Con la llegada del covid-19 que desató una ola de unidad y solidaridad entre la población mejoró la imagen de los gobernantes y, en primer lugar, la del presidente de la Republica, circunstancia que ha abierto la puerta a algunos políticos que, al amparo del estado de emergencia decretado por el Gobierno, han aprovechado para exponer soluciones que implican una reestructuración de las instituciones políticas del país. Es así como miembros del Centro Democrático han vuelto a proponer que se reduzca el tamaño del Congreso, esta vez con el argumento de ahorrar recursos y dedicarlos a paliar la difícil situación que se avecina. Otra propuesta que busca adelantarse a un posible futuro, y no menos delirante, provino de otro miembro de esta colectividad quien propuso al Gobierno que interviniera el Congreso de la República, con el argumento de que el control político torpedea el desarrollo del país.
La pandemia del coronavirus ha tenido efectos devastadores en las estructuras económicas y sociales del país y ha entrabado la agenda legislativa programada para el segundo semestre de este año, pero extrañamente lo que se ha notado es la ausencia del Legislativo en la solución de los retos que marcarán la vida nacional. Enfrascados en discusiones bizantinas relacionadas con temas reglamentarios y la validez legal de lo que se haga virtualmente, los congresistas han dejado la vía libre al Ejecutivo para que tome decisiones que, pasado el estado de excepción, deberá estudiar la Corte Constitucional.
Es normal que en momentos excepcionales se de una concentración del poder, pero ello no permite que en un Estado constitucional de derecho el Legislativo deje de ejercer su función de control ni que se obvie la revisión jurisdiccional de las medidas que adopte el Ejecutivo. Por ello sorprende que la actividad parlamentaria se haya prácticamente suspendido en este período y que la ciudadanía deba conformarse con las intervenciones diarias del Presidente en la televisión y las ruedas de prensa ministeriales. La historia ha demostrado que todo estado de emergencia se acompaña del riesgo de que se utilice la autoridad discrecional que se concede a los poderes ejecutivos para reforzar el poder en beneficio propio y consolidar una deriva autoritaria, sobre todo en Estados débiles donde se nota la ausencia de contrapesos que exigen transparencia y rendición de cuentas.
Si bien es cierto que se ha abierto una ventana de oportunidad para afianzar tendencias autoritarias, también lo es que la situación también es propicia para fortalecer nuestra precaria democracia y no pervertirla. De hecho, una mínima sensibilidad democrática advierte que es bajo condiciones de excepcionalidad cuando en un Estado democrático cobra más sentido el Parlamento, el espacio de representación de los intereses ciudadanos. Es precisamente en la excepcionalidad donde se juega la legitimidad democrática la cual no se agota en los procedimientos y las reglas.
Cuando el apoyo al sistema político es meramente instrumental y está condicionado a los rendimientos inmediatos que genera, se abona el terreno a los oportunistas y demagogos que se aprovechan de un sistema político basado en la tolerancia y se pierden de vista los derechos y los valores que lo sustentan. El covid-19 ha forzado al Gobierno a tomar medidas que hasta ahora había rechazado, obligándolo a reconsiderar los mecanismos de ajuste caros al ministro de Hacienda, pero no está escrito que haya renunciado al modelo neoliberal con el que se identifica. Enfrentar el concepto monopolizador del poder, promover una sociedad más igualitaria y menos inequitativa sigue siendo una tarea pendiente en aras de fortalecer la democracia.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: La FM
Deja un comentario