La cultura autoritaria, inseparable de la concentración del poder en manos de clanes poderosos que controlan los principales recursos económicos del país, vinculados a una subcultura narcoparamilitar y defensores de valores tradicionales al abrigo de formalismos democráticos, ha permitido perpetuar prácticas excluyentes con un sustancial apoyo popular que permite a la élite conservar su hegemonía. Paradójicamente, el ethos autoritario que caracteriza a la mayoría del pueblo colombiano se refuerza con la extendida frustración social frente al sistema político, la crisis de los partidos políticos y las promesas incumplidas de los gobernantes, lo que conduce a la personalización de la política y a creer en falsos mesías.
Otro de los problemas acuciantes de la actividad política en Colombia es el financiamiento ilegal de las campañas electorales y la consecución de recursos adicionales al amparo de una arquitectura institucional que da ventajas a algunos. En el marco de una lógica clientelar, una vez los patrocinados acceden a los cargos públicos que manejan el presupuesto público, los financiadores cobran con creces sus aportes o inciden en su distribución. Generalmente se piensa que la solución a estas prácticas es el endurecimiento de la legislación penal, pero cuando estas prácticas corruptas se hacen visibles la justicia no opera, las normas no se aplican y los resultados no son los que la ciudadanía espera. Dos de las razones que explican el fenómeno son, por un lado, la existencia de una legislación sobre campañas políticas dispersa y a veces contradictoria y, por otro, las deficiencias en la conformación y funcionamiento de las autoridades electorales, en particular el Consejo Nacional Electoral, lo que abre un espacio que favorece las prácticas ilegales e irregulares.
Los réditos políticos se concretan de diversas maneras. La más común, empero, consiste en asignar la realización de obras financiadas con dineros públicos a los financiadores de las campañas. Buena parte de las aberraciones de la democracia colombiana se deben a la existencia de lo que Edgar Revéiz llamó “el Estado como mercado” convertido en un sistema de contratación articulado una sociedad cooptada, en ocasiones ilegal, y a un capitalismo político que opera en una situación de asimetría y manipulación de la información. De este modo se han consolidado formas de contratación y coaliciones entre grupos de presión, la clase política, burocracias estatales y actores ilegales.
Uno de los factores que han incidido en este maridaje con múltiples ramificaciones es el creciente costo de las campañas electorales vinculado a la lista preferente que atomiza la representación política. Inicialmente, la posibilidad de llegar a cargos públicos de elección mediante la entrega de beneficios a las comunidades o la compra de votos, abrió una puerta de acceso a la política a grupos que amasaron grandes riquezas valiéndose de actividades ilegales. Con el tiempo, sin embargo, la creciente necesidad de dineros para hacer presencia en la arena electoral ha llevado a ciertos políticos a buscar el apoyo de aquellos dispuestos a patrocinar candidatos que, en caso de triunfar, permitan el acceso a los contratos del Estado o a la distribución de recursos públicos.
Largo es el camino que se ha recorrido desde que Pablo Escobar llegó al Congreso, el cartel de Cali aportó recursos a la campaña de Samper, los paramilitares favorecieron el triunfo de Uribe, Odebrecht financió la campaña de Santos en 2014 y el Ñeñe coadyuvó a la compra de votos en la Costa Caribe en las últimas elecciones presidenciales a favor de Iván Duque. Se ha pasado de un Estado cooptado a un Estado acaparado por poderes de facto que controlan los hilos del poder.
José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe, miembro de una tradicional familia del Cesar y difunto narcotraficante es negado por aquellos a los que ayudó a subir a los pináculos del poder, pero día a día aparecen pruebas de que se movía con soltura en círculos de poder. Ante hechos develados por los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén y las muchas dudas que se ciernen sobre el caso, la justicia ha dado el primer paso. La Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, amigo personal de Duque, decidió abrir una investigación preliminar y compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral.
¿Se aclararán los hechos denunciados pero que hoy pasan a un segundo plano ante la alharaca desatada en los medios ante la supuesta creciente inseguridad que azota al país? ¿Incidirán los mismos en los preparativos que se anuncian ante el tiempo restante para las próximas elecciones presidenciales? ¿Seguirán pesando sobre la democracia colombiana los males endémicos que la afectan o reaccionará la ciudadanía y sacudirá su tendencia a la sumisión ante el poder investido de autoridad? Recuérdese que los aspirantes al primer cargo de la nación, vinculados al gobierno, deben renunciar a sus cargos en mayo de 2021 a más tardar para no quedar inhabilitados y comenzar a pensar en las posibles alianzas que han de llevarlos al poder.
Rubén Sánchez David, Profesor de la Universidad del Rosario
Foto tomada de: El país Cali
Deja un comentario