El debate que ha suscitado la firma de este acuerdo de Cooperación lejos de haber terminado con el retorno de Khan a La Haya ha continuado en Colombia, por las implicaciones que conllevará el cierre de las indagaciones preliminares que se habían iniciado en el año 2004 y que tenían a Colombia en un seguimiento por una sala de fiscales que durante estos 17 años recibieron múltiples denuncias e información desde Colombia. Hace ya un par de años, la Corte Penal Internacional, decidió compartir con la JEP esa información lo cual contribuyó a desbloquear el flujo de información desde la fiscalía que en ese momento dirigía el enemigo de la paz y de la JEP, Néstor Humberto Martínez. De modo que es un tanto forzado, un tanto hipócrita, que en el documento la CPI reconozca el espíritu de colaboración de un Estado y un gobierno que poco lo ha hecho en la realidad. Los ataques de Duque contra la JEP se dieron casi hasta la víspera de la firma del Acuerdo de Cooperación.
Ahora bien, esto no quiere decir que el acuerdo de cooperación no sea importante. Puede ser como lo señaló Rodrigo Uprimny inoportuno y un tanto apresurado, pero, en esto estoy de acuerdo es importante y puede ser útil para consolidar una parte del proceso de paz por lo menos en el aspecto de justicia, reparación y verdad judicial para las víctimas. A condición claro que se cumpla que es la duda que se tiene con el gobierno de Uribe-Duque que si por algo se distingue es por no honrar los acuerdos. Ya veremos.
Los aspectos centrales del acuerdo se refieren en primer lugar al apoyo al que se compromete el gobierno a los organismos judiciales ordinarios como la fiscalía General de la Nación lo cual hace porque es de su resorte nunca ha habido más sintonía que en este gobierno primero con Néstor Humberto Martínez y ahora con Francisco Barbosa, lo nuevo es que se comprometa a apoyar a la JEP. Ese compromiso se concreta en tres puntos. 1. Respaldo económico para su funcionamiento con recursos suficientes. 2. Garantías de seguridad para los magistrados y para los fiscales de la JEP y 3. Condiciones de seguridad para los comparecientes ante la JEP.
Apoyar a la JEP a cambio del cierre de las investigaciones preliminares de la CPI y a cambio que se legitime a la JEP como un mecanismo eficaz de justicia para investigar a los principales responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, eso fue lo que firmo Duque. Y eso es importante. Ahora el gobierno debe demostrarlo y lo primero sería que el Centro Democrático que es el partido de Gobierno retire los proyectos que pretenden o modificar o acabar a la JEP, pasada una semana esto no ha ocurrido.
Un segundo elemento importante a tener en cuenta es que el archivo de las investigaciones preliminares no tiene un efecto vinculante para la CPI, ésta puede reanudar las investigaciones en cualquier momento y también examinar nuevas denuncias que le sean presentadas. Colombia sigue en observación. Pero también es innegable que con la firma vendrá un relajamiento y es lo que han advertido tanto defensores de derechos humanos como observadores internacionales.
Se dice que es prematuro ese acuerdo porque la JEP aún no ha terminado ninguno de los procesos aunque muestra avances significativos en los macrocasos de Secuestro donde los principales imputados son los integrantes del secretariado de las FARC y en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, eufemísticamente llamadas en Colombia como falsos positivos, donde los principales imputados son altos manos de las Fuerzas Armadas, en ambos macrocasos, ha imputado cargos a responsables principales y esto es un avance muy importante, pero aún no ha terminado esos procesos con condenas y medidas de reparación para las víctimas.
Ahora bien, como lo ha señalado José Miguel Vivanco que ha criticado acerbamente el acuerdo, hasta ahora los altos mandos militares comparecientes en la JEP no han aportado verdad, por el contrario, están librando un pulso con la Jurisdicción y sus magistrados para contar lo menos posible y la tarea de la JEP consiste en demostrarles que no lo están haciendo, quebrar esa línea de los abogados de estos altos mandos. El cierre de las investigaciones preliminares por la CPI, es lo que teme Vivanco, pueden acentuar esa conducta negacionista ante la JEP por estos comparecientes. Con lo cual la JEP tendrá que empeñarse a fondo para reunir un acervo probatorio que los ponga contra las cuerdas.
El otro asunto es el de los nuevos delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad que se están produciendo después del 24 de noviembre de 2016. Frente a ellos la fiscalía repite el patrón de conducta anterior a la existencia de la JEP dilaciones que se traduce en impunidad. Estos nuevos crímenes que serán denunciados ante la CPI no tendrán en el próximo futuro mucha atención. Esa es la realidad y en esto gana la impunidad que en materia de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario esta por encima del 95% según las estadísticas reconocidas nacional e internacionalmente. Con la desaparición de la amenaza de la CPI esto se acentuará. Tampoco tengo dudas al respecto.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: https://www.icc-cpi.int/
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