El escenario del atentado no podía ser más complejo e intrincadamente problemático: precisamente, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, donde diez días antes estalló el Carro Bomba volando parte de las instalaciones de la Brigada 30, sitio en que se encuentra personal de las fuerzas militares de los Estados Unidos; afortunada, casualmente, o de manera calculada no hubo muertes; pero sí 36 personas heridas y se ocasionaron daños a la infraestructura.
Paradójicamente, la noticia del atentado contra el Presidente y su comitiva, pese al gran despliegue noticioso que tuvo en los medios de comunicación y redes sociales, no conmovió a un país que, para el momento, seguía embebido en la dinámica de la afectación del Covid-19, las movilizaciones del Paro Nacional y los estragos de la crisis económica con su secuela de pauperización y hambruna de familias precarizadas.
Este nivel de indiferencia, incredulidad y burla frente a un hecho tan grave, solamente es entendible en un país connaturalizado con la violencia; en el que cunde la desconfianza hacia las instituciones, en un momento de mayor índice de impopularidad de Duque, cercana al 79% y con un nivel de respaldo de tan solo el 16% para el 22 de junio de 2021, según la Encuesta de Pulso País de Datexco y W Radio; ver, al respecto, Infobae (22,07,2021). La misma encuesta muestra desaprobación entre el 79% y 80% frente al manejo de seguridad nacional, en temas de guerrilla y paramilitarismo y un nivel de 71% de desconfianza con respecto al manejo dado por el gobierno a las Fuerzas Armadas. Estos son los índices más altos de desaprobación a la gestión presidencial en varias décadas de la historia del país.
Precisamente, esto sucede en una coyuntura crítica caracterizada por una honda brecha entre la ciudadanía y un gobierno empecinado en la narrativa estigmatizante de la protesta popular; renuente a negociar, centrado en soliloquios y reacio a acatar las observaciones y recomendaciones de la CIDH, así como los pronunciamientos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del propio Consejo de Seguridad de la ONU, de voceros del Congreso de Estados Unidos y de la Unión Europea, en relación con la brutalidad policial y el respeto del derecho a la protesta pacífica. Así se ha mantenido el gobierno en el contexto del estallido social, en una dinámica negacionista y evasiva, en lo que se vislumbra desde ya como una caldeada contienda electoral plagada de maniobras políticas, aprovechamiento de las mayorías en el Congreso, uso y abuso de los organismos de control en calidad de policía política y de los grandes medios en favor de los intereses gubernamentales de la ultraderecha en el poder.
Como era de esperarse, antes que un pronunciamiento serio de parte de los voceros del gobierno, se repitió el mismo libreto de momentos anteriores de baja de la popularidad presidencial, relacionados con supuestas amenazas contra la vida del primer mandatario. En efecto, el gobierno priorizó el manejo mediático de los hechos; con afirmaciones apresuradas pretendió involucrar al ELN en el atentado contra la sede de la Brigada 30, así como al Gobierno de Venezuela en contra del helicóptero presidencial. Incluso, al día siguiente del atentado se mostraron los dos fusiles con las que, presumiblemente, se hicieron los disparos, Un AK-47 y un fusil calibre 7-62 tipo FAL con sellos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. No obstante, el grupo guerrillero negó su autoría mediante video y comunicado. También, El Canciller venezolano Jorge Arreaza, a través de Agencia EFE (22,07,2021), tildó de “cortina de humo” los señalamientos en contra de Venezuela, hechos por voceros del gobierno colombiano.
En lo relacionado con la seguridad de Duque, cabe anotar la vulnerabilidad de su esquema, como lo plantea Libreros en entrevista de Rojas (26,06,2021). El analista subraya la pérdida de capacidad administrativa de las Fuerzas Armadas, tanto en la gestión de la seguridad de figuras públicas, como en lo relacionado con la defensa nacional.
Precisamente, los hechos relacionados con el carro bomba en la Brigada 30 y el atentado al helicóptero presidencial ocurren en Cúcuta, puerta de entrada al Catatumbo, zona de confluencia de guerrillas del ELN, de disidencias de las FARC, de paramilitarismo y de proliferación del narcotráfico, ahora con incidencia de carteles mexicanos; de una inmensa frontera, porosa, plagada de conflictos sociales, de economías y grupos armados ilegales, de corrupción institucional, política y militar a ambos lados de la frontera, con relaciones institucionales rotas entre ambos países.
En la coyuntura, la corrupción al propio seno de las fuerzas militares colombianas sale a flote en este contexto donde, de acuerdo con las investigaciones y detenciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación aparece como presuntamente implicado el capitán en retiro Andrés Medina Rodríguez quien recibió entrenamiento como piloto de Black Hawk en Estados Unidos, fue piloto del Batallón de Helicópteros No 2 y estuvo 12 años como militar activo y todo parece indicar que fue desvinculado por motivos de indisciplina y corrupción. Sin embargo, era instructor de escoltas de la Unidad Nacional de Protección-UNP y tenía acceso franco a las instalaciones de la Brigada 30 y, todo parece indicar que conocía del itinerario del helicóptero presidencial, con base en lo cual planificó y llevó a cabo el atentado que luego, mediante video, se adjudicó el Frente 33 de las Disidencias de las FARC, al mando de Javier Alonso Velosa, alias Jhon Mechas.
Mediante hilo de Twitter del 02 de agosto, @Julianaramirez26, periodista de Noticias Uno, informa que están imputados por terrorismo Andrés Medina, su Padre (encargado de comprar la camioneta usada en la explosión de la Brigada 30) y Ciro Gutiérrez, también exmilitar y escolta de la UNP, mientras que a los demás detenidos (cuatro hombres y una mujer), les imputaron concierto para delinquir. Añade que la Fiscalía tenía una investigación abierta contra el Frente 33 desde 2018 y la reanudó semanas antes del atentado. Había interceptación de líneas telefónicas de presuntos miembros y colaboradores y se sabía que estaban comprando explosivos, armas y dotación militar
Andrés Medina dejó en su recorrido de preparación de los atentados infinidad de rastros, según informa @julianaramirez: usó a su papá, hermano y primo para la compra de la camioneta y de una moto. Entre los celulares usados para la logística del atentado está el de su mamá. Usó la misma camiseta de su foto de perfil de Facebook el día que introdujo la camioneta en la Brigada 30. El día del atentado huyó a Venezuela y regresó a Cúcuta donde fue capturado en un retén; dicho retén no estaba cuando recogió la camioneta en Torcoroma para llevar la hasta Tibú y cargarla con explosivos.
Ahora, tras la detención y con motivo de haber personas heridas que forman parte del personal militar de Estados Unidos se plantea la posibilidad de su extradición a Estados Unidos. A esto, le suman presuntos delitos de tráfico de drogas por Venezuela, como muestra la Unidad Investigativa de El Tiempo (24,07,2021).
Estas y otras circunstancias invitan a diversos analistas a reflexionar sobre la autoría y móviles del atentado. Está el escenario probable de haberlo cometido por dinero. Con una posibilidad, como “Falso Positivo” al servicio del propio gobierno, con el fin de provocar solidaridad con las instituciones y mejorar la deteriorada imagen presidencial, al tiempo que se incide en dinámicas de campaña política. En este escenario, la huella digital dejada en los preparativos y la realización, así como la probable extradición permitiría lucrarse y cambiar de identidad en Estados Unidos. No obstante, está la inconsistencia relacionada con la magnitud del atentado, como lo hace notar el Coronel (R) Carlos Alfonso Velásquez en el Canal de Youtube de Duzán (26,07,2021): Tiene más jerarquía un atentado contra el Presidente que un atentado contra militares norteamericanos por lo que, razona, los delitos deben juzgarse en Colombia.
Una segunda opción, también asentada en la codicia y la corrupción, tiene como base el lucro, al ser ejecutor de un operativo al servicio del Frente 33, grupo que buscaría posicionarse en el Catatumbo y ganar en notoriedad en procura de mejorar su posición de interlocutor político y armado con el gobierno colombiano, los actores políticos en Venezuela y otras estructuras ilegales como el ELN, como fuerza de gran incidencia en la región. Como plantea La Silla Vacía (27,07,2021) estas apuestas de los grupos armados traen nuevas complejidades del conflicto, especialmente en la frontera, donde proliferan el contrabando, el narcotráfico y se entrelaza con acciones militares y reivindicaciones políticas haciendo vocería de bases sociales en dinámicas de guerrilla contra el Estado y competencia con otros grupos armados, donde se disputan recursos, control territorial y reconocimiento social.
Tampoco se descarta la realización por encargo de un operativo con falsa bandera, contratado por carteles de la droga con el Frente 33, a cambio de dinero y notoriedad para una disidencia que parece formar parte de los grupos afines a Gentil Duarte. Con estos enfoques, se descarta la posible incidencia de la Segunda Marquetalia, que pudiera tener interés en ejercer acciones de retaliación por la muerte de Jesús Santrich, presuntamente ejecutado por un comando mercenario.
En cualquiera de los escenarios planteados, cabe resaltar las fallas de seguridad en el dispositivo presidencial y la dinámica de conflicto al interior de la propia estructura militar. A raíz de los atentados salen del Ejército el Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo, Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, encargado de la investigación del atentado a la Brigada 30, quien tiene tres procesos bajo control de la Corte Suprema por su implicación en los mal llamados “Falsos Positivos” cuando era comandante de la Séptima división. También, el General Marcos Evangelista Pinto, Comandante de la Segunda División del Ejército en Norte de Santander, al igual que Ramírez, también implicado en los “Falsos Positivos” cuando era Comandante del Batallón Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada. En este contexto, no se descarta un revolcón en las fuerzas militares, como lo enuncia Infobae (28,07,2021). De hecho, Aguilar (28,07,2021) reporta para W radio posibles cambios en la Cúpula Militar donde el General Ramsés Rueda Rueda llegaría presuntamente al comando General de las FFMM. El Mayor General Carlos Iván Moreno sería el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFMM. El Mayor General Juan Pablo Moreno Tascón reemplazaría al General Eduardo Zapateiro en el comando del Ejército y el Vicealmirante José Ricardo Hurtado Chacón sería el Comandante de la Armada Nacional y el Mayor General Pablo Enrique García Valencia entraría a comandar la Fuerza Aérea.
De hecho, volviendo a los problemas de seguridad al seno de la Fuerza Militar, El Expediente (25,07,2021) publica un mensaje interno del Comandante General, Eduardo Zapateiro, para los grupos de generales del Ejército donde se refiere a un mensaje anónimo que circula en redes sociales referente a una presunta relación suya y de su Ayudante el Coronel Oscar Gómez Guzmán con el Capitán Retirado Andrés Medina, capturado a raíz del atentado contra el helicóptero presidencial y la bomba en la Brigada 30. Pese a su mensaje, Zapateiro no logra despejar las denuncias. Se limita a reportar un parte de tranquilidad fundamentado en la reducción de hallazgos en un 55% por parte de la Contraloría y en el cumplimiento de la política de austeridad, entre otros aspectos, sin referirse a los asuntos medulares del anónimo. El Expediente confirmó con el General Zapateiro la autenticidad de su mensaje.
El anónimo se refiere a una presunta red de corrupción conformada por el Capitán Medina con el Coronel Gómez Guzmán y el Teniente coronel Carlos Sarmiento Gutiérrez, directo responsable del batallón de servicios No 30. También, alude posible tráfico de influencias y una presunta alianza con Megateo, el extinto comandante de los “Pelusos”. Les adjudica posible tráfico de gasolina venezolana para los laboratorios de Megateo. Les endilga destrucción de pruebas, remoción de personal e involucra a los Comandantes Mejía Ferrero y Zapateiro, quienes no hicieron nada para neutralizar dicha red. El mensaje anónimo llama al Ministro de Defensa y a la Dirección Nacional de Inteligencia para que examinen la conducta del Coronel Gómez Guzmán, como posible eslabón del atentado.
Sea como fuere la situación interna del Ejército en el Catatumbo y en el país, tampoco es un secreto la presencia de redes de corrupción interna que han operado en diversas épocas. En la venta de equipo militar e insumos a los grupos armados ilegales. El juego de intereses con respecto a la logística; desde las raciones para los soldados, los empaques, las prendas de vestir, las botas. La apropiación de recursos provenientes de la cooperación norteamericana con el Plan Colombia, el aprovechamiento de repuestos e insumos como la gasolina, que generan oportunidades de despilfarro y riesgos de malversación.
Es importante recalcar que la mayor responsabilidad en la corrupción de las Fuerzas Armadas está en la conducción política. Son los gobernantes quienes han desviado el papel de aquellas hacia temas conflictivos de la sociedad, como la conformación de bloques de búsqueda en contra de capos de la mafia; les han utilizado en el control del orden público interno y en la minería ilegal, afianzando una mentalidad militarista en el país y copando con pie de fuerza todo asunto que se considere problema de Orden Público. Esto, sin hacer referencia al macrocaso 03 de la JEP sobre muertes de civiles y de personas protegidas, provocadas fuera de combate, comúnmente conocidas como “Falsos Positivos”.
En este contexto, muestra los graves problemas de ética y moral que afectan a la institución militar y su extensión al ámbito de la Policía Nacional, como se ha evidenciado en el tratamiento brutal a la protesta social. En dicha dinámica, quienes dejan el servicio traen una preparación que contrasta con su menguada remuneración. Su baja del servicio, sin nuevos horizontes ocupacionales y de formación en nuevas competencias laborales y profesionales se convierte en un factor crítico para la sociedad, para sí mismos y sus familias, frente al riesgo de engrosar los grupos criminales.
Como muestra de ello y por si faltaran ingredientes a la dinámica compleja del país y de la crisis de las fuerzas armadas en particular, el 7 de julio es asesinado por un grupo de 26 mercenarios colombianos y dos haitiano-norteamericanos el Presidente de Haití, Jovenel Moïse. El evidente incremento de la desconfianza social en el gobierno y la sospecha de injerencia en los asuntos internos de Haití, está fundado en la excepcional preocupación por la detención de connacionales en cárceles extrajeras. Precisamente, también, por las relaciones de miembros del partido de gobierno colombiano con contratistas de seguridad asentados en Miami, involucrados en el magnicidio de Haití, así como en razón de los desvelos de la Vicepresidencia, del Ministerio de Defensa, de la Dirección de la Policía Nacional y de la Defensoría del Pueblo, para tener injerencia en la investigación y velar por la protección de los derechos del grupo encarcelado en Haití.
La proyección internacional de exmilitares colombianos merece un tratamiento especial. Pero, no sobra recalcar que esto se da en un contexto de auge de privatización de ejércitos de mercenarios y su presencia en distintos conflictos y acciones de protección de activos estratégicos de países y empresas transnacionales. Colombia se ha convertido en un proveedor barato de fuerza militar, en el contexto de la guerra híbrida y de la paramilitarización de las intervenciones. Esa mirada ha afectado las relaciones del país con sus vecinos y le está confiriendo el indeseable papel de instrumento de violencia para la proyección de intereses de las élites y de la ultraderecha de la región.
Mientras tanto, la crisis social y política se mantiene en un contexto de promoción de nuevos factores de conflicto y guerras internas. La negativa a negociar en el Paro Nacional trae aparejadas tendencias de organización social en los territorios. Pero, también, implica riesgos de degradación de formas de lucha popular. Como lo muestra Dickinson (26,07,2021) “la realidad está llena de grises”. Frente a la legítima protesta social de amplios sectores, predominantemente juveniles, sin experiencia de lucha social o política la indiferencia estatal les coloca en riesgo frente a la capacidad de los grupos ilegales para copar los vacíos de seguridad. Es decir, donde no se cosechan logros democráticos, las condiciones pueden podrirse vivas, a menos que la organización social desarrolle formas autónomas sostenibles de economía popular. Por ello, se vuelve urgente que el Estado cumpla sin criminalizar la protesta y que haya democratización de la vida social y política.
Una muestra de los riesgos en relación con el deterioro de la seguridad lo muestra la violenta confrontación entre hinchas del Santafé y Atlético Nacional la noche del 3 de agosto en el Estadio El Campín. De la confraternización en las calles durante la protesta social, se pasa a las fronteras invisibles y a la lucha violenta entre bandos juveniles. En los barrios, puede ser peor don el control de grupos en riesgo de criminalización dentro de su lucha por la supervivencia.
Lo más notable se refiere a siete zonas críticas de desplazamiento, confinamiento y reclutamiento por parte de bandas criminales, como plantea la Defensoría del Pueblo mediante Alerta Temprana y lo presenta Navarro (03,07,2021): Estas zonas se refieren al Pacífico Nariñense, el Sur de Bolívar, Antioquia, Sur de la Guajira, Cauca, Putumayo y Amazonas. Obsérvese que no hace alusión al Catatumbo ni a las grandes ciudades donde el estallido social cambió las relaciones con las administraciones municipales y trajo nuevos desafíos para resolver desde el diálogo la promoción de la convivencia y virajes en materia de políticas públicas.
De hecho, se han presentado desplazamientos de población en Ituango, el Chocó, Santa Rosa del Sur y se ha presentado la masacre No 62 en lo que va corrido de 2021.
Como se puede observar, los desafíos para el movimiento social pasan por la construcción de formas permanentes de organización y movilización pacífica en las cuales es fundamental el impulso de la pedagogía política y de relaciones capaces de superar el caudillismo y la cooptación por bandos partidistas.
Al respecto, mucho se habla de la importancia de registrar la cédula para participar en las elecciones del 2022 para Congreso y Presidencia de la República. Siendo esto crucial para la democratización del país y para la derrota del uribismo en las urnas, también, es fundamental cultivar la organización social de base. La organización barrial, sindical, campesina, étnica, cultural, estudiantil y de género es crucial para copar con autonomía los espacios propios de la lucha social y de la democracia participativa en dinámicas de resistencia, con nuevas formas de identidad y cooperación desde los territorios; allí es donde se construyen los vasos comunicantes del tejido social y donde surgen los nuevos liderazgos democráticos.
Fuentes:
Infobae. El 79% de los colombianos desaprueba gestión de Iván Duque, según encuesta Pulso País. Junio 22 de 2021.
Agencia EFE. Venezuela rechaza acusaciones sobre atentado contra el presidente Iván Duque. El Espectador. Julio 22 de 2021.
Rojas Ángel César. Autoridades de Colombia investigan ataque al helicóptero en el que viajaba presidente Duque. France 24. América Latina. Junio 26 de 2021.
Unidad Investigativa. ¿Extraditarán al ‘Capi’ por atentado a Duque y a militares de EE. UU.? En Colombia no delatará a nadie. ¿Qué información está guardando? El Tiempo. Julio 24 de 2021.
La Silla Vacía. CON EL ATENTANDO A DUQUE EL FRENTE 33 RECLAMA SU PRESTIGIO EN EL CONFLICTO DE LA FRONTERA. Julio 27 de 2021.
María Jimena Duzán. ¿Qué hay detrás del atentado a Duque? Julio 26 de 2021.
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=FMkYH7GoeT8
Infobae. El general Juan Carlos Ramírez se retira del Ejército, fortaleciendo los rumores sobre un remezón de la cúpula militar. Julio 28 de 2021.
El Expediente. Zapateiro mete las manos al fuego por su ayudante el Coronel Oscar Gómez Guzmán. Julio 25 de 2021.
Aguilar Diego. Estos serían los nuevos cambios en la cúpula militar. W radio. Julio 28 de 2021.
Dickinson Elizabeth. Grupos armados, gobierno y paro nacional: la lucha por los jóvenes. Razón Pública. Julio 26 de 2021.
Ver: https://razonpublica.com/grupos-armados-gobierno-paro-nacional-la-lucha-los-jovenes/
Navarro Cristina. Las 7 zonas críticas de desplazamientos, confinamientos y reclutamientos. Caracol Radio. Julio 03 de 2021.
Ver: https://caracol.com.co/radio/2021/08/03/judicial/1628009572_957353.html
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Semana.com
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