Estos crímenes son una manifestación particular, específica, muy colombiana, de lo que se entiende en el derecho internacional humanitario como ejecución extrajudicial[1] y se consideran por el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad; frente a los cuales la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el partido de Gobierno han manipulado y ocultado la información de manera reiterada. Según José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, “estas matanzas aparentemente generalizadas y sistemáticas se cometieron por tropas adscritas prácticamente a todas las brigadas en todas y cada una de las divisiones del Ejército de Colombia”[2].
Para la Corte Penal Internacional (CPI), desde 2012 “Existe fundamento suficiente para creer que los actos descritos se cometieron conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las fuerzas armadas que constituye una política del Estado o de una organización para cometer esos crímenes”[3]. Es decir, no fueron actos aislados cometidos por unas pocas “manzanas podridas” del Ejército Nacional, sino que obedece o responde a una política de Estado, por ello se debería responsabilizar a toda la cadena de mando involucrada en los crímenes.
ELEMENTOS DEL AUTO No. 033 DE 2021 DE LA JEP
Estos asesinatos han sido considerados por la justicia colombiana como “una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos”[4]. Es decir, cuentan con todos los elementos para ser considerados un crimen de lesa humanidad.
El Auto toma como fuentes principales de información cuantitativa los informes presentados a la JEP por parte de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos. Para la información cualitativa se apoya en informes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)[5].
Su estrategia es la construcción de la verdad de “abajo hacia arriba”, identificando primero a “los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional”[6]. Esto ha causado preocupación en algunas OSC por el tiempo limitado que tiene la JEP para llevar a cabo su misión y el riesgo que esto implica respecto a la impunidad de “los de arriba”.
Las cifras de víctimas que publicó la JEP están sujetas a actualización, ya que la misma JEP advierte que probablemente exista un sub-registro, sin embargo, en el Auto se establece que “por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”[7], aunque la JEP registra casos desde el año 1978. A su vez, la FGN aseguró en su informe presentado a la JEP que entre 1988 y 2014 registró 2.248 víctimas (este número de víctimas también difiere del que presentó la FGN a la CPI)[8]. Es decir, la JEP registra en seis años 4.154 víctimas más de las que registra la FGN en 16 años. A pesar de la diferencia de datos cuantitativos que maneja cada fuente, todas coinciden en afirmar que el periodo comprendido entre los años 2000 a 2008, bajo la presidencia del ultraderechista Álvaro Uribe Vélez, fue el de mayor registro de víctimas (el 78% del total de la victimización histórica) y se observa su disminución a partir del 2009.
El criterio de priorización implementado por la JEP establece una primera fase de investigación centrada en seis sub-casos regionales: Antioquia, Costa Caribe (norte del Cesar y el sur de la Guajira), Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. En una segunda fase “la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros”[9]. Las investigaciones se llevarán a cabo a nivel local, primero, para después hacerlo a nivel regional y nacional y así develar los niveles de responsabilidad de los victimarios y otros involucrados.
En el Auto mencionado, la Sala de Reconocimiento develó que estos crímenes fueron perpetrados en 29 de los 32 departamentos del país y que más del 90% de los miembros de la Fuerza Pública que se han acogido voluntariamente a la JEP, “presuntamente” habrían participado en ellos. Además de identificar los años más críticos y las regiones más afectadas, la Sala expone cuáles fueron las divisiones, batallones y brigadas en los que se cometieron estos crímenes con mayor frecuencia y número de víctimas; lo que permitiría identificar responsables por cadena de mando.
LOS INTENTOS POR OCULTAR LA VERDAD
Además de ser un crimen de lesa humanidad las ejecuciones extrajudiciales son un ejemplo claro de una práctica que hace parte del terrorismo de Estado[10] y cuyo fin, además del ya expuesto, es lograr el control poblacional mediante el terror y la manifestación expresa de que las fuerzas estatales pueden violar la ley con total impunidad[11].
El Auto de la JEP provocó reacciones agresivas y comentarios estigmatizantes de los representantes del partido de ultraderecha Centro Democrático y su líder, el expresidente Uribe Vélez, quien publicó un comunicado plagado de inexactitudes y mentiras en el que intentaba desligarse de este crimen de lesa humanidad que no comenzó, pero sí se incrementó de manera dramática, durante su gobierno. Según el expresidente, el objetivo de la publicación de la estrategia de priorización de la JEP es desacreditarlo[12]. Es decir, en una evidente muestra de megalomanía, el ex presidente y quienes lo apoyan, aseguran que todo el acervo probatorio de la JEP, el trabajo de sus investigadores y magistrados, así como los resultados de sus investigaciones, son solamente un esfuerzo para deshonrarlo. Conviene recordar que en 2008, cuando se destapó el escándalo de los jóvenes de Soacha asesinados por el Ejército, el presidente Uribe afirmó que las víctimas “No fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde” En 2015, Uribe publicó en su cuenta de Twitter que “…en reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no es excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia“. En ese momento el comandante de las Fuerzas Militares, General Freddy Padilla de León, aseguró: “Todo parece indicar que los jóvenes murieron en combate y no en falsos positivos, de acuerdo con el análisis de Medicina Legal, los disparos que recibieron se propinaron desde lejos“[13]. Nueve años después, en 2017, alrededor de 20 militares fueron sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel por este crimen. Ese mismo año, obligado por la justicia, el expresidente tuvo que retractarse de sus afirmaciones estigmatizantes contra las víctimas[14].
Para los victimarios no importan la lucha contra la impunidad ni la protección de los derechos de las víctimas que lleva a cabo la JEP, por el contrario, su objetivo es la construcción de una historia oficial acomodada a los intereses de los perpetradores de crímenes contra la humanidad que les garantice su impunidad y la perpetuación de su poder.
CIFRAS, DECRETOS Y HECHOS
Conocer el número real de víctimas de este crimen es necesario para comprender su magnitud, pero este aún no es claro. Las víctimas de esta manifestación de terror de Estado no son solamente los civiles asesinados por tropas estatales; los familiares y amigos de los asesinados, así como las comunidades en los que se perpetraron los crímenes, también son víctimas. La JEP calcula que serían más de las 6.402 que reporta para el período crítico mencionado (entre 2002 y 2008), ya que sus registros datan desde 1978. Haciendo una regla de tres, podríamos deducir que si 6.402 es el 78%[15] entonces el número de víctimas manejada por este mecanismo de justicia transicional sería cercano a las 8.208 personas asesinadas. Un estudio elaborado el historiador Omar Rojas Bolaños y por Fabián Leonardo Benavides, ex coronel de la Policía Nacional quien tuvo que exiliarse por amenazas de muerte, asegura que las víctimas son alrededor de 10.000[16]. El colectivo MAFAPO – Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, conformado por madres de víctimas de este crimen, asegura que son más de 15.000[17].
Por este crimen han sido condenados más de 1.700 miembros del Ejército (desde soldados hasta coroneles) y muchos de ellos han declarado ante la Fiscalía y la JEP que las presiones para reportar resultados en combates, sumadas a las recompensas otorgadas, fueron los incentivos para la comisión de estos asesinatos. La vida de las víctimas, para los perpetradores y para los autores intelectuales, valía tanto como un pollo asado o una caja de arroz chino[18]. Las recompensas por presentar cadáveres se acentuaron con la expedición de la directiva ministerial 029 de 2005 por parte del Ministerio de Defensa que definía el monto de recompensas por material incautado y por “Cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos. …EI presupuesto asignado para el pago de recompensas establecidas en los numerales 3 y 4 de esta Directiva, provendrá del Ministerio de Defensa y estará financiado con recursos de la Nación y otros provenientes de cooperación económica nacional e internacional”[19]. Es decir, se abría la puerta para que, sin saberlo, ciudadanos de países que colaboran con Colombia apoyasen crímenes de lesa humanidad con el dinero de sus impuestos (aunque las embajadas de países cooperantes, excepto Estados Unidos, afirman que no han dado dinero para programas de recompensas). Las recompensas al parecer eran pagadas con dineros provenientes de un fondo de gastos reservados del ejército [20] destinado para tal fin y manejado por los victimarios; existen múltiples denuncias de la malversación de los dineros de este fondo por parte de los militares y que han derivado en la comisión de graves delitos[21]. El dinero del fondo sirvió para que los victimarios incrementasen su fortuna mediante robos y producción de falsos documentos de legalización. Información de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía exponen que, después de la expedición de esta directiva “se pasó de 73 denuncias [de ejecuciones extrajudiciales bajo esta modalidad] en 2005, a 122 en 2006 y 245 en 2007”[22].
No solamente son responsables de este crimen quienes apretaron el gatillo o quienes reclutaron y transportaron a las víctimas. Ante la JEP se han presentado más de 2.680 miembros de la Fuerza Pública, incluidos nueve generales de la República[23]; algunos de ellos aseguran que su sometimiento no implica que reconozcan los hechos por los cuales han sido investigados. También los ministros de defensa tienen su grado de responsabilidad, entre ellos el expresidente y premio Nobel de paz, Juan Manuel Santos, y la actual vicepresidente Martha Lucía Ramírez, dado que ambos ocuparon la cabeza del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Uribe. Incluso el actual Gobierno promovió a altos cargos dentro del Ejército a militares vinculados con ejecuciones extrajudiciales, esto a pesar de conocer las denuncias que recaen sobre ellos. El tener conocimiento sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, contar con el poder para denunciarlos o frenarlos y no actuar de manera adecuada también puede convertir en cómplices a ministros y presidentes.
Personajes con mucho poder pueden ser afectados por las decisiones de la JEP (también de la CPI) y están interesados en que jamás se sepa la verdad. Por ello tanto la justicia transicional, como quienes han declarado ante ella por estos crímenes, se han visto atacados por los victimarios. Son múltiples las denuncias que aseguran que el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec) está presionando a militares que comparecen ante la JEP para que guarden silencio o mientan sobre sus crímenes con el fin de encubrir los hechos y así ocultar la responsabilidad de altos mandos militares y civiles. Uno de los principales abogados de este fondo “…fue uno de los fundadores del Movimiento de Restauración Nacional impulsado por los paramilitares del Magdalena Medio. Además, está relacionado con el grupo neonazi Movimiento Tercera Fuerza”[24]. Los declarantes también han sido y son víctimas de asesinatos, desplazamiento forzado, exilio, amenazas de muerte, seguimientos e intimidaciones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas[25]. Incluso la esposa de uno de los declarantes ante la JEP fue violada, presuntamente en represalia por su testimonio en contra de un coronel del Ejército, la mujer aseguró que durante la violación los victimarios la llamaban la “esposa del sapo”.
Muchos interrogantes deben ser resueltos en relativamente poco tiempo, además de identificar quienes fueron los victimarios y sus diversos grados de responsabilidad, se debe aclarar ¿de dónde sacaron el dinero para pagar las recompensas fruto de estos asesinatos? ¿Cuánto dinero ganaron los involucrados a modo de recompensas? ¿Cuántos generales, ministros y presidentes se beneficiaron o propiciaron este crimen de lesa humanidad? ¿Habrá condenas para los personajes que desde sus altas posiciones en Estado participaron, promovieron o tuvieron conocimiento de este crimen de lesa humanidad y no hicieron nada para denunciarlo o evitarlo?
Son poderosos los enemigos y es duro el camino que le queda a la JEP para juzgar a los culpables (incluidos los determinadores) y garantizar los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas en los 10 o 20 años que le quedan de funciones. Su labor será fundamental para garantizar los derechos de las víctimas, asegurar la no repetición de crímenes de lesa humanidad por parte de agentes estatales y avanzar hacia la paz. ¡Tempus fugit!
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[1] Según el derecho internacional, se entiende como el asesinato deliberado de una persona en estado de indefensión por parte de un servidor público respaldado por el poder estatal para justificar el crimen, sin que la víctima pase por ningún proceso judicial: “…se reconoce conceptualmente como una ejecución extrajudicial cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga.” Consultado en CIDH, Humberto Henderson. La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina: https://www.corteidh.or.cr/tablas/R08060-7.pdf y en Doctors Without Borders. The Práctical Guide To Humanitarian Law. 2007. Pág. 67.
[2] El Diario.es. El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes. Consultado en: https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/ejercito-colombiano-civiles-falsos-positivos_1_2132089.html
[3] Corte Penal Internacional. Situación en Colombia Reporte Intermedio – Noviembre 2012 -. Consultado en: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF
[4] Principalmente por Diversas sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera.
[5] Entre otras, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), EQUITAS, el Colectivo de Víctimas Tejiendo Memorias, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Madres Víctimas de los Falsos Positivos (MAFAPO), la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
[6] JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ SALAS DE JUSTICIA SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS AUTO No. 033 de 2021. Consultado en: https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-033_12-febrero-2021.docx.
[7] Ibíd.
[8] En un informe publicado en 2019, la Corte Penal Internacional (CPI) aseguró que la FGN informó que tenía 2.268 casos activos, en los cuales se contaban 3.876 víctimas de ‘falsos positivos’”. Corte Penal Internacional. Informe sobre las actividades de examen preliminar2019. Consultado en: https://www.Diario El Tiempo.com/justicia/investigacion/falsos-positivos-suma-1-740-condenas-496312
[9] Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Disponible en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx
[10] Entendido como la utilización de métodos proscritos por el DIH y violatorios de los derechos humanos por parte de un Gobierno, los cuales se orientan a producir miedo o terror en la población civil con el fin de lograr determinados objetivos y/o promover en la población comportamientos que no se producirían por sí mismos.
[11] “La mayoría de los delitos que proscribe el Derecho Penal Internacional y por cuya perpetración trata de castigar a las personas que presuntamente los cometieron, también son considerados por el derecho internacional como hechos ilícitos por parte de los Estados en la medida en que son a gran escala y sistemáticos: son delitos internacionales que implican la ‘responsabilidad agravada’ del Estado en cuyo nombre los perpetradores pueden haber actuado. Esto es válido no solo para el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, sino también para la tortura sistemática, el terrorismo a gran escala y crímenes de guerra”. Cassese Antonio. International Criminal Law. Traducción propia. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31002.pdf
[12] Uribe Álvaro. Nuevo atropello de la JEP por falsos positivos. Un solo propósito como lo celebra The Economist: desacreditar a mi persona. Consultado en: https://www.centrodemocratico.com/comunicados-de-prensa/nuevo-atropello-de-la-jep-por-falsos-positivos-un-solo-proposito-como-lo-celebra-the-economist-desacreditar-a-mi-persona_16025
[13] Diario El Espectador. Uribe dice que desaparecidos de Soacha murieron en combates. Consultado en: https://www.Diario El Espectador.com/noticias/judicial/uribe-dice-que-desaparecidos-de-soacha-murieron-en-combates/
[14] Diario El Tiempo. Obligado, Uribe se retracta con las madres de Soacha. Consultado en: https://www.Diario El Tiempo.com/justicia/cortes/falsos-positivos-alvaro-uribe-se-retracta-de-senalamientos-contra-hijos-de-las-madres-de-soacha-90076
[15] JEP. Op. cit. Numeral 27.
[16] El informe ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010 – obediencia ciega en campos de batalla ficticios’ elaborado por Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides, asegura que aproximadamente 10.000 civiles fueron ejecutados por el Ejército entre 2002 y 2010.
[17] “Gracias a la JEP. Pero nosotras sabemos que los falsos positivos son más de 15.000. Ojalá algún día estén preparados para tener esa discusión.” Consultado en: https://twitter.com/MAFAPOCOLOMBIA/status/1362619403146326019?s=03
[18] Entre otros: BLU Radio. Pollo, carne o plata: los perversos incentivos para falsos positivos, según soldado
Soldado retirado habló en Mañanas BLU sobre los escabrosos premios que se daban por la muerte de inocentes que se hacían pasar como bajas guerrilleras. “La estimulación para la tropa era llevarle carne asada y gaseosa, llevarles frescos allá y eso era la estimulación para dar las bajas”, indicó Pedro*, quien aseguró que también se ofrecía pollo asado.”
Disponible en: https://www.bluradio.com/judicial/pollo-carne-o-plata-los-perversos-incentivos-para-falsos-positivos-segun-soldado y Noticias UNO. Excoronel Mejía entregó arroz chino y cien mil pesos a cambio de falsos positivos. Disponible en: https://youtu.be/bMB6IyDsM-E
[19] DIRECTIVA MINISTERIAL PERMANENTE 029 / 2005. La directiva se puede consultar en: https://lasillavacia.com/sites/default/files/media/docs/historias/Directiva_29_2005-comentado.pdf
[20] “Se corroboró que no existían registros de las fuentes de información, de los beneficiarios
de las recompensas, de las ordenes de misión y de existir estas eran ilegibles, no se pudo
corroborar su identidad o fueron establecidas ex post facto”. Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH y Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU. Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre. M2012. Disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/colombie589e.pdf
[21] Entre otras: W radio. Investigan negocio tras los gastos reservados en el Ejército Nacional. Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/investigan-negocio-tras-los-gastos-reservados-en-el-ejercito-nacional/20200115/nota/4002915.aspx
[22] Diario El Espectador. Directiva ministerial 029 de 2005. Consultado en: https://www.Diario El Espectador.com/opinion/editorial/articulo87344-directiva-ministerial-029-de-2005/
[23] Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui, Mario Montoya Uribe, Henry Torres Escalante y posteriormente Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina.
[24] Diario El Espectador. El misterioso doctor Vargas. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/el-misterioso-doctor-vargas/
[25] BBC Mundo. Colombia: “Si llega a contar lo que pasó, matamos a su familia”. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150622_colombia_falsos_positivos_altos_mandos_hrw_nc
Camilo Amador Bonilla Stucka
Foto tomada de: https://www.minuto30.com/
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