Sin embargo, y aun sin suceder dos eventos importantes previstos con anterioridad, las comisiones conjuntas (con varios votos negativos por parte de la oposición), aprobaron el monto del Presupuesto. Estos eventos fueron, en primer lugar, la audiencia pública sobre “¿cómo queda la Matrícula Cero en el Presupuesto 2021?” citada por los congresistas de los partidos de oposición (Polo Democrático, Alianza Verde, La Lista de los Decentes) y que, aunque proponía realizarse el 28 de agosto, fue agendada el 11 de septiembre, un día después de la aprobación del monto. El segundo evento fue la sesión exclusiva de la oposición, la cual quedó agendada por primera vez el 14 de septiembre y por falta de claridad reagendada para el 22. En estas fechas, la sesión de la oposición fue solamente un “canto a la bandera”, es decir una reunión sin ningún impacto más que el cumplimiento del requisito por ley. Tal cual lo manifestaron los congresistas de la oposición, no solo los pertenecientes a las comisiones conjuntas, una sesión exclusiva, cuando sus proposiciones están condenadas previamente a ser negadas es solo una “mímica legislativa”. Así como las y los niños juegan a la cocina sin cocinar, el congreso juega con la oposición a legislar.
Así entonces, el PGN 2021 es presentado para su primer debate el 23 de septiembre en el cuál se exponente tres ponencias: Dos ponencias negativas, una por parte del Senador Wilson Arias[1], y otra que aglomeraba a los demás congresistas ponentes de la oposición[2]; y una ponencia positiva mayoritaria en la cual se encuentran los congresistas ponentes y coordinadores todos ellos de los partidos de gobierno. A diferencia del año pasado, en esta oportunidad, las ponencias negativas fueron archivadas sin la intervención de ningún congresista. No se permitió el debate de las mismas, aun cuando varios parlamentarios habían solicitado el uso de la palabra. Por lo cual, la mesa directiva cerró el debate propio de estas, para darle paso y apertura a los micrófonos solamente en la discusión de la ponencia mayoritaria. Un acto que fue considerado por los parlamentarios de oposición como una aplanadora de la dictadura presupuestal, y en donde, la hasta ahora buena disposición del presidente de las comisiones, quedó entredicha, al manifestarse una clara censura. Por tal motivo, varios congresistas de la oposición decidieron retirarse de la votación ante la falta de garantías para la discusión del Presupuesto.
En esta medida, los partidos de gobierno presentaron un presupuesto con las siguientes modificaciones:
“Pupitrear’ los proyectos de ley polémicos o gruesos ha sido siempre una maniobra para acortar la acción sobre los mismos; así, el presupuesto fue aprobado en primer debate el mismo 23 de septiembre. Básicamente se solicitó a los diferentes congresistas que habían presentado proposiciones que fueran retiradas o dejadas como constancias, para que así no hubiera trabas en la aprobación y se pudiera votar en bloque la mayoría de los artículos del presupuesto. Con la promesa de reabrir la discusión en los siguientes debates, en lo que puede llamarse un ‘récord, el presupuesto fue aprobado en 6 horas, o 3 horas si consideramos realmente el tiempo de discusión y quitamos el dado para la exposición de las tres ponencias.
¿Qué cambio?
Algunas de las adiciones más representativas tienen que ver con el Sector Rural; después de haber sido seriamente afectado en el proyecto del presupuesto[3], termina con una adición de 512 mil millones de pesos, siendo cuantitativamente así la segunda adición más grande después del Sector de Planeación con 600 mil millones. En el caso de Educación, el tema se complejiza, aunque hay un aumento de 208,7 mil millones, estos recursos se destinan a programas ejecutados por ICETEX y no para aumento de la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior; vale la pena recordar que esto ha sido motivo en repetidas ocasiones de movilización estudiantil. La ESAP mantiene su reducción presupuestal del 16,26% y en el caso del SENA, se aumentaron 164 mil millones (4,4%); sin embargo, frente a 2020, esto significa solamente un aumento del 0.09%, lo que sigue dejando a la preciada entidad desfinanciada en cuanto a lo calculado para su funcionamiento el siguiente año (4 billones). En el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que presentaba una reducción del 28,4%, para el primer debate se realiza un aumento del 10,7% dejándolo aún desfinanciado por 17,74%. Al contrario, el Ministerio del Deporte que había sido un propósito rezagado, presenta un aumento del 68,8% entre versiones, lo que le termina significando un importante aumento para el 2021 de 33,2%. Igual en el caso del Ministerio de Cultura, que aumentaría para el próximo año 11,2% después de haberse presentado desfinanciado por 16.7%.
La Contraloría había advertido desde el proyecto que el presupuesto del programa para la Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos a nivel nacional se encontraba desfinanciado en un 43,36%, lo cual es preocupante dado el aumento de los indicadores de violencia intrafamiliar y violencia contra menores durante la pandemia. Para el primer debate el Sector de la Inclusión Social aumenta $483,6 mil millones, de los cuales $216,6 mil millones fueron para este proyecto a cargo del ICBF. Con esto, se repone la reducción del 3.06% presentado en el proyecto y se establece un aumento del 0.14% respecto con 2020. Un aumento insignificante teniendo en cuenta la importancia de esta Institución, y la advertencia de la Contraloría estaría indicando que aun harían falta al menos 118 mil millones de pesos solamente para este programa.
A pesar de que el Sector Defensa y Policía presentó una reducción neta de $214 mil millones de pesos, principalmente del Fondo Rotatorio de la Policía (-38,3%) y la Agencia Logística de las FFMM (-60,4%), el Ministerio de Defensa tiene un aumento del 3,9% que sumado a lo ya signado, lo deja en un crecimiento del 8,56% para el próximo año. Esto, en la coyuntura actual de exceso de fuerza, crímenes, y otras múltiples denuncias que recaen tanto sobre el ejercito como sobre la policía, podrían significar manifestaciones de descontento. Algunas de las denuncias más sonadas al respecto son las hechas por varios senadores sobre la compra de armamento y dotación, probablemente postergable, que, aun así, en época de pandemia se prioriza comprar.
Al revisar con detalle las modificaciones del presupuesto, hay un rubro que permanece con una reducción inmóvil frente a los aumentos de su sector: La Procuraduría General de la Nación presenta, desde el proyecto del presupuesto, una reducción del -5,16%, reducción que resalta cuando se revisan otras instituciones como la Defensoría del Pueblo que aumenta 15,6% (7,32% en el proyecto, más 8,3% en primer debate), la Contraloría General de la República: 30,2%, y la Fiscalía General de la Nación: 12,34% (11,13% en el proyecto, más 1,2% en primer debate).
Finalmente, en cuanto al Servicio de la Deuda, el rubro de Otras Cuentas por Pagar se reduce en 3.3 billones, debido a operaciones de manejo del servicio de la deuda pública nacional que no son especificadas. Una situación particularmente idéntica a la acontecida hace un año con el PGN 2020. Así, el Servicio a la Deuda continúa siendo el sector con mayor prioridad presupuestal: 72,5 billones.
¿Qué viene?
Al Presupuesto General de la Nación le restan los debates ante la plenaria. De acuerdo con la solicitud por parte de los coordinadores ponentes, los congresistas deberán volver a pasar las proposiciones dejadas como constancias para reabrir el debate; sin embargo, la dinámica expuesta hasta el momento ha implicado que la publicación y conocimiento de la ponencia mayoritaria se da solo uno o dos días antes de citar las sesiones para debate, esto significa que la preparación, en cuanto a proposiciones, puede quedar corta, y aquellos artículos que no tengan proposiciones se votaran en bloque. Esto también hace parte de la dinámica de la dictadura presupuestal: ¿qué tanta opción hay de cambiar el rumbo del presupuesto, cuando todo debe ser aprobado primero por el Ministerio de Hacienda? Ante lo mismo queda abierta la pregunta si el cierre al debate durante la aprobación por las comisiones económicas conjuntas podría proceder como un vicio de trámite.
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[1] Gaceta 923 de 15 septiembre de 2020
[2] Gaceta 967 de 22 septiembre de 2020
[3] Como se puede detallar en otro artículo de mi autoría: https://www.sur.org.co/presupuesto-general-de-la-nacion-2021-triunfa-la-financiarizacion-sobre-la-ruralidad/
Paula K. Triviño-Gaviria, Socióloga y candidata a Mg. En Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo – GSEID-. Funcionaria del Senado de la República. Contacto: [email protected]
Foto tomada de: https://senado.gov.co/
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