De este esfuerzo conjunto nació el informe “¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo”. El análisis se llevó a cabo sobre una base de asesinatos y desapariciones forzadas registrados entre la firma del acuerdo de paz, hasta julio 31 de 2018; pero para los análisis comparativos por año se tomaron los casos registrados desde el 1 de enero de 2016. El estudio de cada uno de los crímenes derivó en la clara identificación de patrones con respecto a: la naturaleza del fenómeno, al tipo de víctimas, al tipo de victimarios, al modus operandi, a la espacialidad de los crímenes y a la respuesta Estatal. Todo lo anterior permite definir estos crímenes como enmarcados en un fenómeno sistemático y generalizado. Un patrón se refiere a una serie de eventos que, debido a su frecuencia, ubicación espacial y naturaleza, implican algún grado de planificación y control centralizado. Esta definición no implica que sea un solo cerebro o estructura a nivel nacional quien planifique la totalidad de los crímenes o ejerza el control centralizado de su comisión. Los patrones se constituyen con base en la repetición no accidental de conductas delictivas similares de manera regular. La identificación precisa de las víctimas y los objetivos por parte de los atacantes es indicativa de la naturaleza planificada y sistemática de esta violencia.
Entre enero 1 de 2016 y el 31 de julio de 2018 registramos para el análisis 343 violaciones al derecho a la vida, 7 de estas violaciones fueron desapariciones forzadas. De estas 343 víctimas, al menos 33 (9,62%) habían tenido amenazas previas. Entre el 24 de noviembre de 2016 y julio 31 de 2018 registramos 257 violaciones al derecho a la vida, de estas al menos 27 (10,5%) habían recibido amenazas previas. Lo cual puede indicar que a la mayoría de defensores de derechos humanos los están asesinando sin previa amenaza o que, de ser amenazados, estas amenazas no son denunciadas o registradas.
La tendencia al aumento de este fenómeno en los últimos años es evidente: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 se registraron más asesinatos que en todo 2016, tal y como lo muestran los siguientes gráficos. Se registró un aumento del 26% con respecto al periodo enero-julio de 2017 en el que se registraron 79 violaciones al derecho a la vida frente a las 100 registradas entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018.
Si comparamos la totalidad de crímenes por año, es decir, la totalidad de 2016, 2017 y 2018 esta tendencia es más evidente:
NATURALEZA DE LOS CRÍMENES
Con respecto a la naturaleza de estos crímenes, este fenómeno de violencia evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. Es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito ejercido de manera ilegal contra una población civil concreta.
LA MAYORÍA DE VIOLACIONES AL DERECHO A LA VIDA FUERON LLEVADAS A CABO USANDO ARMAS DE FUEGO. 212 violaciones fueron cometidas con arma de fuego (82,5% del total), doce con arma blanca (4,6% del total) y 3 con arma contundente (1,16% del total). La mayoría de armas de fuego utilizadas en los crímenes fueron de calibre 38 y de 9 milímetros, la hipótesis principal (basada en entrevistas con autoridades estatales) es que un gran porcentaje de las balas disparadas por estas armas fueron fabricadas por la Industria Militar Colombiana[2]; pero es la Fiscalía General de la Nación quién debe definir el origen de estas balas mediante los peritazgos de balística que lo permiten, así como develar las redes criminales que permiten que estas balas lleguen a las armas de los victimarios.
EL PORCENTAJE DE VIOLACIONES AL DERECHO A LA VIDA DE LÍDERES Y DEFENSORES(AS) COMETIDAS EN SUS LUGARES DE VIVIENDA ES MUCHO MAYOR QUE LA DEL RESTO DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS. Según el Instituto de Medicina Legal, para 2017 el porcentaje de homicidios que se presentaron en la vivienda de la víctima a nivel nacional fue del 15,4%. Según nuestros registros, al menos 106 líderes y defensores(as) fueron asesinados en su lugar de vivienda (un 41,24% del total). En lo que respecta a los atentados, de los 100 registrados al menos un 44% sucedieron en las viviendas de las víctimas. Al menos 91 (86,67%) de los asesinatos cometidos en las viviendas fueron llevados a cabo por hombres armados; de estos, al menos 52 (49,5%) fueron identificados como pertenecientes a un grupo o estructura armada ilegal. Lo cual denota actividades de planeación y seguimiento a la víctima por parte de una estructura organizada con dominio territorial. Los asesinatos son selectivos y no indiscriminados, lo cual infiere un proceso de identificación de la víctima por parte de los victimarios y reafirma el proceso de planeación del crimen. Muchos de estos asesinatos se llevan a cabo mediante la modalidad de sicariato, son cometidos con la intervención de más de un individuo (el grupo se conforma por quien dispara, por quien ayuda a la fuga -por lo general conduciendo un vehículo- y en ocasiones quien está vigilando para avisar si llegan las autoridades o alguna persona que impida el crimen; en algunos casos el grupo es más numeroso).
Los victimarios, en estos casos, hacen parte de una organización armada estructurada que provee repertorios de violencia a cambio de dinero; este dinero es pagado por el (o los) determinador(es) del crimen. Las estructuras armadas pueden tener un alcance nacional o local. Es de anotar que estructuras armadas de alcance nacional, como los grupos paramilitares, operan en algunos municipios utilizando a grupos armados locales de carácter delincuencial como los denominados “combos”, bandas, pandillas, oficinas de sicariato y otras organizaciones para cometer los crímenes. Con lo cual se confunden las causas de la comisión de estos crímenes ocultando su posible motivación política, se desvía la atención de los determinantes y se invisibiliza el verdadero control territorial de algunas personas, familias y organizaciones pertenecientes a determinados sectores del poder político y económico que históricamente han transitado entre legalidad e ilegalidad, que pueden definir que la labor de los defensores y defensoras amenaza su posición privilegiada y por ello acuden a los grupos armados para, mediante actos criminales, mantener esa posición.
EN LOS ASESINATOS COMETIDOS CONTRA MUJERES, ESTOS SE LLEVAN A CABO EN AL MENOS UN 18,4% CON SEVICIA SOBRE SUS CUERPOS, deformándolos e incluyendo la violencia sexual para dejar un mensaje claro de terror y de dominación.
EN OCASIONES LOS CRÍMENES SON ANTECEDIDOS O SEGUIDOS DE SEÑALAMIENTOS, DISCURSOS ESTIGMATIZANTES O DE NEGACIÓN ya sea del fenómeno, de la existencia de los victimarios o de la condición de defensor de derechos humanos de la víctima. Estos discursos son elaborados por parte de autoridades locales, regionales y nacionales. El asesinato puede ser seguido de amenazas a familiares y allegados para que cesen en su denuncia o en sus indagaciones, lo cual ha provocado en algunos casos el desplazamiento forzado de estas personas.
LA MAYORÍA DE LOS ASESINATOS SE COMETEN BAJO ALTÍSIMOS NIVELES DE IMPUNIDAD, el porcentaje de capturados por estos crímenes es mínimo. La impunidad cobija a los autores materiales y es mucho mayor con respecto a los determinadores o autores intelectuales. Sobre los niveles de impunidad y el avance procesal de los casos de asesinatos de líderes en los últimos 8 años, el Programa Somos Defensores consultó directamente a la Fiscalía General de la Nación con respecto al estado de investigaciones por 563 casos de asesinatos registrados por el Sistema de Información del Programa Somos Defensores entre 2009 y 2017. La información recogida permitió identificar que hay un alcance efectivo de justicia en 49 casos (8,6%) en los cuales hay sentencia (condenatoria o absolutoria). Es decir, que en el 91,4% de los casos de asesinato de defensores y defensoras entre 2009 y 2017 aún no se alcanza justicia y podría entenderse como casos que continúan en la impunidad. El ascenso y permanencia en el poder de grupos que históricamente han estado ligados a la criminalidad, que penetraron unos partidos políticos y cuyos crímenes se cometen en la impunidad puede incrementar los riesgos de violaciones de derechos humanos y de restricción de libertades fundamentales.
TIPO DE VÍCTIMAS
Con respecto a las víctimas, la información analizada permitió concluir que, en su mayoría, son personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica ubicadas en una posición de desventaja en las relaciones asimétricas de poder regionales, pertenecientes a grupos étnicos históricamente discriminados, de extracción campesina y algunas de ellas eran o son (los sobrevivientes) víctimas de desplazamiento forzado o de otras acciones propias del conflicto armado. Implementaban en el ámbito local ejercicios de poder contra-hegemónico que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad. La mayoría de las víctimas de violaciones al derecho a la vida desarrollaban sus acciones en el ámbito local o regional. Quienes realizan acciones de lucha contra-hegemónica en escenarios de alcance nacional cuentan con elementos de protección más eficaces que evitan que sean asesinados o desaparecidos por la fuerza.
De las víctimas 215 (83.65%) pertenecían al género masculino, 38 (14.78%) pertenecían al género femenino y 4 (1.55%) eran población LGBT.
EL TIPO DE LIDERAZGO MÁS AFECTADO FUE EL DE LOS DIGNATARIOS DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, le siguen líderes cívico comunales sin pertenencia a organizaciones, líderes de organizaciones indígenas, líderes campesinos, líderes afrocolombianos, líderes de movimientos o partidos políticos, activistas de víctimas, líderes sindicales, activistas ambientales, reclamantes de tierras, abogados defensores de derechos humanos, líderes LGBT y líderes juveniles. Tal y cómo se muestra en la gráfica siguiente:
PRESUNTOS AUTORES
La autoría de estos crímenes debe ser develada por las instituciones estatales competentes, de ahí que sólo podemos hablar de presuntos autores basados en los registros que tenemos. Resulta preocupante que persista la presunta autoría de instituciones armadas del Estado entre los presuntos autores de asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entre los victimarios registramos a los siguientes: Autor sin identificar: 45,91 %; paramilitares: 17,12 %; grupos armados sin identificación: 13,62 %; desertores y disidentes de las FARC: 7,39 %; Civiles capturados sin pertenencia establecida a algún grupo: 5,83%; Ejército Nacional: 4,28 %; ELN: 3,11 %; seguridad privada: 1,56 %; Policía Nacional: 1,17%, y EPL: 0,78 %.
ESPACIALIDAD DE LOS CRÍMENES
Con respecto a las regiones más afectadas y a las correlaciones espaciales observamos que los crímenes se cometieron en 27 de los 32 departamentos del país y en 142 municipios. De estos 27 departamentos, el departamento del Cauca encabeza el listado con 44 violaciones (17,12% del total); le sigue Antioquia con 40 (15,56%); Norte de Santander con 19 violaciones (7,39%); Valle del Cauca con 18 violaciones al derecho a la vida (7% del total); Córdoba y Putumayo con 16 violaciones al derecho a la vida cada uno, y les siguen Nariño y Chocó, con 14 violaciones cada uno. En estos 8 departamentos se concentra el 70,42% de todas las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores(as) de derechos humanos en el país. Entre los Municipios más afectados están: Tumaco (Nariño), con nueve violaciones registradas. Le siguen Corinto (Cauca) y Ríosucio (Chocó) con siete; Buenaventura (Valle del Cauca), Cúcuta (Norte de Santander), Medellín (Antioquia) y Puerto Asís (Putumayo) con seis cada uno; Quibdó (Chocó) con cinco; Bogotá D.C., Ituango y Cáceres (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Sucre (Sucre) y Tierralta (Córdoba) con cuatro violaciones cada uno.
En algunos municipios en los que registramos violaciones al derecho a la vida de líderes y defensores(as) estos representan un 25% o incluso el 100% del total de homicidios reportados por el Instituto de Medicina Legal. Algunas de las violaciones al derecho a la vida se dan en municipios que superan ampliamente la tasa de homicidios promedio del país (que se sitúa en 23,07%), es decir, son territorios de extrema violencia, dentro de ellos se encuentran municipios como San José del Palmar en el departamento del Chocó con una tasa de homicidios de 272,5%, Tibú en Norte de Santander con una tasa de homicidios de 186,96%, El Carmen en el mismo departamento con una tasa de homicidios de 132,6%, Calamar en el Guaviare con una tasa de homicidios de 126,9 y Caloto en el Cauca con una tasa de homicidios de 124,2 , entre otros.
Las regiones afectadas presentan correlación alta con presencia de cultivos de uso ilícito o son lugares donde existen rutas del narcotráfico; presentan correlación alta con regiones que han sido advertidas de manera reiterada por el Sistema de Alertas Tempranas; presentan correlación alta con presencia de grupos paramilitares; presentan correlación alta con zonas fuertemente militarizadas; en algunas de ellas existen fuertes procesos de organización social; se desarrollan actividades extractivas legales e ilegales, particularmente minería; presentan correlación alta con que se encuentran en o cercanas a las antiguas Zonas Transitorias de Normalización (ZVTN) o Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde los miembros de las FARC-EP se concentraron para realizar el proceso de dejación de armas; presentan correlación alta con zonas afectadas por desplazamientos forzados; son zonas incluidas o aledañas en los municipios priorizados para la adopción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) según lo dispuesto en el numerar 1.1. del Acuerdo del Paz entre el Gobierno y las FARC-EP y designados como Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que nacieron a partir del desarrollo del punto 2.3.6.
RESPUESTA ESTATAL
Es evidente que la respuesta Estatal ha demostrado ser insuficiente, que la normatividad para frenar el fenómeno no se enmarca dentro del concepto de Seguridad Humana, se construye de manera unilateral y sin la participación real de las organizaciones defensoras de derechos humanos o los movimientos sociales; además esta normatividad no se cumple a cabalidad. La impunidad frente a los crímenes es mayor al 90% y los autores intelectuales o determinantes de los crímenes pocas veces son juzgados. Persisten los discursos estigmatizantes por parte de funcionarios estatales civiles y armados de todos los niveles, incluidos ministros, senadores, alcaldes, comandantes de policía y del Ejército. La respuesta de militarización de los territorios ha sido reiterada e ineficaz, los diversos planes militares conllevan a un mayor número de violaciones de derechos humanos en los territorios en los que se despliegan y más aún cuando a ellos no llegan las instituciones estatales cuyo deber es garantizar los derechos humanos básicos. Las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierten de manera reiterada sobre los riesgos de esta población sin que las instituciones Estatales acaten de manera eficaz sus recomendaciones; los crímenes se siguen cometiendo en regiones que son advertidas año tras año por la Defensoría del Pueblo. De ahí que sea absolutamente necesario que las comunidades y las y los líderes sociales, sin menoscabo del deber estatal de protección, implementen medidas de autoprotección para salvaguardar su derecho a la vida e integridad. Mientras amplios segmentos de la población colombiana no tengan garantizados sus derechos básicos y continúen viviendo en condiciones de pobreza y miseria, los grupos armados de victimarios seguirán alimentándose de ejércitos de jóvenes desesperanzados que ofrecerán repertorios de violencia a cambio de un puñado de pesos en beneficio de quienes se ubican en una posición favorable del poder político y económico.
_____________________________________________________
[1] Confederación Nacional de Acción Comunal. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (IEPRI). Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Programa Somos Defensores. Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Verdad Abierta. Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) y el Movimiento Ríos Vivos Antioquia.
[2] Aunque esto también aplica para la población colombiana en general víctima de homicidio y de lesiones personales por arma de fuego, no únicamente para defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Camilo Bonilla, Comisión Colombiana de Juristas
Foto tomada de: www.elpais.com.co
Deja un comentario