Los delitos por los cuales se ordena la detención de los tres implicados son concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Aún la Fiscalía no ha cerrado la negociación del principio de oportunidad pues dependerá de los elementos materiales de prueba que los imputados entreguen a la Fiscalía.
Al mismo tiempo la Fiscalía compulso copias para que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investigue a nueve parlamentarios presuntamente implicados en el saqueo a los recursos públicos en el contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a la provisión de agua a las comunidades de la Guajira por un valor de 47 mil millones de pesos. Los parlamentarios que deberán ser investigados por la Corte Suprema de Justicia son: Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya, Andrés David Calle Aguas ( Partido Liberal, presidente de la Cámara de Representantes), Juan Diego Muñoz Cabrera, Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde, presidente del Senado de la República), Julio Elías Chagúi Flórez (Partido de la U) y Karen Astrith Manrique Olarte (de la circunscripción Especial de Paz de la Cámara de Representantes).
Un duro golpe al gobierno y a su credibilidad en la lucha contra la corrupción
Olmedo López militante del Polo Democrático de la coalición del Pacto Histórico y nombrado por el presidente Gustavo Petro como director de la UNGRD es el funcionario que por su procedencia más golpea al gobierno en su promesa de luchar sin desmayo contra la corrupción como lo había prometido el presidente en su discurso de posesión. Sin embargo, el golpe a la credibilidad del gobierno que es fuerte y no puede desconocerse, puede amainarse un poco por la colaboración que se ha venido prestando a la investigación de la Fiscalía. El abandonar la práctica consuetudinaria del tapen tapen que ha caracterizado a todos los gobiernos contrasta abiertamente con la actitud del gobierno que precedió al despido de los implicados y por la ya mencionada colaboración con la Fiscalía.
Sería muy importante que la Fiscalía no solo investigue el desfalco por la compra de los carrotanques, sino que investigará todos o los principales contratos de esta entidad por lo menos desde el año 2018 pues hay serias sospechas de irregularidades y saqueo de los recursos públicos que maneja esta entidad. La investigación debe llegar al fondo de los hechos y debe encontrar a los responsables del entramado de corrupción que se había apoderado de esta institución y de los billonarios recursos públicos que maneja. Valga la pena señalar que por tratarse de la entidad que es la encargada de manejar los desastres le rige unas normas especiales de contratación que deberían revisarse toda vez que facilitan el saqueo de los recursos públicos.
El gobierno debería además desde la Mesa de Trabajo que se ha constituido para la colaboración con esta investigación trazar un plan de acción de la lucha contra la corrupción que se ha apoderado de las instituciones públicas en el país y que se lleva según los datos de la Contraloría General de la República cincuenta billones de pesos al año. Es la mitad del total de gastos en educación para hacernos a una idea del tamaño de este flagelo que crece en todos los niveles de la administración pública. También desde la sociedad civil se debería hacer seguimiento a estas investigaciones y una exigencia a los organismos de control para que actúen con diligencia frente a la corrupción en la contratación pública. Es muy importante exigir a la Contraloría, por ejemplo, la publicación con prontitud del informe sobre el saqueo de los recursos públicos de la salud durante el año 2020 de la pandemia que se ha estimado en unos cinco billones de pesos al tiempo que se exija también la publicación del informe sobre las Reservas Técnicas en las Entidades Promotoras de Salud, EPS. Esto para poner un solo ejemplo donde la Contraloría no ha dado muestras de celeridad en estas y otras investigaciones en el sector de la Salud. Así si podríamos decir que el mea culpa del gobierno sobre este caso de la UNGRD ha servido para algo.
Y a la Fiscalía de la recién posesionada Luz Adriana Camargo este caso de la UNGRD debería ser una muestra no solo de la diligencia sino de la calidad de esta investigación para condenar a todos los responsables, responsabilidad y diligencia también de la Corte Suprema de Justicia en la investigación de los nueve parlamentarios presuntamente implicados en el saqueo de esta entidad.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Red + Noticias
De acuerdo en que la investigación debe adelantarse desde la fecha en que nació la Unidad, porque es indudable que fue la caja de donde salieron cuantiosos recursos que alimentaron la corrupción
Hacer caja en la Unidad UNGRD, a propósito del desfalco impune de los recursos públicos para comprar voluntades y pagar costos de elecciones está a la vista del país. Hacer el arqueo desde 2018, como botón de muestra está bien.
Lo dicho por Petro, en defensa de su ministro Bonilla, señalando que es honesto y no tiene dinero ni trabaja para los ricos, no evita pensar en el modo cómo los congresistas negocian recursos para los territorios de sus electores y sus bolsillos.
El presidente dice que nunca lo hizo, pero éste un “deporte” nacional que define el negocio de la pequeña política. Esta es la moneda corriente del viejo y nuevo clientelismo.
Desde el arzobispo-virrey del coloniaje español hasta el futuro inmediato, el saqueo de recursos y el mal gobierno serán la estructura que, sino hay cambios radicales, nos mantendrá en el caos, atraso, confusión y desconcierto .
No es con “reformas” es con Revoluciones en varios órdenes como lograremos las soluciones de fondo.
Todos los estamentos sociales, organizados, movilizados y educados se deben expresar sus voluntades desde Cabildos, Asambleas, Seminarios, por todos los medios de comunicación.