El problema es nacional porque la impunidad está por encima del 90% en todos los departamentos, con casos que llegan al 99.5%, es decir, la impunidad perfecta con la corrupción y la ineficiencia perfecta.
Estas cifras son una suma de casos en la fiscalía y juzgados. Es decir, fiscales y jueces corruptos, fiscales y jueces qué por órdenes superiores tiene procesos en modo de pausa, y fiscales y jueces ineficientes. Sin embargo, cabe resaltar que son muchos los jueces, que con valor y certeza jurídica toman correctas y valientes decisiones.
La metodología de sumar casos de una competencia u otra, no es relevante, solo para saber cuál es peor, y de ello deberá ocuparse la investigación, que debe incluir el nivel territorial y sectorial, y veremos cómo se llevan los primeros lugares: educación (infraestructura, alimentación); salud (todo el sistema); transporte (interminables proyectos que nunca se acaban porque la estrategia es fraccionar y dejar obras por fuera para justificar el siguiente contrato); justicia (Inpec).
Técnicamente, Colombia se puede definir como una sociedad corrupta, a más de violenta, a veces combinando los dos monstruos, en un contexto histórico económico que siempre ha sido rentista: primero con la tierra, y ahora con el rentismo financiero, desde el capitalismo de “libre mercado” de Hayek, su inspirador, y que condujo en 1947 a la creación de la Sociedad Mont Pélerin, que luego daría paso al club de Bildelberg, en 1954, donde los grandes multimillonarios del mundo, con apoyo de políticos de derecha, sobre todo anglosajones, se tomaran el mundo para el “libre mercado” de las empresas y banqueros de los países más desarrollados de occidente. [1]
Luego de Hayek vinieron Milton Friedman, Ludwig von Mises, Arnold Harberger, y otros, para afianzar el capitalismo del “libre mercado”, que de libre no tiene nada, porque los grandes poderes económicos lo que hicieron, a costa de los países en desarrollo, fue generar las condiciones normativas internacionales para preservar, consolidar y apoderarse de mercados, bloquear a empresas nacionales e impedir políticas industriales en países como Colombia, en un entorno de múltiples organismos internacionales que amparan a los mega conglomerados multinacionales, pero que bloquean a los países atrasados en sus aspiraciones por transformar su economía mediante el cambio estructural y tecnológico nacional.
El capitalismo de “libre mercado” inspiró una base de corrupción que subyace en todas las acciones tendientes a capturar mercados y frenar todo esfuerzo y derecho de los países de menor desarrollo, por eso los demandan grandes empresas extranjeras que han hecho mal las cosas, pero que están protegidos por normas transfronterizas que los países firmaron a través de tecnócratas cooptados para servir como sujetos funcionales a los dueños del “libre mercado” mundial.
La corrupción de los últimos treinta años en Colombia sucede en el marco superior del modelo de desarrollo inscrito en la Constitución de 1991, donde se sumaron el rentismo por la tierra y el rentismo financiero que engloba también a gigantescos conglomerados industriales.
De esta manera, la impunidad en Colombia está atada a la violencia y a la corrupción de siempre, pero redefinida y repotenciada en los últimos treinta años por el capitalismo que por estos días tiene a Europa asándose a temperaturas que ya alcanzan los 47 grados centígrados.
Ubicando a Colombia en ese contexto internacional que creó un sin número de flujos y de sistemas de corrupción legalmente protegidos, volvamos al informe de la Secretaría de Transparencia. Lo primero que harán los que se sientan involucrados, es expresar que el número de jueces y fiscales es inferior al de otros países, lo cual es cierto, sin embargo, es parte de la trama para facilitar la impunidad que blinda a la corrupción, puesto que desde hace muchos años se sabe que la planta de quienes deben impartir justicia, es insuficiente.
Pero no es un asunto de funcionarios de menor rango, es un asunto que comienza en decisiones de las instancias más altas del poder judicial y de los organismos de control que no tienen quien los controle, y que están ligados al poder político. Como hay un sistema económico inmoral, entonces, este necesita de un poder judicial funcional y de un sistema de control sin control. Un proceso en la Contraloría dura cuatro años, y cuando llega la decisión para la sanción, el funcionario o los funcionarios del delito, ya no están, y el producto de la corrupción ha desaparecido.
O las decisiones que toma el Consejo de Estado quince años después de un caso radicado en correspondencia. Entonces, los procesos que hacen parte del caso han desaparecido en otras instancias.
Hace bien el presidente Petro de convocar a la Comisión Nacional de Moralización, donde le espera una batalla con la procuradora, el fiscal y el contralor encargado. El abordaje y la solución a esta patología social de corrupción = impunidad = libre mercado, más allá de medidas de corto plazo con perspectivas de largo alcance, debe conducir a una profunda reforma del sistema político, del sistema judicial, poner fin a la perpetua hegemonía del esquema ideológico liberal conservador causante de un problema estructural que se fue degradando bajo el modelo de la democracia representativa, incluida la eliminación física y la represión sin freno de cualquier proyecto progresista.
Entonces, existe una acción articulada entre decadencia ideológica, ideas de acumulación, y culto a la corrupción cruzada de violencia, cobijadas por una descomunal fuerza de impunidad que nunca ha dejado de estar, pero, que fue creciendo hasta límites insospechados e insoportables que ha destruido valores y cualquier arreglo institucional para desarrollar en armonía a la nación.
Los factores endógenos están articulados y permeados por las reglas de juego de la sociedad capitalista, sobre todo del libre comercio, por lo cual se debe revisar lo firmado en materia de protección a la inversión, propiedad intelectual, y política industrial multinacional, que están en contra de las políticas industriales nacionales de economías como Colombia, pero que países como Brasil, India, China, nunca firmaron.
Detrás de la plataforma de barreras a una economía de equidad y equilibrios globales, están los grandes capitales mundiales y nacionales, sin códigos éticos porque han protegido prácticas éticamente inaceptables, económicamente inviables para facilitar el desarrollo de economías rezagadas, y políticamente protectoras de una ideología sin elaboración positiva. Esta suma de factores adversos ha derivado en esquemas de corrupción legitimados por la economía del “libre mercado”, que no tiene nada de libre para los países en desarrollo que no han sabido sacudirse y levantar banderas de autonomía, dignidad, honorabilidad y transparencia que permitiera construir sueños que hicieran posible construir nuevas naciones avanzadas, entre ellas Colombia.
Las excepciones políticas, las excepciones empresariales, las excepciones intelectuales, la gloria de artistas, científicos y deportistas, no alcanzan para estructurar una idea positiva de sociedad, porque quedan solapadas por poderes de corrupción, violencia e impunidad, en expansión.
El código penal vigente, ley 906, creada en el primer gobierno de Uribe, ha sido el aval para la permisividad y expansión sin límites de la corrupción y con ello de la impunidad. Una ley hecha para darle garantías a los corruptos, que da elementos a los que deben impartir justicia para que no lo puedan hacer. Un proceso puede ser eterno, sube y baja, va y viene, nunca se acaba hasta que precluye o se extingue en el calendario, como se intenta hacer con el caso del expresidente Álvaro Uribe por corrupción, al inventar falsos testigos y testimonios, amparado por la Fiscalía y la Procuraduría. O la Fiscal Angélica Monsalve, acorralada por el fiscal General y la Vicefiscal por pretender judicializar a poderosos empresarios. La historia de la corrupción y de la impunidad en Colombia, está por escribirse.
____________
[1] Guy Standing. La corrupción del capitalismo. Pasado & Presente. Barcelona. 2017
Jaime Acosta Puertas
Foto tomada de: El Heraldo
Deja un comentario