Si bien el pasado 26 de octubre, el Congreso de la República aprobó la ley de Paz Total que autoriza al presidente Gustavo Petro a buscar la paz con los grupos guerrilleros y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico, a través de la negociación y procesos de sometimiento a la justicia, la noticia causó sorpresa, ilusión y hasta malestar en algunos sectores del país.
En el municipio de Suárez, Cauca, donde se habrían realizado varias reuniones entre delegados del gobierno nacional y miembros de esta agrupación guerrillera, se firmó un acuerdo bastante sorpresivo. No sólo porque Iván Mordisco fue uno de los primeros miembros de las antiguas FARC que no dio crédito al proceso de paz de 2016, y se marginó del mismo llevándose consigo a varios combatientes, sino porque la posibilidad de un cese bilateral al fuego, una vez instalada la mesa de negociación, parece muy difícil de lograr.
Si bien desde hace meses el país sigue con cautela el avance de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN, esfuerzo en el que fracasaron seis mandatarios en los últimos 30 años, el éxito no está cerca ni asegurado. En junio pasado se supo de un cese al fuego de seis meses, que se desarrollaría en fases progresivas, a la espera de una tregua definitiva que libere a las comunidades más martirizadas del flagelo de la guerra, y permita el avance de nuevos procesos de negociación. El Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró en ese momento, que es “la primera vez” que el ELN pacta un cese bilateral por medio año “con unos mecanismos de monitoreo y verificación que se instalarán en los próximos días y semanas”[1].
Iniciado la tregua de 180 días con esta guerrilla, la cual iría del 3 de agosto de 2023 al 29 de enero de 2024, el gobierno y la disidencia de las FARC, al mando de alias Mordisco informaron sobre los avances hacia una mesa de negociación de paz. El progreso en los acercamientos con ELN parece generar un clima propicio para hablar de paz, pero mantener mesas paralelas es más complejo de lo que podría pensarse.
En el acuerdo con la disidencia, las partes acordaron la realización de ocho misiones humanitarias en Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sur de Bolívar con el objetivo de “formular recomendaciones de aplicación del Derecho Internacional Humanitario” y escuchar a la ciudadanía e instituciones”[2], y señalaron que el próximo 17 de septiembre se realizará una reunión entre las partes a fin de “evaluar, hacer seguimiento, ajustar los compromisos adquiridos de generación de confianzas” y anunciar la fecha definitiva para la instalación de la mesa de diálogo de paz”[3].
En el texto también indicaron que los detalles del acuerdo, como fecha, sitio, mecanismo de funcionamiento, invitados especiales, países y actores internacionales que tendrán rol de garantes o acompañantes en la mesa, serán dados a conocer de manera conjunta en próximos días. “Además, ratificaron a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA), a la Conferencia Episcopal y al Consejo Mundial de Iglesias como acompañantes permanentes”[4].
Un hecho clave que permite dimensionar la propuesta de Paz Total del gobierno Petro, es el inicio de esta ronda de conversaciones con dos premisas fundamentales: respeto a la población civil y cese al fuego bilateral. Para tal fin se crearon dos grupos de trabajo conjunto, uno abordará el proceso del cese al fuego, y otro asumirá el diseño de una agenda para la mesa de diálogos de paz y definirá los protocolos de funcionamiento y la implementación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.
El encuentro entre las dos delegaciones para avanzar en una agenda de trabajo y definir los puntos a concretar de cara a una mesa de diálogo, es sin duda una buena noticia para el país; más aún si se considera que las disidencias tienen presencia en 16 departamentos, cuentan con más de 4.500 hombres armados, muchos de los cuales no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, ejercen control territorial con violencia, tienen relaciones con el narcotráfico, delinquen, desplazan poblaciones y operan como una confederación de estructuras que responden a distintas alianzas y mandos. Estos datos permiten dimensionar lo complejo del conflicto, sus costos sociales y humanos, y la imperiosa necesidad de ponerle fin.
Sin embargo, no todos los sectores están de acuerdo con ello. Tan pronto el país conoció la noticia sobre los avances logrados tras la reunión en Cauca y una más entre el comisionado y combatientes en el Caquetá, varias voces se levantaron indicando que no era admisible negociar con estos grupos, puesto que ya habían tenido su oportunidad y la habían rechazado. Algunos afirmaron que el gobierno con este acuerdo estaba abriendo la puerta para que aquellos que se dedican al narcotráfico y a delinquir reciban beneficios de un Acuerdo de Paz. Otros más señalaron que se estaría premiando a hombres que traicionaron el acuerdo entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc. Es decir que terminaba siendo más importante y definitorio el desacuerdo del pasado que el derecho de los colombianos a vivir en paz y el deber del gobierno de materializar el artículo 22 de la carta política.
Para el gobierno la Paz Total es la que necesita el país, no una paz a medias, no una paz coja o limitada, y su logro exige acercamientos prudentes con todos los actores en armas, limpiar los territorios de expresiones de violencia y generar espacios de participación para las víctimas, las comunidades que viven la guerra y la sociedad en su conjunto. No puede excluirse a ningún actor. La iniciativa de Paz Total propone claramente la negociación de paz con grupos armados ilegales, que matan, trafican y desplazan, pero también plantea poner a las comunidades en el centro de esas negociaciones, pues son ellas las que sufren a diario los estragos y dolores de la guerra.
De hecho, el punto uno del acuerdo, anuncia la instalación de la Mesa de Diálogo con toda su arquitectura jurídica, política y con presencia de la comunidades como garantes y acompañantes. “Las delegaciones han reiterado su voluntad de dialogar y crear las condiciones necesarias para alcanzar e implementar “profundas transformaciones” en Colombia”.
Este incipiente pero significativo acuerdo, también planea retomar la Comisión Accidental que dejó de operar cuando el presidente Gustavo Petro rompió la tregua con el Estado Mayor Central de la disidencia de las FARC tras el asesinato de cuatro jóvenes indígenas en Putumayo en mayo pasado. “El día de ayer se conoció el asesinato de cuatro menores de edad por el frente Carolina Ramírez. Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, expresó la Presidencia[5]. La nueva Comisión buscará resolver contingencias durante el proceso, evitar la escalada de acciones violentas, y estará conformada por delegados del gobierno nacional, la delegación de diálogos del EMC, representantes del Secretario General de la ONU, de MAPP-OEA, de la Conferencia Episcopal colombiana y del Consejo Mundial de Iglesias.
El documento admite que la Fuerza Pública continuará con el cumplimiento de la misión constitucional y legal pero “las partes se reservan su legítimo derecho a la defensa y la mantendrán sus propias medidas de seguridad y acciones necesarias en el marco de respeto al Derecho Internacional Humanitario”[6]. Dichas funciones operativas han sido claramente establecidas en la política de Paz Total.
El encuentro entre delegados del gobierno nacional con las disidencias dado en la vereda Playa Rica de Suárez (Cauca), a instancias de la Asociación de Trabajadores Campesinos de La Cordilla (Asocordillera), “contó con la participación de Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea; Dag Nagoda, ministro consejero de la embajada de Noruega; monseñor Omar Sánchez, de la Conferencia Episcopal de Colombia, el Consejo Mundial de Iglesias, la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA e invitados internacionales”[7].
El objetivo que nos plantea el gobierno Petro, consecuente con su programa de gobierno y la propuesta de una ‘Colombia, potencia mundial de la vida’ (mucho más que un slogan) es poner punto final al conflicto armado, a la brutal guerra que aniquila vida y esperanzas en los territorios, y superar para siempre las causas sociales, políticas, económicas y culturales que hicieron que la lucha armada fuera una opción legítima en el pasado. Para ello se propone impulsar reformas estructurales para una sociedad más justa, equitativa, democrática y humana, promover iniciativas que garanticen en lo inmediato, mucho antes de la firma de un acuerdo de paz definitivo, la vida, la seguridad y los derechos de la población en los territorios y asegurar la participación de los diferentes sectores de la sociedad. Perpetuar la guerra es un desatino histórico. Sacar a las comunidades de esta realidad, es un imperativo ético y político.
Hoy, el país, tras años de negacionismo e indiferencia, reconoce la existencia del conflicto armado y conoce los costos de haberlo prolongado durante décadas. De modo que “la divergencia -como afirmó el profesor Gonzalo Sánchez en entrevista concedida a El Espectador- se da más bien en el cómo resolverlo, si profundizando la democracia, o exacerbando las tentaciones autoritarias. Es la atmósfera intelectual bajo la cual nos seguimos moviendo en toda América Latina”[8].
Ciertamente la realidad mundial y planetaria nos obliga a encarar los rezagos de conflictos no resueltos en el pasado así como a entender los nuevos desafíos que enfrentamos para la preservación del planeta y de la vida, la justicia ambiental y la dignidad humana, y el deber de construir sociedades cada vez más libres de dogmas y prejuicios, en las que sea posible gestionar los conflictos a través del diálogo, y no a través de la destrucción del que piensa, habla y hace diferente. La historia de la barbarie debe ser cosa del pasado; las noticias sobre muertes, confinamientos y ataques a la población indefensa, como las que conocimos hace pocos días en Arauca, nos confirman el absurdo de sostener la guerra. En un video difundido por redes sociales, el jefe disidente ‘Antonio Medina’ solicitó asistencia humanitaria urgente para atender a 11 heridos tras un combate con el ELN en la zona de la vereda Siberia, de Tame, Arauca.
“Precisamente, desde hace meses hay duros enfrentamientos en Arauca entre estos dos grupos, en un lado las disidencias de ‘Medina’, que son el llamado Frente 28 del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (‘Emc’), que ahora mismo adelanta acercamientos de paz con el Gobierno”[9].
La tarea de concretar una salida política que logre derrotar la guerra y ganar la paz, requiere mucho más que voluntad de negociación. El comandante del ELN, Antonio García, sostuvo en entrevista reciente que “la paz no es un acuerdo en un papel, sino un proceso de creación de nuevas circunstancias”[10]. Y crear esas nuevas circunstancias pasa, necesariamente, por el deber de esclarecer hechos de violencia, reconocer la existencia y derechos de las víctimas, abrir espacios incidentes y vinculantes para que ellas tengan participación y sean escuchadas con respeto y seriedad, y abordar el deber de la verdad y la memoria histórica.
“El Cese del Fuego debe permitir avanzar lo más posible en tres puntos fundamentales para transitar hacia un acuerdo. El primero está relacionado a la participación de la sociedad, orientado a construir las metodologías de ese ejercicio de participación que se inicia. El segundo punto, es el de la democracia para la paz, que está dirigido a realizar un diagnóstico de los problemas estructurales de la sociedad colombiana. Y el tercero es definir las transformaciones para la paz, que se derivan del diagnóstico anterior. La mesa establecida es para impulsar, con toda la fuerza posible de este instante histórico, las verdaderas transformaciones y cambios de la sociedad”, afirmó García
La verdad histórica no sólo se refiere a los actos criminales cometidos por los grupos guerrilleros y las disidencias que firman un acuerdo político para poner punto final al conflicto armado, ni se limita a revelar los nombres de quienes desde la acción civil apoyaron la guerra o se lucraron de ella; una verdad útil al propósito de la paz debe abordar criminalidad de sistema, asegurar que todos los elementos de los aparatos organizados de poder –incluyendo a los autores mediatos y aquellos que facilitaron la acción criminal y la impunidad de los hechos, sean revelados al igual que el andamiaje financiero y social que permitió su expansión. La verdad histórica que el país reclama, más que describir el acto criminal -como si fuese un hecho aislado-, debe revelar de manera clara las políticas, prácticas y contextos que facilitaron la perpetración de abusos de manera sistemática y generalizada.
La Paz Total o la paz grande, como la quieren llamar ahora, necesita no sólo de acuerdos políticos con la pluralidad de actores que participan en el conflicto armado, requiere que las muchas verdades que rodean su origen, sostenimiento e intensidad sean analizadas y reveladas. Colombia debe reconocer la dimensión del conflicto y asumir los esfuerzos individuales y colectivos que se requieren para superarlo, más ahora cuando la perspectiva de la paz tiene nuevas posibilidades, matices y lenguajes que hacen que no suene a utopía, sino a una decisión política, social y colectiva, posible y necesaria.
Es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Y eso lo saben tanto quienes advirtiendo profundas dificultades, riesgo físicos y judiciales decidieron abandonar el exitoso proceso anterior, como quienes asumieron la responsabilidad de cumplir con él. Y digo exitoso porque logró sellar un acuerdo, reformar la institucionalidad colombiana para facilitar su implementación, aplicar un modelo eficaz de justicia transicional y promover esfuerzos colectivos en aras de alcanzar una verdad histórica, en la que las víctimas fueran el epicentro de la narrativa. Pero también hubo fallas -de las que se debe aprender,- en su implementación y en garantizar el cumplimiento del gobierno de todo lo acordado. Algunos proyectos sociales y económicos para la reinserción fracasaron porque no se contó con estímulos ni seguridad financiera, y además de ello, varios desmovilizados fueron asesinados. Según la Misión de Verificación de la ONU, 355 excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz[11].
El camino no es sencillo y su objetivo no se alcanza en el corto plazo, pero abrir opciones democráticas a quienes ayer se levantaron en armas es un avance fundamental que la sociedad no puede soslayar. Nada de lo que se haga en aras de alcanzar la paz puede ser rechazado y abandonado; claro que debe ser analizado, debatido, negociado, replanteado, pero siempre la meta debe ser poner punto final al sufrimiento humano que ocasionan las guerras y construir sociedades que, en medio de la diferencia y el pluralismo, puedan vivir y convivir en paz.
El presidente Petro está generando las condiciones para iniciar diálogos con los grupos alzados en armas o delincuenciales, cuenta con una ley que garantiza la seguridad humana a través de la solución definitiva del conflicto armado, promueve reformas estructurales en temas de enorme sensibilidad social y propone el desarrollo de “diálogos vinculantes” con las comunidades, porque ha hecho de la búsqueda de la paz una política de Estado. Estamos ante una oportunidad histórica que no podemos rechazar. Siempre hay que darle una oportunidad a la paz.
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[1] Revista Portafolio; “Cese al fuego entre Gobierno y el ELN se daría por seis meses”. Bogotá, junio 8 de 2023. Ver en: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-nacional-y-el-eln-cese-al-fuego-seria-por-seis-meses-colombia-584114
[2] Ídem.
[3] El Espectador; “Gobierno y disidencia de Mordisco llegan a acuerdo preliminar para avanzar en diálogo”. Colombia +20. Paz y memoria. Bogotá, 2 de septiembre de 2023. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/disidencia-de-farc-de-mordisco-llega-a-acuerdo-preliminar-con-gobierno-misiones-humanitarias-y-cese-al-fuego/
[4] Ídem
[5] El País, “El Gobierno de Petro suspende el cese al fuego con una de las disidencias de las FARC por la masacre de cuatro jóvenes indígenas”. España, 22 de mayo de 2023. Ver en:
[6] El Tiempo; “Gobierno y disidencia de ‘Iván Mordisco’ logran acuerdo para avanzar en diálogos de paz”. Por Mateo García Agudelo. Bogotá, 2 de septiembre de 2023. Ver en:
[7] El Espectador, Op. Cit.
[8] El Espectador; “‘Tenemos una incapacidad histórica para poner fin a la guerra’: Gonzalo Sánchez”. Bogotá, 5 de septiembre de 2023. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/entrevista-con-gonzalo-sanchez-analisis-construccion-de-paz-y-memoria-del-conflicto-colombia/
[9] El Tiempo; “¿Cuál es la guerra que se vive entre las disidencias de las Farc y el ELN en Arauca?”. Por María Isabel Ortiz Fonnegra. Bogotá, 4 de septiembre de 2023. Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/arauca-enfrentamientos-entre-disidencias-de-farc-y-eln-dejan-graves-heridos-802365
[10] La Tizza Cuba; “La paz no es un acuerdo en un papel, sino un proceso de creación de nuevas circunstancias”. Agosto 28 de 2023. Ver en: https://medium.com/la-tiza/la-paz-no-es-un-acuerdo-en-un-papel-sino-un-proceso-de-creaci%C3%B3n-de-nuevas-circunstancias-90922d37b8f2
[11] DW; “ONU: 355 exguerrilleros FARC asesinados tras firma de paz”. 1 de agosto de 2023. Ver en: https://www.dw.com/es/onu-355-exguerrilleros-farc-asesinados-tras-firma-de-paz-en-colombia/a-64316052#:~:text=En%20su%20informe%20m%C3%A1s%20reciente,48%20afrocolombianos%20y%2033%20ind%C3%ADgenas.
Maureén Maya S
Foto tomada de: Desde Abajo
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