El mapa de los puntos críticos del hambre (hunger hotspots) llama la atención sobre los países en los que es probable que la población se enfrente a un rápido deterioro de su seguridad alimentaria aguda, lo cual pone en peligro sus vidas y sus medios de subsistencia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en diciembre de 2021 solo el 69 % de los hogares colombianos pudieron consumir tres comidas al día mientras que antes de los confinamientos por la pandemia de Covid-19 85 % de los hogares tuvieron acceso a tres comidas. Esta cifra indica que, efectivamente, la inseguridad alimentaria ha empeorado y es una invitación a observar las posibles razones que la originan más de cerca desde diferentes perspectivas.
Externalidades e internalidades económicas de una potencial crisis alimentaria
Al igual que el resto del mundo, Colombia también se vio afectada por la llamada crisis de los contenedores. La disponibilidad decreciente de contenedores, los costos más altos para producir nuevos contenedores, las tarifas de flete que están al alza y las dificultades de producción que enfrentan algunos países exportadores en conjunto se traducen ahora en precios más altos de insumos agrícolas y alimentos. Y, si bien la reactivación económica ha aumentado la demanda de los consumidores, menos personas tienen acceso a alimentos para satisfacer sus necesidades de alimentación.
La calificación de la deuda de Colombia fue rebajada y la tasa de inflación en 2021 fue de 5,62%. siendo los precios de los alimentos el principal motor de este aumento, los cuales aumentaron 2,73%. Teniendo en cuenta que Colombia depende en gran medida de la importación de insumos agrícolas, piensos y alimentos para satisfacer sus necesidades internas, los altos niveles de la depreciación del peso colombiano seguirán provocando un aumento de los precios de los alimentos. El aumento de los precios internacionales y nacionales de los alimentos afectará el acceso de los hogares vulnerables a alimentos importados y producidos localmente. Y, aún así, estos precios más altos de los alimentos para los consumidores no se traducen en mayores ingresos hacia los productores, siendo el sector rural/agrícola un sector donde se han perdido miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, esta combinación de altos niveles de depreciación del peso colombiano y la inflación de los precios de los alimentos está disminuyendo el poder adquisitivo de las personas.
Tanto la inflación como la depreciación de la moneda están impactando fuertemente a los productores agrícolas en Colombia. El reciente aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República dificultará aún más el acceso al financiamiento a los productores. Según el informe de las Naciones Unidas, debido a los efectos secundarios de la pandemia, los niveles de pobreza alcanzaron el 42 %, que es mayor en las zonas rurales en comparación con las ciudades. Esto implicó que el número total de personas en potencial riesgo de perder su acceso a alimentos fuera de 21 millones. En consecuencia, los mayores costos de producción y menores ingresos producto de la actividad agrícola solo harán que este sector sea menos atractivo comparado con economías ilícitas como la minería ilegal, el cultivo de coca o la tala ilegal. Esto, a su vez, puede desencadenar en nuevos conflictos en las zonas rurales.
Choques de oferta y demanda de alimentos
La desigual distribución de la tierra, la inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y el despojo de tierras son las causas subyacentes del prolongado conflicto armado colombiano. Los problemas de tenencia de la tierra en Colombia obstaculizan la inversión estatal en la provisión de servicios públicos y en infraestructura, las inversiones privadas a largo plazo (debido al acceso limitado a créditos por la imposibilidad de utilizar la propiedad como colateral), genera mayores riesgos de despojo/expropiación de tierras y un mercado inmobiliario ineficiente, y están entrelazados con las economías ilícitas y la deforestación.
Además del conflicto (y cientos de víctimas) y el empobrecimiento de la población, estos problemas no resueltos se han traducido en una mayor demanda de alimentos en las ciudades debido a los desplazamientos internos que, según el informe de las Naciones Unidas, han aumentado más del doble entre enero y mayo de 2021 en comparación con el mismo período en 2020. Estos problemas han reducido el suministro de alimentos debido al abandono de las tierras agrícolas en un país que actualmente utiliza solo alrededor del 13% de su tierra con potencial agrícola. En consecuencia, esta situación puede aumentar la dependencia de las comunidades vulnerables hacia la asistencia alimentaria.
Asimismo, se generó un choque en la demanda de alimentos por el creciente número de migrantes venezolanos que ascendió a 1,7 millones en 2020. Según el informe, el 73% de esta población migrante presenta inseguridad alimentaria moderada o severa. En el mismo año, 3,5 millones de personas padecían inseguridad alimentaria severa en Colombia. Es probable que estas cifras aumenten considerando el deterioro de la situación económica debido a la pandemia de Covid-19, la vulnerabilidad por la informalidad en el mercado laboral y el acceso limitado a los servicios públicos.
Descontento social e inestabilidad política
A medida que aumentaban los índices de pobreza y la inseguridad alimentaria, el año pasado el Gobierno del presidente Iván Duque anunció reformas que iban en detrimento de los medios de vida de los colombianos. Mientras la tercera y más severa ola de Covid-19 azotaba el país, el descontento social -alimentado por promesas incumplidas- reinició el pasado abril de 2021 las manifestaciones masivas iniciadas en 2019. Las manifestaciones originaron bloqueos de carreteras, que interrumpieron el abastecimiento y exportación de bienes (inter)nacionales que crearon escasez de, entre otros, combustible, piensos y alimentos, lo que también tuvo un impacto en la inflación de los precios de los alimentos.
La lenta implementación de los acuerdos de paz, dentro de los cuales la reforma rural integral es el primer punto, ha reavivado la violencia. Aún sin contar con suficiente apoyo gubernamental, las instituciones pertenecientes al sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición investigan los nexos entre paramilitares y gremios -incluidas las federaciones agrícolas- que provocaron el despojo de tierras y un sinnúmero de desplazados y muertos. Algunos excombatientes han retornado a las actividades ilícitas y se han reagrupado y formado nuevas guerrillas mientras cientos de líderes sociales (entre otros, defensores de las políticas de restitución de tierras y sustitución de cultivos de coca) son asesinados. Con la inseguridad en aumento, especialmente en el campo, el acceso a la ayuda humanitaria está restringido. Además, las próximas elecciones presidenciales de mayo ralentizarán (aún más) la capacidad de respuesta del gobierno central hasta que la nueva administración asuma en agosto.
Factores obstructores del desarrollo rural
Los problemas tradicionales que obstaculizan el desarrollo rural en Colombia persisten hasta el día de hoy. La competitividad del sector agrícola sigue siendo baja debido a los bajos niveles de asociatividad, que impiden las economías de escala, y a la infraestructura insuficiente. De hecho, mientras el 97% de la carga colombiana (excluyendo carbón y gasolina) es transportada por camiones, solo el 6% de las vías terciarias del país están pavimentadas. Así, no resulta sorprendente que el almacenamiento y el transporte representen el 69 % de los costes logísticos totales del sector agrícola. La productividad continúa viéndose afectada por una infraestructura de riego insuficiente e inadecuada, que junto con el cambio climático disminuye tanto la cantidad como la calidad del agua. Igualmente, la deficiente provisión de asistencia técnica, educación y servicios financieros; el acceso restringido a tecnología e información para la toma de decisiones que respondan a la dinámica del mercado; y la poca inversión pública en investigación y desarrollo (por ejemplo, en materiales genéticos mejorados más resistentes a las plagas y menos intensivos en insumos) para la producción agrícola son los principales problemas desatendidos que obstaculizan el desarrollo agrícola y rural.
Cabe señalar que el informe de las Naciones Unidas incluía información hasta julio de 2021 y desde entonces el gobierno colombiano ha adoptado algunas medidas adicionales, además de las transferencias directas de efectivo y la asistencia alimentaria a los más vulnerables. Por un lado, este año el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impulsó la ley 2183 para reducir al 0% los aranceles sobre insumos agrícolas y creó un fondo para apoyar la compra de insumos agrícolas. Por otro lado, también amplió las fechas para subsidiar las tasas de interés y está impulsando los seguros agropecuarios. Sin embargo, la efectividad y sostenibilidad de estas iniciativas parecen inciertas considerando el aumento en las tasas de interés y el hecho de que el fondo de insumos agrícolas se constituyó con el 10% de las utilidades del Banco Agrario en 2021. En conclusión, estos ingredientes deberían ser más que suficientes para llamar la atención sobre el deterioro de la seguridad alimentaria en Colombia que pone en juego muchas vidas y los medios de subsistencia en el país. Colombia corre el riesgo de convertirse en un foco de hambre próximamente si esta alerta temprana se minimiza o incluso se ignora, como parece ser el caso.
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[1] PMA y FAO. 2022. Puntos críticos de hambre. Alertas tempranas de la FAO y el PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda: perspectivas de febrero a mayo de 2022. Roma. Disponible en: https://doi.org/10.4060/cb8376es
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada de: BBC
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