Para muchos analistas, las protestas en auge internacional en 2019 eran el resultado de la frustración de la ciudadanía frente a su dirigencia política y fiel reflejo de la crisis de la relación con sus Estados y gobiernos y llegaron a considerarla como la primera revolución de la era de la globalización; expresión de juventudes sin horizonte, sin oportunidades y de la crisis de personas mayores, sin derecho a pensión, sometidas a la fragilidad social y consiguiente pauperización.
En Colombia, la creciente movilización y protesta de 2019, además de las motivaciones económicas y sociales relacionadas con el rechazo a la exención de tributos al gran capital, a la privatización de entidades estatales, el creciente desempleo y la precarización social, expresaba la defensa de la educación pública, de los derechos de los indígenas; se ligaba a la vigente importancia de proteger los derechos humanos, al rechazo frente al sistemático asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC, como reflejo de la reducción del cumplimiento del Acuerdo de Paz a su mínima expresión en lo económico, político, jurídico y social.
El contexto internacional de Pandemia provocado por el Covid-19 trajo aparejadas nuevas dinámicas y problemáticas para el mundo y el país en términos de auge del autoritarismo, concentración del poder en manos de los gobiernos en medio del confinamiento social, el abuso policial, el despojo, la migración social, la corrupción y apropiación indebida de recursos públicos, la precarización, la caída de ingresos de los trabajadores informales en ventas callejeras, el cierre de microempresas, la hambruna, el desempleo, la afectación de los derechos de la mujer, la recarga en el trabajo doméstico, la violencia intrafamiliar y el auge del feminicidio.
En Colombia, en vez de amainar la ofensiva de la ultraderecha vinieron las masacres, cuya dramática cifra alcanza hoy a 84 entre 01 de enero y 15 de diciembre de 2020, como muestra Verdad Abierta (14,12,2020). Arreciaron los crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos que, como muestra INDEPAZ (2020) ya llegan a 293, más 12 de sus familiares y 60 excombatientes de las FARC, solamente entre 01 de enero y 11 de diciembre de 2020.
Recrudeció el abuso policial y el Presidente Duque comenzó a gobernar mediante facultades extraordinarias, con unas mayorías de Congreso que delegaron indignamente su papel, mientras se incubaba la campaña presidencial del Grupo Char, empezando por colocar a Arturo Char como presidente del Congreso de la República. Previamente, se había asegurado el control de la Fiscalía General al nombrar a su excompañero de estudio, Francisco Barbosa; luego, a Margarita Cabello en la Procuraduría; a Carlos Camargo en la Defensoría del Pueblo; a Paola Meneses en la Corte Constitucional y a Alexander Vega Rocha como Registrador Nacional, dentro de una confabulación encaminada a afianzar el control del poder y a cerrar el camino a las alternativas democráticas en el país, entre otros aspectos, como medio de garantizar sus privilegios económicos y, por supuesto, de ocultar la memoria y la verdad con respecto a las responsabilidades que corresponden a las élites económicas y políticas en el conflicto armado de más de 70 años.
En medio del confinamiento, 2020 no ha sido un año de apaciguamiento de la protesta ni el gobierno ha podido manejar a sus anchas los hilos del poder. Por diversas vías, la movilización social ha tenido continuidad en campos y ciudades. Entre las expresiones relevantes son de resaltar la Minga que recorrió el país en el mes de octubre, en procura de establecer un diálogo directo con el Presidente Duque, sin lograrlo, pero dejando testimonio indígena de dignidad, de voluntad de paz, de autonomía frente en la defensa del derecho a la vida, al territorio y a la lucha por la tierra, a la vez que dando ejemplo a los movimientos urbanos con respecto a la capacidad de garantizar cohesión, control y sintonía con la sociedad en la comunicación de sus motivos y objetivos de movilización.
Casi simultáneamente, a comienzos de noviembre se desarrolló también, la movilización de más de dos mil excombatientes de las FARC, procedentes, entre otras regiones de Norte de Santander, Magdalena Medio, el Caribe, Chocó y Antioquia exigiendo garantías de protección para sus vidas y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Lograron acompañamiento nacional e internacional de organizaciones sociales y embajadas, lo que presionó la aceptación del Presidente Duque para reunirse con una delegación y facilitó la expresión de compromisos del gobierno en materia de adjudicación de tierras, de acelerar el proceso de reincorporación integral y de trabajar en el campo de la protección de los excombatientes, aunque todavía en términos bastante genéricos e incipientes.
En el escenario político, en los medios de comunicación, en el Congreso y con trascendencia internacional, sale a flote la andanada conspirativa del anterior Fiscal General Néstor Humberto Martínez-NMH y sus maniobras de entrampamiento del Acuerdo de Paz, especialmente enfocado en su columna vertebral, como lo es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, con énfasis en la Justicia Especial para la Paz-JEP. Los blancos de ataque del entrampamiento, como analiza Orozco (15,12,2020) fueron, en primer lugar, contra Jesús Santrich mediante la operación de agentes encubiertos de la DEA y recursos de la Fiscalía para inducirlo en una operación de narcotráfico; en segundo lugar, los fracasados intentos de enredar a la esposa de Iván Cepeda y a un Magistrado de la JEP en otra operación para que recibieran un soborno por venta de información y compra de funcionarios para demorar la extradición de Santrich y, en tercer lugar. El “triunfo pírrico” con la caída de Carlos Julián Bermeo, fiscal de bajo rango quien ni siquiera tenía competencia en el proceso contra Santrich, pero, recibió dinero, sin que ello pudiera afectar a la Justicia Especial para la Paz.
Además de los presuntos delitos, incluidos los de traición a la patria y fraude procesal, el exfiscal Martínez queda en el ojo del huracán en su nefasto papel de saboteador del Acuerdo de Paz. Naturalmente, NHM no actúa como rueda suelta de la élite dominante. En todo caso, además de la demanda ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional-CPI, esto ha llevado a los congresistas de la Oposición a enviar carta ante el gobierno español para que no acepte su nombramiento como futuro embajador colombiano en ese país. El efecto ha sido casi inmediato, dado que el propio Presidente Duque manifestó que el nombramiento en la Embajada de España era solo rumores y que NHM haría parte de la Comisión de lucha contra el Crimen, organismo cuya existencia es un enigma, a menos que le confiera un papel de superministro y le de atribuciones en el sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que consiste en un modelo de gestión de la Policía Nacional.
Pero, las dificultades internacionales frente al sabotaje e incumplimientos del Acuerdo de Paz apenas comienzan. Ya, a mediados de año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a través del congresista Jim McGovern, había solicitado a su gobierno presionar al de Colombia por los escándalos de espionaje ilegal por parte de las fuerzas militares contra periodistas colombianos y estadounidenses. Así mismo, Alejandra Ocasio manifestó su oposición a la fumigación de los narcocultivos, llamando al cumplimiento del Acuerdo de Paz, a la erradicación manual, a la sustitución y a la protección de la vida de los líderes sociales y excombatientes. Con el triunfo de Joe Biden en la elección presidencial de Estados Unidos, como muestra Pérez (02,12,2020), la Comisión de la cámara de representantes de ese país, creada en 2017, publicó un informe final para el Hemisferio Occidental y destacó que el Plan Colombia iniciado en el año 2000 con Andrés Pastrana y terminado con Juan Manuel Santos en 2016, cumplió un papel exitoso en la lucha contrainsurgente, pero fue un fracaso en antinarcóticos. Cuestiona la aspersión con glifosato. Recomienda la concertación con los campesinos, concentrar esfuerzos en la destrucción de laboratorios, en la confiscación de precursores químicos, lo que es más barato y menos dañino para las comunidades. Así mismo, retoma temas contemplados en el Acuerdo de Paz que el gobierno retrasa en su dinámica de implementación, como es la construcción de vías terciarias, la titulación de tierras (temas esenciales de los PDETs), así como la protección de líderes sociales y de excombatientes.
También, miembros de la Cámara de los Lores del Parlamento Británico, como muestra Infobae (8,12,2020), cuestionaron enérgicamente el papel negativo del gobierno Duque y del exfiscal Martínez frente a la implementación del Acuerdo de Paz y cuestionaron el papel del Ministro de Gobierno de Asuntos Exteriores Británico, sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la violencia contra los excombatientes. Así mismo, calificaron a Colombia como el país más peligroso para la defensa del medio ambiente. Cuestionaron la violencia policial y manifestaron su preocupación frente a la violación del derecho a la protesta pacífica y a la vida de las personas en las zonas rurales de Colombia. Así mismo, recordaron que el Reino Unido ha dado apoyo económico para capacitar a la policía colombiana y manifestaron gran inquietud frente a la violación de los derechos humanos. Destacaron que hasta 2018, el Reino Unido había aportado más de € 30millones en el Acuerdo de Paz y en fortalecimiento de la justicia transicional.
Así mismo, juristas de Canadá (Abogados sin Fronteras), España (Fundación Abogacía Española y Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo), Estados Unidos (Wola, National Lawyers Guild) e Inglaterra dirigieron una carta a la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda y a la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en procura de la protección de testigos y de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las pruebas y testimonios en el proceso que se sigue a Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Así mismo, solicitaron que los testimonios sean recibidos directamente por la fiscalía de la CPI, para su salvaguarda. Igualmente, llamaron al Presidente Duque a abandonar sus conductas injerencistas ante la justicia, en favor de Uribe.
La incidencia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se convierte en un factor relevante, dado que se propone compartir un borrador de criterios en la primera mitad de 2021, para determinar si abre o no una investigación directa en Colombia sobre el seguimiento que viene haciendo desde 2004, donde expresa que existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Colombia, como lo presenta El Espectador (14,12,2020).
Por su parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como informa Aristizábal (15,12,2020) condenó el aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC en 2020. En dicho sentido, se refirió a la documentación de las masacres y ataques armados donde han muerto 255 personas en tan solo 2020 y 244 excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Enfatizó, así mismo en la violencia que afecta a la Comunidad Indígena Nasa en el Cauca, con 66 asesinatos de sus miembros en 29020 y el desplazamiento de 900 indígenas en Bahía Solano-Chocó.
En tal sentido, señaló que es deber del Estado Colombiano desmantelar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y llamó a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno a realizar acciones más concretas para brindar protección efectiva a la población.
Por su parte, según muestra Redacción Colombia 2020 (16,12,2020) que recoge el Informe de la Misión de apoyo a la Paz de la OEA donde se hace un crudo balance con respecto a la violencia en las regiones. Roberto Menéndez, jefe de la Misión, presentó el informe semestral ante el Consejo Permanente de la OEA, con respecto al desminado humanitario. Planteó que existen solamente cinco operadores civiles en esta materia. Mencionó a Halo Trust, entidad inglesa operadora que adelanta acciones en la materia desde 2013. No obstante, grupos disidentes de las antiguas FARC en la región del Naya, en Buenos Aires (Cauca) les hicieron salir del territorio a pesar de contar con autorización de las comunidades indígenas para realizar la labor de desminado. También, informa que en Caquetá se retiraron definitivamente dos operadores de los municipios de Milán y San Vicente del Caguán, dadas las reiteradas amenazas de las disidencias de las FARC.
El informe destaca que durante la pandemia del Covid-19 se recrudeció la violencia. Asegura que las disidencias de las Farc registraron mayor actividad de confrontación y consolidación territorial en comparación con el ELN, las autodefensas Gaitanistas, los Caparros y la disidencia del EPL. La fragmentación y enfrentamiento entre las llamadas disidencias de las FARC han generado desplazamientos, confinamientos masivos de comunidades campesinas, afro e indígenas, en Maguí, Payán y Tumaco. También, en la zona del río Baudó, Chocó, dada la disputa entre el ELN y las autodefensas Gaitanistas, en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, con la lucha entre las autodefensas Gaitanistas y los Caparros, así como entre ELN y EPL en el Catatumbo. O la frontera de Norte de Santander donde disputan el ELN y los Rastrojos. Zonas donde se instalan minas antipersonales. En territorios colectivos de comunidades indígenas se restringe la movilidad y el ejercicio de la vida cotidiana, siendo Antioquia de los departamentos más afectados.
Es de resaltar, como muestra Bermúdez (14,12,20230) que, a pesar de los discursos grandilocuentes del Presidente Duque, del Ministro de Defensa y del nuevo Defensor del Pueblo en materia de lucha contra el narcotráfico y quienes atribuyen todos los móviles de los asesinatos contra los líderes sociales a los grupos involucrados en el tráfico de drogas, los campesinos no tienen a quien acudir para pedir justicia. Muestra el caso de Tarazá en Bajo Cauca antioqueño, municipio que tenía a finales de 2019, 2.061 hectáreas de coca y ocupaba el puesto 20en el país. Allí. Al menos ocho líderes sociales no relacionados con la sustitución del cultivo de coca fueron asesinados: pero, solamente se cuenta con un juez promiscuo municipal y dos fiscales no especializados. Allí no hay funcionarios competentes para investigar casos de narcotráfico o crimen organizado. No existe policía judicial para recaudar pruebas, ni fiscales especializados. Similar situación se presenta en los municipios vecinos: Cáceres y Caucasia. En conclusión, los municipios con mayor cantidad de hectáreas de coca y en aquellos donde se han presentado asesinatos de líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito, no existen capacidades reales de administración de justicia.
A pesar de los discursos y promesas de perseguir los eslabones intermedios de la cadena del narcotráfico, los precursores químicos, los cristalizaderos, la cocaína y el lavado de activos y extinguir dominios las estadísticas muestran que esto no sucede. De 75 municipios con más coca u homicidios de líderes de sustitución a febrero de 2020 solamente existían jueces especializados en Puerto Asís, Tumaco y Cúcuta y jueces penales en seis, policía judicial en once y fiscales especializados en siete.
En síntesis, las políticas fallidas y la debilidad de instrumentos de justicia contribuyen al deterioro de las condiciones de seguridad en las regiones, mientras se propaga por los medios de comunicación como panacea la aspersión con glifosato.
También, es evidente la preocupación de las comunidades ante la mezquindad de esfuerzos y recursos con respecto a la ejecución de los Planes con enfoque Territorial-PDETs. Como muestra Pérez (16,12,2020), las comunidades no solo esperan obras y recursos sino también empoderamiento social, mayor capacidad de decisión y de democracia participativa.
Con el Acuerdo de Paz, en los 170 municipios elegidos en 16 subregiones priorizadas por sus altos niveles de pobreza se planteó hacer inversiones por 10 años. Hoy se tienen los 16 planes formulados y el tiempo de inversión se extendió a 15 años. En la identificación de necesidades participaron más de 220 mil personas y se definieron 32.808 iniciativas de transformación territorial. Pero, la participación llegó hasta este nivel. En la ejecución no se brinda información a los Grupos Motor. La implementación ha quedado en manos de las alcaldías y las gobernaciones que poco comparten los avances.
No existe concertación de obras. Se habla de capacitar a los delegados de los grupos motor para que comuniquen los avances por redes sociales; de la creación de reporteros comunitarios para contar lo que se está haciendo y de capacitar a los jefes de prensa de alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, el problema para las comunidades es que una organización central se adueña o lo hace un gamonal, con lo que no hay cambio en la manera institucional excluyente de operar.
Son 70.1 billones de pesos, según el marco fiscal de mediano plazo de 2018 para los próximos 15 años. Allí entra la tensión entre la ejecución comunitaria, como dice el Acuerdo y la operación a través de alcaldías y gobernaciones. La tendencia es a dejar a las comunidades las obras pequeñas: novecientas canchas y salones comunales.
Pero, la mayoría de recursos vendrán de las regalías y del presupuesto general de la nación, a través de los ministerios. Entonces, los municipios deben estructurar proyectos con base en las iniciativas de las comunidades que, luego, revisan y aprueban las instituciones centrales, las cuales colocan sus requisitos y condiciones, como dice la Procuraduría, adaptado a la oferta estatal de estas instancias.
En las comunidades persiste la gran preocupación de la pérdida de transparencia a través de los ministerios y alcaldías. Con la dinámica electoral los alcaldes llegan con sus contratistas, con efecto negativo en la calidad de vida de las comunidades y menoscabo de su capacidad de incidencia y participación.
En el ámbito de la reparación de las víctimas, constituye un logro la extensión de la Ley de 1448 de reparación de las víctimas y restitución de tierras por otros diez años. Sin embargo, se mantiene el sesgo de la reparación individual y se siguen negando las 16 curules de la Cámara de Representantes, como parte de la Reforma Política.
En lo que respecta al Código Electoral que se tramita en el congreso, es de resaltar que se viene logrando la paridad en listas, lo que permite fortalecer la participación de la mujer, en pie de igualdad con el hombre en candidaturas para corporaciones de elección popular. Entre otros aspectos, se logró derrotar el intento del Centro Democrático de prohibir que los jurados de votación fueran servidores públicos y se eliminó la pretensión de facultar al Presidente Duque para modificar la estructura de la Registraduría. Así mismo, se acepta la validez de depurar el censo electoral. Así mismo, se avanza en la eliminación de la trashumancia electoral mediante asignación del puesto de votación cerca al domicilio del elector.
Fuentes:
Saura, Gemma. El virus de la protesta se extiende por el mundo. La Vanguardia. Barcelona. 01 de diciembre de 2019.
Verdad Abierta. Liderazgos sometidos por los fusiles. Diciembre 14 de 2020.
Orozco Tascón Cecilia. Tres conspiraciones (¿criminales?) contra la JEP. El Espectador. Diciembre 15 de 2020.
Ver: https://www.elespectador.com/opinion/tres-conspiraciones-criminales-contra-la-jep/
Pérez Juan Pablo. Informe firmado por asesores de Biden contradice la política antidrogas de Duque. La Silla Vacía. Diciembre 02 de 2020.
Ver: https://lasillavacia.com/informe-firmado-asesores-biden-contradice-politica-antidrogas-duque-79379
Infobae. Parlamento Británico eleva duras críticas y preocupaciones por el papel del gobierno Duque en la implementación del proceso de paz. Diciembre 08 de 2020.
Judicial El Espectador. Fiscalía de la CPI definirá criterios para determinar si abre o no investigación en Colombia. Diciembre 14 de 2020.
Aristizábal Rafael. Solicito proteger a la población ante esta horrenda violencia: Bachelet sobre masacres: Alta Comisionada Michelle Bachelet. W Radio. Diciembre 15 de 2020. Ver: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/solicito-proteger-a-la-poblacion-ante-esta-horrenda-violencia-bachelet-sobre-masacres/20201215/nota/4095119.aspx?ssm=tw%3Fssm%3Dfb&fbclid=IwAR3j63rstBBxG_DTSMOO9JyYUjkg8p-dhI2_I19pCRp_VHzR7P9WgQHOE8o
Redacción Colombia 2020. Grupos armados impiden desminado humanitario: MAPP-OEA El Espectador. Diciembre 16 de 2020.
Bermúdez Liévano Andrés. Donde hay coca, hay pocos jueces y fiscales. La Silla Vacía. Diciembre 14 de 2020.
Ver: https://lasillavacia.com/donde-hay-coca-hay-pocos-jueces-y-fiscales-79510
Pérez, Juan Pablo. En zonas focalizadas por el Acuerdo, Duque construye pero no empodera. La Silla Vacía. Diciembre 16 de 2020.
Ver: https://lasillavacia.com/zonas-focalizadas-acuerdo-duque-construye-no-empodera-79547
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: https://www.aa.com.tr/
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