El espectáculo que el Congreso de la República viene dando en el trámite de los Actos Legislativos, leyes estatutarias y leyes ordinarias para implementar los Acuerdos del Estado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, es lamentable. Han acudido al mecanismo de no hacer quórum para tramitar la reforma política y la ley estatutaria para poner en marcha la Jurisdicción Especial de Paz que requiere de una ley estatutaria para ponerla en marcha. Los sectores que más se oponen a éstas normas jurídicas que buscan la implementación de los Acuerdos al mismo tiempo ponen el grito en el cielo para oponerse a la participación política de las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que ahora es la agrupación política reconocida legalmente a la antigua guerrilla.
Es una oposición totalmente inconsecuente pues mientras en el debate público reclaman que los jefes de la guerrilla deben acudir a la Jurisdicción Especial de Paz antes que presentarse a las elecciones pues se supone que la Jurisdicción Especial de Paz debe juzgarlos y solo después de este juicio podrían presentarse a las elecciones. Sin embargo el Acuerdo señala que en todo caso la Jurisdicción Especial de Paz no podría imponer como parte de las sanciones la interdicción de los derechos políticos de los antiguos integrantes de las guerrillas. Y los parlamentarios de la coalición de Gobierno, la Unidad Nacional, no esconden que quieren más burocracia, más mermelada a cambio del apoyo a los proyectos que buscan la implementación de los Acuerdos de Paz. Es una clase política desfasada de las necesidades del país. Aplican la extorsión contra el gobierno para garantizar su respaldo a la paz.
Las FARC interpretando el Acuerdo firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá así lo han entendido e interpretado y ahora como partido político legal después de la decisión del Consejo Nacional Electoral que les confirió personería jurídica, han obrado en consecuencia, y han anunciado públicamente que concurrirán al debate presidencial presentando como candidato a Rodrigo Londoño, Timochenko, como candidato presidencial, a Imelda Daza como candidata a la vicepresidencia de la República a Iván Márquez como cabeza de lista al senado de la República y cabezas de lista a la Cámara de Representantes en diversas circunscripciones departamentales. Todo ello ha ocasionado un debate político con posiciones extremas como la de Álvaro Uribe que trinó “Vamos a enfrentar la candidatura presidencial espuria del delincuente, las candidaturas al Congreso de delincuentes de lesa humanidad no juzgados, no investigados, ni por la justicia indulgente de la JEP. Vamos a enfrentarlos a pesar de su dinero del narcotráfico y a pesar de que irán a elecciones nuevamente con el grupo armado que ahora llaman disidencias”. Todo el espectro político que participó en el referendo de aprobación de los Acuerdos de La Habana bajo la consigna del NO y que obtuvo una victoria por 54 mil votos a los impulsores del SI, cerraron filas para condenar que las FARC hayan presentado como cabezas de listas a antiguos miembros del Secretariado máximo organismos de la guerrilla hoy desmovilizada.
La decisión de la guerrilla es lógica dado que en la negociación quedo claro que la Justicia Especial para la Paz no podría contemplar como parte de las sanciones a los máximos responsables de dicha guerrilla la suspensión de sus derechos políticos a elegir y ser elegidos aún si se demuestra que estos jefes de la guerrilla fueron responsables de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. El ahora flamante Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, contrariando a su Jefe, el presidente de la República, Juan Manuel Santos que señaló que le parecía apenas obvio que las FARC presentará candidatos al Congreso y a la presidencia de la República. Rivera por el contrario señaló que es la Jurisdicción Especial de Paz la que debería resolver si estos jefes guerrilleros podrían ser candidatos en las próximas elecciones. El problema radica en que la Jurisdicción Especial de Paz no está en funcionamiento y muy difícilmente se pronunciará antes de las elecciones del mes de marzo próximo pues depende de la aprobación de la ley estatutaria en el Congreso y de la aprobación por este mismo Congreso de una Ley que establezca un régimen penal transitorio para esa jurisdicción, proyecto que debe ser presentado por los Jueces del recién creado Tribunal.
Por lo pronto la presentación de esas candidaturas por parte de las FARC se ha reflejado no solo en el espectro político en el cual este hecho profundiza la polarización de cara a las próximas elecciones sino en un amplio sector de la sociedad civil y de las víctimas que rechaza esta decisión de las FARC pues esperarían que la JEP se ocupe de las sanciones en el marco de la justicia restaurativa. Esta posición es lógica por el inmenso espectro de víctimas que dejaron las FARC con sus acciones militares. Digámoslo claramente el Acuerdo les permite presentarse a elecciones sin restricciones y es lo que han hecho al anunciar sus candidaturas. No obstante hay un rechazo amplio tanto de sectores políticos como de un importante sector de la sociedad civil que se refleja además en los amplios índices de impopularidad que registran las FARC en las encuestas y ello se debe al amplio número directo de víctimas que ocasionaron con sus acciones militares.
Una segunda consecuencia que tiene este hecho es el de la profundización de la polarización política de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. La decisión de las FARC refuerza a sectores políticos que quieren que el centro del debate siga siendo el tema de los Acuerdos pese a que todas las encuestas viene mostrando que hoy por hoy las preocupaciones de los ciudadanos se han trasladado a temas como el empleo, la corrupción y la salud amen de la seguridad en nuestras ciudades y que el tema de la paz y los acuerdos ha caído por debajo del sexto lugar para los ciudadanos encuestados. A la extrema derecha le conviene mantener la polarización. Le conviene un debate centrado en el tema de los Acuerdos pues tiene muy poco que ofrecer de manera creíble en temas como la corrupción pues de hecho son ellos los principales acusados del desfalco de las finanzas públicas y muy poco pueden mostrar en materia de salud, educación e ingresos para los sectores más desprotegidos de la población. Una consecuencia de este cambio en la percepción ciudadana se observa en los resultados de las Encuestas en que los candidatos independientes marchan adelante y los candidatos de la extrema derecha del Uribismo o Vargas Lleras no logran despegar claramente.
Por lo pronto en el espectro de la extrema derecha tampoco hay unidad por lo menos antes de la primera vuelta presidencial. Hay un bloque en que convergen claramente los partidarios del NO en el referendo del 2 de octubre del 2016 cuyo referente de Unidad sigue siendo la oposición a los Acuerdos con las FARC. El Acuerdo consiste en realizar una consulta entre los precandidatos del uribismo que se definirá mediante una encuesta en la que aún hoy no se sabe si Uribe permitirá que concurra Oscar Iván Zuluaga; la precandidata de un sector disidente del conservatismo, Martha Lucía Ramírez, y el exprocurador Alejandro Ordoñez. Vargas Lleras concurrirá a la primera vuelta y espera lograr un acuerdo para que si pasa a la segunda vuelta sea apoyado por esa coalición o apoyar al candidato de esa coalición si son ellos los que pasan a la segunda vuelta.
En el otro gran espectro se mueven dos alternativas. Una primera está conformada por los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo de Compromiso Ciudadano, Claudia López del Partido Verde y Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo quienes se han puesto de acuerdo para posiblemente realizar una consulta en marzo para definir entre ellos un candidato único. Ellos quisieran que en esta consulta de los ni ni: ni con Uribe ni con Santos también participe el precandidato liberal que salga de la consulta que este partido realizará el próximo 19 de noviembre entre el exjefe negociador con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle y el exministro Juan Fernando Cristo.
Una segunda opción en este espectro la representa las candidaturas presidenciales de Gustavo Petro del progresismo, Clara López de la Alianza Social Independiente, ASI, y Todos Somos Colombia y otros candidatos como Carlos Caicedo, Piedad Córdoba. Por lo pronto se sabe que están muy avanzadas las conversaciones para plantear en este espectro una consulta más amplia que la que han planteado los ni ni. Esta segunda opción que seguramente será anunciada en las próximas semanas busca una consulta de todo el espectro de los independientes que incluye también al candidato que salga de la consulta del Partido Liberal. El principal argumento que se esgrime y que a mí personalmente me parece acertado es que la consulta de los autodenominados ni ni es insuficiente si se quiere ganar en primera vuelta o asegurar el paso a la segunda vuelta. No se puede aceptar el veto en contra de ninguno de los precandidatos de este espectro si se quiere avanzar en la conformación de un bloque democrático que se oponga a la extrema derecha. El programa no debe limitarse al cumplimiento de los Acuerdos de La Habana que ciertamente debe contemplarse pero el programa debe ir más allá en temas cruciales como la lucha contra la corrupción, la generación de ingresos para la población más excluida, la protección del agua y el medio ambiente, la salud, la educación y una reforma a fondo al modelo de desarrollo aplicado en Colombia en los últimos seis gobiernos. Me parece que este planteamiento es más adecuado a la coyuntura política que estamos viviendo en el país. Amanecerá y veremos si esta lógica se impone por encima de los egos y personalismos que se presentan en este amplio espectro de los independientes. La consulta amplia y abierta es la forma democrática para seleccionar un candidato/a de este espectro político que puede efectivamente ganar en las próximas elecciones. Y sería muy útil un acuerdo también para presentar listas fuertes a las elecciones de Congreso en el mes de marzo próximo.
PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ: Director Revista Sur
Bogotá 2 de noviembre de 2017.
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