Tales distorsiones constitucionales operan en todos los ámbitos de la vida nacional. Por ejemplo, en muchos episodios de crisis institucional se ha escuchado la frase “suenan ruidos de sables”, para indicar que los altos mandos militares están molestos con el gobierno de turno y lo amenazan con renuncias masivas o un golpe de Estado – a pesar de que en Colombia no han requerido de esta figura, dado gran poder que ejercen los militares “tras bambalinas”- ante lo cual, los gobernantes le dan un manejo “decoroso” a las situaciones y tranzan sus malestares.
En el terreno de la guerra y la paz los militares han decido gran parte de su suerte, apostando más por la primera que la segunda. En el nivel territorial, la fuerza pública ejerce un poder real sobre de las autoridades civiles y políticas. Episodios de la historia nacional como el bogotazo y su desencadenado periodo de violencia, el Frente Nacional, el estatuto de seguridad de Turbay Ayala, el periodo del fortalecimiento paramilitar, el Plan Colombia, la Seguridad Democrática, son ejemplos del fuerte dominio militar en las coyunturas nacionales.
La protesta social y la Policía Nacional
Esta supremacía de la fuerza pública no es ajena al campo de la protesta social. Con frecuencia los mandatarios civiles se ven sobre pasados por la actuación de la Policía Nacional, y muchas veces de las Fuerzas Militares, asumen el control y manejo de manera discrecional. Esto se evidenció en las protestas del 9 y 10 de septiembre del 2020 en la ciudad de Bogotá, donde fueron asesinadas 14 personas, de las cuales, 11 habrían sido a manos de la Policía, haciendo uso ilegal de las armas, según un reciente Informe liderado por el ex defensor del Pueblo, Alfonso Negret[3].
El Informe, de 180 páginas, es un completo recorrido por los hechos, que vale la pena leer, con un número de importantes conclusiones que dan cuenta de la actuación ilegal de la Policía Nacional y su desobediencia al poder civil y violación de los estándares internacionales que protegen a las personas en el marco de derecho protesta social. Por ejemplo, afirma que se trató de uno de los episodios de violación de derechos humanos más graves sucedidos en la historia de Bogotá; que lo ocurrido en esos dos días, fue una verdadera masacre cometida por la Policía Nacional; que la práctica más representativa y generalizada durante esas jornadas de protesta ciudadana fue el uso ilícito de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional; que la indignación ciudadana por el asesinato del señor Javier Ordóñez a manos de la policía, se expresó en violencia contra bienes públicos y privados y particularmente contra las instituciones policiales como los CAI; que no se encontraron evidencias de que el ataque o asonada de esas jornadas obedecieran a un plan premeditado, preconcebido y sistemático para atacar a la institución policial, como lo advirtieron las autoridades en su momento, sino la respuesta espontánea de indignación de la sociedad ante los abusos de la Policía Nacional, cuyo detonante fue el homicidio del ciudadano Ordóñez[4].
Se suma a lo anterior, evidentes contradicciones entre la alcaldesa Claudia López con la institucionalidad policial que se advierten en reiteradas molestias mediáticas de la mandataria y las respuestas de los altos mandos donde expresan obediencia y unidad de mando. Lo cierto es que este deshonroso episodio de violencia oficial en el Distrito Capital denota una desarticulación y desencuentro del poder político y civil con la estructura policial, que conllevó, no solo a una evidente ruptura de la unidad de mando, sino a una violencia oficial sin precedentes en la historia del país, que se hubiera evitado si el poder civil es quien decide la suerte del orden público y no mandos militares que responden aún a la lógica del “enemigo interno”.
Política errática en el manejo del orden público distrital
Bogotá siempre ha sido escenario de violencia en contextos de movilizaciones y protestas sociales dada la estigmatización institucional a este derecho de participación y expresión reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la conciencia política de sus ciudadanos. Es usual que los gobiernos cuando saben de una jornada de protesta se crispan y en lugar de ordenar un equipo político para dialogar con los manifestantes, preparan los contingentes policiales para recibirla y en consecuencia los elevados índices de violencia en las jornadas. Basta con leer la historia y encontrar esa huella.
Sin embargo, esta tendencia no ha mejorado, a pesar de los cambios positivos de elementos del contexto como el Acuerdo de Paz de 2016, los avances políticos y normativos para la concertación entre sociedad e instituciones como el Protocolo para ejercicio y manejo de la protesta social acordado en el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ministro del Interior, Guillermo Rivera en 2018[5]; las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, producto de su visita de trabajo en junio de 2021[6]. Pero también cambios políticos recientes, como el ascenso, por primera vez, de una mujer a la Alcaldía de Bogotá, crítica de muchos aspectos del establecimiento, de la corrupción, lideresa del Partido Verde y supuestamente con pensamiento liberal en su concepción de los DDHH y manejo de la conflictividad.
Pues bien, en estas materias es bueno recordar que Claudia López ha tenido posturas de mano dura en el manejo de orden público. Desde su época de Senadora de la República se pronunció en varias oportunidades pidiendo, al igual que el uribismo, mano dura contra las guerrillas, incluso bombardearlas[7]. Desde el inicio de su mandato ha sido ambigua y contradictoria frente a la actuación de la fuerza pública. En muchas ocasiones ha permitido el “desmadre” de actuación de la policía contra los estudiantes en las movilizaciones y luego ha pedido perdón con lágrimas en los ojos, pero seguidamente continúa la violencia oficial, incluso contra “parches” de jóvenes mujeres. También ha utilizado al Esmad para entrega de mercados en barrios populares, días después de que este ha violentado a esas mismas comunidades rebeladas ante el hambre producto de la cuarentena por la pandemia. Así mismo, ha señalado públicamente a los movimientos políticos de izquierda y guerrillas, de estar detrás de los ataques de la infraestructura pública de manera premeditada, a partir de juicios de valor.
No menos contradictorias han sido sus posturas frente al gobierno de Iván Duque y su decisión de reprimir y criminalizar la protesta social en el marco del Paro Nacional del 2021, pues en muchos casos ha condenado la actitud violenta e ilegal de la Policía, pero en otros, solicitado la intervención del Ejército para la seguridad de la ciudad[8], y mantiene un plan de acción que cuenta con 300 policías militares para el manejo de las protestas[9]. De hecho, frente al proyecto de ley para el desmonte del Esmad presentado el año pasado por miembros de las bancadas de oposición en el Congreso, la Senadora Angélica Lozano, no lo firmó, a pesar de que 9 de sus colegas de Alianza Verde sí lo hicieron. Eso indica que, ella y su compañera Claudia López están de acuerdo en su permanencia como fuerza de choque para contener las movilizaciones sociales.
A este enfoque militarista de la alcaldesa Claudia López para el manejo de la protesta social y el orden público en Bogotá, carente de enfoque de derechos y seguridad humana, se agrega la intervención abierta del gobierno de Iván Duque, con su talante autoritario, de seguridad militar y policial. Esta amalgama, sin duda, fortaleció a Bogotá como escenario de confrontación armada, contra la emergente, vigorosa y potente juventud, especialmente estudiantil que mostró la madurez y capacidad política de tomarse las calles de manera masiva, en lugar de empuñar las armas, para alzar su voz de protesta ante el establecimiento dada la pobreza, falta de oportunidades, déficit presupuestal para la educación pública, violencia contra líderes y lideresas sociales, las pretendidas reformas tributarias y de salud, y un largo etcétera de vulneración a los derechos humanos.
Seguridad ciudadana: premio a la policía, castigo a la ciudadanía
Pero la tendencia, al menos en lo que resta del gobierno de Iván Duque y seguramente del mandato de la alcaldesa López, es que Bogotá seguirá siendo escenario de violencia oficial frente a la protesta social. La reciente Ley de Seguridad Ciudadana sancionada por el presidente Duque, es el mayor indicador de que ese horizonte de estigmatización hacia la movilización social y tratamiento criminal de la misma, no cambiará.
Luego de repasar esta nueva ley, 2197 de 2022, se lee claramente cómo en Colombia se premia a la Policía Nacional por la violencia ejercida contra la ciudadanía, mientras a ésta se le castiga por la osadía de enfrentar al establecimiento a través de las inmensas, sostenidas y vigorosas protestas del 2021, pero también las del 2020 y 2019. El endurecimiento de penas contra las personas particulares que atenten contra agentes de policía, es un indicador de ello. No se entiende cómo, si son los ciudadanos y ciudadanas quienes han puesto el 99% de las víctimas fatales a manos de los uniformados, se fortalezcan los mecanismos para proteger a los agentes del Estado y se deje aún más vulnerable a la sociedad.
Contrario a las recomendaciones hechas por la CIDH, la nueva ley incrementa la estigmatización y criminalización contra la protesta social, legaliza el principio de proporcionalidad para el uso de la fuerza letal y no letal de la Policía Nacional contra la población civil, flexibiliza el monopolio de la fuerza por parte del Estado colombiano cuando permite que terceros y los mismos agentes oficiales hagan uso de las armas bajo el entendido de “legítima defensa privilegiada y de amplia proporcionalidad”, legisla en favor de políticas reactivas y no preventivas de conflictos ciudadanos, y formaliza la justicia en manos privadas, entre muchas otras medidas regresivas en DD.HH y libertades.
Colombia tiene hambre, así lo sentenció recientemente Naciones Unidas a través de un informe sobre la inseguridad alimentaria en el mundo[10]. Este país hace parte de los 20 puntos críticos en el mundo y los tres de América Latina. Son 7,3 millones de colombianos y colombianas que sufren de manera sistemática la vulneración del derecho a la alimentación[11]. Es decir, nuestro país, siendo parte del club de la OCDE y supuestamente de renta media, padece hambre y requerirá asistencia internacional en este campo. Increíble, otro deshonroso lugar que cargamos como Estado a nivel internacional.
Sin embargo, ante este panorama, el gobierno nacional y distrital en lugar de orientar políticas públicas de amplio alcance para atacar los cimientos de la pobreza, el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades para la juventud, decide hacer todo lo contrario: crear una ley para reprimir con mayor decisión el descontento social – éste sí cimentado en bases sólidas como la indignación por el hambre, la corrupción y la violencia- y así avivar el hacinamiento carcelario, castigar el derecho a la protesta, la libertad de expresión y participación regulados por estándares internacionales de DD.HH, y limitar aún más las libertades individuales enunciadas en la Constitución Política y Estado Social de Derecho, del cual queda casi nada.
Mientras el enfoque para el manejo de las movilizaciones ciudadanas que reclaman goce efectivo de los derechos por parte del Estado, sea visto por los y las gobernantes del país como una insurgencia civil, y por ende, su tratamiento sea criminalizado; seguirá imperando el poder militar sobre el poder soberano del pueblo, a pesar de que la sociedad colombiana venga dando muestras contundentes de madurez política, conocimiento de sus derechos y consciencia de que el Estado y las clases políticas tradicionales se quedaron pequeñas ante sus justas búsquedas de vida digna.
______________________
[1] La fuerza pública está compuesta por las fuerzas militares y las Policía Nacional, artículo 216 de la Constitución Política de Colombia.
[2] Preámbulo de la Constitución Política.
[3]Carlos Alfonso Negret-Mosquera y otros. Informe Final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020. Diciembre de 2021. Pág. 5. Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/informe-final-para-el-esclarecimiento-de-los-hechos-ocurridos-el-9-y-10-de-septiembre-de-2020/
[4] Id. Págs. 5 y ss.
[5] RCN Radio. Gobierno formalizó protocolo para la protesta social en el país. 31 de julio de 2018. Disponible en: https://www.rcnradio.com/politica/gobierno-formalizo-protocolo-para-la-protesta-social-en-el-pais
[6] CIDH. Visita de Trabajo a Colombia. Junio de 2021. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/167.asp
[7] Caracol Radio. Sectores políticos piden reactivar bombardeos contra las Farc. 15 de abril de 2015. Disponible en: https://caracol.com.co/radio/2015/04/15/nacional/1429077540_718737.html
[8] RCN Radio. Alcaldesa pide apoyo de mil policías militares para patrullar Bogotá. 13 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.rcnradio.com/bogota/alcaldesa-pide-apoyo-de-mil-policias-militares-para-patrullar-bogota
[9] El Tiempo. Portal Américas no sería militarizado, según la alcaldesa Claudia López. 6 de enero de 2022. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/claudia-lopez-rechazo-idea-de-militarizar-portal-americas-de-mindefensa-643186
[10] Portafolio. Colombia, una de las zonas críticas del mundo por hambre aguda. Enero 30 de 2022. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-uno-de-los-paises-criticos-por-hambre-aguda-561115
[11] Id. Portafolio. Colombia, una de las zonas críticas del mundo por hambre aguda.
Diana Sánchez Lara, Directora Asociación Minga
Foto tomada de: REDHER
Deja un comentario