Donadío señala que la falta de adecuadas ayudas económicas durante la pandemia a los colombianos más necesitados es otra modalidad de violencia estatal, además de los muertos por la policía en las refriegas callejeras. Me parece que esta es una idea muy interesante que podría además ampliarse a los períodos de “normalidad”, es decir, sin la existencia de la pandemia. En un Estado social de derecho, en una república democrática con una constitución llena de derechos económicos, sociales y políticos, es violencia del Estado no garantizar a la población unas condiciones mínimas de subsistencia. Se trataría en este caso de violencia por omisión.
Los datos recientes del DANE[2] sobre pobreza en 2019 muestran que 17,4 millones de personas ganan menos de $326.674 mensuales ($1.310.696 para una familia de 4 personas), lo cual no permiten que puedan adquirir una canasta básica de bienes y servicios, pero además cerca de 5 millones ganan menos de $137.350 ($549.400 para una familia de 4 personas) y no pueden siquiera conseguir la canasta básica de alimentos para garantizar una mínima nutrición. Estos datos son anteriores a la pandemia. Esto es una forma de violencia permanente sobre la población.
Esto puede asociarse al concepto del estado de cosas inconstitucional[3]. “La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos”. En Colombia no se garantiza, por ejemplo, el derecho a un trabajo digno o a una vivienda digna, para no mencionar sino estos dos, a millones de personas. Tampoco se garantiza un ingreso mínimo a la tercera parte de los colombianos según las recientes cifras del DANE sobre pobreza. Acogiendo la noción de Donadío esto es violencia sobre millones de personas que no pueden tener la vida digna que la propia Constitución les ofrece.
El otro tema que me parece relevante en el artículo de Donadio tiene que ver con el papel jugado por el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá. Sobre el gobierno de Duque no podía esperarse mucho, es un gobierno claramente al servicio de los capitalistas, especialmente de los capitalistas financieros y toda su estrategia consistió en evitar que los más ricos asumieran la mayor parte del costo social de la pandemia. Por el contrario, hizo lo posible para favorecerlos.
Pero ¿podría haber hecho más el gobierno distrital? ¿Podría haber adecuado su presupuesto para establecer subsidios mayores a los trabajadores más afectados por la pandemia? ¿Tenía facultades legales? Usualmente los gobiernos locales señalan que tienen pocas competencias legales para actuar en asuntos relativos a los ingresos y las actividades económicas, pero aún así tienen algunas facultades que les permitirían hacer un mejor esfuerzo, especialmente en las ciudades con mayor capacidad fiscal.
Por ejemplo, en Bogotá se podrían tomar medidas como las siguientes: a) Aumentar el impuesto predial a los más ricos y el de industria y comercio a las empresas que siguieron obteniendo ganancias, especialmente a las más grandes; b) destinar la casi totalidad de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local (cerca de $900.000 millones anuales) a subsidios al ingreso; c) Captar más recursos del desarrollo urbanístico; d) Reorientar partidas presupuestales; e) Gestionar con el gobierno nacional y los congresista de Bogotá una sobretasa al impuesto a la renta. Aún con las limitaciones legales es mucho más lo que se hubiera podido hacer. Y todo esto debería haberlo hecho en la perspectiva de un ingreso básico permanente para la población en peores condiciones de ingreso.
En 2019 las 1.000 empresas más grandes del país obtuvieron ganancias de $69 billones de pesos (Superintendencia de Sociedades) y las entidades financieras de $21 billones (Superintendencia Financiera). De estos 90 billones podría crearse un impuesto adicional por ejemplo de apenas 5% que le daría a Bogotá $4,5 billones anuales. Sumando esto a otras fuentes locales podría darse un subsidio permanente a la población pobre y vulnerable de la ciudad.
La clase baja en Bogotá según el DANE está conformada por 3.6 millones de personas que representan el 44,1% del total, dividida en pobres 2,2 millones y vulnerables 1,4 millones. El ingreso básico por persona para garantizar la canasta básica es $327.674 mensualmente, suponiendo que se garantizara a cada persona la mitad de esta canasta daría un total mensual de cerca de $600 mil millones y $7,2 billones anuales, una cifra que con un poco de tributación progesiva y voluntad redistributiva se podría conseguir.
Sin embargo Claudia López y su gobierno no promueven una política redistributiva de fondo. Bogotá es después de Riohacha y Quibdó la ciudad con mayor desigualdad según el índice de GINI medido por el DANE. Pero el plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” no tiene metas de reducción de la desigualdad ni metas ambiciosas en materia de garantía de ingresos a la población más pobre.
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[1] https://www.elespectador.com/opinion/claudia-lopez-no-es-salvador-allende/
[2] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2019
[3] (https://www.asuntoslegales.com.co/opinion/estado-de-cosas-inconstitucionales-2161966).
Alberto Maldonado Copello
Foto tomada de: Caracol Radio
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