¿Coalición sin mayorías o mayorías sin coalición?

El sistema de coalición mayoritaria para gobernar, que funcionó durante los últimos veinte años – los de Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, incluso los primeros seis meses del actual gobierno – ha entrado en crisis y para no darle más vueltas al asunto, en una crisis de existencia. Patentada por cierto en el acta de defunción que le extendiera el presidente de la República, cansado como estaba de que ella no le fuera funcional a su plan de reformas, algo que también ponía de presente el agotamiento del propio mecanismo de una coalición, pensada como fuente de las mayorías, a las que aspira éste y cualquiera otro gobierno, la mira puesta en hacer avanzar su agenda en el Congreso.

Dilema de la ingobernabilidad

Al presidente Petro no le sirven ya los partidos de la coalición, los tradicionales, dicho esto de la manera más prosaica posible. Pero los necesita, así mismo, dichas las cosas de una manera muy pedestre; le son imprescindibles, como las mayorías, indispensables para la aprobación de las leyes.

El jefe de gobierno dejo de tenerlas, al menos es lo que muestran las cifras. La suma del Pacto Histórico, el Partido Verde y Los Comunes, representa aproximadamente un 35% respecto del global de las bancadas. Por tal razón, resulta ineludible el concurso de los partidos Liberal, Conservador y de la U, pertenecientes hasta hace poco a la coalición gubernamental. Se convierten en infaltables, para la construcción de las mayorías parlamentarias. Aunque por otra parte sean retrecheros en el compromiso con la aprobación de algunas reformas, en particular la de la salud.

Con la participación de estas tres colectividades, algunas de las cuales podrían declararse ahora independientes como lo acaba de hacer el partido Conservador, el gobierno consigue las mayorías para hacer progresar la agenda legislativa. Sin dicha participación, en cambio, la marcha de esta última patinaría, y hasta podría frenarse, cualquier cosa es posible en adelante.

Es una limitación que hace surgir un dilema de gobernabilidad en los siguientes términos: el gobierno quiere la aprobación de unos proyectos con un contenido determinado, con ese y no con otro, como es el caso de la reforma a la salud; sin embargo sus aliados en la coalición no le votan favorablemente esos contenidos y más bien le piden modificaciones en los mismos; de manera tal que el gobierno debe admitir esas modificaciones si su voluntad es la de que pasen tales proyectos; pero eso es lo que no quiere por nada del mundo; ahora bien, si insiste en sus líneas rojas, sus mínimos, no recibe la aprobación por parte de sus aliados.

He ahí, entonces, un dilema de gobernabilidad o, lo que es lo mismo, de ingobernabilidad. Esto es: si acepta el gobierno las modificaciones, consigue que la reforma pase en el Congreso, pero ya no es su reforma; y si por otro lado se atrinchera en sus líneas rojas, en sus mínimos, en lo aparentemente innegociable, pues no logra su aprobación. En cualquier caso, su propuesta original, la que representa al poder presidencial, no fluye holgadamente en el órgano legislativo; lo que no es otra cosa que una fragilización de la gobernabilidad.

Esta dimensión de la gobernabilidad supone un trabajo de ensamblaje entre el gobierno y las otras instituciones, como la propia burocracia, las Fuerzas Armadas, las Cortes y el Congreso, a fin de hacer viable la toma de decisiones y su implementación.

El Estado es un universo complejo de centros de decisión, funcional y estructuralmente contemplados en la Constitución, pero a cuya sombra coexisten actores reales, en medio de un equilibrio de poder históricamente determinado.

¿Inestabilidad en los procesos legislativos?

Hoy el Congreso está dividido en múltiples bancadas; es un universo fragmentado en una serie considerable de minorías, incapaces de nuclear, numérica e ideológicamente, una mayoría estable para consolidar un proyecto de reformas progresistas; esa es la nueva realidad.

Ni la oposición, en la que militan el uribismo y Cambio Radical, ni el más fiel bloque gubernamental (el Pacto Histórico, el partido Verde y  los Comunes) garantizan , cada conjunto por su lado, una mayoría confortable; circunstancia por la cual, los tres partidos tradicionales quedan dueños de una proporción de votos, aproximadamente un 35% o algo más, suficiente para completar con otros una mayoría que, por lo visto, se inclinaría  hacia el flanco cubierto por el gobierno y no hacia el de la oposición.

En consecuencia, se impone una cierta reconstitución de la coalición, así sea menos rígida y condicionada, si quienes están en el poder, no solo quieren estarlo, sino además gozar de una gobernabilidad satisfactoria.

Quizá, el presidente promueva la conformación de una coalición más pequeña y por lo tanto más operable, eso sí no necesariamente más estable. O tal vez se decida por la conquista de mayorías sin coalición, con la persuasión al menudeo; pero sin la negociación con los partidos, con sus jefaturas, la conquista de las mayorías será siempre un camino sembrado de incertidumbres.

Lo que entonces queda planteado es el reto de recomponer de alguna forma las mayorías parlamentarias, algo que obligaría a la reelaboración parcial de la agenda legislativa, de sus contenidos, como material de renovados consensos entre las bancadas petristas y los  tres partidos tradicionales; todo ello en un ejercicio de juegos, tipo no “suma cero”, sino  “suma mixta”, en el que ambas partes, petrismo y tradicionalismo, ganen algo, sin pérdidas totales; naturalmente, en beneficio de la gobernabilidad del poder presidencial. De otro modo, si los actores involucrados se atrincheran en sus posiciones, el escenario que se abre es el de una manifiesta inestabilidad en materia de gobernabilidad en las relaciones con el poder legislativo.

Ricardo García Duarte

Foto tomada de: Infobae