La nota predominante de dicho informe, es la preocupación por la coyuntura crítica signada por el ambiente de polarización y el lento avance en la aplicación de los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y las FARC (EP), en un contexto en el que “todavía quedan por delante algunas de las tareas más difíciles para consolidar la paz”.
Advierte, entre los obstáculos para lograr dicha consolidación, la persistencia en los continuos asesinatos de líderes sociales y de miembros del movimiento político FARC, la lentitud del proceso de reincorporación, la incertidumbre jurídica, física y económica de los exmiembros de las Farc-EP acerca de su situación y el clamor de las comunidades ante la ausencia del Estado en los temas de seguridad, servicios básicos, tierras y alternativas viables para superar las economías ilegales.
Por esta razón, el secretario señala en reiteradas ocasiones durante dicho informe al gobierno colombiano, la necesidad de acelerar la aplicación y desarrollo de componentes como:
- La viabilización de la Justicia Especial para la Paz-JEP, mediante la promulgación de una ley estatutaria que sirva de plataforma para su aplicación, en los términos contemplados en el acuerdo.
- La urgencia de aplicar los recursos económicos entregados por donantes internacionales al proceso de reincorporación a la vida civil de las personas que de buena fe renunciaron a las armas, para que ellas puedan adelantar procesos productivos que garanticen su sostenibilidad en esta nueva etapa de su vida.
- La importancia de incrementar el apoyo al desarrollo de los proyectos de mujeres y su participación, la cual ha sido muy valiosa, en la aplicación de los acuerdos.
El informe se presenta en cinco grandes numerales: Introducción; Principales Novedades; Tareas de la Misión; Estructura de la Misión y finalmente, unas Observaciones con perfil de conclusiones y recomendaciones específicas con respecto a los diversos tópicos abordados.
Inicia aclarando, que se realiza con base en la Resolución 2435 de 2018 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que prorrogó el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y solicitó al Secretario General de la ONU la presentación de informes cada noventa días.
Al relacionar las principales novedades aborda en 28 puntos temas claves como la JEP, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Sustitución de cultivos ilícitos, el Desarrollo Rural y el aumento de la violencia ante el cese de los diálogos con el ELN.
Respecto a la JEP, la entiende como un pilar fundamental del proceso de paz, alrededor de la cual se evidencian los factores crecientes de polarización y división nacional. Hace alusión al contexto de objeciones presidenciales a seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP y a la intención del Gobierno de plantear la reforma constitucional al Acto Legislativo 01 de 2017 que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Destaca el alineamiento del Partido Centro Democrático, otros miembros de la coalición de Gobierno y el Fiscal General con las objeciones a la Ley Estatutaria. Al tiempo, destaca el pronunciamiento de la contraparte, los exmiembros de las Farc-EP que participaron en los diálogos de paz de la Habana, así como los defensores del Acuerdo de Paz, los partidos de oposición, el pronunciamiento del Procurador General de la Nación, con respecto a la constitucionalidad de la Ley Estatutaria, ya revisada por la Corte Constitucional, antes del paso a sanción presidencial.
En este ambiente, muestra las fallidas gestiones del Gobierno a través del Canciller Holmes Trujillo para tratar de convencer al Secretario General de la ONU acerca de la validez de las objeciones del Presidente Duque. En contraste, resalta su reiteración expresada al Canciller y al Gobierno con respecto a la valoración que tiene la ONU acerca de la importancia de la JEP para garantizar los derechos de las víctimas y la preocupación ante la incertidumbre que rodea la aprobación de la Ley Estatutaria; así mismo da un espaldarazo a la declaración conjunta emitida por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el sistema de las Naciones Unidas en Colombia lamentando que, a más de dos años de la firma del Acuerdo Final, la Jurisdicción Especial para la Paz aún no contara con una Ley Estatutaria. En idéntico sentido, se refiere a la reunión del canciller en la Haya ante la fiscal de la Corte Penal Internacional quien, nuevamente reiteró su apoyo a la JEP y su disposición a trabajar con las autoridades nacionales para asegurar el cumplimiento integral de los criterios consagrados en el Estatuto de Roma.
También, muestra en el ambiente interno elementos relevantes como: el pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de una segunda revisión a la Ley Estatutaria después de que el Congreso considere las objeciones; la declaración conjunta de 170 organizaciones para realizar un paro nacional el 25 de abril para exigir que la implementación del Acuerdo de Paz se refleje adecuadamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, resalta que el Consejo de Estado falló a favor de devolver la autoridad que había suspendido a La Comisión bilateral de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y detalla la reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia, entre otros aspectos, con la conversión de la alta Consejería para el Postconflicto en Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Al referirse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, destaca su ardua labor eclipsada en ocasiones por los debates polarizantes sobre su función. No obstante, resalta que, en 15 meses transcurridos desde su establecimiento, 9.691 exmiembros de las Farc-EP han suscrito actas de sometimiento, así como 1.958 miembros de las fuerzas militares, 39 funcionarios públicos y 12 particulares, además de haber sido denegadas las solicitudes de sometimiento de 195 personas. También, hace alusión al trabajo relacionado con hechos que afectaron aproximadamente a 820.000 víctimas, con presentación de casos y material de apoyo, lo que califica como una dimensión innovadora del proceso de paz en Colombia. Así mismo, enumera los casos relacionados con llamado a comparecer a 31 altos mandos de las FARC-EP, por retenciones ilegales; así como a 22 exmiembros por casos específicos ocurridos en Nariño y a 56 miembros de fuerzas Militares por ejecuciones extrajudiciales. También, relaciona el llamado a declarar a 174 personas de Antioquia y Chocó por casos que incluyen denuncias de violencia sexual y de género. Así mismo, del Cauca y el Valle identifica 151 personas para examinar dimensiones territorial y étnica/racial de derechos humanos.
También, comienza a abordar el caso del exterminio de la Unión Patriótica por parte de agentes del Estado, a través de solicitudes de sometimiento de 20 miembros de la fuerza pública y 13 miembros del antiguo DAS. Igualmente, inicia el tratamiento del caso relacionado con reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.
Alude al proceso de ampliación de cobertura regional de la comisión de la Verdad y al fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas, así como la definición de procesos y metodologías de consulta con las víctimas, familiares organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, esta valoración del Secretario General de Naciones Unidas resulta ensombrecida, ante el drástico recorte presupuestal realizado por el Ministerio de Hacienda: A la JEP, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos les aprobaron un presupuesto para 2019 que, respectivamente, disminuye en un 28%, 40% y 68% con respecto al que solicitaron para su funcionamiento. Esto afecta la contratación de personal para escuchar a las víctimas, la búsqueda de más de 80.000 desaparecidos y el despliegue territorial con menoscabo de la celeridad de los procesos y de la cobertura y obliga a realizar ajustes e innovación en métodos de participación, particularmente, en lo relacionado con la comisión de la Verdad.
En el tema de sustitución de cultivos ilícitos, el Secretario señala que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC, informó el 31 de enero de 2019 acerca de los avances y restricciones del proceso: inscripción de 99.097 familias en el Programa Nacional de sustitución, con declaración de 51.824 ha de coca, de las cuales se avanzó en la erradicación de 34.767 ha. No obstante, están sin incluir 30.000 familias que han solicitado acceder al Programa. Anota que la tasa de erradicación voluntaria tiene una tasa de éxito del 94%, en relación con las familias que recibieron los beneficios financieros iniciales y que en siete de los municipios analizados a un año de la erradicación solo se había vuelto a plantar el 0.6% de los cultivos de uso ilícito. En dicho sentido, exhorta al gobierno a redoblar esfuerzos y asignar recursos institucionales, dado que algunas familias están a punto de dejar de recibir los pagos provisionales, en un contexto en el que solo un tercio de ellas ha recibido asistencia técnica, lo que deja en vilo la implementación de proyectos alternativos de desarrollo.
Así mismo, se refiere al Desarrollo Rural como un elemento nodal de la reincorporación con enfoque comunitario, vinculada estrechamente al Punto 1 del Acuerdo de Paz en relación con la Reforma Rural Integral. Resalta que, según el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a 23 de febrero se habían culminado los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET donde se sintetizan 33.000 iniciativas para beneficio de cerca de 11.000 comunidades. Su cobertura de 170 municipios tiene como fin ayudar a 6,6 millones de personas. El trabajo se realizó con más de 200.000 representantes de agricultores a pequeña escala, organizaciones sociales, víctimas, mujeres, comunidades LGBTI, autoridades étnicas, entidades académicas, empresarios y autoridades locales y regionales. En este orden de ideas, reitera el llamado al gobierno nacional para que se asignen recursos e indicadores específicos en el Plan de Desarrollo y se definan compromisos específicos a los distintos ministerios para que actúen de manera oportuna y coordinados por la Consejería Presidencial.
En cuanto al cese de los diálogos con el ELN, a raíz del atentado en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, condenado por el país y a nivel internacional, así como por el Consejo de seguridad de la ONU y el Secretario General, reseña la consiguiente exacerbación del conflicto que incluyó el levantamiento por parte del gobierno de la suspensión de las órdenes de captura de los diez miembros del ELN integrantes de la comisión de diálogo en La Habana, así como el aumento de la violencia en diversas regiones que ha implicado afectación de población civil, infraestructura y medio ambiente.
En lo que se refiere a tareas de la Misión de Verificación, aborda los siguientes 76 puntos en cinco partes a saber: Reincorporación, Garantías Jurídicas, Garantías de Seguridad, Cuestiones Transversales del Acuerdo de Paz y la Coordinación con el Equipo de la ONU en el país.
La Reincorporación la aborda desde los componentes económico, social y político. Al respecto, enfatiza en la importancia de aplicar marcos de política y planificación como el CONPES 3931 y el Plan “Paz con Legalidad” y se asignen recursos adicionales en el Plan Nacional de Desarrollo. Le preocupa la situación de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación-ETCR cuya fecha estipulada de vigencia es hasta el 15 de agosto de 2019; reconoce que el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización-ARN han analizado cada ETCR y preparan propuestas para su continuidad de ser posible o establecer alternativas en caso contrario, las cuales discuten con representantes de las FARC. En el mismo sentido, valora la provisión de servicios de alimentación y salud, prorrogada hasta el 15 de agosto de 2019. Señala que, a pesar de las mejoras en infraestructura y servicios básicos, en el último trimestre este proceso se ralentizó y se evidencian casos de situaciones de riesgo potencialmente graves para 400 excombatientes y sus familias.
Aprecia que el Consejo Nacional de Reincorporación haya comenzado a discutir una propuesta encaminada a fortalecer la reincorporación con enfoque territorial, con inclusión de procedimientos para crear mesas departamentales de reincorporación, lo que puede reforzar vínculos entre reincorporación y planificación departamental y municipal, así como en relación con los temas de sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo rural y la reconciliación, incluida la labor de la Comisión de la Verdad. En este marco, deplora los avances limitados en la implementación del enfoque de género en los programas de reincorporación.
Señala que a 27 de febrero de 2019 se hayan aprobado 22 proyectos colectivos de reincorporación económica y social y que la ARN haya aprobado 162 proyectos individuales para 1.592 exmiembros de FARC-EP, con desembolso para 9 proyectos colectivos y 133 individuales. Entre los proyectos colectivos destaca el primer proyecto étnico, para beneficio de 240 exmienbros de FARC-EP, la mayoría indígenas con acuerdo para uso de tierra en el resguardo de Tumburao en Silvia-Cauca. Así mismo, dentro de la perspectiva de género, destaca el liderazgo general de las mujeres y la Cooperativa para pesquería en Pradera-Putumayo, dos proyectos en Filipinas-Arauca en producción de huevos y una tienda, con proyección a la comunidad territorial. Así mismo, valora el avance en asistencia técnica a 118 cooperativas conformadas por 4.284 miembros.
Reseña que hasta agosto de 2019 el plan que beneficia a 10.070 personas incluye proyectos productivos para 5.520, capacitación y empleo para 3.600 y vivienda para 950.
Al respecto, exhorta a mantener el impulso hacia adelante para contrarrestar la sensación de inseguridad económica y la desconfianza entre los exmiembros de las FARC-EP que junto con las amenazas y la incertidumbre jurídica pueden afectar el proceso de reincorporación. En tal sentido, urge a que los desembolsos de los proyectos aprobados se realicen con celeridad y, así mismo, plantea como esencial para asegurar la sostenibilidad del proceso que los excombatientes tengan acceso a tierras, advirtiendo que, pese a la determinación de varias vías para hacer propietarios de tierras a los excombatientes, a la fecha no se ha entregado tierra a ningún excombatiente de las FARC-EP.
Especifica el aumento de contribuciones de donantes y del sector privado al proceso de reincorporación, tal como acontece con el Fondo Multidonante de Naciones Unidas y el fondo fiduciario de la Unión Europea que aportaron 30 millones de dólares; la Unión Europea 7,5 millones de euros para cooperativas y el Fondo para la Consolidación de la Paz con tres millones de dólares, operado por PNUD, ONU-Mujeres, UNICEF. Así mismo, el PMA y fundaciones del sector privado que contribuyen a reforzar estrategias de comercialización de bienes producidos en cinco ETCR. Igualmente, resalta la contribución de Francia, Noruega y Suecia con apoyo en asuntos políticos y de consolidación de la paz. Además, se busca apoyo financiero a la generación de ingresos en proyectos de excombatientes y con proyección a zonas urbanas de Bogotá, Cali, Medellín, Popayán y Quibdó.
Destaca una cobertura en salud del 93% para 12.129 excombatientes acreditados y, aunque limitado, empiezan servicios de guardería en ETCR de Arauca, Cauca, Guajira, Guaviare y Putumayo.
En Reincorporación Política, valora que continúe la participación de nueve representantes de las FARC en el Congreso, en debates claves y sobre políticas públicas; así mismo, destaca la preparación del nuevo partido para participar en las elecciones locales a realizarse en octubre 27 de 2019. Destaca el papel promotor del Comité de Género para promover la participación de las mujeres en política y su postulación como candidatas a las elecciones. Así mismo, señala que el consejo de Estado denegó la solicitud de pérdida de investidura presentada por la Cámara contra Jesús Santrich, dado que la detención, como razón de fuerza mayor, impide la posesión de su cargo. Así mismo, sigue estudiando la solicitud de pérdida de investidura contra Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce. También, destaca la gestión de la Misión en diálogos con el Ministerio del Interior, Registraduría Nacional del Estado Civil, consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación Electoral para asegurar la en las elecciones igualdad de condiciones. En tal sentido, destaca el llamado de la iglesia católica y el partido FARC para suscribir un pacto político nacional contra la violencia el cual el gobierno someterá a debate en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo final.
En lo que se refiere a Garantías Jurídicas, entre otros aspectos, destaca el acompañamiento de la Misión en las reuniones bilaterales para trabajar en la agenda de acreditación y tránsito a la legalidad con registro de nombres pendientes y establecimiento del paradero de más de 200 personas de las cuales 116 están en proceso de acreditación. Señala que en el trimestre son pocos los avances al respecto y que se cuenta con 13.061 ex miembros de FARC-EP acreditados; pero, solo 12.329 notificados. Al tiempo, resalta que siguen en prisión 164 exmiembros de Farc-EP acreditados. Señala que la situación no tiene novedades en materia de nombres presentados a la Oficina del Alto Comisionado en 242 casos de 2017 y mil de 2018.
En lo relacionado con Garantías de seguridad, aunque reconoce las iniciativas del gobierno relacionadas con prevención y protección en el marco del plan “Paz con Legalidad” frente a la inseguridad territorial y comunitaria, señala que se adoptó una nueva política de defensa y seguridad con objetivos de control institucional de territorios. Establece que asegurar un marco más amplio de políticas gubernamentales, especialmente en zonas donde estuvieron las FARC-EP constituye un desafío constante para precisar un plan concreto de seguridad territorial, rural y urbana para afrontar diversos factores que afectan a las comunidades y a los excombatientes. Establece que los 24 ETCR constituyen una oportunidad para consolidar la presencia polifacética del Estado en el contexto de las iniciativas de estabilización y legalidad. En ese contexto, valora la reactivación por el Presidente Duque de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el 30 de enero y el liderazgo del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos
Con relación a las garantías de seguridad para los exmiembros de las FARC-EP, señala que las Fuerzas Militares y de Policía siguen prestando servicios de seguridad en el perímetro de los ETCR y zonas circundantes. Destaca que durante el período no hubo incidentes graves que afectaran la seguridad en los ETCR pero, anota, sí se presentaron incidentes violentos en zonas cercanas entre grupos armados y con la Fuerza Pública. Dados los cambios en el personal militar desplegado cerca de los ETCR, alienta a redoblar esfuerzos en el diálogo entre el personal de seguridad, exmiembros de Farc-Ep y comunidades. También, plantea la necesidad de mayor representación de mujeres en el personal de seguridad desplegado, así como la necesaria capacitación en violencia de género en regiones cercanas a los ETCR. Destaca la habilitación de 138 esquemas de protección, incluidos 38 para mujeres y 33 colectivos.
Informa que el Partido FARC ha presentado una propuesta de seguridad para sus candidatos en campaña electoral y destaca la necesidad de un plan integral con las medidas que competen a cada una de las instituciones que conforman la Mesa Técnica.
Advierte que fuera de los ETCR se mantienen importantes problemas de seguridad. En el trimestre fueron asesinados 12 exmiembros de las FARC-EP incluyendo un beneficiario del Programa de Reincorporación de menores. Señala que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 99 excombatientes más otros tres que se están verificando por parte de la Misión. Al tiempo, resalta los casos de violencia sexual en los ETCR y exhorta a la adopción de mecanismos de prevención. En cuanto a los asesinatos de excombatientes de 102, solo se avanza en el esclarecimiento de 55 casos. Se ha dictado sentencia en 4 casos, 9 están en etapa de enjuiciamiento, 20 están en investigación, de los cuales en 15 se han practicado detenciones y 22 están en otras fases de investigación.
En lo relacionado con la seguridad de las comunidades, defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales, el Secretario manifiesta profunda preocupación “por los continuos ataques a los líderes sociales y contra defensores y defensoras de derechos humanos” y pide “que se adopten medidas rápidas para evitar nuevos asesinatos y llevar a los autores ante la justicia”. En el período que abarca el informe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia denuncia el asesinato de 29 personas y ha verificado 226 asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz. Las víctimas eran miembros de juntas de acción comunal, líderes de organizaciones de víctimas, personas que participaban en sustitución de cultivos ilícitos, reclamantes de tierras. Señala que los grupos étnicos y líderes indígenas han sido afectados por disputas entre grupos armados ilegales. Así mismo, según cuatro alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la violencia sexual sigue siendo un factor de desplazamiento forzado.
Plantea que se requiere del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas requiere de una respuesta institucional más coordinada y adaptada a las amenazas y asesinatos y se requiere un trabajo del Ministerio del Interior con la sociedad civil y la comunidad internacional en la formulación de una política integral de prevención y protección, tarea en la cual reconoce que se vienen realizando esfuerzos y espera que se traduzcan en medidas tangibles sobre el terreno. Al respecto, destaca las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo como mecanismo de advertencia acerca de riesgos para las personas y comunidades, que exigen medidas específicas y coordinación interinstitucional a las cuales la Misión seguirá monitoreando.
En cuanto a las Cuestiones Transversales, se refiera a la Incorporación de la perspectiva de género y colaboración con grupos de mujeres; los Asuntos étnicos; el tema de Niños y niñas, Juventud, paz y seguridad. Cabe destacar en perspectiva de género, pese a su valorable inclusión en el Acuerdo, destaca que hay muy poco avance, especialmente se refiere a la limitada implementación en reincorporación y garantías de seguridad. En tal sentido, exhorta al gobierno a “que dé prioridad a la pronta aplicación de las medidas de género de la política nacional para la reincorporación (CONPES 3931)” y solicita se acelere la aplicación del “Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y el establecimiento inmediato por la Ministra del Interior de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas”. En asuntos étnicos, señala que los riesgos de seguridad vienen en aumento en los territorios étnicos, como lo señalan las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. En este período han sido asesinados seis líderes indígenas y una lideresa afro colombiana. Los territorios étnicos están afectados por disputas entre grupos armados ilegales, cultivos ilícitos, explotación ilegal de recursos naturales, cooptación de grupos comunitarios y reclutamiento forzado que ha incidido en riesgos de confinamiento o desplazamiento.
Finalmente, en materia de Coordinación con el Equipo de las Naciones Unidas en el país, destaca el compromiso y apoyo de las Naciones Unidas a la implementación del Acuerdo de Paz. En enero el Fondo Multidonante de Naciones Unidas puso en marcha su segunda fase del proyecto de sostenimiento de la paz, asignando US $ 32 millones adicionales en prioridades como: el apoyo a la reincorporación de excombatientes; la estabilización local y la aplicación de los PDET y el apoyo a la reparación de las víctimas y a la justicia transicional. Así mismo, afirma que trabaja por mejorar la relación entre garantías de seguridad, protección y estabilización rural, así como para reducir el impacto de las economías ilegales.
En cuanto a la estructura de la Misión, es de destacar que se redespliega según as necesidades operacionales, la dispersión de exmiembros de las FARC-EP, los nuevos puntos de reagrupamiento y zonas urbanas.
Finalmente, entre sus Observaciones, resalta la necesidad de asegurar una adecuada implementación del Acuerdo de Paz y, como saliendo al paso de las intenciones de hacerlo trizas, destaca que “es esencial garantizar su integridad como conjunto de compromisos interrelacionados”. Señala que, en sentido más amplio, una paz sostenible requiere más allá de la reincorporación de excombatientes debería priorizar valiosos marcos de planificación para estabilizar y ampliar la presencia del Estado en las antiguas zonas de conflicto, con mayor impulso al desarrollo rural y género del Acuerdo de Paz y la asignación de recursos para cumplir las obligaciones en el Plan de Desarrollo; manifiesta su convicción acerca de la necesidad y capacidad de los colombianos, “en caso de que elijan trabajar juntos en las instituciones y sectores de la sociedad, para construir la paz que todos ellos desean”.
Advierte que Colombia sigue siendo fuente de inspiración para quienes en otras latitudes continúan atrapados en conflictos armados y valora la resiliencia de la sociedad y las instituciones. Al tiempo reitera el papel y compromiso del Consejo de Seguridad y su apoyo constante al proceso de paz del país.
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Observatorio de Drogas de Colombia
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