En Colombia, la corrupción se volvió una cultura inoculada en los genes de la sociedad. A unos los contamina, a otros no, pero está ahí, en todas partes, en la mesa vecina del café o del restaurante, en el que va adelante o atrás en la fila del banco o del supermercado, el que se sienta al lado a esperar la consulta con el médico, el pasajero de atrás o de adelante en el avión, en la habitación contigua del hotel, abajo o arriba en el conjunto donde usted vive, en la persona que estaciona su carro al lado del suyo, son los “ tramposos empresarios exitosos” de los contratos con dineros públicos, que también van a misa porque el que roba y reza empata. Los bandidos de los recursos públicos son transversales a la sociedad, van de arriba a abajo, de la derecha – donde nació, expandió y multiplicó – al centro. También llegó de manera selectiva al progresismo que recién ahora maneja recursos públicos. Cuidado se reproduce el virus. Corrupción y neoliberalismo, son sinónimos. Confío que en el progresismo no sucedan más casos porque Colombia necesita confiar en quien los representa.
La corrupción infiltra Cortes, juzgados y ahoga a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, propiciando una violencia jurídica por la violencia que trae la corrupción. En estos tiempos la política se hace desde la justicia, desde los grandes medios y desde organizaciones de facto que engañan y manipulan a la ciudadanía con mentiras pavorosas que se convierten en “verdades” como ocurre en Colombia con el “golpe blando” a Petro, y como ocurrió en Brasil con Lula y Dilma, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo, y la lista sigue. La corrupción se convirtió en una práctica del poder ejecutivo, caso de Uribe inventando falsos testigos con ayuda de abogados y fiscales obscuros.
La corrupción se tomó la economía de mercado. Grandes empresarios se caracterizan por prácticas poco éticas, y otros se apropian a manos llenas de recursos públicos que eran para inversiones en beneficio de la nación. En Colombia, la productividad de la corrupción es alta, pero la productividad es baja para competir en los mercados. La innovación se aplica en la corrupción y no en la productividad ni en la gestión pública. Los emprendedores fugaces se multiplican con la corrupción porque crean empresas para robar y luego desaparecer.
La corrupción aceleró su marcha desde cuando el narcotráfico se infiltró en algunas casas del poder a mediados de los años 1950. Sin embargo, a partir de 1974, vía los carteles del narcotráfico, toca las puertas de la presidencia de la república, y de ahí, las mangueras de la corrupción irrigaron los siguientes círculos de poder, hasta convertirse en gigantescos tubos por donde fluye la corrupción que ahoga la sociedad, caso de la Mojana que perece por culpa de contratistas, políticos y funcionarios chambones y tramposos.
Estamos aburridos de casos de corrupción que se destapan a diario. Citarlos ha perdido sentido porque son tantos, tan distintos y tan pavorosos por su magnitud y modalidades, como el de los dos funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), que solo son los últimos de una saga de bandidos que son tantos como tantos son los años que llevan robando desde los años cuando el uribismo se apropia del Estado. Por eso solo nueve casas de novecientas se han entregado en Mocoa. Por eso casas de trescientos millones se pagaron a setecientos millones en la reconstrucción de Providencia. Por eso los elefantes blancos y obras con sobrecostos infinitos, agotan el presupuesto de la nación. Por esto y más se necesitan reformas tributarias cortas para tapar huecos fiscales que deja la corrupción.
En 1991 llegó la economía del mercado del desfalco público y de la ilegalidad, al amparo de una Constitución mentirosa que por un lado se disfraza de derechos y por el otro es una máquina perfecta de sustracción de los recursos públicos. Es decir, “el mercado administra mejor”, “que todo lo maneje el mercado”. Así se profundizó el asalto a los recursos públicos por quienes se hicieron elegir para representar al constituyente primario.
Las EPS, sin poner un peso, se convirtieron en aseguradoras porque se decidió que los recursos públicos de la salud los manejara el mercado sin control alguno: la plata de todos es la plata de unos pocos bajo el imperio de la democracia representativa y la demencia para capturar el erario público.
No solo políticos, funcionarios y contratistas configuran la corrupción en la administración pública. También el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, con ponencia de dos magistrados, uno de ellos, incriminado hasta la cabeza en el caso de Uribe, radicaron ponencia contra el presidente de la república y contra el presidente de Ecopetrol (gerente de la campaña de Petro a la presidencia), por supuestos malos manejos de dineros en las elecciones del 2022. Sin embargo, la sevicia de estos mal llamados magistrados y los antecedentes con la justicia de uno de ellos, irrespeta el ordenamiento electoral. Lo aberrante de este caso es que los mismos miembros de ese Consejo no vieron en el nombramiento de Prada ninguna incompatibilidad. La crisis es total.
Las Cortes son conservadoras, sin espacio para juristas progresistas. Es decir, hay un principio de inequidad y de desequilibrio absoluto, y un sesgo ideológico absolutamente aberrante, antidemocrático e inconstitucional. A Colombia no se la puede condenar a ser eternamente de derecha y menos de ultraderecha. Sin embargo, se les olvida, como dice la filósofa Laura Quintana “cuando cambia un juego de relaciones, cambia un mundo”.
De esta ola de corrupción que ocupa los titulares y las noticias de mayo del 2024, no se escapa ni la Universidad Nacional, la cual, bajo “argucias científicas” de un ex rector con doctorado en matemáticas, hizo, por arte de magia que una minoría de miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) se convirtiera en mayoría en el momento de elegir a puerta cerrada al nuevo rector. Todo apunta a una camarilla que se tomó la universidad en los últimos años. El siete de mayo la ministra de educación citó al Consejo Superior para buscar una salida a la situación: los miembros afines al auto posesionado rector, no asistieron, dañando el quorum. Mientras tanto la universidad está en paro hasta que no se vaya el profesor que se tomó por asalto el edificio Uriel Gutiérrez, nombre de un estudiante asesinado en las protestas estudiantiles de 1954. El presidente acaba de nombrar un ministro ad-hoc para que lo represente en el Consejo Superior de la Universidad aceptando el impedimento de la ministra de Educación.
En medio de tanta bulla jurídica, el Congreso y las demás franjas de la dirigencia deben trabajar y aprobar las reformas sociales si no quieren que las calles y plazas se llenen de gente como nunca ha visto Colombia. Para allá vamos. Sin embargo, la oposición en el Congreso y la dirigencia detrás de telones, impiden que las reformas se hagan realidad. La oposición tensiona la cuerda que está a punto de romperse.
Si el presidente no tiene suficiente apoyo político y de la dirigencia, no le queda nada más que recurrir al constituyente primario, para que decida la aprobación de las reformas sociales y de otras que Colombia necesita porque no están o porque de forma equivocada las pusieron en la Constitución. El pueblo ya se dio cuenta de que todo lo que dicen los políticos y grandes medios de centro, derecha y ultra derecha, son mentiras. La libertad de prensa inexplicablemente no tiene sanción penal cuando de mentir, inventar, manipular y destruir personas e instituciones se trata.
La discusión sobre que es mejor o que es peor, entre el soberano o una democracia representativa que solo representa a la corrupción y la violencia, porque es un modelo que se cree dueño de todo y por eso se roba todo, es un debate sin sentido.
El soberano debe tomar el poder que delegó, usando cualquiera de los esquemas de consulta y de decisión que permita o no la Constitución, porque si la ciudadanía pide reformas y el congreso y una dirigencia fraccionada dicen que no, entonces ¿cuál es el camino?
La ciudadanía debe decidir qué quiere como leyes de la república para beneficio de todas y de todos. El presidente hace bien en convocar al pueblo al cual se debe si no sucede un acuerdo inmediato con la oposición y demás dirigencias, porque Colombia está dividida en cuatro dirigencias: política, económica, judicial y tecnocrática. Las reformas son para superar el capitalismo salvaje por un capitalismo productivo, humano, sostenible e inteligente. Esa es la diferencia ideológica entre el centro y la ultraderecha respecto al progresismo que es una expresión avanzada de social democracia para que en Colombia no se eternice la idea de que “el capitalismo produce todo el tiempo sufrimiento social”, Laura Quintana, abril de 2024.
Jaime Acosta Puertas
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