En memoria de Nidia Erika Bautista, Eduardo Umaña Mendoza, Amparo Tordecillas, Manuel Cepeda Vargas, Alirio Pedraza, Miller Chacón, Cristina del Pilar Guarín, Carlos Augusto Rodríguez, Luz Mary Portela, Bernardo Beltrán Hernández, Irma Franco Pineda, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y todas las víctimas de crímenes de Estado, crímenes de sistema. Por sus familias que resisten, insisten y merecen justicia.
Esta semana se produjeron dos avances importantes en materia de justicia, ambos relacionados con el general (R) Iván Ramírez Quintero. Por un lado, un sargento confesó ante la JEP haber participado en varios crímenes contra líderes de izquierda en el país y señaló al general de ser el autor intelectual y de haber ideado un plan para atentar contra Gustavo Petro en los años noventa. Pero además el Tribunal Superior de Bogotá condenó al general por la desaparición forzada de la estudiante de derecho y militante del M-19, Irma Franco Pineda, ocurrida durante la cruenta retoma del Palacio de Justicia en 1985.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como parte de los macroprocesos que adelanta sobre crímenes de sistema, obtuvo la confesión del sargento José Leonairo Dorado Córdoba, quien hizo parte del Batallón de Contrainteligencia No.1 y del Batallón de Inteligencia Charry Solano, Brigada XX. El oficial aseguró haber participado en actividades de seguimiento a civiles para llevar a cabo asesinatos selectivos, entre otros crímenes por razones ideológicas y políticas. Los nombres, hechos y casos mencionados nos regresan a un periodo en extremo oscuro de nuestra historia, y que a falta de verdad y justicia, no hemos logrado apropiar ni resignificar en un país que debe sanar y saber la verdad para poder vislumbrar, por lo menos, la tan anhelada paz.
Un revés a la impunidad
En agosto de 2022, la arrogancia del general (r) Iván Ramírez Quintero, lo llevó a enfrentar un fuerte revés judicial ante la JEP cuando la Sección de Apelación de este organismo rechazó su solicitud de sometimiento a la Jurisdicción por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985. “La Sección considera que Ramírez Quintero, hasta el momento, ha desatendido e incumplido de forma sistemática los requerimientos de la JEP y del Sistema Integral para la Paz (SIP). Según la Sección, el compareciente no ha hecho los aportes de verdad a los que se ha comprometido previamente y desatendió las condiciones establecidas en el Auto TP-SA 550 de 2020, en el que se reiteraban las exigencias para aceptar su sometimiento. El general (r) Ramírez Quintero incluso manifestó su deseo de eludir el proceso dialógico con participación de las víctimas y pasar directamente a un juicio adversarial”[1].
Esa decisión, que condicionó el sometimiento de otros tres oficiales por los mismos crímenes (como lo fueron el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez, el teniente (r) Gustavo Arévalo Moreno y el sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón) implicó entonces el retorno inmediato de su caso a la justicia ordinaria, para que pudiera continuar con el trámite “de manera célere para cumplir con los derechos de las víctimas del Palacio de Justicia y sus familiares”.
De este modo la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá acaba de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y las víctimas a la decisión que emitió el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, cuando en 2011 decidió absolver al oficial Ramírez Quintero junto con los mandos militares Fernando Blanco Gómez y Gustavo Arévalo. La justicia decidió ahora escuchar a las víctimas, valorar el material probatorio en contra de los implicados, revisar la sentencia y emitir un histórico fallo condenatorio,
La magistrada Isabel Álvarez, con el respaldo de los magistrados Rafael Enrique López y Julián Hernando Rodríguez resolvió condenar a los imputados como coautores impropios del delito de desaparición forzada e impuso para cada uno de ellos una pena de 31 años, 10 meses y 15 días de prisión, una multa de 2.562 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y una inhabilidad de derechos y funciones públicas por 191.25 meses.
Los militares señalados “eran investigados, y ahora fueron condenados, por participar en las tareas de inteligencia que se llevaron a cabo en la Casa del Florero, en Bogotá, donde se realizaron retenciones ilegales, interrogatorios y torturas a varias personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, luego de la retoma por parte de las Fuerzas Militares, en respuesta a la toma protagonizada por el Comando Iván Marino Ospina de la guerrilla M-19. Varias de estas personas fueron luego asesinadas y desaparecidas en batallones militares.
“En su momento, la Fiscalía afirmó que encontró algunos documentos en la bóveda de las instalaciones del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) que permitieron confirmar que la guerrillera del M-19 Irma Franco, había sido llevada a las instalaciones del batallón donde fue sometida a torturas y posteriormente asesinada, información de la que eran conscientes los oficiales, según la Fiscalía.
Esa versión fue confirmada por el Tribunal, quien concluyó: “Su desaparición fue el resultado de la coordinación que se dio entre los órganos de inteligencia, que se encontraban en la Casa del Florero, para disponer qué retenidos tenían, qué tratamiento” se les daba”[2].
Ciertamente, la condena de Iván Ramírez Quintero es “una victoria para las familias de las víctimas y los defensores de derechos humanos que han luchado durante décadas por lograr justicia. Este fallo también envía un fuerte mensaje sobre la impunidad en los casos de violaciones graves de derechos humanos en Colombia”[3].
Ante la JEP
El sargento Dorado Córdoba no es un simple “eslabón perdido” de la inteligencia militar en los noventa como indica la oficiosa prensa ni el general Iván Ramírez Quintero es la excepción en una cadena de mando criminal. Hoy es innegable que existió un plan de exterminio sistemático contra la oposición política en Colombia; plan que se gestó en la matriz del Estado colombiano, fue denunciado con vehemencia por la izquierda y las organizaciones sociales y sindicales durante décadas, silenciado por la prensa y hoy es demostrado por la evidencia histórica y corroborado por la justicia.
“[Era] el padrino de la inteligencia y tenía conocimiento como autor intelectual de los seguimientos, vigilancias, torturas, asesinatos de miembros de la UP, M-19, partidos políticos, personas consideradas de izquierda, aunque no pertenecieran a las organizaciones armadas ilegales FARC, ELN, EPL, entre otras. Ordenó la desaparición de integrantes de activistas y de defensores de presos políticos”, dijo Dorado resumiendo, según su óptica, al general Iván Ramírez Quintero, director de inteligencia del Ejército por esos aciagos años.
Dorado aseguró que se vinculó como informante para el Ejército en 1984 de la mano del sargento retirado y narco Justo Pastor Perafán y de inmediato comenzó su carrera criminal que luego lo llevó a estar junto [a otros], detrás de los seguimientos a políticos como el hoy presidente Gustavo Petro, Antonio Navarro, Álvaro Leyva, Aida Avella, [e informar de] los resultados al general Iván Ramírez Quintero, director de la Brigada XX, quien “era el que tomaba las decisiones”.
Según el sargento estos seguimientos tenían un solo objetivo y era matarlos a todos. De hecho, mencionó un episodio en el que asegura que se encontró cara a cara con Antonio Navarro para matarlo en el Barrio Galán de Bogotá y al verse descubierto el plan falló y le tuvo que perdonar la vida, a cambio de guardar silencio. […] El postulado a la JEP contó que las labores de seguimiento a estos líderes de izquierda eran lideradas por el sargento David Mateus “Chepe” y 4 grupos de vigilancia entre los que estaba Dorado [sic,] por lo que puede dar fe de todas estas cosas”[4].
Entre los crímenes más recordados en los que el compareciente habría participado, figura la desaparición forzada de Amparo del Carmen Tordecillas Trujillo, militante del EPL (el 25 de abril de 1989), el asesinato del abogado y defensor de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza (18 de abril de 1998) y del senador Manuel Cepeda Vargas (9 de agosto de 1994). Según Dorado, los seguimientos fueron ordenados por altos mandos del Ejército, incluyendo al general Ramírez Quintero, quien comandaba un grupo de sicarios al interior de la Brigada XX del Ejército Nacional.
Sobre el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas, Dorado sostuvo, que él junto a otros líderes de izquierda fueron objeto de vigilancia y seguimiento permanente con el objetivo de eliminar, una a una, las cabezas más visibles del movimiento y desaparecer al partido Unión Patriótica, como efectivamente sucedió. Por ello el Estado colombiano fue condenado internacionalmente. El 30 de enero de 2023, la Corte IDH afirmó que la UP fue víctima de genocidio político y declaró al Estado colombiano responsable por acción y por omisión en las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de más de seis mil víctimas de esta agrupación. También concluyó que las investigaciones sobre estos actos sufrieron un alto índice de impunidad, no fueron efectivas y se caracterizaron por la tolerancia de las autoridades frente a los mismos”[5].
Dorado dijo que el senador estaba siendo vigilado desde hacía meses antes de que se produjera el homicidio; espionaje que habría sido ordenado por el general (r) Harold Bedoya, el general Martín Carreño, el general Manuel Bonett y también por el general Luis Roberto Pico Hernández, quien para la época era coronel y actualmente es señalado como responsable de los atroces crímenes, mal llamados falsos positivos. “Él sabía que lo seguíamos, sabía que lo asesinaríamos, era una muerte anunciada, era una infraestructura de la Brigada 20 con mucho poder bajo la dirección del general Iván Ramírez, entre otros oficiales de todos los grados” aseguró con contundencia”[6].
Manuel Cepeda Vargas por ser un hombre de izquierda se había ganado la inquina de una reaccionaria cúpula militar, pero además las fuertes denuncias que venía haciendo en su labor legislativa, invocando la acción de la justicia y el interés de los medios de comunicación sobre la evidente y demostrada alianza entre militares, caciques políticos y grupos paramilitares para cometer masacres, desplazar familias y asesinar líderes sociales y políticos, lo pusieron en la mira de los asesinos. “En octubre y noviembre de 1993, en dos plenarias de debate de control político en la Cámara de Representantes, denunció que altos mandos militares estaban detrás del llamado “Plan Golpe de Gracia”, una estrategia criminal con la que se pretendía exterminar a las cabezas más visibles del movimiento político UP. Pocas semanas después Miller Chacón, quien figuraba en la lista de los que serían ejecutados, fue asesinado por sicarios en el sur de Bogotá. Manuel Cepeda señaló directamente como responsables del asesinato a dos generales de la República y exigió el inicio de una investigación para esclarecer, no sólo este crimen, sino también la existencia del denominado “Plan Golpe de Gracia”. El Senador sabía que un golpe de gracia es el último ataque que se da en una batalla para terminarla, comúnmente, con la muerte del oponente. Pero esta no era una batalla, ni siquiera una batalla desigual; Manuel y sus copartidarios se estaban jugando la vida desde la civilidad. Los integrantes de la UP no portaban armas ni habían sido entrenados para la guerra. Eran ciudadanos que asumían un activo rol político y hacían uso de sus derechos democráticos para proponer, desde un partido legal de oposición, alternativas de solución a los múltiples problemas que afrontaba el país.
El objetivo de dicho plan era crear un clima de terror e impunidad y eliminar a todos sus militantes por completo; borrarlos del recuerdo y no dejar rastro alguno de su existencia; acabar también con sus descendientes, con su memoria y escribir una versión de la historia en la que ninguno de ellos tuviera cabida. “En todo genocidio, la muerte colectica ocurre dos veces, como señaló el sociólogo argentino Daniel Eduardo Feierstein, especialista en el estudio de las prácticas sociales genocidas: La primera vez en forma física, a partir de la aplicación de diversas modalidades de eliminación, y la segunda mediante el exterminio “simbólico”, con la imposición de una determinada interpretación histórica acerca de lo sucedido; con lo que se sella la desaparición física de las víctimas con su desaparición de la escena histórica[7].
Luego de la muerte del senador Cepeda, su hijo Iván Cepeda Castro, denunció que miembros de las Fuerzas Militares con el apoyo de grupos paramilitares, eran los responsables del magnicidio. Recordó que este plan, así como el “Plan Baile Rojo”, el “Plan Esmeralda”, el “Plan Cóndor” y el “Plan Retorno” —éste último aplicado con todo rigor en el Urabá antioqueño—, además de otros planes de exterminio, habían sido denunciados durante esos últimos años por varios líderes de la UP, entre ellos, su padre. Desde el Congreso de la República, a través de sus columnas periodísticas o incluso directamente al Gobierno Nacional, no sólo había revelado la existencia del “Plan Golpe de Gracia” sino también los nombres de quienes serían asesinados, incluyéndolo a él, si el Estado no hacía algo para impedirlo”[8].
En una columna de opinión publicada por El Espectador una semana después de su asesinato, el sociólogo Alfredo Molano contó que cuando las advertencias del senador llegaron a los medios masivos de comunicación, algunos de los jóvenes asesores del presidente César Gaviria, declararon que éstas obedecían a temores infundados, provocados por la “jurasic’s paranoia” de los comunistas, en alusión a la condición de “dinosaurios” de los militantes de un partido, que operaba como baluarte de una izquierda obsoleta y trasnochada[9].
Otros crímenes de Estado denunciador por Dorado ante la JEP, fueron el de Guillermo Marín, exmilitante del M-19 (víctima de secuestro y desaparición forzada, 1986), Nydia Érika Bautista, exmilitante del M-19 (secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada, 1987), José Cuesta Novoa, exmilitante del M-19, hoy concejal de Bogotá (secuestro, tortura, 1988), Alirio Pedraza, abogado, defensor de los derechos humanos (secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada, 1990) José Miller Chacón, exintegrante de la unión patriótica (asesinado, 1993) y el del abogado y defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado el 30 de abril de 1998.
Aunque los detalles y la información que compartió Dorado con la JEP fue en extremo importante, precisa y creíble, en tanto reveló detalles inéditos sobre ‘modus operandi’, fechas, estrategias de encubrimiento y nombres de otros mandos involucrados, omitió otros casos en los que Ramírez habría sido su principal articulador; crímenes que pese a su gravedad fueron extrañamente ignorados por la gran prensa y no condujeron nunca a investigaciones penales ni disciplinarias contra el general, quien siguió gozado de impunidad, de esa ventajosa y nociva interpretación del llamado “espíritu de cuerpo militar” que se invoca para encubrir delitos y de la complicidad de los diferentes organismos del Estado, en especial de aquellos que debían impartir justicia. El principal aliado en su carrera criminal fue la llamada “Justicia” Penal Militar.
Otros casos
En 1978, bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuando se imponía el Estatuto de Seguridad y el Estado de Sitio como estrategia para el control social y el recorte de libertades civiles, crecía la bonanza marimbera y empezaba el maridaje entre el naciente narcotráfico y una dirigencia política, proclive a la corrupción, internacionalmente se denunciaba el surgimiento de una estructura paramilitar dentro de las Fuerzas Militares de Colombia, conocida con el mismo nombre en todo el continente: Alianza Anticomunista Americana o Triple A. Ese mismo año se le responsabilizó por los atentados dinamiteros contra los periódicos “El Bogotazo” y “Voz proletaria” y la revista “Alternativa”, fundada por el periodista Enrique Santos Calderón y el nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. El entonces teniente Luis Marcelino Reyes Pedraza acusó junto a otros cuatro miembros del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano” (sitio emblemático de secuestro, tortura y desaparición de civiles), a Ramírez Quintero de ser un miembro activo de esta agrupación criminal y de haber sido el “cerebro” detrás los atentados. Ello nunca se investigó.
El 20 de noviembre de 1985, el entonces secretario general del Partido Comunista Colombiano y representante del Ejército Popular de Liberación en las negociaciones de paz, Oscar William Calvo, fue asesinado en plena calle de Bogotá con 17 tiros de ametralladora, junto a los dirigentes de la Juventud Revolucionaria Alejandro Arcila y Ángela Trujillo. “El agente de inteligencia militar Bernardo Alfonso Garzón Garzón [también vinculado a los crímenes en la retoma del Palacio de Justicia] declaró ante la Procuraduría General de la Nación que había sido Ramírez Quintero quien impartió la orden a la Compañía de Operaciones Especiales de la XX Brigada del Ejército de seguir, vigilar y eliminar a Calvo entre otros dirigentes políticos de izquierda. Dos años después, cuando el oficial Ramírez seguía sin ser cuestionado, ordenó a un capitán de apellido Pulecio capturar a dos líderes de la Juventud Trabajadora de Colombia para que fueran llevados a la Escuela Charry Solano, torturados y asesinados. Un teniente de apellido Mejía recibió la orden de eliminarlos y desaparecer sus restos”. Con Antonio Hernández Niño la orden se cumplió a cabalidad, pero no con Guillermo Marín, quien logró sobrevivir, escapar y denunciar. “El caso fue llevado en un primer momento por el Juzgado 17 de Instrucción Criminal de Bogotá, pero luego, sin resultados, pasó a la Policía Judicial y el 15 de julio de 1986, la Procuraduría, en cabeza de Carlos Jiménez Gómez, ordenó que fuera archivado”[10].
Y como estos casos, muchos nombres de víctimas y hechos que nos horrorizan fueron apilados en los anaqueles del olvido y la impunidad. Ahora, cuando el general es un hombre mayor es llamado a responder por sus múltiples crímenes, nos preguntamos ¿cuánto tiempo debe pasar para que se decanté la historia, los perpetradores de atrocidades dejen de ser encubiertos y abrigados por los poderes facticos del Estado, para que la voz de las victimas tenga resonancia en los estrados judiciales y atraviese la hermética conciencia ciudadana y sea posible escribir la historia no oficializada por “los vencedores”, sino la que de verdad cuente lo ocurrido, dignifique y exalte la memoria de las víctimas y garantice que el horror jamás vuelva a suceder?
Durante décadas varios altos mandos militares, no sólo Ramírez, responsables de crímenes crueles y espantosos fueron encubiertos, gozaron del aprecio de sus tropas, de admiración por parte de una derecha política de corte fascista cómplice de su accionar, disfrutaron de exitosas carreras, de seguridad jurídica, de protección estatal, recibieron condecoraciones por sus monstruosidades y todo tipo de dadivas por parte de un régimen civil sometido por la bota militar. Y mientras los verdugos vivieron todos cómodamente justificando lo atroz en discursos nacionalistas, fríos y patrioteros, las víctimas fueron ignoradas en el mejor de los casos, perseguidas, silenciadas, desterradas y dañadas por buscar la verdad sobre lo sucedido a sus seres queridos y por exigir justicia. Su grito agónico fue silenciado y mancillado durante años, sin que nadie, ni la gran prensa ni los organismos de control y vigilancia ni los responsables de lograr justicia quisieran indagar y cumplir con su deber. Sólo hasta ahora -y con paso lento- empieza a correrse el pesado velo de la falsedad histórica, y cuando se corra del todo, tendremos que mirar sin parpadear para reconocer que las denuncias hechas y ridiculizadas en su momento fueron verdad, y con el rostro petrificado por el espanto tendremos que asumir en colectivo una posición ética y humana, de empatía y solidaridad, para cambiar -no desde el odio o la venganza, pues eso sería repetir el patrón de la agonía- nuestra cómoda percepción de la historia y construir un nuevo relato oficial que sea capaz de plantear un modelo de nación distinto, otro vínculo social y otras perspectivas políticas -sin polos- y donde los crímenes de Estado no estén garantizados.
La confesiones y aportes a la verdad que realizan diferentes criminales de Estado o de grupos ilegales ante la JEP no sólo le dan la razón a los clamores que durante décadas elevaron las organizaciones sociales ante la justicia nacional e internacional; hoy estas declaraciones, dolorosas y perturbadoras, se convierten en plataforma para que las investigaciones clausuradas se reanuden, para que se indague por cada caso mencionado y por otros que siguen siendo silenciados, para que la prensa abra sus micrófonos y espacios a las víctimas, la verdad sea revelada y la justicia actúe de manera enérgica no sólo contra un general, sino contra todo un aparato de poder que facilitó, alentó y promovió, el terrorismo de Estado en Colombia. Aún son muchos los nombres que deben ser revelados. Tanto de militares, como de empresarios y connotados políticos que trazaron su línea de ascenso al poder montados en un discurso de odio y violencia que engendró muerte, pobreza, guerra y destrucción. Es tiempo de conocer nuestra verdadera historia; y aunque una justicia tardía no es justicia siempre será un avance importante lograr que las verdades históricas, sociales y judiciales sean coincidentes y revelen lo que un país democrático y una sociedad coherente con sus postulados, jamás puede tolerar, admitir ni olvidar.
En el peritaje ante la Corte IDH por el caso Manuel Cepeda Vargas en 2010, se afirmó de manera contundente algo que hoy debemos meditar con bastante rigor. El objetivo de una iniciativa de verdad y judicialización de los crímenes de sistema “no es sólo esclarecer lo acontecido en hechos aislados, sino determinar el continuo de poder entre determinadores y seguidores y explicitar las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada. La tarea del aparato de investigación y de juzgamiento no es “la de sencillamente describir la comisión del acto criminal, sino la de elucidar la operación de los elementos de la maquinaria criminal”.
Y ese debe ser el objetivo y resultado de este largo y doloroso proceso de reconocimiento de nuestra verdad histórica. La persecución y sanción de los delitos cometidos deben asegurar que todos los elementos de los aparatos organizados de poder – incluyendo a los autores mediatos (“los hombres de atrás”) y los que facilitaron la impunidad de los hechos – sean juzgados y sancionados de manera metódica, y que sus modos de actuación (respaldado por políticas o prácticas) sean dados a conocer” y se proscriban para siempre de nuestra historia[11].
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[1] Jurisdicción Espacial para la Paz; “Sección de apelación de la JEP rechaza el sometimiento del general (r) Iván Ramírez Quintero por hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia”. Comunicado 066 de 2022 Bogotá, agosto 11 de 2022. Ver en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-rechaza-el-sometimiento-del-general-(r)-Iv%C3%A1n-Ram%C3%ADrez-por-hechos-relacionados-con-la-toma-del-Palacio-de-Justicia.aspx
[2] El país; General (r) Iván Ramírez Quintero es condenado a 31 años de cárcel, por desaparición en toma del Palacio de Justicia”. Cali, junio 19 de 2024. Ver en: https://www.elpais.com.co/judicial/general-r-ivan-ramirez-quintero-es-condenado-a-31-anos-de-carcel-por-desaparicion-en-toma-del-palacio-de-justicia-1927.html
[3] Colombia SAS; “El general que fue condenado a 31 años de cárcel por los desaparecidos: así es Iván Ramírez”. Sección Justicia. Por Cristian Olave. Junio 20 de 2024. Ver en: https://colombia.as.com/actualidad/el-general-que-fue-condenado-a-31-anos-de-carcel-por-los-desaparecidos-asi-es-ivan-ramirez-n/
[4] W Radio; “General Iván Ramírez fue vinculado a asesinatos contra izquierda y plan para matar a Petro”. Bogotá, junio 20 de 2024. Ver en: https://www.wradio.com.co/2024/06/21/general-ivan-ramirez-fue-vinculado-a-asesinatos-contra-izquierda-y-plan-para-matar-a-petro/
[5] Centro Nacional de Memoria Histórica; “La CIDH declaró responsable al estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica”. Bogotá, enero de 2023. Ver en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/la-cidh-declaro-responsable-al-estado-colombiano-por-el-exterminio-de-la-union-patriotica/
[6] W Radio; Op, Cit.
[7] Cepeda, Iván y Maya, Maureén; “Esclarecimiento del Genocidio contra la Unión Patriótica”. Corporación AVRE. Fondo Noruego para los Derechos Humanos. 2010.
[8] Maureén Maya; Camino minado, crimen de Estado. Caso 12.531 (Corte IDH). Manuel Cépeda Vargas. Ediciones B. Crónica. Pág 20.
[9] El Espectador; “Jurasic’s paranoia”. Por Alfredo Molano Bravo. Bogotá, 14 de agosto de 1994, pág. 6A, Anexo 44 Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
[10] Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Asociación Americana de Juristas, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos -Fedefam-, Servicios Paz y Justicia América Latina -Serpaj Al- otros: El terrorismo de Estado en Colombia. Ediciones NCOS, 1992. Pág. 269
[11] Elementos del peritaje de Michael Reed Hurtado, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, en el Caso Cepeda Vargas vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 26 de enero de 2010
Maureén Maya
Foto tomada de: Canal 1
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