La creación del “Fondo de Pérdidas y Daños” por más de 200 miembros de la COP27, que llenó de aplausos la sesión plenaria tras una larga jornada extra y de ilusión a muchos de nuestros funcionarios, después de casi tres décadas de propuesta, es, por lo menos ambivalente: en su superficie es un logro conjunto, pero en el fondo puede convertirse en una falacia, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista práctico, pues es otro fondo adicional a uno que no ha cumplido. Así se haya avanzado en posibles alianzas entre nuestros países para reclamar un poco más, los que más sufren el cambio y variabilidad climática, no deja de ser la creación de este nuevo fondo un poco un “canto a la bandera”. Ya veremos las dificultades que aparecerán en su implementación, pues el proceso para hacerlo operativo tendrá muchas dificultades, tantas que lo podrían hacer inviable. La expansión de las fuentes de financiación, lo cual incluiría a la China, por solicitud de la Unión Europea y Canadá entre otros, fue respondida por el representante Chino expresando que debe ser “voluntaria”, lo cual nos lleva al fondo ya existente. Otros actores como Banco Mundial y FMI fueron reclamados para aportar a “soluciones de financiación”, como las que planteó el presidente Petro en su discurso, de ofrecer cambio de deuda externa por protección a la naturaleza y eliminación de emisiones. Esta opción podría aumentar los esfuerzos existentes, pero no reemplaza el volumen de recursos necesarios para producir una diferencia sustantiva.
La cruda realidad es que el otro fondo, el voluntario, el de ayuda y cooperación por 100 mil millones de dólares al año, llegó hasta 12 mil millones en el mejor de los casos. No debemos esperar que ahora, que tendrían que admitir específicamente daños y perjuicios, pérdidas cuantificadas y valoradas, lo cual nos sitúa en el terreno de la responsabilidad jurídica, contractual, legal, y por tanto en un maremágnum de discusiones y argumentaciones, lograríamos de manera más expedita recursos para atajar la degradación ambiental y ecológica que hemos sufrido por el calentamiento climático. Lo que no se da voluntariamente, menos se da por obligación y sobre todo si involucra discusión jurídica que ata, que obliga económicamente. Dirán que ignoro los acuerdos internacionales; diré que el fondo de contribución es un acuerdo internacional y no se ha cumplido. Dirán que desconocemos el Plan Marshall después de la segunda guerra mundial; diré que muchos de los apoyos internacionales vienen muy atados a generar oportunidades para las empresas de dichos países que los suministran, como lo podemos ver en Colombia con recursos de los Estados Unidos, por ejemplo.
El tema del Fondo de Pérdidas y Daños sirvió para postergar o, mejor, eludir, el tema de fondo, que es el de mitigación. El de no emitir; el de reemplazar los procesos industriales contaminantes y los vehículos a combustión interna por procesos y movilidad limpia para el planeta y la gente. En una COP en la cual una de las representaciones más grandes, o tal vez la más grande fue la del sector privado de hidrocarburos, es posible que, proporcionalmente, la oferta de 200 millones de dólares del presidente Petro haya sido la más generosa y visionaria desde el punto de vista de la inversión para salvar la amazonia y el planeta. La capacidad de “lobby” de estos actores es gigantesca, hasta el punto de subvencionar investigadores científicos que creen dudas sobre la gravedad y profundidad del problema y de maquillar sus actividades con el “Green Washing”. En honor a la verdad, es importante diferenciar tres grandes actores en este sentido: las compañías que quieren continuar haciendo lo que han hecho (“bussiness as usual”) en una sociedad de hipermercados financieros y monopolísticos, que invierten en comprar conciencias y votos; los actores empresariales que están tratando de contribuir en alguna manera a cambiar, dentro de los ritmos de la economía imperante, con figuras como “FIRST MOVERS COALITION” que pagan la diferencia entre el precio del mercado de producir con contaminación y sin contaminación de CO2, para incentivar el reemplazo de tecnologías mediante la ampliación de economías de escala de nuevas alternativas, como el caso del acero, del cemento, de los plásticos, sectores en los cuales ya se tienen alternativas incipientes que pueden crecer más rápidamente en la medida en la cual se amplíen sus mercados: un tercer grupo de empresas, que le apuestan a la competencia con innovaciones disruptivas dentro del mercado, como es el caso de los automóviles eléctricos y a hidrogeno, que están despegando a velocidades muy rápidas. No debemos hacernos los ciegos frente a las necesidades de minerales y de energía eléctrica adicionales que reclaman estas nuevas perspectivas y que son muy significativas. En COP27 se reúnen todos estos tipos de actores, con creciente acogida a los que ofrecen salidas factibles.
¿Cual es entonces la gran lección de la COP 27 para Colombia?. Creo también que son tres las lecciones:
- la primera es que el mecanismo vigente en las COP está prácticamente agotado como instrumento de la humanidad para tomar decisiones de fondo ante el más grande problema planetario actual, que es en realidad una combinación entre el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales; el problema es que no hay otras alternativas; debemos mejorar tanto la efectividad de la participación de los países afectados como de las conclusiones y acuerdos de las COP en general y en particular de las de cambio climático.
- La segunda lección es que la correlación de fuerzas entre los países más afectados y los actores públicos y privados del mundo industrializado y del sistema global de mercado, incluidos los Chinos, es muy desbalanceada y requiere urgentes acciones de empoderamiento. Los Latinomericanos no hemos podido consolidar una alianza estratégica entre nosotros y con el Caribe y Africa para llegar con posiciones más avanzadas, alternativas e innovadoras.
- La tercera lección es que, ante los resultados recurrentes de las COP, tenemos que acelerar “en casa” las decisiones y acciones de adaptación con mucho mas criterio innovador, estratégico y alternativo que lo que hemos hecho. Sobre estas tres conclusiones me extiendo brevemente a continuación.
En primer y segundo lugar, el marco de las COP, basado en el ejercicio previo de IPCC y de IPBES principalmente, requiere ajustes de fondo. Una vez más los avances son muy pequeños y relativos. No cabe duda que el esfuerzo de los paneles intergubernamentales, que reúnen a expertos dedicados y magníficos que plantean el problema con rigurosidad y claridad, se diluye en la decisión política, se relativiza frente a los intereses de los actores que quieren mantener el esquema, el sistema actual. Nuestros países “en desarrollo”, localizados principalmente en el hemisferio sur, no hemos aprendido a organizarnos estratégicamente para llegar a las COP con una posición mucho más consolidada o, incluso, de ser necesario, no ir. Necesitamos reuniones y alianzas de otra manera. En el caso de América Latina y el Caribe, la hora de las alianzas subcontinentales, con una visión nueva, que no replique simplemente los “bloques económicos” de libre mercado, sino que planteen retos fundamentales como los de construcción conjunta de conocimiento, de ciencia, tecnología e innovación, y de promoción del conocimiento y del dialogo de saberes en todas sus formas, no sólo la científica-académica, sino también la empresarial/industrial y la “ciencia ciudadana” del conocimiento popular, ancestral, son fundamentales. Es la hora de las alianzas latinoamericanas para crecer en conocimiento, empatía y equidad y decrecer en prevenciones y separaciones. Es la hora de la unidad subcontinental frente al resto del mundo. Tenemos que revisar y repotenciar las que sean necesarias de las diferentes organizaciones existentes en América Latina y el Caribe a la luz de la realidad política actual: OTCA, la organización del tratado de cooperación amazónica, la Alianza del Pacífico, Mercosur, SIECA, la CAF, grupo de Puebla, UNASUR y otras deben convertirse en mejores vehículos de un cambio cultural de fondo de América Latina para dejar de ser economías y sociedades extractivas de recursos naturales y de hiperplusvalía e inequidad a ser sociedades productivas basadas en el conocimiento y la sustentabilidad territorial.
La “fortaleza del ladrón reside en la debilidad de la victima” decía en el libro “del buen salvaje al buen revolucionario” hace muchos años el escritor venezolano Carlos Rangel. Tenemos que aprender a trabajar unidos y esta es la hora de hacerlo. Especialmente en lo que se refiere a construir conocimiento propio, tecnologías apropiadas para el trópico húmedo americano, que aprovechen más y mejor el viento, el sol, las montañas, el agua, la biomasa. Colombia y Latinoamérica somos paupérrimos, tacaños, egoístas, casi miserables en la inversión en ciencia, tecnología e innovación, frente a lo que la naturaleza y geografía nos proporcionan. Frente a la gran biodiversidad que tenemos, hemos sido soberbios destruyéndola como si fuera infinita. Nos preocupa enormemente que el Plan Nacional de Desarrollo en construcción en Colombia haya repetido el error de fondo de darle el último lugar a ese rubro y que, en general en Latinoamérica y el caribe los presupuestos para el conocimiento sean exiguos. Necesitamos compartir ese conocimiento y acrecentarlo o estamos condenados a seguir siendo proveedores de materias primas sin valor agregado alguno por nuestra miopía histórica. Pero ese conocimiento no puede ser para beneficiar unos pocos y además acabar con la naturaleza, que es nuestra principal aliada frente al siglo 21 de calentamiento climático y destrucción de la vida acelerados. El conocimiento que construyamos tiene que ir dirigido a que todos vivamos mejor, más dignamente, más “sabroso” para todos y ello incluye todos los organismos vivos que soportan la existencia humana en esta región privilegiada de la tierra, que no hemos comprendido.
En el caso colombiano, la lección de la COP27 es clara y contundente: debemos trabajar con todo nuestro esfuerzo en las medidas de adaptación. Estamos advertidos, no podemos sólo esperar que nos den ya sea voluntariamente o en reconocimiento de las pérdidas y daños que nos han y nos hemos inflingido. Tenemos que construir nosotros mismos la resiliencia y la sustentabilidad necesarios para este siglo 21 tan difícil y complejo. Y eso tiene un nombre: el territorio. El ordenamiento territorial entorno al agua es crítico; trasciende el buen esfuerzo del gobierno de asignar 200 millones de dólares de un presupuesto nacional estrecho para proteger la amazonia en nombre de la humanidad, que fue un gesto muy altruista de Colombia en la COP27, y debe abarcar los Andes, el Caribe, el Biopacífico y la Orinoquia, las ciudades y toda la ruralidad agropecuaria, forestal infinitamente biodiversa y multicultural. La UNGRD y el Fondo de Adaptación cobran singular importancia y su fusión inteligente nos permitiría dar una dimensión de mediano a largo plazo a las soluciones que hoy abordamos en el corto plazo.
El presidente Petro quiere pasar a la historia por una visión planetaria solidaria y altruista. Podemos, y podemos más si logramos la paz completa, la paz total que incluye la naturaleza y si nos asociamos con el resto de países de América Latina y del Caribe en esta hora afortunada de coincidencia política en pro de la gente, de la naturaleza y del planeta.
Carlos Hildebrando Fonseca
Foto tomada de: El Español
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