno-de-los-peores-paises-para-los-trabajadores-es-el-primero-en-letalidad-a-nivel-mundial/
[6] Op. Cit
[7] Softland; Todo lo que debes saber sobre la reforma laboral en Colombia”
[8] ICBF Ver en https://www.icbf.gov.co/noticias/reforma-laboral-abre-las-puertas-la-formalizacion-de-60-mil-madres-comunitarias
Maureén Maya
Foto tomada de: Noticiero 90 Minutos
Deja un comentario