El domingo 27 de agosto se instaló el Congreso de las FARC-EP que debería culminar el proceso de transformación de ésta guerrilla de una organización insurgente en armas en contra del Estado a un proyecto político legal. Unos 1200 guerrilleros elegidos en las 26 zonas veredales de concentración se trasladaron al Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en la ciudad de Bogotá para definir su programa, aprobar los estatutos, elegir a su dirección nacional y conformar su organización política. Durante seis días de intenso trabajo abordaron esta agenda y perfilaron lo que será su organización política y sus propuestas para avanzar de la lucha armada a la lucha democrática. Una dirección de 111 integrantes fue elegida no sin diferenciaciones como suele suceder cuando se transita a la vida política democrática. Los debates fueron intensos y las votaciones también. Saltar de una organización jerarquizada y en guerra, a una organización abierta y que decide por la vía democrática es obvio que genera discusiones y disputas que en este caso fueron resueltas votando. La propuesta de Rodrigo Londoño, o Timoleón Jiménez o simplemente Timochenko jefe militar máximo de esa organización de abandonar el nombre de las FARC por Nueva Colombia fue derrotada, al líder insurgente solo lo acompañó en esta propuesta una cuarta parte de los delegados acreditados. Las tres cuartas partes restantes acogieron la propuesta de Iván Márquez, Pablo Catatumbo. Jesús Santricht y otros dirigentes que propusieron mantener el acrónimo dándole un nuevo contenido: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Decisión que ha causado mucha controversia en el país dados los altos niveles de rechazo a la antigua guerrilla no solo por la propaganda negra desplegada durante decenas de años sino también por las masivas y reiteradas violaciones a los derechos humanos de millones de personas que fueron afectadas por las actividades de esta organización insurgente, un dato es revelador. De acuerdo con la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, el 28% de los desplazados del país lo fueron, por las acciones de esta guerrilla. El total de desplazados en Colombia entre el primero de enero de 1985 y hasta hoy es de 7.2 millones.
La dirección nacional también fue elegida mediante votación democrática interna. Dos hechos se destacan. La votación mayor la obtuvo Iván Márquez, Timochenko logró la quinta votación. Al final eligieron un ejecutivo nacional de 15 integrantes quienes deberán conducir la organización en este periodo de transición. Allí están la mayor parte de los dirigentes históricos de esta guerrilla. El programa político se sitúa en la izquierda. Y en cuanto a la estrategia política en esta coyuntura sitúa en el centro la propuesta de trabajar por un Gobierno de Transición Democrática que se comprometa a cumplir cabalmente con los acuerdos logrados en la Mesa de Negociaciones de La Habana y que avanzan apenas en un 27% de acuerdo con estudio reciente. Este será el centro de la actividad política de cara a las elecciones parlamentarias de marzo y a las presidenciales en primera vuelta de mayo del año entrante.
La realización del Congreso y el concierto de cierre el viernes primero de septiembre que contó con una masiva asistencia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, muestran que el objetivo político central se ha consolidado pese a las dificultades del proceso. El objetivo central era lograr que esta agrupación guerrillera abandonara las armas para transitar a la vía política y esto se ha consolidado con la realización del Congreso y la conformación de una agrupación política legal. Esto hace irreversible el proceso y proyecta una bocanada de aire fresco a la opinión pública indiferente u opuesta a los Acuerdos que el proceso avanza y que la decisión de las FARC-EP es sincera. Los hechos lo vienen demostrando.
La segunda bocanada de aire fresco lo constituyó el enuncio de un cese al fuego bilateral pactado entre el ELN y el Gobierno Nacional en la Mesa de negociaciones que se mantiene en Quito entre el Gobierno y este grupo insurgente. Este cese al fuego compromete al ELN a suspender los secuestros, la voladura de los oleoductos y las acciones en contra de la población civil. Logro importante pues esta guerrilla defiende aún el secuestro como instrumento de financiación de sus actividades en contra de la opinión pública nacional que lo condena y del derecho internacional Humanitario que lo proscribe. A cambio el Gobierno Nacional se compromete a mostrar resultados en la protección a los líderes sociales amenazados y avances serios en las investigaciones de los 187 asesinatos perpetrados entre el primero de enero del año 2016 y el 5 de agosto de 2017. El tema principal es realmente el de la adopción de una política pública de desmonte del paramilitarismo o de las llamadas organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Este tema ya fue pactado en los Acuerdos de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional pero los avances son mínimos frente a la gravedad del problema que se ha profundizado con el asesinato de 15 excombatientes de las FARC-EP y de algunos familiares de los mismos. La verificación de este Cese al Fuego la realizará una Misión de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y obviamente delegados de la Guerrilla y el Gobierno Nacional. Durante estos meses deberá avanzar el proceso de consulta con la sociedad civil sobre los temas de la Agenda Pactados. Este tema es crucial si se quiere que el Cese al Fuego pueda ser prolongado. Ello dependerá de avances en este tema que para el ELN es el centro de su propuesta de negociación.
Y precisamente allí radica la importancia del tercer acontecimiento, el anuncio de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas como se hacen llamar, de iniciar un proceso de sometimiento a la justicia a cambio de beneficios jurídicos para sus integrantes. No se trata de una negociación política sino de un proceso de sometimiento a la justicia. Esta organización criminal cuenta con unos 3000 hombres, es la responsable de la exportación de cerca del 50% de la cocaína que desde Colombia se envía al extranjero, unas 80 toneladas al año. De acuerdo con la información de INDEPAZ esta organización tuvo presencia activa en 27 departamentos y en un total de 279 municipios del país en el año 2016.Su actividad principal es el narcotráfico y la minería ilegal. Ejerce presencia principalmente en el Urabá Chocoano y Antioqueño, en Córdoba y Sucre, se ha expandido en los últimos años al Sur del país y se ha consolidado en los dos últimos años en los Departamentos del Meta y Guaviare.
Pese a que señala respetar el proceso de paz y los acuerdos con la Guerrilla en los últimos meses se ha concentrado en ocupar las zonas abandonadas por las FARC-EP en su proceso de concentración. En esas regiones ha chocado principalmente con el ELN que también ha pretendido copar los territorios dejados por las FARC-EP, ante la falla del Estado que ha sido ineficaz en copar militarmente estas regiones y sobre todo en hacer presencia del Estado con su cobertura social, educación, salud, justicia. Ha sido acusado de estar tras el asesinato de líderes sociales en estos territorios. Por ello el anunció de su sometimiento a justicia es importante. De acuerdo con cifras entregadas por el Gobierno en los últimos dos años ha perdido en combate o han sido capturados más de 1500 integrantes y ha perdido a parte de su dirigencia militar incluido el número dos, Roberto Vargas, alias Gavilán, abatido el jueves 31 de agosto en la región del Urabá antioqueño. El anuncio del sometimiento a la justicia es el resultado en parte de la presión militar. Hace bien el Gobierno a mi juicio en anunciar e iniciar un proceso de sometimiento a la justicia de ésta organización criminal que aliviará la situación de violencia en muchas regiones del país. Pero el proceso debe ser trasparente y público. Se requiere un marco jurídico que no existe para buscar el sometimiento colectivo de organizaciones criminales como ésta. Pero además de entregar recursos, rutas de narcotráfico, bienes, deberá entregar información sobre alianzas con alcaldes, concejales, diputados y congresistas que han sido sus aliados en las regiones en las cuáles actúa así como sus apoyos y contactos con sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía también en esas regiones.
Finalmente el cuarto factor positivo en esta transición hacia la paz lo constituye la visita del papa Francisco a Colombia. El papa Bergoglio ha sido un defensor permanente del proceso de negociación con las guerrillas. Defendió públicamente su apoyo al SI en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado que estrechamente ganó el NO por cerca de 50 mil votos. Se espera que en sus intervenciones no solo respalde el proceso sino que llama a la feligresía católica a apoyar el proceso, a la reconciliación nacional y al compromiso con el respeto a la vida. En un país con una población en donde el 70% se declara católica este mensaje es muy importante en contra de los opositores al proceso. Y ellos, los opositores lo han entendido así. La presencia de Francisco les es incómoda como lo es también para la jerarquía católica que se negó a apoyar el proceso y en cambio permitió el engaño de los promotores del NO en el plebiscito. Una jerarquía que hizo causa común con los grupos cristianos militantes en contra de la supuesta ideología de género que contenían los Acuerdos de Paz de La Habana. Uribe sabe que transita por aguas peligrosas y borrascosas. Por ello dirigió una carta pública al papa Francisco en que señala que jamás se ha opuesto al proceso de paz y reitera lo que ya es letra mojada que a lo que se opone es a la impunidad para los jefes guerrilleros, que se opone a que sin pagar penas efectivas de cárcel puedan participar en la vida política del país, que se opone al engaño que dice estarían haciendo tanto el Gobierno como la desmovilizada guerrilla. Busca con ello neutralizar el discurso del papa Francisco pues entiende la fragilidad de su postura política que viene siendo desmentida a diario con la lealtad con la cual la guerrilla de las FARC-EP, viene cumpliendo los acuerdos y compromisos. Es un discurso ideológico en contra del proceso contra la realidad de los hechos y esto siempre es peligroso. Y lo es más frente a una campaña electoral en que a toda costa pretende mantener la polarización de la minoría que vota en el país pues un poco más del 50% de los electores no participa ni a favor ni en contra.
Esperemos que estos cuatro hechos registrados en las últimas dos semanas incline favorable y definitivamente a la opinión pública del país a pasar la página de la horrorosa violencia que hemos padecido durante por los menos los últimos sesenta años y que se honre a las víctimas y se hagan realidad sus derechos para que los habitantes de Macondo de los cien años de soledad tengamos una nueva oportunidad sobre la tierra, la oportunidad de vivir en paz y resolver nuestras contradicciones de manera pacífica.
PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ: Director Revista Sur
Bogotá 7 de septiembre de 2017.