Los comentarios iniciales que haremos en este documento se sitúan en dos dimensiones: la forma y el fondo. En cuanto a lo primero, la forma, es claro que un proyecto de reforma sobre esta temática tan cuestionada por importantes sectores de la opinión, requiere un alto nivel de legitimidad, para lo cual es fundamental la convocatoria a la participación ciudadana –tanto de especialistas, líderes sociales y políticos, academia, etc.-; todo indica que eso no se ha realizado, pero puede subsanarse si antes de la presentación formal al Congreso se convocan espacios de participación con ese propósito y aún el propio Congreso puede y debería plantear audiencias públicas de participación ciudadana en el mismo sentido.
En lo relativo al fondo, el presente texto toma como base los puntos señalados por el ejecutivo, que aún son incipientes y se espera serán profundizados en las próximas semanas, por ello volveremos, sin duda en nuevas reflexiones posteriormente. Lo que podemos decir es que ante cuestionamientos tan profundos que se ha hecho de la institución Policial, unas reformas deben ser de gran calado, independiente de que las mismas se diferencien entre las de corto plazo y las que deben desarrollarse en el mediano plazo.
No es suficiente el cambio de nombre del Ministerio y la creación de Direcciones
El primer punto se refiere al cambio del nombre del Ministerio, el cual pasaría a denominarse Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana. Asimismo, esto se acompañaría de la creación del Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana. Esta es la respuesta de corto plazo del ejecutivo a la demanda por cambiar a la Policía de esta cartera; plantea un avance en la medida que se reconoce la importancia de la seguridad ciudadana en el nombre del Ministerio y se procura un Viceministerio que tenga en cuenta esta agenda en la formulación de políticas públicas, que tradicionalmente han estado volcadas hacia seguridad pública y nacional.
Este cambio formal debe estar acompañado de una transformación en la mentalidad del Ministerio en sí mismo y de la relevancia que se le da a la seguridad ciudadana y la convivencia. El Ministerio de Defensa ha privilegiado históricamente los asuntos militares sobre los policivos, así como la seguridad del Estado sobre la ciudadana -con el argumento de que la seguridad del primero llevaría inexorablemente a la del segundo-; esta tendencia debe ser corregida y darle al tratamiento ciudadano la prevalencia que requiere. El cambio de nombre no es significativo a menos que se deje de reconocer la seguridad ciudadana como un tema subsidiario y pase a ser de primera línea en la agenda.
Pero, la discusión acerca del traslado de la institución policial a otra instancia ministerial, no puede ser echada al olvido. No se puede descartar en un mediano plazo la separación definitiva de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional. Por el contrario, tendría que pensarse esta nueva dinámica como una ventana de oportunidad para generar un tratamiento diferencial de los temas de seguridad que se materialice en un futuro en la separación de la Policía y lo castrense.
Al interior de la Policía Nacional se propone crear una Dirección de Educación -que no se encontraba en la institución, dado que solo estaba presente la Dirección de Escuelas- y una Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ambos son pasos importantes para el análisis permanente de la educación que se da al interior de la institución, así como para fortalecer la importancia de los derechos humanos con base a los parámetros nacionales e internacionales. Sin embargo, allí hay una transformación de fondo a realizar y es que los derechos humanos deben atravesar la totalidad del currículo de formación de los miembros de la institución; no se trata solamente de dictar unos cursos de derechos humanos. Cabe destacar que en la segunda Dirección mencionada debe hacerse una clara distinción con el Derecho Internacional Humanitario, dado que, en la gran mayoría de los casos que debe atender la Policía, este no es el que debe utilizarse al no haber una situación de conflicto armado interno y por lo tanto una relación con un enemigo, sino con los ciudadanos.
En el interior de la Institución
El gobierno nacional ha planteado transformaciones que pueden ayudar a fortalecer la Policía. Uno, el anuncio de la elaboración de un proyecto de ley por medio del cual se dará un nuevo Estatuto Disciplinario Policial, en el cual se priorice las sanciones a las violaciones de derechos humanos y se revise el comportamiento policial, 15 años después del anterior Estatuto. Dos, se propone una revisión de los protocolos y criterios por medio de los cuales se aplica la fuerza. Tres, busca fortalecer la capacitación y formación de los policías con base a estándares profesionales de uso de la fuerza, derechos humanos y procedimientos policiales, buscando la correlación con los parámetros internacionales y los pronunciamientos de la Corte Constitucional.
Estos son aspectos cruciales para la transformación policial, los cuales requieren que el gobierno nacional ponga empeño supervisando, apoyando iniciativas y generando discusiones que permitan dar con las necesidades actuales. Si estos procesos llegan a buen término puede darse una renovada construcción de legitimidad, así como puede generarse una Policía más garante de los derechos y libertades en su conjunto.
Asimismo, se avizora una reestructuración de la Inspección General que es la que se encarga de liderar el componente ético y disciplinario de la fuerza, sin embargo, si bien es necesaria, también se debe examinar hacía donde se debería dirigir dicho cambio. El anuncio de fortalecer la división de Atención al Ciudadano, así como el de crear un sistema de denuncias con mayor acceso, indican que la institución puede dirigirse en una dirección adecuada en la delimitación de su actuar.
Por otro lado, ya se había anunciado una transformación de imagen institucional en la búsqueda de una Policía más acorde a las necesidades de la Colombia actual; el que se lleven a cabo transformaciones de fondo pueden acompañar esta restructuración de forma. La formación, la educación permanente, la relación con la comunidad, la adecuación de parámetros y todo aquello que contribuya en el mejoramiento del servicio, deben ser revisados ante esta ventana de oportunidad.
Sin perjuicio de lo anterior, no se pueden dejar de lado las garantías que deben tener los policías para llevar a cabo su servicio. Aparte de los instrumentos necesarios, es de vital importancia dar una discusión sobre el mejoramiento de las condiciones de los miembros de la institución, aspecto mencionado por el Presidente, pero que tiene una profundidad mayor. La institución policial tiene deudas importantes respecto a la garantía de las condiciones de sus miembros, dentro de las que se encuentran: jornadas extenuantes, ascensos retrasados, salarios bajos en relación con algunas de las funciones que desempeñan, servicios de salud y de bienestar que no crecen de la misma manera que el número de miembros, luchas constantes en cuanto a pensiones, vacaciones y días de descanso con rezagos. El que se haga una revisión general de la Policía debe conllevar a que se reconozcan las necesidades y no solo los deberes de sus miembros.
Más allá de los estigmas
El anuncio del gobierno nacional debe tener como centro la construcción de la confianza entre el policía y la comunidad a la que se sirve. Es importante que en medio de los cambios institucionales no se pierda una mirada micro respecto a las relaciones que se desarrollan en la cotidianidad. De esta manera, y más en medio de un proceso de protesta social a nivel nacional, es necesario trascender las ideas normalizadas respecto a la relación que se establece entre la población y la Policía.
Lo primero que se debe sintonizar es una crítica a la institución policial, dado que hay dentro de su pensamiento colectivo prejuicios consolidados respecto a determinados grupos sociales. En este orden de ideas, grupos afro, indígenas, campesinos -especialmente ubicados en zonas de conflicto armado-, sindicatos, estudiantes, mujeres, sectores determinados de la población urbana normalmente excluidos o con una amplia conflictividad social, entre otros, han sido considerados como opositores -en menor o mayor medida- al actuar policial, estigmatizados y puestos en una óptica de confrontación. El policía de la calle tiene que salir de la visión del enemigo -heredada en Colombia por el conflicto armado interno-, entendiendo que todos son ciudadanos en el entorno nacional, debiendo proteger tanto al criminal dentro de los procesos legales, como a las máximas autoridades civiles; sin distinción.
El policía debe ser el garante de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, debiendo entenderse que no hay dentro de la ciudadanía clasificaciones o distinciones que deban cambiar la protección que se da en la institución. Asimismo, debe romperse parcialmente la barrera del uniformado y el no uniformado; si bien la Policía es un cuerpo armado también tiene la característica de que es civil y forma parte de la comunidad a la que protege. El Policía tiene que pasar de verse como una figura de autoridad general, a una autoridad en la materia que le compete -la seguridad ciudadana y la convivencia-, es decir, al igual que cualquier otra profesión como un médico, un abogado o un bombero tienen sus competencias, se debe reconocer que tienen limitaciones en su actuar y que deben ceñirse a su campo específico y a las reglas al interior del mismo.
Lo segundo es un examen a las manifestaciones y a su reconocimiento de la Policía Nacional. Las instituciones no son las únicas que se vieron afectadas por la concepción del enemigo interno derivada del conflicto armado, por el contrario, la sociedad en su conjunto -incluyendo las autoridades civiles, los manifestantes y la ciudadanía en general- está impactada por este tipo de ideas, viéndose como al Policía -en ocasiones- se le reconoce como ese contrario y no como parte del conjunto social. Esta idea en medio de los abusos policiales se ha reforzado y profundizado, siendo uno de los puntos que tiene que ser discutido para lograr salir de los estigmas.
En relación con lo anterior, se tiene que afirmar que la Policía -como lo demuestran las cifras respecto a las acciones en las movilizaciones- no es la misma en todo el país, pese a ser nacional, no todas las unidades son iguales y las formas en que se despliegan varían. Se debe reconocer que ha habido un aumento sistemático de la represión y del abuso de la fuerza en las protestas, así como institución debe hacer un acto de responsabilidad y de contención de dichas dinámicas -abandonando la hipótesis de ‘manzanas podridas’-; pero también se debe visualizar el otro lado de la moneda en el que, al igual que no todos los manifestantes son “vándalos”, no todos los Policías han violado los protocolos, hay miembros de la institución que salen con miedo respecto a lo que pueda ocurrir en su actuar diario, buscan evitar cualquier confrontación y cumplen con su deber a cabalidad. Reducir a los manifestantes a “guerrilleros”, “terroristas” o “vándalos”, o a la Policía como “cerdos”, es desconocer un contexto social complejo y evadir posibles soluciones que puedan surgir -dado que se descalifica a la contraparte, impidiéndose un dialogo-.
Igualmente se deben evitar conclusiones parciales respecto a la institución y pelear con esos estigmas que se producen al interior de la ciudadanía. El mejor ejemplo de esto son arengas que incluyen frases como: “el que no salte es tombo”, “el que no salte es Policía Nacional” y “el que no estudia es Policía Nacional”, las cuales, además de ser discriminatorias y en muchos casos clasistas, terminan perpetuando una imagen de los policías que desconoce todo un contexto social complejo.
No se deben esquematizar posiciones respecto a la pertinencia o no de la Policía. Esta es una institución que hace parte de la construcción democrática de un Estado y debe haber un consenso respecto a la necesidad de la misma en el contexto social -no son necesarios salvadores ni detractores de esta-. Esto no implica que se desconozcan los abusos policiales o las buenas actuaciones, por el contrario, es un llamado a que, como institución vital, se le exija y se hagan procesos de cambio permanente, así como se deba reconocer el papel fundamental del Policía profesional en la regulación de las relaciones sociales conflictivas.
Más allá de la mirada centralista
Otro aspecto importante que debe ser incluido en el debate se deriva de que este proceso de transformación debe tener en cuenta diversas ciudadanías en el país. Enfocar toda la mirada institucional a partir de Bogotá sería un error en la concepción que se hace respecto a la diversidad que tiene el territorio nacional, por lo que es necesario hacer una discusión amplia al respecto. Se debe señalar que la Policía a pesar de ser una institución de carácter nacional, en sus manifestaciones regionales ha tenido la capacidad, desde la discrecionalidad y la autonomía, de adecuarse a los diferentes contextos. Las necesidades de la ciudadanía de Tumaco en Nariño, Urumita en la Guajira, Medellín en Antioquía y en Bogotá, son diferenciales y deben ser tratadas en el reconocimiento de sus contextos.
No sólo la oficialidad
Otro de los puntos que deben ser tratados, que se eluden al interior de la institución policial, es el papel que tienen los oficiales y su conexión con los policías del nivel ejecutivo. No se puede seguir excluyendo a la mayoría de los policías -el nivel ejecutivo- de la toma de decisiones, en parte porque son ellos los que mayor relación tiene con la ciudadanía y, por lo tanto, son quienes responden a las demandas sociales. Asimismo, existe una brecha entre estos dos componentes de la Policía Nacional que debe ser subsanada, generando mayor comunicación y una menor grieta en cuanto a los privilegios de cada grupo. Cualquier proceso de cambio debe tener en cuenta a los ‘excluidos’ al interior de la Policía, dejarlos de ver como un número, darles voz y permitir que desde su experiencia con la ciudadanía contribuyan en la transformación integral propuesta por el ejecutivo.
Más allá de la Policía Nacional
Reconociendo que se puede dar un importante paso de transformación en el contexto actual, dependiendo de cómo se dote de contenido la propuesta del ejecutivo, es necesario afirmar que el interés por la Policía no puede darse solo en momentos de crisis, sino que debe presentarse de forma permanente. La Policía Nacional es una de las instituciones fundamentales en la relación con la ciudadanía, por lo que la interrelación con ella sirve para garantizar diálogos permanentes respecto a los requerimientos ciudadanos y las necesidades policiales.
Canales como los que anuncia el gobierno de “Hablemos de Policía”, el cual busca la participación ciudadana al interior de la transformación con el apoyo del BID, pueden ser destacables en la medida que impulsen a una ciudadanía activa en sus planteamientos respecto a la Policía. Aquellas iniciativas que fortalezcan el interés público en la Policía como una institución de carácter civil deben ser bienvenidas en cualquier contexto.
Del mismo modo, se deben fortalecer las relaciones con la academia de manera permanente. Si bien las comisiones de expertos -como nuevamente se proponen ahora- son importantes, es necesario generar mayores relaciones entre los centros académicos y la Policía Nacional. Esto, además de permitir investigaciones que favorezcan las instituciones, llevaría a romper estigmas que existen de manera bilateral.
Se deben fijar parámetros sociales respecto al actuar policial, dado que ésta no es una primera línea de atención a las demandas sociales no relacionadas con la seguridad ciudadana y la convivencia, así como tampoco debe buscarse de manera social la aplicación de la fuerza de manera desmedida y sin justificación. Una Policía profesional no se puede intentar volverla un instrumento, sino que su base en la actuación discrecional y autónoma se fundamenta en su educación y con supervisión no uniformada.
Una invitación al análisis y discusión
Por último, no se debe desprestigiar de plano la idea del gobierno –aunque parezca ingenuo hay que abrir un margen de confianza-, se pueden buscar espacios para contribuir en ella y enriquecerla a partir de generar una convergencia por Colombia. Todavía faltan semanas para que se logre ver el contenido y se puedan dar ideas, mientras tanto desde la academia y la sociedad en general se pueden empezar discusiones respecto a la Policía que se necesita en la actualidad.
De lograrse y de dotar de una buena profundidad la propuesta diseñada por el ejecutivo, podrían iniciarse las transformaciones profundas que requiere la institución, establecer una renovada relación con la ciudadanía y un nuevo enfoque de la seguridad ciudadana y la convivencia. Se espera que la sociedad en general se integre en este debate que se propone para su desarrollo a nivel nacional.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular de la Universidad Nacional y Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Farid Camilo Rondón Raigoza, Politólogo y estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: RCN Radio
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