Era esperado el decrecimiento de la economía colombiana, -6.8%, aunque nos coloca en una difícil situación hacia este 2021 que no pinta para nada bien, aun cuando las vacunas generan un halo de esperanza, pero lo cierto es que ellas por sí solas no reactivan la economía. Los sectores más afectados fueron los que más padecieron por las restricciones y los confinamientos, es decir, la construcción se contrajo un -27.7%, un sector que es gran apalancador económico en tanto es capaz de movilizar otras producciones de bienes y servicios y, en especial, mano de obra tanto calificada como no calificada, la misma que se ha debatido en las necesidades e incluso en el hambre, con el símbolo de las banderas rojas en las puertas de sus casas. El comercio se redujo en un -15.1% y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios en un -11.7%. Valga decir que crecieron los sectores: Administración pública y defensa, educación y salud (1.0%), inmobiliario (1.9%), finanzas y seguros (2.1%) y el sector agropecuario (2.8%).
Estas cifras por si solas no dicen mayor cosa, el panorama se complica al entender que otras variables macroeconómicas de gran importancia también cayeron de manera significativa, por ejemplo el Gasto en consumo final se redujo en 4,1%, la Formación bruta de capital (adquisición de activos fijos, por ejemplo) decreció el 21,2%, las exportaciones descendieron el 17,4% y las importaciones fueron menores en 18,0%, tanto el panorama de los mercados internos como externos fueron poco favorables. Llama la atención el menor impacto de las cifras en el consumo, ello se debe explicar por varios factores: primero, las acciones gubernamentales que aunque de poca magnitud sirvieron para atajar la caída del consumo, segundo, la utilización de los recursos de ahorros de las familias y cesantías, en los que se incluyen indemnizaciones por terminación de contrato (2.2 billones de pesos) y otros rubros permitidos como vivienda y educación que representaron 4.0 billones de pesos. Con base en la norma que permitió retiros parciales por disminuciones de ingresos, se utilizaron recursos por $361.651 millones a 400.040 cuentas o mejor, personas.
De esta manera el año cerró con una tasa de desempleo para las 13 grandes ciudades y áreas metropolitanas del 18.2%, cuando un año atrás fue del 11.2%. Para el total del país fue del 15.9% contra el 10.5% del año 2019. Esto significa, teniendo en cuenta solo el total nacional, 906.581 personas terminaron en el mes de diciembre buscando trabajo sin encontrarlo. De otro lado, la población ocupada disminuyó en 1.351.619 y la población inactiva creció en 944.567 personas. En otras palabras, el aumento de la población inactiva hizo que el desempleo no fuera mayor. Esto puede explicarse fundamentalmente por el efecto de las mujeres, estas al salir del mercado de trabajo y quedar desempleadas, deben estar en casa atendiendo la contingencia de los hijos que tienen educación remota, es decir, cuando se posibilite la apertura de la educación, las mujeres que perdieron sus puestos de trabajo por la pandemia saldrán al mercado a demandar puestos de trabajo, generándose un nuevo pico de desempleo en Colombia, por ahora oculto por las circunstancias.
Desde otra perspectiva, los sectores que más empleos destruyeron se compaginan con los sectores de menor crecimiento: Alojamiento y servicios de comida (-307,629), Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (-232,802), Comercio y reparación de vehículos (-224,310), Industrias manufactureras (-137,049).
Lo paradójico es que el Sector agropecuario disminuyó el empleo en el total nacional en -144,408 personas. Esto deja interrogantes que tendrán que irse despejando a medida que las cifras lo vayan permitiendo, por ejemplo, ¿significaría esto un aumento de la productividad que tanto se le reclama al sector? Ya en cuanto a los empleos rurales la variación mayor estuvo en el sector agropecuario (-167,951), contrasta con la generación de puestos de trabajo en la industria manufacturera (56,180) y en el sector de transporte y almacenamiento (21,510). Como era de esperarse, los sectores de actividades culturales, servicios educativos y otros perdieron 46.552 puestos de trabajo.
En medio de esta coyuntura, sin igual en la historia del país, el Gobierno convocó a una misión de empleo que tiene la particularidad de no contar con las centrales obreras. La Misión avanza y está en la etapa de debate con grupos consultivos. Paralelamente, académicos y organizaciones sociales avanzan en una Misión laboral y de ingresos alternativa, algunas de las voces se encuentran y fluyen en ambas, pero, como suele ocurrir en este país, la oficialidad avanza independiente de lo que pasa en otros lares.
Así que la Misión oficial y el DNP deben decantar las propuestas para que en el segundo semestre se tengan no solo los resultados de la misma que conduzcan a reestructurar los mercados laborales, reformas en las cuales ya se ha avanzado con decretos en el último año y amparados en la pandemia, sino que debe nutrir con acciones concretas la política de reactivación económica que acaba de ser expedida por el Gobierno. En el segundo semestre, así que habrá que esperar…
Con la crisis profundizada por el Covid, la política de reactivación el Gobierno se convierte en un renovado plan de desarrollo que tendrá inversiones por 3.87 billones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
Objetivo 1: Detener y mitigar el incremento de la pobreza y vulnerabilidad económica de los hogares en el marco de la emergencia por COVID-19. ($669.894 millones de pesos)
Objetivo 2: Mitigar la desacumulación de capital humano acentuada por la pandemia del COVID-19 ($662.190 millones de pesos)
Objetivo 3: Reactivar el sector productivo hacia un crecimiento mayor y más sostenible. 2.23 billones de pesos)
Objetivo 4: Consolidar las capacidades institucionales requeridas para el óptimo desarrollo del proceso de reactivación, con el respaldo y confianza de la ciudadanía. ($307.727 millones de pesos)
Objetivo 5: Acelerar, complementar y fortalecer los habilitadores digitales. $1.067 millones de pesos
Esta cifra equivale al 0.36% del PIB, jamás se podría decir que no es importante, pero a todas luces insuficiente para atender la caída de la producción, la demanda y el aumento vertiginoso de la pobreza. El Gobierno ha hecho énfasis en la presentación de la política que en el período 2021-2026 se deberán invertir 135 billones, equivalentes al 12.5% del PIB, aspectos considerados en el Plan de desarrollo, los cuales aun no es claro cómo se van a implementar, como tampoco los 3.87 billones iniciales para atender la reactivación que, como se dijo, deberán pasar además por la formulación y puesta en acción de proyectos concretos de implementación. El titular grande es 135 billones, es lo queda en la retina del público. Sin lugar a dudas el manejo de las comunicaciones es fenomenal. Pero después de un año de pandemia ni siquiera los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) se han podido invertir, queda un 44% disponible, es decir 17.8 billones de pesos.
No puede el país, sus gentes, las empresas, esperar que el año se pase intentando formular proyectos y acciones que permitan garantizar la reactivación. El Gobierno debe procurar que distintos agentes de la sociedad, gremios, asociaciones, universidades, empresas privadas y públicas, entre otros, junto a los entes gubernamentales y en especial los municipios, todos con un propósito de país, concurran para posibilitar las rápidas acciones de reactivación que se requieren.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales, Universidad de La Salle
Foto tomada de: https://www.semana.com/
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