Las órdenes, basadas en el Estatuto de Roma, buscan justicia por actos de genocidio, agresión y crímenes de lesa humanidad. Entre los cargos contra Netanyahu y Gallant se destacan el uso de la hambruna como arma de guerra, homicidio intencional, ataques dirigidos a civiles, persecución y otros actos inhumanos de manera deliberada y sistemática. La CPI emitió igualmente orden de arresto contra Deif, acusado de asesinatos, exterminio, tortura y otros crímenes graves, cuyo proceso seguirá mientras no se confirme oficialmente su muerte.
Esta decisión frente a los acontecimientos en Gaza, en donde hasta la fecha han muerto más de 40.000 palestinos, setenta por ciento niños y mujeres, y más de 100.000 han quedado mutilados o heridos, además de 10.000 desaparecidos y 1.900.000 desplazados, según las autoridades locales, la agencia de Naciones Unidas UNRWA y otras diversas fuentes, es el resultado de la denuncia interpuesta por Sudáfrica contra el Estado de Israel, la cual Colombia y otros países respaldaron.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, sostiene que los dirigentes israelís privaron intencionalmente a la población gazatí de recursos esenciales como alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad. Afirma que los crímenes de guerra y lesa humanidad se perpetraron bajo una política de Estado. Las pruebas presentadas incluyen entrevistas, material audiovisual autentificado e imágenes satelitales, que muestran la destrucción masiva de la Franja, los efectos del uso de la inanición y otros castigos colectivos. Aunque Israel tiene derecho a defenderse, debe cumplir con el derecho internacional humanitario, enfatiza el fiscal.
Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant han generado fuertes reacciones en Israel. Netanyahu calificó las acusaciones como “absurdas y falsas”, tachando a la CPI de “antisemita”. Según su portavoz, Israel no cederá a la presión hasta cumplir sus objetivos de guerra, y la decisión de la CPI es vista como parte de una campaña para aislar al país y apoyar al terrorismo.
La administración Biden ha tildado las órdenes de arresto como “ilegítimas” y “vergonzosas”. Michael Waltz, próximo asesor de seguridad nacional de Donald Trump, prometió una “respuesta contundente” contra los “sesgos antisemitas del tribunal y de la ONU”. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que las acciones de la CPI socavan la seguridad nacional de Estados Unidos y pidió frenar el “ataque injustificado contra Israel”.
De otro lado, Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, manifestó que la decisión de la CPI debe ser respetada y aplicada, destacando que no es de naturaleza política. A su vez, Francia respalda la decisión de la CPI sin decir si arrestaría a Netanyahu si entra en su territorio y Los Países Bajos han afirmado su compromiso de cumplir plenamente con el Estatuto de Roma.
El fiscal Khan advirtió en mayo pasado sobre las presiones de Israel y Estados Unidos contra las posibles órdenes de arresto. En la última década, Israel ha llevado a cabo una campaña encubierta para disuadir a la CPI de investigar a sus líderes por crímenes en los territorios ocupados, según medios como The Guardian, que incluyeron escuchas, intimidaciones e incluso amenazas físicas.
Netanyahu ha rechazado la autoridad del tribunal, argumentando que Israel no es miembro, pero la CPI rechaza los argumentos de Israel sobre la falta de jurisdicción del tribunal dado que Palestina es miembro del tribunal desde 2015, y por tanto el tribunal puede investigar tanto los crímenes cometidos por Hamás en Israel como los de Israel en territorio palestino.
Aunque la CPI no tiene policía para ejecutar órdenes y depende de los 124 Estados miembros para hacer cumplir sus decisiones, esta decisión del tribunal refuerza la capacidad de la CPI para abordar crímenes internacionales y busca responsabilizar a los máximos responsables.
Mauricio Trujillo Uribe
Foto tomada de: Amnistía Internacional
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