“El pensamiento neoliberal difundió ampliamente la creencia que el Estado es cada vez menos importante y que los mercados tienen capacidad para cumplir las funciones centrales de la sociedad. … No obstante, las funciones críticas que fijan el rumbo futuro de las sociedades solo pueden ser cumplidas por los gobiernos y las decisiones más críticas son del dominio legítimo y efectivo del gobierno nacional.”
Yehezkel Dror, La capacidad de Gobernar
Los más recientes eventos climáticos han dejado a gran parte de la geografía colombiana literalmente con el agua hasta el cuello. En medio de tremendas paradojas, regiones como el Pacífico Biográfico, el Caribe Colombiano, el Magdaleno Medio, Antioquia e, incluso, el Distrito Capital están afrontado los rigores de la nueva ola invernal que han provocado emergencias y desastres con un saldo de trágico de víctimas.
Según el reporte de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosferica de los Estados Unidos (NOAA, su sigla en inglés), el incremento de la temperatura global por encima de los promedios preindustriales[1], esta desencadenando una serie de impactos graves, como el aumento de fenómenos metereológicos extremos, elevación del nivel del mar, pérdida de biodiversidad y mayores riesgos para la alimentación y la salud humana.
En Colombia, diferentes Agencias como IDEAM, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) han alertado sobre las afectaciones que están causando aguaceros torrenciales, innundaciones, vendavales, avalanchas, desboramientos, tormentas eléctricas y desastres; los cuales han impactado 27 departamentos y 952 municipios causando afectaciones a más de 2 millones de personas, 250.000 familias damnificadas, 92 fallecidos y casi dos centenares de heridos. Lo cual ha puesto de presente nuestra alta vulnerabilidad a la variedad climática y el pesimo ordenamiento y uso del suelo en el territorio nacional.
Solo en Chocó, las lluvias de los primeros días del mes de noviembre causaron innudaciones en más de 25 municipios, afectando a 187.885 de sus habitantes, 37.577 familias, 5.000 viviendas, 18 colegios y más de 2.000 hectáreas de cosechas perdidas.
Las razones del Cambio y la varibilidad extrema de los ciclos climáticos
Según el IDEAM durante el segundo semestre de 2024 el país se ha enfrentado a 3 eventos climáticos extremos: en primer lugar la rápida transición de la temporada seca (conocida como el fenómeno de El Niño) a un período de lluvias intensas (La Niña). Según declaraciones recientes de la directora del Ideam “llevamos 13 meses consecutivos con corrientes oceánicas calientes” y donde en los últimos “11 meses se han superado los récords de la temperatura del aire de los océanos”. Con lo cual el inminente comienzo del fenómeno de la Niña durante el siguiente trimestre diciembre/24-febrero/25[2] mutará con rapidez haciendo que “el país pase rápidamente de las sequías causadas por El Niño a las inundaciones”.
El segundo evento climático extremo lo constituye la fuerte temporada de ciclones tropicales que está afectado a los departamentos de la costa Caribe. “Esperamos que va a ser una temporada de ciclones bastante fuerte que puede romper récords.”
El tercer fenómeno climático que incrementará la vulnerabilidad del país es la paradoja de la ocurrencia simultanea de zonas con fuertes lluvias y zonas de sequía.
En efecto, mientras los departamentos de la Orinoquia y la Amazonia presentan déficit de precipitaciones durante está temporada, en el resto del país asistimos a un recrudecimiento de la ola invernal. En particular, está paradoja la estamos viviendo en la Sabana de Bogotá, donde hemos asistido a una disminución de lluvias en el embalse de Chingaza, y simultaneamente un exceso de lluvias torrenciales en la Sabana de Bogotá, provocando inundaciones y afectaciones significativas en el Norte de Bogotá.
Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre se observó una significativa disminución de las lluvias en el embalse de Chingaza, que abastece de agua potable a Bogotá, obligando a la Alcaldía de Bogotá a declarar el corte y el racionamiento en el suministro del agua potable a los más de 8 millones de atribulados habitantes de la capital y, simultaneamente, nos vimos abocados a la ocurrencia de torrenciales aguaceros que paralizaron la circulación vehicular en la Autopista Norte y obligando a la evacuación de más de 2.000 personas, particularmente niños, niñas y jóvenes estudiantes que quedaron atrapados en los buses escolares por más de 5 horas.
Mientras tanto en gran parte del país y, especialmente, en las regiones del Pacífico, que incluye los departamentos del Cauca, Chocó, Narino y Valle, el Caribe colombiano con especial afectación de La Guajira y los valles del Sinú y la Mojana, el Magdalena Medio donde la ola invernal ha causado grandes inundaciones en los municipios ribereños de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, sur del Cesar y Magdalena. Allí las copiosas lluvias han generado fuertes afectaciones a viviendas, carreteras, infraestructura pública y cosechas en estos territorios. Superando con creces la capacidad de respuesta de los organismos locales y regionales de atención y prevención de desastres.
Mapa de Alertas por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones
Por áreas y subzonas hidrográficas
Fuente: IDEAM, 19 de noviembre de 2024
Para hacer frente a esta emergencia invernal e impedir la propagación de las afectaciones económicas, sociales y ambientales, el Gobierno Nacional declaró la Situación de Desastre Nacional y, a través de la expedición del Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, habilitó recursos por el orden de 1,7 billones para que la UNGRD pueda atender los efectos inmediatos y reparar a los damnificados.
Sin embargo, estamos lejos de poseer las capacidades geográficas, humanas, tecnológicas, institucionales y de gobernanza para resolver los problemas estructurales.
Las capacidades e incapacidades para lograr la adaptación al Cambio Climático
En primer lugar, el mapa de las amenazas y los riesgos hidrometerológicos coincide con la geográfica de las actividades antrópicas que han alterado el paisaje de las principales regiones del país.
Mapa de la deforestación y pérdida de Cobertura Vegetal
(2001 – 2023)
Fuente: Global Forest Watch, 2024
Como puede observarse en el mapa anterior, las mayores pérdidas de coberturas vegetales han ocurrido en los valles interandinos, las sabanas del Caribe y el pie de monte llanero, donde las actividades antrópicas han sido más intensas.
Durante el período 2001-2023 el país perdió 5,39 millones de hectáreas de bosques, un área del tamaño del departamento de Guaviare (53.460 km2) o Vaupés (54.135 km2); de los cuáles 2 millones de ha fueron de bosques primarios, que representan el 39% del total de las áreas deforestadas. Está pérdida de áreas boscosas equivalen a 3,01 Gt[3] de las emisiones de CO2, que es igual a la emisión de Co2 que produce 750.000 vehículos/año, y es equivalente al parque automotor total de una ciudad como Cali.
De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (ENA, 2020-2022) las cuencas de los ríos Atrato, San Juan, Cauca, Magdalena Medio, Suárez-Sogamoso, San Jorge y Sinú (La Mojana), Nechi, Saldaña, Cesar, Alto Magdalena, Rancheria, Catatumbo, Meta, Caguán, Caquetá, Putumayo, y el Patia son las áreas que han sufrido las mayores pérdidas de bosques.
Dentro de las principales causas de la deforestación están la ganaderia extensiva y la expansión de la frontera agrícola con el 72%; la mineria ilegal y la tala de bosques que aportan casi el 25% de la deforestación; los incendios (2%); y la expansión de las áreas urbanizadas.
La pérdida de las coberturas vegetales trae consigo el incremento de la temperatura de los suelos, la erosión, la colmatación y sedimentación de los lechos de los ríos y cuerpos de agua, la contaminación, la pérdida de la fertilidad del suelo, la salinización, compactación, la degradación y desertificación de los suelos. Procesos que afectan en gran medida a las regiones Caribe, Andina y la Orinoquia colombiana y que ha tomado fuerza en las áreas protegidas y las zonas de páramo.
En segundo lugar, estos procesos de degradación de suelos ocurren por la ocupación de áreas protegidas, como las áreas de Parques Nacionales y de parámos, y el conflicto de uso, que se presentan cuando la utilización de las tierras, en actividades como la ganaderia, la agricultura de migración, la mineria, la urbanización, el turismo y otros usos recreativos no se correspondes con la oferta ambiental.
Estos conflictos de uso y el manejo poco sostenible del suelo, ligados al cambio y a los eventos climáticos extremos agudizan la degradación, provocando desequilibrios en los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, la disminución de la productividad, la inseguridad alimentaria y el aumento de la pobreza rural, entre otras consecuencias.
Según el IDEAM (2016) el 40% de los suelos del país presentan algún grado de degradación por erosión y han generado grandes pasivos ambientales. Lo cual reclama con urgencia el cambio en las prácticas agrícolas convencionales, la restauración de los suelos y la masiva introducción de la agroecología y la agricultura restaurativa, mediante la rotación de cultivos, la labranza mínima, el uso de biofertilizantes, microrisas y prácticas agrosilvopasteriles sostenibles.
En tercer lugar se requiere un cambio en los paradigmas para transitar desde los enfoques sectoriales y fragmentados de las políticas públicas hacia un enfoque integral que coloque al territorio como pivote central para anclar y articular las políticas y las acciones institucionales.
Entendemos el territorio como un espacio construido socialmente (Nievas, 1994:2); es decir, como el resultado de la acción y cohersión que grupos de individuos, comunidades o sociedades ejercen sobre el espacio geográfico determinado para dominarlo o controlarlo, de acuerdo con sus intereses económicos, sociales o culturales. De acuerdo con Coraggio (1989) el territorio no es solo la superficie geográfica -con todas sus atributos físicos, morfológicos, climáticos, biofísicos y/o ambientales-, sino un espacio de articulaciones e interacciones socioeconómicas, políticas y culturales que moldean y ordenan el territorio. Lo determinante son las formas de articulación social y las relaciones de poder que le dan forma e identidad a este espacio de relaciones sociales.
En cuarto lugar, el reordenamiento territorial alrededor del agua es una tarea urgente. Más aún cuando estamos frente a cientos de poblaciones urbanas y rurales en riesgo y a miles de pobladores que tienen literalmente el agua hasta el cuello.
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida (Ley 2294 de 2023) constituye la carta de navegación para transitar hacia un país integrado y descentralizado con mayor automia de sus territorios y regiones para emprender acciones de planificación estratégica del ordenamiento y el desarrollo de sus territorios. Desde un enfoque integral y funcional del ordenamiento tomando como base la protección de los determinantes ambientales para trazar la cancha y orientar los procesos de planificación territorial participativos, donde los acuerdos de los principales actores del territorio se construyen desde las potencialidades y oportunidades de transformación social, productiva y ambiental que permiten construir la visión prospectiva de un desarrollo incluyente, equitativo, diverso y sostenible, que aprovecha el capital natural, hace uso del conocimiento y la innovación para promover la diversificación y transformación de los sistemas productivos, incorpora el uso creciente de las energías limpias y pérmite consolidar y fortalecer las capacidades locales y la resiliencia ante los choques climáticos.
Además los procesos de planificación y ordenamiento territorial permiten reducir las brechas sociales, económicas y ambientales, mediante la convergencia y articulación de los esfuerzos locales, regionales y nacionales para aumentar la productividad, competitividad, innovación y sostenibilidad territorial para lograr circuitos virtuosos de crecimiento económico y mejoramiento de los ingresos de los pobladores en los territorios.
Para ello, el PND proporciona un conjunto de herramientas y mecanismos para la coordinación intra e interregional los modelos de monitoreo y planificación inteligente, la convergencia y concurrencia interregional, la promoción de esquemas asociativos, el fortalecimiento de las autonomías territoriales y la coordinación y articulación de los actores estratégicos para mejorar la gobernanza territorial.
Dentro de estas estrategias, el Gobierno Nacional promovió y logró la aprobación en un primer debate del aumento de la Participación de los municipios y departamentos en los Ingresos Corrientes de la Nación ( PICN), con la cual se busca corregir las brechas y revertir el proceso de recentralización que se habia enquistado en las finanzas públicas desde los últimos 20 años. Este reparto quedó condicionado al mejoramiento de las capacidades territoriales y de la calidad del gasto.
Una pieza clave seguirá siendo la actualización y fortalecimiento de instrumentos con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y del Catastro Multipropósito.
En quinto lugar, se requiere fortalecer la participación, comunicación y el acceso a la información de calidad de la mayoria de los pobladores de los territorios dispersos y apartados a quienes se le niega el derecho a la participación bien informada. Recientemente, las evaluaciones realizadas sobre el cubrimiento de las discusiones y resultados de la COP16, cebrebrada en Cali, mostraron que solo el 30% de la opinión pública se interesó en seguir las discusiones y estar informada de sus conclusiones. En gran medida debido a la precariedad y la frivolidad con que los grandes medios hicieron el cumbrimiento de la COP16.
Finalmente, se requiere mejorar y articular las redes de monitoreo ambiental, para que los distintos actores que participan en los procesos de toma decisiones territoriales puedan disponer de información de calidad y en tiempo real sobre los fenómenos de variabilidad y sus efectos en las dinámicas, que les permita fortalecer sus capacidades de resiliencia frente al cambio climático y mejorar las decisiones para afrontarlos.
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[1] Según los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se prevé que la temperatura mundial en la superficie de la tierra durante los próximos 4 años (2024-2028) oscile entre 1,1 0C y 1,9 0C por encima del límite de referencia fijado en el Tratado Internacional sobre Cambio Climático (COP21), conocido como el Acuerdo de Paris (CMNUCC).
[2] Conforme a las predicciones del Consenso oficial del Instituto Internacional de Investigaciones del Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) del 14 de noviembre de 2024, se prevé un favorecimiento de las condiciones del fenómeno de La Niña durante el trimestre diciembre/24-febrero/25 con una probabilidad de ocurrencia del 71%.
[3] Una Gigatonelada de CO2 equivale a 1.000 millones de toneladas de gases efecto invernadero, de acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas de las Naciones Unidas.
Luis Alfredo Muñoz Wilches, Economista y MSc en Análisis de problemas económicos, políticos e internacionales contemporáneos
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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