Desde antes del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y hasta el presente el programa de acción política del Centro Democrático, de algunos sectores minoritarios del Partido Conservador y otras expresiones de extrema derecha han sido coherentes con la posición de oposición vertical a la política de paz y a sus consecuencias, el pacto de paz conseguido con las FARC EP y el avance en igual perspectiva en la mesa de conversaciones con el ELN. Uribe fracasó ocho años con la política de proponerle a estas guerrillas insurgentes el cese unilateral de las hostilidades, la concentración y la entrega, sin agenda de cambios políticos y sociales, para someterse a la legalidad con indultos para ex combatientes no comprometidos en graves infracciones y acceso al programa gubernamental de reintegración.
Pero lo que tuvo éxito como proceso de paz fue la interlocución de las partes del conflicto bélico a partir de una agenda bien conocida que abordó y consiguió compromisos de medidas de Estado y de Gobierno en transformaciones en materia agraria, de participación política, de aplicación de justicia transicional para todos los actores del conflicto, de reparación de las víctimas, de condiciones concertadas con las poblaciones hacia la superación de las economías de uso ilícito y de condiciones y garantías adecuadas para el paso de la insurgencia hacia la vida civil en la legalidad, con base en el cese bilateral de las hostilidades y la dejación de las armas de la guerrilla. Pretender que el Estado se quede con haber logrado el cese del alzamiento insurgente sin aplicar lo convenido como condiciones para ello y, por tanto, en beneficio de la “construcción de una paz sostenible”, es no solo un acto de insensatez política sino que llevaría a hacer inviable el propio proceso de paz.
Hay caracterizaciones y argumentos que evidencian la incapacidad del Centro Democrático y de quienes comparten sus posiciones para entender que son en principio incompatibles con la naturaleza y las consecuencias derivadas del acuerdo de paz. El sostener que no se trataba de una confrontación bélica sino de acciones terroristas; considerara a las FARC no como actor insurgentes que pasa a la vida política legal sino como “grupo narco-terrorista”; negar la agenda de cambios institucionales, políticos y socioeconómicos para tratar de imponer unas condiciones de sometimiento que no responden a la realidad de no haberse producido una derrota guerrillera ni un triunfo definitivo de la fuerza pública sino la necesaria transacción entre las partes, para cesar una guerra que resultaba inviable para ambas partes. El presidente Santos fue claro en reconocer que así se impusiera la fuerza pública en el mediano plazo, significaba otras posibles décadas de conflicto, violencia política y altos costos en todo sentido, incluida la ampliación de la grave crisis humanitaria sucedida.
El ex presidente Uribe acaba de lanzar un pronunciamiento sobre este tema en al cual corrige a su senador José Obdulio Gaviria que días antes había expresado ante la prensa que el propósito era “reversar” el acuerdo de paz y todos sus componentes, incluyendo sus desarrollos legales actualmente en trámite[1]. En tal pronunciamiento con relación a las elecciones de 2018 Uribe llama al Centro Democrático con relación al proceso de paz a “mantener intactos nuestros puntos”, que descalifican por su naturaleza y contenido cualquier proceso de paz de carácter político pactado con una organización insurgente, pero como estrategia electoral de campaña llama a cuidarse de esgrimir una consigna franca sobre el propósito de negar el acuerdo de paz y por consiguiente las condiciones y medidas hacia la construcción de la paz, por la conjugación de los llamados a “reversar” –los contenidos fundamentales- y a “corregir” –las medidas que podrían asumir como convenientes como el desarme y la desmovilización guerrillera y algunas estrategias de actuación oficial en tal circunstancia-[2].
En el actual panorama político colombiano el reto hacia el futuro próximo es claro. Quiérase o no, en medio de la agenda de temas nacionales necesarios de abordar, el asunto de la consolidación o del intento de reversión del acuerdo de paz Gobierno-FARC, es central en las apuestas políticas y en la forma como tendrá que dirimirse en las elecciones presidenciales de 2018. Infortunadamente es iluso pensar en un posible consenso entre los diversos y amplios sectores políticos y sociales que defienden este acuerdo de paz con el Centro Democrático y los sectores afines a su posición de su negación en lo fundamental. Incluso decir que estos sectores apoyan la desmovilización y el desarme guerrillero es una falacia o un engaño, en tanto no apoyan las condiciones y medidas que lo posibilitan. De tal manera, que lo que corresponde es forjar la más amplia coalición posible en defensa de la aplicación cabal de este pacto de paz, en apoyo al avance en los acuerdos con el ELN y en los compromisos con todas las medidas que hagan viable una paz sostenible.
Entre tanto Álvaro Uribe y las bancadas que lidera en Senado y Cámara son coherentes con su actuación sistemática contra el acuerdo de paz y su implementación, con votaciones en contra, constancias de rechazo y reiteración de propuestas que lo harían inviable, como negar la participación política de las dirigencias y comandancias de las FARC y oponerse a la Jurisdicción Especial de Paz. Así mismo, piden al momento que cese el diálogo iniciado con el ELN para insistir en su fracasada política como lo hicieron permanentemente mientras se dialogaba con las FARC, “hasta que el grupo cese sus ataques”. Es decir, él pretende el cese unilateral de las hostilidades sin que se asuma el necesario proceso de diálogo político y de logro de acuerdos en torno a la agenda temática convenida.
Por lo pronto, resulta importante el llamado para que a pesar del triunfo del NO y de las oposiciones permanentes y de diversas formas y en distintos escenarios a la paz, desde distintos sectores, que incluyen la violencia política que resurge en distintas regiones desde las degradadas estructuras paramilitares y otros actores comprometidos en tal sentido, no cedan en su empeño todos los diversos sectores comprometidos con la paz para consolidar las más amplias mayorías nacionales a su favor. En tal perspectiva, consolidar la más amplia convergencia política, social y ciudadana para que el próximo gobierno esté comprometido con claridad y coherencia con la implementación del pacto de paz con las FARC, con el avance sustancial hacia la paz con el ELN y con políticas y medidas coherentes con un programa de construcción de paz democrática.
Lo anterior no desconoce sino que llama a superar la confusión e incomprensión aún existente en muchos sectores de la sociedad con respecto a la conveniencia de la solución política del conflicto bélico y la vía de los acuerdos de paz. Sin duda la concentración conseguida en días pasado de todas las estructuras de las FARC, su preparación para la dejación de las armas y el paso de esta guerrilla a la política tendrá que ser un efecto demostrativo contundente de los beneficios del acuerdo de paz. Así mismo, desde esta guerrilla los actos de reconocimiento de responsabilidad, los pronunciamientos consecuentes con el paso a la política y el rechazo a la violencia política, entre otros, son elementos que deben tener un impacto político positivo hacia aclimatar la paz. El positivo recibimiento desde muchos pobladores a las tropas guerrilleras en su marcha hacia la paz definitiva, es un signo alentador en tal sentido que ojalá tenga la necesaria repercusión en los escenarios urbanos.
Pero así mismo, es preciso advertir que el Gobierno Nacional y entes del Estado no se pueden equivocar en esta fase de tránsito tan importante como difícil y llena de retos y dificultades notorias. Los innegables e injustificables problemas de gestión, eficacia e incumplimiento desde el gobierno nacional con el alistamiento y dotación de infraestructura en las zonas y puntos de concentración guerrillera, es un campanazo de alerta que debe corregirse. La incapacidad gubernamental y estatal para reconocer en su real implicación y dimensión así como para contrarrestar con eficacia los ataques contra líderes sociales, defensores de derechos y militantes políticos de izquierda en las zonas de conflicto, ocasionados desde sectores ligados a estructuras e intereses del narco-paramilitarismo y sus diversas expresiones actuales, lo cual riñe abiertamente con los compromisos de garantías pactados y con el deber estatal irrenunciable de protección de tales sectores sistemáticamente victimizados.
Como también los esfuerzos por preservar y llevar a sus necesarias consecuencias la aplicación del pacto de paz no puede dificultarse ni enredarse, con hechos equivocados como la actual iniciativa legislativa apresurada e inoportuna, liderada por el Ministro del Interior, sobre el trámite de una reforma política y electoral, que no corresponde en los términos a lo pactado y que distrae, dispersa y dilata poniendo en riesgo los logros necesarios en este semestre de habilitación del procedimiento abreviado de trámite en el Congreso, exclusivamente para las medidas derivadas de tal pacto de paz. Por supuesto que se requieren de manera general tales reformas pero habrán de abordarse luego de la manera adecuada y por el procedimiento ordinario, diferenciando específicamente lo que corresponde a la implementación del acuerdo. Razón le asiste al respecto a la crítica presentada a esta iniciativa gubernamental por un editorial de El Espectador:
“El gobierno y la Unidad Nacional no pueden olvidar que la legitimidad del Acuerdo de Paz, altamente cuestionada por las maromas que se hicieron para su “refrendación”, pende de un hilo y requiere que todo lo que se apruebe de manera extraordinaria tenga justificación directa. De lo contrario, no será difícil que sigan predominando los discursos que ven en el fast- track una burla a los procesos legislativos establecidos por la Constitución”.
Al respecto, la Corte Constitucional como se ha recordado en la discusión sobre esta iniciativa, en su Sentencia C-699 de 2016 aprobó el procedimiento abreviado en el Congreso solo para implementar las iniciativas legales directamente relacionadas con el pacto de paz suscrito, concebido como mecanismo “especial, excepcional y transitorio”. Incluso Rodrigo Uprimny advierte que “en caso de duda” sobre la existencia de la relación directa con la implementación del pacto de paz, deben emplearse los mecanismos ordinarios en el trámite de proyectos de ley y de actos legislativos.
No caben equivocaciones del orden de las mencionadas, sino concentración coherente en los asuntos convenidos en el acuerdo Gobierno-FARC para avanzar adecuadamente en su implementación, como ya se consigue en distintos elementos de sus capítulos. Y entre tanto, es preciso unir los más amplios esfuerzos en defensa de la tarea de dimensión histórica a conseguir, cual es la de aplicar, consolidar y preservar la paz con las FARC, avanzar en acuerdos con el ELN y proyectarnos como país a cerrar la página del conflicto bélico, para pasar con coherencia a construir una paz completa.
Alvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.
Bogotá, DC, 23 de febrero de 2017.
NOTAS
[1] Declaraciones del senador José Obdulio Gaviria, en: “Uribismo propone cambiar acuerdo con FARC si gana las elecciones en 2018”, El Tiempo, Bogotá, 10 de febrero de 2017..
[2] “Mensaje del ex presidente Álvaro Uribe Vélez de cara a las elecciones de 2018, Medellín, 20 de febrero de 2017. En: http://www.centrodemocratico.com/articulo/mensaje-del-expresidente-alvaro-uribe-velez-de-cara-las-elecciones-de-2018
Deja un comentario